Milei invitó a Netanyahu a Argentina para ser declarado “residente de honor”

Prevista entre el 7 y el 10 de septiembre, la visita quedó en suspenso por la guerra en Gaza. En paralelo, un exjuez federal pidió la detención de Netanyahu por una orden de la CPI.
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El presidente Javier Milei invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a visitar la Argentina con el propósito de declararlo “residente de honor”. Según fuentes oficiales, ambos gobiernos coordinaron una agenda para los primeros días de septiembre y fijaron como rango posible del 7 al 10, con un esquema de seguridad reforzado ante la previsión de manifestaciones por “el genocidio que Israel perpetra en Gaza”.

En la planificación presidencial se estableció que Milei viajaría previamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y, posteriormente, recibiría a Netanyahu en Buenos Aires. Sin embargo, ese encuentro sigue sin fecha, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos”.

La secuencia diplomática pública registró tres hitos: el 30 de julio de 2025, la Casa Rosada informó que las cancillerías trabajaron en una ventana entre el 7 y el 10 de septiembre; el 1 de agosto comunicó que, en ese marco, Netanyahu sería distinguido como “residente de honor”; y el 6 de agosto la agencia de noticias israelíes AJN, tras consultar a fuentes de la cancillería israelí, indicó que la visita se postergó por la situación en Gaza.

Desde la Oficina del Primer Ministro se había dejado abierta la posibilidad de un arribo a fines de agosto tras la invitación de Milei. Aunque medios hebreos informaron que Israel estaba “ultimando los detalles”, fuentes de la cancillería israelí señalaron que no contaron con “ninguna confirmación”, una señal diplomática que consolidó el escenario de postergación. En Casa Rosada se indicó que, de reprogramarse, la visita podría mantenerse dentro del mismo rango del 7 al 10 de septiembre, supeditada a la evolución del conflicto.

La eventual escala en Buenos Aires implicó la preparación de un dispositivo de seguridad extraordinario. Paralelamente, la invitación motivó una carta pública de rechazo titulada “¡Oprobio e ignominia!”, que expresó: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”. El texto añadió: “No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio”. Firmaron, entre otros, José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.

En el plano jurídico, el exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que, si Netanyahu ingresaba al territorio argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo tenía la “obligación” de detenerlo por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024. Según su argumentación, la CPI —creada por el Estatuto de Roma— imputó penalmente a Netanyahu por ser “responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos’”. Recordó que la Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 25.390 y que “tiene carácter supralegal en el país”, por lo que concluyó que el Presidente “tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI”.

La relación bilateral quedó delineada por las visitas oficiales. En febrero de 2024, Milei viajó a Israel, recorrió el kibutz Nir Oz junto al presidente Isaac Herzog, condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, recibió a familiares de rehenes y pidió su liberación, y anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con ejecución prevista para 2026. En junio de 2025, Milei regresó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Herzog, y disertó ante el plenario de la Knesset. “La amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, expresó entonces. Ese anuncio de traslado de la embajada le valió al Presidente una amenaza de la organización terrorista Hamás.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que, de concretarse la reunión, sería “una demostración más de la amistad tan fuerte”. “Llegamos a una instancia del vínculo y de la amistad tan fuerte que, no quiero decir que llegamos a la cima, pero las dos visitas del Presidente (Javier Milei) aquí en Israel generaron que se frenara el país. No pasa con otros, si pasa, puede llegar a pasar solo con (Donald) Trump”, afirmó en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias.

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Trump anunció la captura de Nicolás Maduro tras una ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país tras una operación militar que incluyó ataques aéreos sobre distintos puntos estratégicos de Caracas y sus alrededores. El anuncio desató una jornada de máxima tensión en la región, con repercusiones inmediatas dentro y fuera del país caribeño.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y aseguró que el dictador venezolano fue detenido y trasladado en avión fuera del territorio nacional junto a su esposa, Cilia Flores.

Según adelantó el mandatario, los detalles de la operación serían brindados en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida.

En declaraciones posteriores al diario The New York Times, Trump calificó la acción como “una operación brillante” y destacó el trabajo de las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses. “Hubo mucha planificación y gente muy capacitada involucrada”, señaló el jefe de la Casa Blanca, en un mensaje que reforzó la magnitud del operativo.

https://twitter.com/TrumpTruthOnX/status/2007396116804104498

El anuncio llegó luego de una madrugada marcada por fuertes explosiones en Caracas. Cerca de las 2 de la mañana, residentes de la capital venezolana comenzaron a reportar detonaciones, sobrevuelos de aviones y helicópteros, además de extensos cortes de energía eléctrica. En redes sociales circularon decenas de videos que mostraban columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Según relataron testigos y medios internacionales, los ataques se concentraron en zonas sensibles como la base aérea de La Carlota y el complejo militar de Fuerte Tiuna, el mayor bastión de las Fuerzas Armadas venezolanas. También se registraron explosiones en La Guaira, mientras cientos de autos intentaban abandonar las áreas afectadas en medio del caos y la incertidumbre.

“Las ventanas retumbaron y me tuve que esconder en una habitación sin ventanas”, relató una jubilada que vive cerca de Fuerte Tiuna, en declaraciones recogidas por la agencia AFP. Otros vecinos describieron el sonido de ametralladoras y disparos antiaéreos, en lo que aparentaba ser un intento de defensa frente a los bombarderos que sobrevolaban la ciudad.

Isaac on X (formerly Twitter): “En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos.Se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.¡Viva Venezuela libre!pic.twitter.com/8ZAJ926OZa / X”

En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos.Se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.¡Viva Venezuela libre!pic.twitter.com/8ZAJ926OZa

El contexto previo ya anticipaba una escalada. En los últimos días, Trump había endurecido su discurso contra el régimen chavista y advertido que los días de Maduro en el poder “estaban contados”. Incluso, el lunes anterior, Estados Unidos confirmó la destrucción de una zona utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico, lo que marcó el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Desde el gobierno de Caracas, la reacción no tardó en llegar. A través de un comunicado difundido por la televisión estatal, el régimen denunció una “gravísima agresión militar” por parte del Gobierno norteamericano y anunció la declaración del estado de excepción en todo el país. En el mensaje oficial, las autoridades chavistas acusaron a Washington de violar la Carta de las Naciones Unidas y llamaron a la movilización popular en rechazo al ataque.

El Gobierno de Kicillof aumentó los peajes de las rutas a la costa

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una actualización tarifaria de 7,17% para la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico, ambos concesionados a la empresa AUBASA.

La medida se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral regido por el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Los nuevos valores comenzaron a regir a las 00 h del sábado 3 de enero de 2026, tras haberse cumplido la audiencia pública correspondiente y sin haber recibido objeciones por parte de los organismos de control.

El ajuste se basa en una metodología de cálculo que pondera diversos indicadores del INDEC: un “55 % del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados”, un “25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor” y un “20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General – IPC”.

Con esta actualización, las autoridades provinciales buscan ajustar los costos de mantenimiento de los caminos concesionados. Asimismo, se informó que los usuarios de TelePASE podrán acceder a descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.

En la Autopista Buenos Aires–La Plata, los precios varían según la estación y el horario de circulación. En las cabinas de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) pagará $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango, mientras que los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, abonarán hasta $16.000.

Por su parte, en los peajes de Quilmes, Berazategui y Bernal, el costo para autos quedó fijado en $1.000 para las horas de mayor afluencia y $800 en horario no pico.

Para quienes se dirijan hacia la costa por el Sistema Vial Integrado del Atlántico, los aumentos coinciden con el inicio de la temporada turística. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos pesados de categoría 6 deben desembolsar hasta $34.900.

En el caso de la estación de Villa Elisa, las tarifas para autos particulares serán de $700 en hora pico y $600 fuera de dicho horario.

Finalmente, en otras rutas hacia los destinos balnearios, el cruce en General Madariaga tendrá un costo de $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.

En la estación de Mar Chiquita, la tarifa para la categoría 1 quedó establecida en $3.300, ascendiendo a $16.100 para la categoría 6. Estas resoluciones fueron publicadas en el suplemento del Boletín Oficial bonaerense por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

La militante de 22 años que trabaja para Karina y cobra $2,2 millones sin cumplir los requisitos mínimos

El ascenso de Rocío Ángeles Julieta Gómez, de 22 años, representa la contradicción más cruda del discurso oficial. En abril de 2024 trascendió un video de ella, frente a estudiantes de la UBA, exclamando: “Creemos en la educación pública también como motor del ascenso social, en una sociedad meritocrática, de esfuerzo y de trabajo. No obstante, su realidad administrativa cuenta una historia diferente: tras desempeñarse como fiscal de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, fue premiada en abril de 2025 con un cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Sin experiencia previa, sin haber pasado por un concurso de oposición y sin cumplir con los requisitos mínimos de formación que exige el Estado, su contrato acaba de ser prorrogado, lo que desató una nueva ola de indignación en redes sociales ante la evidencia de una militancia financiada por el contribuyente.

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La ingeniería financiera detrás de su sueldo es un insulto a la carrera administrativa y a la transparencia. Según el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) —el escalafón que regula los salarios estatales según nivel y grado—, a Gómez le correspondería un básico de $1.004.243,76 por su Nivel B de grado 0. Sin embargo, la militante necesitaba un sueldo mayor, pero como no cumple con los requisitos mínimos para ello, Karina Milei firmó una excepción y le otorgó un suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV de $1.270.019,70. De esta manera, el Estado más que duplicó su salario para alcanzar los $2.274.263,46 mensuales, cifra que se indexará automáticamente con cada paritaria —la actualización salarial por inflación—, blindando su nivel de vida mientras el resto de la sociedad debe trabajar para pagarle el sueldo.

Para comprender la magnitud de este beneficio, basta comparar los 2.2 millones de Gómez con los ingresos de quienes sostienen los servicios esenciales del país. Mientras la militante mileísta percibe este monto por “seguimiento de proyectos”, un médico clínico promedio en Argentina gana cerca de $950.000, una maestra de primaria con diez años de antigüedad ronda los $750.000 y un policía bonaerense apenas supera los $800.000. Gómez, sin título ni trayectoria profesional, cobra casi tres veces más que los profesionales que cuidan la salud y la seguridad de la población, demostrando que en este esquema, el activismo digital y la lealtad partidaria resultan mucho más rentables que cualquier vocación de servicio o formación académica.

Desde abril de 2025, Gómez se desempeña como “Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales” de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, dependiendo de forma directa de Eduardo “Lule” Menem y, luego, de Karina y Javier Milei.

El antecedente Urbani: de cajero de McDonald’s a la coordinación nacional

Este fenómeno no es un hecho aislado, sino un patrón de colonización estatal que utiliza el dinero público como herramienta de premiación política. El caso de David Urbani es paradigmático y sirve para contextualizar que lo de Gómez no es un error, sino un método: en diciembre de 2023 se hizo público que su única experiencia laboral previa eran ocho meses como cajero en un McDonald’s.

Hoy, con una nula preparación técnica y sólo el bachillerato completo, Urbani acumula funciones como Auxiliar administrativo en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón y como Coordinador de comunicación para LLA Nacional. Es el triunfo del “militante todoterreno” que, tras un breve paso por el sector privado, encontró en el Estado un refugio de doble ingreso.

La situación de Urbani refuerza la idea de una Cámpora mileísta que desprecia la meritocracia que declama. Sin trayectoria en gestión ni especialización en comunicaciones, su nombramiento nacional responde únicamente a su rol como pseudo-referente territorial y digital. Mientras el discurso oficial estigmatiza al empleado público de carrera, premia a jóvenes sin experiencia con sueldos jerárquicos, transformando las oficinas gubernamentales en una sucursal de empleo para el círculo de confianza del partido. Esta recapitalización del caso Urbani permite ver que la estructura estatal está siendo utilizada para profesionalizar a una militancia que, de otro modo, difícilmente accedería a cargos de tal responsabilidad y remuneración.

El mapa del nepotismo y de la casta digital

La lista de beneficiarios de este esquema es extensa y se ramifica por todas las dependencias oficiales, recordando las prácticas que el propio espacio político prometió erradicar. Juan Pablo Carreira (conocido como “Juan Doe”), el tuitero que durante años fustigó al empleo público, hoy encabeza la Dirección Nacional de Comunicación Digital; el youtuber mileísta Tomás Jurado (conocido como “El Peluca Milei”) y Gabriel Iván Gómez (editor de Carajo, el 678 del mileísmo) se refugiaron en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. A ellos se suman Ezequiel Ismael Acuña (conocido como “El Pasante”), panelista del programa de streaming del “Gordo Dan”, y Mariano Pérez (fundador del canal de YouTube “Break Point”), quien percibió un sueldo de la Legislatura Porteña entre el 10 de diciembre de 2021 y el 1 de julio de 2024, mientras cubría la actividad oficial.

Este entramado de militantes rentados se completa con casos como el de Lucas Tomás Luna (conocido como “Sagaz”), tras ser excluido de las listas de 2023 por comentarios discriminatorios contra los discapacitados, luego fue recompensado con una dirección en la empresa estatal Intercargo. Incluso áreas críticas como el Ministerio de Defensa y el INCAA han servido para dar cobijo a panelistas del streaming Carajo como Nicolás Promanzio (anunciado recientemente) y el tuitero Pedro María Lantarón (conocido en redes como “El Pit”), quienes cambiaron sus críticas al sistema por un recibo de sueldo oficial.

Finalmente, la red de contención se extiende a los círculos afectivos de los referentes del espacio, evidenciando un nepotismo sistémico. Agustín Romo, diputado provincial y jefe del bloque de LLA en la Legislatura Bonaerense, ha sido señalado por la inserción de una treintena de allegados, incluyendo a su pareja Valentina Lazbal y a su padre, en la estructura de Ferrocarriles Argentinos. En sintonía, María Belén Casas, pareja de Daniel Parisini (“Gordo Dan”), ocupa una jefatura de gabinete en el área de políticas universitarias; y la simbiosis es total: su jefe directo, el subsecretario Alejandro Álvarez, es un invitado frecuente en el programa de streaming de Parisini, donde utiliza el espacio para validar sus políticas ante la audiencia oficialista.

Este entramado de favores y clientelismo digital confirma que la supuesta batalla cultural que da el mileísmo no es una gesta heroica, sino una estructura de poder que utiliza las cajas del Estado para sostener a su propia casta de seguidores, traicionando la promesa de austeridad hecha a sus votantes.

*Por Augusto Grinnner

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