Meloni contra la izquierda: La difamación de los medios y la respuesta de la primer ministro

Ante el triunfo de la coalición de derecha italiana, encabezada por el partido Fratelli d'Italia, muchos medios comenzaron a tildar al partido de Giorgia Meloni como fascismo italiano. No obstante, la realidad es muy distinta a la planteada y es por eso que Meloni hablo contra toda la izquierda internacional.
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Ante la evidente victoria que se advenía por parte de Giorgia Meloni, desde hace algunos meses varios canales audiovisuales comenzaron a advertir la posible victoria del partido conservador italiano, es por eso que para evitar este triunfo comenzaron a difamarla de cualquier manera posible. Palabras como “simpatizante de Mussolini” o “ultraderecha fascista” fueron las predilectas de varios medios para lograr desinformar acerca de la ahora primer ministra.

“Nada de lo que dice la prensa internacional sobre mí es real. Sé muy bien que estos artículos están inspirados en el ponderoso circulo de la izquierda…”

Centrándonos en el panorama en Italia, Meloni respondió en un video con muy pocas visualizaciones a toda la izquierda que se encargo de difamarla. Defendiéndose contra todos los ataques, la política respondió: “Nada de esto (que se menciona sobre ella) es cierto, pero sé muy bien que estos artículos están inspirados en el circuito mediático de la izquierda que aquí en Italia es muy fuerte en las redacciones de los periódicos y los programas de televisión”.

El partido de Meloni incrementó su popularidad en estos últimos 4 años, siendo que en las elecciones del 2018 supo obtener un total de 4,5% de los votos

Sin duda alguna, aquellos que han tildado a Giorgia de fascista, deberían de saber que el fascismo es la antítesis del liberalismo y este no es el caso de la nueva mandataria, porque ella, está en contra de la intromisión del estado en la economía. “Con la izquierda en el poder el estado se ha convertido en el enemigo del ciudadano y de las empresas, violando cada vez más las libertades individuales. Si, la libertad es nuestro bien más preciado”. Expreso Meloni en la grabación de YouTube.

En el video se ve como se defiende incluso contra las difamaciones que hacen los medios al asociar derecha italiana con fascismo. “La derecha italiana asociada al fascismo, desde hace décadas ha condenado sin ambigüedades la privación de la democracia y las infames leyes antijudías”. Pero Meloni no solo atacó al nazismo, sino también al comunismo: “Y obviamente también es inequívoca nuestra condena al nazismo y al comunismo, la única de las ideologías totalitarias del siglo XX que todavía sigue en el poder en algunos países, sobreviviendo a sus trágicos fracasos y que para la izquierda es difícil de condenar”.

“Dios, patria y familia”

Es notable como algunos medios califican de antidemocrático al partido ganador en Italia, pero esto es algo que también responde Giorgia. “Nos oponemos energéticamente a cualquier deriva antidemocrática con palabras de firmeza que no siempre encontramos en la izquierda italiana y europea. Hoy esta izquierda esta aterrada“, reafirma antes de finalizar. Y cierra: “Somos personas leales, honestas, decisivas y estamos listos para marcar el comienzo de una nueva temporada de estabilidad, libertad y prosperidad, le guste o no a la izquierda”.

No queda la menor duda que lo que se vio estos días ha sido una difamación injustificada de muchos medios hacia el partido Fratelli d’italia. Es más fácil para muchos periódicos parafrasear sin conocer la realidad. Hasta incluso muchos medios nacionales del kirchnerismo criticaron a Meloni por decir a los 19 años que lo que había hecho Mussolini como mandatario fue bueno. Sin embargo, esos medios kirchneristas se olvidan de que Perón no solo fue un gran admirador del tirano italiano, sino que la doctrina justicialista la consideraba una rama del fascismo.

Tras el desastroso desempeño de la izquierda italiana en frentes tas complicados como el abordaje de la economía en tiempos de pandemia, los partidos derechistas resurgieron

La verdad sobre lo que sucede en Italia debe ser conocida, ya que la mayoría de medios convencionales van a tildar de ultraderecha, es por eso que resulta interesante ver cómo aún un mes antes de salir victoriosa en las elecciones, Meloni ya estaba defendiéndose de estos ataques. Como bien pensó Alexis de Tocqueville y plasmó en su libro, “La democracia en América”, el peligro más grande para la democracia es la tiranía de la mayoría; esto sucede cuando la opinión de la mayoría impide toda discusión sobre un tema. Y las noticias que nos llegan sobre Italia son eso, una tiranía de la mayoría para difamar a la victoria de la derecha contra la izquierda.

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Polonia ilegalizó al Partido Comunista y limpia su sistema político del legado totalitario

El Tribunal Constitucional de Polonia tomó una decisión histórica, declarando inconstitucional al Partido Comunista Polaco (KPP) y ordenando su ilegalización inmediata. Esta sentencia culmina tras años de intentos legales por prohibir esta organización política, siendo el más reciente promovido por el presidente de la República de Polonia Karol Nawrocki hace apenas semanas.

“No hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, subrayó en el fallo la jueza del Tribunal Constitucional, Krystyna Pawlowicz.

La Constitución polaca contiene una disposición muy particular que muchas democracias occidentales no tienen, ya que explícitamente prohíbe la existencia de agrupaciones políticas basadas en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo”. Esta cláusula constitucional establece que cualquier formación partidaria que se fundamente en métodos totalitarios o que busque un sistema de gobierno totalitario puede ser declarada ilegal.

Específicamente, la Corte citó el artículo 11, que exige que los partidos se fundan “en el principio de igualdad de los ciudadanos” y busquen influir en la política “por medios democráticos”, y el artículo 13, que prohíbe los partidos basados en ideologías totalitarias o que recurran a la violencia para obtener poder.

– Karol Tadeusz Nawrocki es un historiador y político conservador polaco, ​ actual presidente de la República de Polonia

El Tribunal no solo examinó el programa actual del KPP (que intentó reformarse en 2015 eliminando referencias a la revolución comunista), sino que también se analizó su estatuto fundacional de 2002, sus publicaciones, declaraciones públicas y actividades a lo largo de los años. Esto fue decisivo, siendo que sin un programa explícitamente agresivo, se consideró que la propia naturaleza ideológica—su promoción del marxismo-leninismo—constituía una incompatibilidad fundamental con los valores polacos.

La decisión será remitida al tribunal de distrito de Varsovia, encargado del registro de partidos, para ejecutar la ilegalización formal, lo que implicará la cancelación del registro legal del KPP, la prohibición de su participación electoral y la terminación de su financiamiento público.

El KPP cuenta con unos mil afiliados, ningún representante electo, escasa presencia en medios de comunicación y resultados electorales insignificantes. De hecho, ni los propios dirigentes del KPP consideraban necesaria su prohibición. Su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karoń, argumentó que su programa “es tan poco atractivo” que simplemente no conseguirían apoyo en las elecciones, por lo que legalizarlo o prohibirlo resultaba igualmente irrelevante.

La razón por la cual el Estado invierte recursos en una medida dirigida a un partido ya débil y marginal remite al complejo panorama judicial que atraviesa Polonia en la actualidad. El Tribunal Constitucional está envuelto en una seria disputa sobre su propia legitimidad. El gobierno actual, liderado por el primer ministro Donald Tusk, no reconoce varios fallos del tribunal porque cuestiona que los jueces que los emiten fueron nombrados de manera irregular durante la anterior administración del partido Ley y Justicia (PiS).

Irónicamente, entre los jueces que emitieron este fallo está Stanisław Piotrowicz, un exdiputado del PiS que fue fiscal durante la época comunista, incluso durante la ley marcial de los años 80 bajo el general Wojciech Jaruzelski.

El mandatario Nawrocki, quien ganó las elecciones presidenciales de junio de 2025, es del PiS y reactivó personalmente el caso contra el KPP el 6 de noviembre de 2025, enfatizando que sus objetivos son “contrarios al orden legal de Polonia” y que la ideología comunista atenta contra los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”. Esta iniciativa formaría parte de la confrontación política más amplia entre el presidente (del PiS) y la gestión de Tusk.

Del Pacto Molotov-Ribbentrop a la Carta Magna

Para entender por qué Polonia tiene una legislación marcadamente anti-comunista, es fundamental comprender su traumática historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Polonia en 1939 bajo el Pacto Molotov-Ribbentrop y sometió a millones de polacos a represión masiva, colectivizaciones forzosas y deportaciones a campos de trabajo en Siberia. Se estima que aproximadamente 1.200.000 polacos fueron deportados entre 1939 y 1941, acusados de ser “enemigos del pueblo”.

Después de 1945, Polonia se convirtió en un estado satélite soviético, sufriendo 44 años de ocupación política y represión bajo regímenes comunistas impuestos por Moscú. A lo largo de este período, los polacos experimentaron décadas de falta de libertades democráticas, políticas y supresión de su identidad nacional. Esta memoria colectiva es profunda y sigue marcando la política contemporánea polaca.

Cuando el bloque comunismo se derrumbó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, Polonia adoptó un régimen democrático en su Carta Magna, pero incluyó salvaguardas explícitas contra el regreso de estas ideologías que consideraban existencialmente amenazantes.

No obstante, Polonia no sería la única en prohibir partidos comunistas. Alemania, por ejemplo, prohibió el Partido Comunista en 1956 (aunque posteriormente fundó otro partido comunista legal en 1968, el DKP). Ucrania prohibió su Partido Comunista en 2015 como parte de sus leyes de “descomunización” tras el conflicto con Rusia. República Checa y Hungría también han tenido legislación restrictiva respecto a símbolos comunistas.

Sin embargo, estas prohibiciones son profundamente controvertidas. Amnistía Internacional cuestionó severamente la prohibición ucraniana de 2015, considerándola “una violación flagrante de la libertad de expresión y asociación” que “sienta un precedente muy peligroso”. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado la validez constitucional de tales restricciones en democracias modernas estables, argumentando que carecen de “necesidad social clara, apremiante y específica”.

Una jueza de la ONU experta en derechos humanos fue condenada por esclavizar a una empleada doméstica

Lydia Mugambe Ssali, magistrada del Tribunal Superior de Uganda y jueza del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU (IRMCT), fue condenada en el Reino Unido a seis años y cuatro meses de prisión por delitos relacionados con mantener en condiciones de “esclavitud” a una empleada doméstica.

Según el veredicto, mientras cursaba un doctorado en la Universidad de Oxford, Mugambe introdujo en el Reino Unido a una joven compatriota con promesas falsas y la mantuvo trabajando en condiciones de servidumbre sin ningún tipo de remuneración. Además, el tribunal determinó que la acusada participó en una conspiración para silenciar a la víctima usando sus influencias luego de conocerse el hecho.

Antes de su arresto, Mugambe tenía un currículum impresionante que parecía hacerla emblema de justicia e integridad. Era licenciada en Derecho por la Universidad Makerere en Uganda, tenía un máster de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, y fue magistrada de alto rango en Uganda entre 2000 y 2005. Trabajó durante años en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, un organismo de las Naciones Unidas que enjuiciaba crímenes de lesa humanidad, incluyendo genocidio. Fue jueza del Tribunal Superior de Uganda desde 2013 hasta 2020, e incluso sirvió como Inspectora General del Gobierno entre 2020 y 2022.

Su fallo más célebre fue en 2017, cuando condenó al Hospital Nacional Mulago por la negligencia en la desaparición de un bebé recién nacido. Este fallo fue aclamado internacionalmente como un hito en la protección de sectores vulnerables, y la sentencia de 85 millones de chelines ugandeses (aproximadamente 24.000 dólares) fue considerada revolucionaria. También fue académica del Instituto de Derechos Humanos de Columbia University y miembro del Centro de Derechos Humanos de Oxford. En mayo de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas la nombró jueza del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, el organismo que mantiene las funciones de los tribunales para crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y Ruanda.

Sin embargo, mientras mantenía esta impecable fachada profesional, Mugambe ejecutaba un plan deliberado y sofisticado para traficar y esclavizar a una joven ugandesa. El esquema funcionó con la colaboración de John Leonard Mugerwa, exvicecomisionado ugandés en el Reino Unido, que tenía estatus de inmunidad diplomática. Mugerwa emitió un certificado de patrocinio falsificado que presentaba a la víctima como empleada doméstica privada en su residencia oficial londinense, con un falso salario prometido de 1.200 libras mensuales. Este fue un esquema sistematizado, ya que tanto Mugambe y Mugerwa sabían que la mujer trabajaría en condiciones de servidumbre, aprovechando un sistema de visas para trabajadores domésticos que es notoriamente vulnerable al abuso.

Una vez que la víctima llegó al Aeropuerto de Heathrow, Mugambe la recogió personalmente. Lo que vino después fue una pesadilla; le confiscó el pasaporte y el teléfono, la aisló completamente y la obligó a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche cada día, haciendo labores domésticas y cuidando a los hijos de Mugambe. La joven no recibió ningún salario. Mugambe también le impedía que consiguiera un empleo remunerado estable, manteniendo su dependencia total.

La víctima vivió en lo que describió como “miedo casi constante”. La joven sabía que Mugambe era una figura de gran poder en Uganda, lo que creaba una asimetría de poder casi absoluta. Durante la investigación inicial de la policía, Mugambe llegó incluso a amenazar a la víctima con quemar sus documentos y reportarla como inmigrante ilegal, intensificando su control psicológico.

Lo más inquietante es que hoy, tras la condena de Mugambe, la víctima no se atreve a regresar a Uganda por temor a represalias. En su declaración escrita al tribunal, expresó su terror de que nunca más verá a su madre debido a la influencia que Mugambe aún mantiene en su país.

El tribunal concluyó que esos actos no fueron incidentes aislados sino la materialización de delitos tipificados bajo la ley de esclavitud moderna. Entre ellos, facilitar el viaje con intención de explotación, provocar una vulneración de las normas migratorias, obligar a un individuo a realizar trabajo forzado y conspirar para intimidar a testigos. La sentencia impuesta sentenció cómo la acusada “se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y de su propia condición social.”

Lo que probablemente más impactó fue que Mugambe nunca mostró ningún remordimiento durante el proceso. El juez David Foxton, al sentenciar, destacó su profunda tristeza al reconocer los logros profesionales de Mugambe, pero subrayando que ella “se aprovechó de su estatus de la manera más agraviante”. Además, Mugambe intentó culpabilizar a la víctima por lo sucedido e incluso cuando fue arrestada por oficiales del Valle del Támesis en febrero de 2023, Mugambe fue grabada diciendo: “Soy jueza en mi país, tengo incluso inmunidad. No soy una criminal”. Las Naciones Unidas posteriormente revocaron su inmunidad diplomática para permitir que los procedimientos legales avanzaran.

El 2 de mayo de 2025 se pronunció la sentencia final y el pago de más de £12.000 en compensación a la víctima. El Mecanismo Residual de los Tribunales Penales de la ONU suspendió su participación y, posteriormente, retiró formalmente su designación. Por su parte, Mugerwa, fue objeto de investigación, pero el gobierno de Uganda se negó a renunciar a su inmunidad diplomática, lo que impidió que fuese procesado en el Reino Unido.

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