PARAÍSO COMUNISTA | En Cuba, un maple de huevos cuesta dos salarios mínimos
La escasez de alimentos y productos básicos en Cuba provocó un aumento descontrolado de los precios que afecta a la población y a los pequeños negocios. La producción local de huevos se desplomó y la dictadura recurrió a importaciones de emergencia.
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El precio de los huevos en la dictadura castrista se ha disparado en las últimas semanas. Consultados por el diario local Martí Noticias, los isleños aseguran que el precio promedio ronda los 4.500 pesos cubanos, lo que equivale a más de dos salarios mínimos de ese país. El salario mínimo en la isla ronda los 2.100 pesos cubanos (el equivalente a 83 mil pesos argentinos).
“En (la localidad de) Matanzas un cartón de huevos cuesta entre 4.000 y 4.500 pesos cubanos“, aseguró una vecina que dedicó la mañana a recorrer varios mercados en la ciudad intentando encontrar el mejor precio.
Dimas Castellanos, sociólogo y escritor: “Yo tengo la jubilación más baja, gano 1.528 pesos cubanos mensualmente y ya eso apenas me alcanza para comprar la mitad de un cartón de huevo (15 unidades)”
La crisis ha afectado a muchos negocios privados, como las dulcerías. “No estamos recibiendo pedidos porque no tenemos huevos”, aseguró hace unas semanas la dueña de una pyme especializada en tortas de cumpleaños en La Habana al diario 14ymedio.
La producción de huevos de Cuba cayó de cinco millones diarios en 2020 a 2,2 millones en 2023, según cifras gubernamentales. El ministro de agricultura, Ydael Pérez Brito, comentó a finales del año pasado que la crisis se disparó debido a la escasez de gallinas ponedoras.
“Hoy solo contamos con un promedio de 2,903 millones de gallinas ponedoras. Después de la pandemia, no pudimos adquirir las vacunas y se detuvo el programa de reemplazo. Esto ha provocado que estemos trabajando con un porcentaje muy alto de gallinas envejecidas“, explicó el funcionario en el programa Mesa Redonda.
Según cifras publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en noviembre de 2023 La Habana compró más de un millón de dólares en huevos a EEUU, una cifra inédita en ese producto.
Cuba no tiene café ni azúcar para la canasta básica correspondiente al mes de septiembre, admitió el régimen de Miguel Díaz Canel a través del ministerio de Comercio Exterior, mientras los cubanos padecen sin que haya una respuesta a las necesidades alimenticias básicas.
En medio de la fuerte crisis económica que atraviesa el país, la dictadura afirmó que los rubros seguirán ausentes en la canasta básica cubana. “No tenemos previsto para el mes de septiembre, como no hubo en agosto, ni aceite, ni café”, dijo Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior.
Pero a la escasez de alimentos, se suma la inoperancia del régimen. La funcionaria justificó que el arroz, aunque ya se encuentra en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, “todavía no han podido descargarlo”.
“Esos buques están esperando que los pagos lleguen a sus armadores. No nos han permitido descargar toda la mercancía”, comentó.
*En base a relevamientos de medios cubanos (Martí Noticias y 14ymedio)
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Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
