El Congreso de la Nación de Perú dio su aprobación ante una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, ello como consecuencia de diferentes denuncias por corrupción. De esta manera, se gestó un tercer pedido de renuncia contra el jefe de Estado, en menos de un año frente al Gobierno.
Todo ello se dio en medio del marco por un informe de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, la cual propuso que se “formule Acusación Constitucional ante el Pleno contra el presidente José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión del delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible”.
Los resultados dieron la aprobación de 72 parlamentarios y 40 rechazos, en lo que fue la primera vez en la historia de Perú que se realice dicho sistema legislativo. Anteriormente, el Congreso de la Nación ya intentó en 2 oportunidades destituirlo con una moción de vacancia, pero falló gracias al apoyo de los partidos centristas.
En esta ocasión, la moción vendría acompañada de una acusación constitucional por serios delitos al frente de la Presidencia, lo cual debería llevar a que más parlamentarios le suelten la mano a riesgo de quedar pegado en la red de corrupción que sigue a Pedro Castillo.
Dichas acusaciones, amén del documento mismo, sentencian que el jefe de Estado malversaba la administración pública junto a dirigentes de su confianza, a través de la concesión de contratos de obras públicas. Asimismo, se quedaba con una “dádiva”.
La misma comisión del Parlamento también recomienda que el expediente sea remitido a la Fiscalía de la Nación “a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente”. El Ministerio Público Fiscal, una autónoma en Perú, investiga a Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.
En uno de los casos mencionados por la comisión de Fiscalización, conocido como “Puente Tarata III”, se determinó que un ex ministro de Transportes, 6 legisladores, 1 ex secretario general de la Presidencia y 2 sobrinos de Castillo integraban una red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas con sobreprecios, y se está investigando si esta práctica estaba institucionalizada o si fue la primera vez que lo hacían.
Los 4 investigados del entorno de Castillo están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos, y el propio presidente debería estar preso de manera preventiva, ya que en libertad puede influir en la causa, pero no puede ser arrestado por los fueros.
Vale recalcar que Castillo no ha presentado ninguna ley en el Congreso de la Nación ni ha intentado implementar medidas, lo cual es sumamente controversial tras 12 meses de mandato. Según estima la prensa opositora de Perú, “Castillo se ha dedicado pura y exclusivamente a robarle al Estado”.
