Milei invitó a Netanyahu a Argentina para ser declarado “residente de honor”

Prevista entre el 7 y el 10 de septiembre, la visita quedó en suspenso por la guerra en Gaza. En paralelo, un exjuez federal pidió la detención de Netanyahu por una orden de la CPI.
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10 Years Experiences

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El presidente Javier Milei invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a visitar la Argentina con el propósito de declararlo “residente de honor”. Según fuentes oficiales, ambos gobiernos coordinaron una agenda para los primeros días de septiembre y fijaron como rango posible del 7 al 10, con un esquema de seguridad reforzado ante la previsión de manifestaciones por “el genocidio que Israel perpetra en Gaza”.

En la planificación presidencial se estableció que Milei viajaría previamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y, posteriormente, recibiría a Netanyahu en Buenos Aires. Sin embargo, ese encuentro sigue sin fecha, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos”.

La secuencia diplomática pública registró tres hitos: el 30 de julio de 2025, la Casa Rosada informó que las cancillerías trabajaron en una ventana entre el 7 y el 10 de septiembre; el 1 de agosto comunicó que, en ese marco, Netanyahu sería distinguido como “residente de honor”; y el 6 de agosto la agencia de noticias israelíes AJN, tras consultar a fuentes de la cancillería israelí, indicó que la visita se postergó por la situación en Gaza.

Desde la Oficina del Primer Ministro se había dejado abierta la posibilidad de un arribo a fines de agosto tras la invitación de Milei. Aunque medios hebreos informaron que Israel estaba “ultimando los detalles”, fuentes de la cancillería israelí señalaron que no contaron con “ninguna confirmación”, una señal diplomática que consolidó el escenario de postergación. En Casa Rosada se indicó que, de reprogramarse, la visita podría mantenerse dentro del mismo rango del 7 al 10 de septiembre, supeditada a la evolución del conflicto.

La eventual escala en Buenos Aires implicó la preparación de un dispositivo de seguridad extraordinario. Paralelamente, la invitación motivó una carta pública de rechazo titulada “¡Oprobio e ignominia!”, que expresó: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”. El texto añadió: “No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio”. Firmaron, entre otros, José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.

En el plano jurídico, el exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que, si Netanyahu ingresaba al territorio argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo tenía la “obligación” de detenerlo por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024. Según su argumentación, la CPI —creada por el Estatuto de Roma— imputó penalmente a Netanyahu por ser “responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos’”. Recordó que la Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 25.390 y que “tiene carácter supralegal en el país”, por lo que concluyó que el Presidente “tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI”.

La relación bilateral quedó delineada por las visitas oficiales. En febrero de 2024, Milei viajó a Israel, recorrió el kibutz Nir Oz junto al presidente Isaac Herzog, condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, recibió a familiares de rehenes y pidió su liberación, y anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con ejecución prevista para 2026. En junio de 2025, Milei regresó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Herzog, y disertó ante el plenario de la Knesset. “La amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, expresó entonces. Ese anuncio de traslado de la embajada le valió al Presidente una amenaza de la organización terrorista Hamás.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que, de concretarse la reunión, sería “una demostración más de la amistad tan fuerte”. “Llegamos a una instancia del vínculo y de la amistad tan fuerte que, no quiero decir que llegamos a la cima, pero las dos visitas del Presidente (Javier Milei) aquí en Israel generaron que se frenara el país. No pasa con otros, si pasa, puede llegar a pasar solo con (Donald) Trump”, afirmó en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias.

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ESCÁNDALO EN EL SENADO | La libertaria Orozco enojada con Villarruel y desesperada por los contratos para sus ñoquis: “Tengo a mis asesores esperando”

En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.

La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensinota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.

Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.

La corroboración que deja en evidencia a Orozco

Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad. Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:

  • Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
  • Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
  • Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
  • Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
  • Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
  • Francisco Paoltroni: 11 asesores.
  • Agustín Coto: 11 asesores.
  • Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
  • Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
  • Juan Pagotto: 9 asesores.
  • Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
  • Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
  • Vilma Bedia: 8 asesores.
  • Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.

Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.

¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.

La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja

La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).

Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.

Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce

Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.

Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?

El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio

Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.

En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.

No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.

Conclusión:

Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.



*Autor: Augusto Grinner

Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, el principal interesado y promotor de la invasión de Trump a Groenlandia

Un capítulo más al caso Groenlandia. ¿Por qué EEUU está tan interesado en dicho territorio?, ¿de dónde viene ese interés?, ¿qué es lo que le motivó a Trump para ser tan incisivo con ese punto estratégico en geopolítica? Se van dando a conocer detalles de todo este proceso y la última revelación es sintomática. La de cómo Trump retomó la idea de hacerse en propiedad con Groenlandia fuera como fuera…

Ese interés histórico lo retomó EEUU en 2018 bajo el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Y lo ha vuelto a hacer ahora en el segundo, pero ya adentrándose totalmente en el asunto en cuestión.

Según han revelado John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Donald Trump se vio influenciado por un amigo. El multimillonario heredero del imperio cosmético Estée Lauder y Presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, que le metió en la cabeza esa obsesión.

De hecho, las manifestaciones de Bolton a The Guardian han llamado la atención. Porque, según señala, un día le convocaron al Despacho Oval para hablar de una “nueva idea”. “Un conocido empresario había sugerido que EEUU comprara Groenlandia”, explicó. Ese era Ronald Lauder. Y todo bajo el concepto de tener el control estratégico, económico y político de Washington en una región clave.

Y Lauder añadió alternativas para reforzar la influencia estadounidense sin necesidad de comprar el territorio, como la firma de “un nuevo acuerdo trilateral con Groenlandia y Dinamarca para formalizar la cooperación en el Ártico”.

Así se empezó a trazar esta vía

Bolton indicó que llegó a discutir directamente con él la posibilidad de captar Groenlandia y que un equipo de la Casa Blanca empezó a explorar fórmulas para aumentar la influencia estadounidense en el territorio ártico bajo soberanía de Dinamarca. Incluso se plantearon cambiarlo por Puerto Rico.

Esta ambición de Trump se basa en la idea que le metió en la cabeza su amigo Ronald. “El concepto de Groenlandia de Trump nunca fue absurdo; fue estratégico”, llegó a escribir este último en un artículo de opinión en The New York Post hace un año.

Trump-Ronald Lauder: ¿de dónde viene ese vínculo?

Son amigos de toda la vida. Tanto Donald Trump como Ronald Lauder llevan haciendo migas desde hace más de seis décadas que se conocen y forjaron una gran amistad. Los dos cursaron estudios en la Wharton School of Business.

Pero es que además, Ronald ha estado siempre muy vinculado al ideario político de Trump. De hecho, ha sido un importante donante del Partido Republicano y también de causas conservadoras. Llegó a donar cinco millones de dólares a MAGA Inc., el comité de acción política que respalda a Trump.


*Fuente: The Guardian

DELIRIO WOKE: Concejales veganos consiguieron prohibir la publicidad de carne en Ámsterdam

La capital de Países Bajos prohibió la publicidad de la carne y de otros productos considerados “de alto impacto climático” en espacios públicos a partir del 1° de mayo. La medida alcanzó a soportes como vallas publicitarias y marquesinas de colectivos, y apuntó a vetar la promoción en la calle de productos como la carne, los viajes aéreos y los automóviles motorizados con combustibles fósiles.

La decisión se originó tras la presentación de un proyecto de ley redactado por concejales del Partido por los Animales y el Partido Verde/Izquierda. El consejo municipal local aprobó la ordenanza con el respaldo de 27 de los 45 escaños.

Según lo informado, la prohibición no se aplicó a la comunicación comercial dentro de los establecimientos: los comercios pudieron seguir anunciando sus productos en el interior de sus propios locales. La ordenanza se enmarcó en una estrategia municipal ligada “al cambio climático y a la promoción de patrones de consumo con menor impacto ambiental”. 

La iniciativa fue valorada por el veganismo internacional, uno de los brazos fuertes del comunismo. Joey Cramer, director de ProVeg en Países Bajos, afirmó: “Sabemos que la mayoría de las emisiones de carbono en el sistema alimentario provienen de la producción de carne, por lo que tiene sentido que Ámsterdam restrinja la publicidad de la carne como parte de su estrategia para promover el cambio del sistema alimentario”.

Desde ProVeg España, su directora de comunicación, Verónica Larco, celebró la restricción ya que “sienta un buen precedente y un ejemplo a seguir, donde las medidas políticas respaldan los objetivos climáticos y de salud a corto y largo plazo”.

Además de la carne, la ordenanza de Ámsterdam incluyó la restricción de anuncios de combustibles fósiles, vuelos, cruceros y vehículos de gasolina, y consolidó en una normativa municipal limitaciones que hasta ese momento se habían aplicado mediante acuerdos voluntarios con anunciantes. 

Mendoza recaudó $70 millones por la atención a extranjeros en hospitales públicos en 2025

Durante 2025, el sistema de salud público de Mendoza recaudó $70 millones a partir de los pagos realizados por extranjeros no residentes que se atendieron en hospitales y centros de salud provinciales. Según datos oficiales, la facturación correspondió a 461 personas, lo que arrojó un costo promedio por paciente de aproximadamente $150.000.

La titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), Daniela Correa, destacó que, aunque el monto pareció acotado en términos generales, “equivale a la recaudación anual de un centro de salud chico o al trimestre de un hospital de baja complejidad”, y representó un aporte para la sostenibilidad del sistema.

El régimen se oficializó el 1 de agosto de 2024, tras su aprobación por la Legislatura mendocina. El mecanismo de cobro se rigió por tarifas establecidas por unidades de medida asistencial y alcanzó a pacientes extranjeros no residentes, en tránsito o con residencia provisoria. En esos casos, los pacientes costearon la atención por su cuenta o a través de su cobertura de salud en el país de origen.

De acuerdo con la información difundida, la mayor parte de las atenciones correspondió a prestaciones ambulatorias. Correa explicó el perfil de demanda y señaló: “Se realizan muchos rayos x, ya que varios son turistas que sufren alguna caída o accidente y van a un hospital. También hay una buena cantidad de consultas en odontología, oftalmología y clínica en general”. La mayoría de los pacientes provino de países limítrofes, con mayor incidencia de chilenos, seguidos por bolivianos, brasileños, peruanos y paraguayos.

En el detalle de aranceles, una consulta médica general tuvo un costo de $13.000 y una consulta en subespecialidades ascendió a $19.500. La consulta de urgencia en guardia (hasta 6 horas, con estudios básicos) se valuó en $81.900. Para traslados, el esquema contempló $130.000 por ambulancia con médico (hasta 30 km) y $2,08 millones por traslado aéreo en helicóptero. En internaciones, la clínica en adultos se tarifó desde $299.000 por día; la internación pediátrica de mediana complejidad, en $338.000; y la internación de alta complejidad, en $390.000 por día.

La provincia también registró situaciones excepcionales vinculadas a urgencias en Alta Montaña. En esos casos, se reportaron traslados de urgencia para turistas europeos con costos que alcanzaron los $20 millones.

Los datos consignaron que la atención a extranjeros representó entre el 2% y el 3% del total de pacientes atendidos en el sistema público mendocino.

La gestión de la facturación se canalizó mediante Reforsal, organismo que además coordinó la facturación con prepagas y obras sociales locales. El material indicó que la medida buscó sostener la sustentabilidad de los servicios públicos y acompañar su funcionamiento.

En un contexto más amplio, la decisión de Mendoza se enmarcó en una tendencia regional: además de esa provincia, Salta, Jujuy y Santa Cruz, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecieron mecanismos para facturar atención de salud a extranjeros no residentes. Cada jurisdicción definió alcances, tarifas y excepciones, con el objetivo común de recuperar parte del costo que representó para el Estado la atención de personas que no contribuyeron regularmente con el sistema impositivo provincial.

El gobierno endureció el control marítimo y avanzó contra la pesca ilegal extranjera

Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principales amenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.

La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.

El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real. 

Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.

El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.

El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.

La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.

Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.

Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.

La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.

Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.

El PRO se encolumna en la Provincia y denuncia una “actitud destructiva” de los libertarios

El PRO de la provincia de Buenos Aires termina de definir su hoja de ruta para el 2026 con un objetivo de supervivencia: blindar sus territorios y fortalecer las gestiones locales frente al peronismo y los libertarios, complejos aliados nacionales. Bajo la conducción de Cristian Ritondo, el macrismo bonaerense mastica tensión con La Libertad Avanza: aunque la prioridad es alcanzar un acuerdo que evite una derrota frente al PJ, la complejidad que imponen los libertarios en el territorio obliga a los amarillos a no descartar una competencia en soledad si el escenario de coalición se vuelve imposible.

A diferencia de la Nación, en la Provincia no hay balotaje. Esa particularidad obliga a una alianza antiperonista para pensar en 2027, pero el PRO advierte que no aceptará una absorción y apuesta por fortalecer su identidad propia. Mientras Diego Santilli —hoy con vidriera en el Ministerio del Interior— y el propio Ritondo asoman como las cartas amarillas, el oficialismo nacional puede mostrar nombres como los de Sebastián Pareja y Diego Valenzuela.

Ritondo ya dio señales de pragmatismo:

Tras las elecciones de octubre, Ritondo aseguró estar dispuesto a sostener la candidatura del “Colorado” para evitar que los egos le allanen el camino al peronismo. Sin embargo, ese espíritu de unidad choca con la realidad del territorio, donde los libertarios son vistos como una fuerza “destructiva” que juega al límite incluso en los distritos donde el PRO es oficialismo.

Para diferenciarse, el partido avanza en una estrategia de trabajo local y apuesta a sus modelos de gestión: la seguridad en el Vicente López de Soledad Martínez, la atracción de inversiones de Marcelo Matzkin en Zárate y los resultados turísticos de Juan Ibarguren en Pinamar. En los distritos donde son oposición, como Bahía Blanca o Necochea, el foco estará en las presidencias de los Concejos Deliberantes, que manejan. El plan incluye una mesa legislativa articulada – integrada por parlamentarios provinciales y nacionales – con el respaldo de la Fundación Pensar provincial, presidida por Florencia de Sensi, que funcionará como la usina de proyectos técnicos para cada localidad.

A pesar de la sintonía mostrada hasta el momento en el Congreso Nacional, en el barro bonaerense la relación con La Libertad Avanza atraviesa un momento delicado. Si bien el verano habilitó un espacio de no agresión, el 2025 cerró con bombas cruzadas y, hoy por hoy, el PRO trabaja de forma independiente, sin articulación con el gobierno nacional. En la visión de los amarillos, los libertarios arrastran una actitud “destructiva” que se remonta a la campaña, cuando la coordinación de fuerzas se hizo cuesta arriba. El antecedente más dramático es el de La Matanza, donde el PRO llegó al extremo de retirar a sus fiscales ante los malos manejos de sus socios.

Los cortocircuitos escalaron tras las elecciones, cuando el oficialismo nacional amenazó la gobernabilidad de los intendentes amarillos votando sistemáticamente en contra de leyes y presupuestos promovidos por quienes habían sido sus aliados estratégicos. “Juegan sucio y después pretenden nuestro apoyo incondicional”, disparan.

La diputada nacional Florencia De Sensi

La lista de agravios es extensa: desde Vicente López, donde rechazaron el presupuesto, hasta San Isidro, donde ni siquiera permitieron su tratamiento. En Junín y Pergamino aceptaron discutir autoridades para luego frenar cualquier expediente; en 9 de Julio el diálogo es nulo e incluso promovieron la destitución de la intendenta. En Zárate, el concejal violeta votó contra las autoridades del PRO; en Arrecifes encabezaron marchas contra la inseguridad atacando la gestión local en los medios, y en Pinamar intentaron arrebatar la jefatura del Concejo sin éxito.

Si últimamente no hubo nuevos focos de conflicto es sólo por tratarse de enero, un mes de baja intensidad política, pero la herida no sana y no hubo ninguna señal concreta de acercamiento. Hoy, la relación es de independencia: el PRO bonaerense camina solo, convencido de que su estructura territorial es clave posible para lograr la reconstrucción y enfrentar al peronismo.



*Fuente: Carla Pelliza

HUMOR por Argüelles

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ESCÁNDALO EN EL SENADO | La libertaria Orozco enojada con Villarruel y desesperada por los contratos para sus ñoquis: “Tengo a mis asesores esperando”

La Senadora salteña denunció una persecución de Victoria Villarruel para justificar por qué no tiene asesores, pero los datos oficiales la desmienten: todos sus compañeros de bloque ya contrataron a varias decenas de asesores. Todo mientras chicanea a la Vicepresidente por el presupuesto del Senado, el mismo que ella y su bloque necesitan para financiar sus PyMEs políticas.

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