LOS PROPIOS LO RECHAZAN | El sindicato docente de Perú le pide la renuncia a Castillo
Los profesores peruanos le quitaron su apoyo a Pedro Castillo debido al incumplimiento de sus promesas electorales: "No ha dispuesto, como prometió, destinar el 6 por ciento del PBI a la educación".
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Se ha despertado otro descontento hacia el Gobierno de Pedro Castillo, y esta vez desde un gremio docente. El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, anunció que en la Asamblea Nacional de Delegados debatirán pedir la renuncia del mandatario por incumplimiento de promesas al sector. La reunión se realizará entre el 5 y 6 de agosto.
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Sostuvo que en el mensaje presidencial no escucharon que se concrete el primer incremento de sueldo, para que los maestros de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, ganen 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). “Fue una promesa de aumentar 600 soles cada año para que al término de su Gobierno se llegue a la UIT. Solo dijo que se iba a considerar en la Ley del Presupuesto”, sostuvo.
Desde el SUTEP, como sindicato mayoritario del magisterio peruano, cuestionamos la indiferencia del pdte. @PedroCastilloTe, al omitir nuevamente las grandes demandas para la mejora de la escuela pública en su Mensaje a la Nación. Sigue de espaldas al sector que decía representar. pic.twitter.com/UZnZmHIn4v
El dirigente, además, esperó que se anuncie el aumento a los cesantes y jubilados y que se trabaje para cerrar la brecha infraestructural en el sector que llega a los 110 mil millones de soles. ¡Una locura!
“No ha dispuesto, como prometió, destinar el 6 por ciento del PBI a la educación”, cuestionó Castro a la prensa y mediante las redes sociales. Criticó que Castillo habló de ciencia y tecnología, pero no ha logrado que los colegios tengan Internet.
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La subordinación ideológica y los homenajes automáticos hacia el Estado de Israel se convirtieron en el eje central de la política exterior de Javier Milei. Desde el inicio de su mandato a fines de 2023, el Presidente consolidó una alianza ciega caracterizada por repetidos viajes a Jerusalén, visitas al Muro de los Lamentos y promesas de traslado diplomático, priorizando la agenda geopolítica extranjera por encima de los intereses soberanos de la Argentina. Esta bajada de línea importada desde la Casa Rosada encontró rápidamente eco en gobernadores y administraciones provinciales ansiosos por congraciarse con el poder central.
La pantomima de esta cercanía artificial tuvo uno de sus puntos más grotescos el 6 de octubre de 2025. En plena presentación de su libro en el Movistar Arena, y con la excusa de conmemorar el aniversario de los ataques en Medio Oriente, Milei entonó públicamente el tradicional canto festivo “Hava Nagila” —cuya letra celebra la alegría, la felicidad y convoca a bailar— frente a miles de personas. Lejos de guardar un respetuoso luto, el mandatario convirtió la tragedia en un show, coreando torpemente frases festivas para conmemorar un atentado, exponiendo la farsa de un fervor religioso y cultural construido exclusivamente para la tribuna.
Javier Milei y Lilia Lemoine cantando una celebración por el atentado del 7 de octubre de 2023.
Importación de homenajes
La lógica de la sumisión geopolítica bajada desde la Casa Rosada encontró un correlato directo en el interior del país. La Policía de Córdoba y la Legislatura provincial decidieron bautizar oficialmente una de las dependencias estratégicas del sistema de emergencias con el nombre de Roni Eshel, una joven militar extranjera de 19 años que integraba las Fuerzas de Defensa de Israel y resultó asesinada el 7 de octubre de 2023. El acto, llevado a cabo con la participación del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la cúpula policial, incluyó la visita especial de la familia de la soldado, que viajaron desde Israel.
La familia Eshel recibiendo un homenaje.
La homenajeada no tenía ninguna relación con la Argentina ni con la provincia de Córdoba. Se desempeñaba en tareas de observación en la frontera de su país de origen, un conflicto geopolítico ajeno a las problemáticas locales. A través de este nombramiento, el poder político cordobés adoptó un símbolo internacional en una dependencia de seguridad pública local, replicando gestos de pleitesía hacia la agenda exterior impulsada por el Ejecutivo nacional.
Los padres de Roni Eshel en el centro de monitoreo que lleva el nombre de su hija.
La decisión responde al denominado “Proyecto Oz”, una iniciativa de alcance global impulsada por instituciones de la comunidad judía que busca replicar el nombre de la soldado en dieciocho centrales de monitoreo de distintos países. Así, una bajada de línea internacional importada por la DAIA se incrustó directamente en la estructura de seguridad cordobesa, con un aval legislativo exprés que condecoró a los familiares con un beneplácito oficial.
La familia Eshel junto a la placa que homenajea a su hija a casi 13.000 km de donde perdió la vida.
El contraste y el abandono propio
El homenaje oficial a una militar extranjera choca de manera violenta con la realidad diaria que atraviesan los efectivos de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Mientras el poder político cordobés desfila junto a funcionarios y familiares llegados desde Medio Oriente, los policías provinciales y federales arriesgan y pierden la vida en las calles del país enfrentando al delito cotidiano, sepultados bajo el desinterés institucional y sueldos de miseria.
Esta subordinación selectiva y desconectada de las urgencias reales también ignora conflictos bélicos de magnitud global que llevan años cobrándose vidas a escala masiva, como la guerra en Ucrania. Al final, el despliegue de pleitesía en Córdoba demuestra que la obediencia a la agenda exterior importa más que honrar a los caídos propios.
Durante tres días, del 30 de septiembre al 2 de octubre, científicos de Brasil, Uruguay, España, China y Corea del Sur se sentaron en Vigo junto a representantes del gobierno de ocupación de las Islas Malvinaspara evaluar el estado del calamar Illex argentinus. La Argentina, principal país ribereño de esa pesquería, quedó afuera del IV Taller Científico Internacional sobre la especie, que sostiene el mayor volumen de desembarques del Atlántico Sur y que lleva en su nombre científico al país ausente.
La reacción más dura llegó desde Panamá. Allí, en la Conferencia de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), tres gremios marítimos argentinos presentaron una nota formal contra el encuentro: el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). “Se está discutiendo el futuro de un recurso argentino sin la Argentina, sin su ciencia y sin sus trabajadores, y con una administración colonial sentada a la mesa. No lo vamos a aceptar”, señalaron los dirigentes durante su exposición.
— El comunicado de la organización de armadores gallegos que convocó al encuentro de Vigo: en la lista de invitados figuran las Islas Malvinas y la Argentina no aparece
El taller fue organizado y financiado por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), la entidad que agrupa a buena parte de la flota congeladora gallega, con el apoyo facilitador de Sustainable Fisheries Partnership (SFP), una organización que promueve mejoras en las pesquerías y que en este caso colaboró en la coordinación y en la búsqueda de recursos. En el comunicado que difundió el 25 de septiembre, la OPPC-3 explicó que el objetivo era avanzar en una base de datos regional y en la evaluación de la abundancia, la productividad y el estado de explotación del calamar, con información de las flotas que lo capturan desde el sur de Brasil hasta la Patagonia y en aguas internacionales. También asistieron expertos independientes que acompañan el proceso desde su origen.
Sobre el motivo de la silla vacía circulan dos versiones. Los gremios hablaron de exclusión y pusieron el acento en que sí fueron convocadas las autoridades que administran de hecho las islas. Fuentes del ámbito científico consultadas por Revista Puerto atribuyeron la ausencia a una posición de principio: “Argentina no participa porque no reconoce el derecho del pretendido e ilegítimo gobierno de las Islas sobre el manejo del recurso calamar del Atlántico Sudoccidental”. Los trascendidos desembocan en el mismo punto, porque mientras el gobierno de ocupación integre estos talleres la Argentina no tendrá lugar en ellos, y el diseño de la convocatoria garantiza de antemano ese resultado.
Una silla para la administración colonial; ninguna para el dueño del recurso
Para los sindicatos, ninguna evaluación del Illex puede considerarse válida sin la Argentina y sin el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el organismo que reúne la serie científica más completa sobre la especie. El planteo se apoyó en la Ley N° 24.922, que regula la pesca en el país, y en la posición argentina sobre los recursos del Atlántico Sur. Los gremios recordaron además que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce los derechos del Estado ribereño sobre las poblaciones que se extienden más allá de su zona económica exclusiva.
El rechazo a la presencia isleña sumó otros fundamentos: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La advertencia de fondo fue que incorporar a esas autoridades a una instancia internacional sobre la gestión del calamar puede contribuir a legitimar un sistema de licencias de pesca otorgado de manera unilateral.
Los representantes argentinos remarcaron que las decisiones sobre el calamar impactan de forma directa en los trabajadores del sector y formularon cuatro pedidos. A la conducción de la ITF le solicitaron un pronunciamiento en rechazo al taller y que lo comunique a todas sus organizaciones afiliadas. Reclamaron que las conclusiones de Vigo no se presenten como un consenso científico regional y que las autoridades de las Islas Malvinas no sean convocadas en futuras instancias. Exigieron, por último, que cualquier ámbito internacional sobre la gestión del recurso incluya a la República Argentina, a su ciencia y a los representantes de sus trabajadores.
La milla 201, el borde donde las vedas argentinas dejan de valer
El Illex es un recurso migratorio y su distribución excede los límites jurisdiccionales. Nuestro país administra la pesquería con planes de manejo, avanza en un proceso de certificación y aplica un sistema de alerta temprana orientado a garantizar el escape de reproductores. En la milla 201, la franja de aguas internacionales que empieza donde termina la Zona Económica Exclusiva y donde opera la flota potera extranjera, esos cierres no rigen. La presión pesquera en ese sector diezma los esfuerzos de conservación que se hacen puertas adentro.
Esa falta de reglas en alta mar ya tuvo costo. Durante la feria Conxemar 2025 se advirtió que el calamar sigue sin consenso científico regional y sin medidas de gestión internacionales, lo que complica su certificación pese a la buena administración de los stocks en aguas argentinas.
Los promotores presentaron el taller como una respuesta a ese vacío. Edelmiro Ulloa, director gerente de la OPPC-3, planteó que ante la ausencia de un marco regional de gobernanza plenamente operativo la cooperación entre las propias flotas puede contribuir a construir una base común de conocimiento, mediante el intercambio de información agregada y con las garantías de confidencialidad que acuerden las partes. “Reducir la incertidumbre beneficia a todos”, sostuvo, en una idea que también expuso ante el medio español Industrias Pesqueras, y agregó que la colaboración científica “no debe entenderse como una amenaza para ninguna flota”.
— El afiche oficial del taller de Vigo: seis banderas para debatir el calamar argentino, entre ellas la del gobierno de ocupación de las Islas Malvinas, y ninguna de la Argentina
La conducción científica estuvo a cargo de Rubén Roa-Ureta, experto en modelización estadística y evaluación de poblaciones pesqueras, quien se definió como un científico independiente “que no pertenece ni representa a ninguna de las naciones que participan en esta pesquería”. A su juicio, la responsabilidad de generar el mejor conocimiento posible sobre el calamar “debe mantenerse al margen de los conflictos políticos o jurisdiccionales que puedan existir entre los países que comparten el ecosistema”. El grupo que presidió se propuso consolidar una base técnica común para futuras evaluaciones, comprender mejor la dinámica de la población e identificar las principales incertidumbres pendientes.
Desde SFP, su director de Gobernanza Pesquera y Medios de Vida, Pedro Ferreiro, valoró que la iniciativa “no pretende sustituir a los Estados ni interferir en sus competencias, responsabilidades o derechos conforme al marco jurídico internacional”, y admitió que cualquier avance hacia una gestión regional “deberá contar con la participación y el respaldo de los Estados”. Los organizadores convocaron además a armadores, empresas transformadoras y comercializadoras, trabajadores y demás actores de la cadena de valor, que abarca actividades portuarias, logísticas e industriales, a involucrarse de forma activa y continuada.
La de Vigo fue la cuarta reunión de un proceso que empezó con talleres en Chile y Panamá y siguió en Bangkok. Aun no trascendieron documentos, resultados ni conclusiones de ninguna de esas ediciones. Tampoco se identificaron medidas de manejo que den continuidad a las normas que aplica la Argentina para cuidar la especie.
Los propios organizadores definieron la meta como “convertir el conocimiento científico compartido en un punto de encuentro entre flotas que compiten por el mismo recurso” y “garantizar la conservación de Illex argentinus y la continuidad económica y social de una de las principales pesquerías del Atlántico Sur”.
Patricia Bullrich llegó al 62° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, con dos reclamos para el Gobierno que integra. Pidió que los cambios de tres años de gestión se verifiquen “en cada familia” y resumió la urgencia con una fórmula repetida a propósito: “Velocidad, velocidad en los cambios”. Además, cuestionó que la Casa Rosada llevara al Congreso la Ley de Tierras mientras el capítulo correspondiente del DNU 70/2023 seguía en la Justicia.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue la figura oficialista de mayor peso del encuentro, con Javier Milei y buena parte de su gabinete en París.
En la conferencia de prensa previa a su exposición, explicó que el objetivo es que las reformas muestren rápidamente un horizonte para las empresas y terminen por reflejarse en “una economía familiar mucho más amable”. También describió una economía a dos ritmos: “No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y, por otro lado, algunas economías del país, como pueden ser los hidrocarburos, la pesca, el agro y la minería, en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar”.
Parte del problema, dice, está en el costo argentino, con un comercio que soporta una carga impositiva tres veces más alta que la de Chile o Brasil. Sobre la advertencia de J.P. Morgan por una posible recesión, fue cauta y dijo que todavía no están los números para evaluarla.
El reproche por la Ley de Tierras tuvo dos escenarios. En un acto por los 30 años de la Constitución porteña en la Facultad de Derecho de la UBA, calificó de “apresurado” el envío de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía ese capítulo. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, admitió. Como el fallo llegó después de que la ley no pudiera votarse, reconoció que la oposición podría voltear el DNU.
Ya en IDEA, sumó un argumento técnico. Si mientras un decreto atraviesa la Justicia se discute una ley que no se aprueba, el Gobierno termina “tapando su propio instrumento legal”. “¿Para qué vas a mandar una ley si todavía estás en la Justicia con la constitucionalidad o no de ese capítulo de la Ley de Tierras?”, se preguntó, antes de reivindicar “el principio de la continuidad de los actos”.
El martes pasado, la Corte Suprema revocó un fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras y repuso el artículo 154 del DNU, que eliminó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aclararon después que solo resolvieron una cuestión procesal, la legitimación de una asociación para obtener una cautelar, sin pronunciarse sobre la validez del régimen. Bullrich se apoyó en esa aclaración para sostener su postura.
La Ley de Tierras se sumó a otros contrapuntos recientes. La senadora criticó los recortes en Discapacidad del Presupuesto 2027, rechazó impulsar el juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis por el régimen penal juvenil y marcó diferencias por el manejo del caso de Manuel Adorni, por el freno al pliego de una jueza y por su exclusión de debates de la reforma política.
Consultada por esas posiciones, rechazó leerlas como un choque con el Presidente. “No lo miraría en contradicción con, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico, en que me paro”, sostuvo, y aseguró que busca representar las preocupaciones de empresas, trabajadores, estudiantes, pymes y comercios.
— El Presidente fue recibido por Emmanuel Macron (Francia) en el Palacio del Elíseo
En un panel moderado por Martín Galdeano, director de IDEA, propuso extender a toda la economía la estabilidad de 30 años del RIGI y premiar o castigar a provincias y municipios según bajen o no sus tributos. También apuntó al sistema previsional, con seis millones de trabajadores formales que sostienen a 20 millones de beneficiarios. “El sistema no va más”, sentenció, y planteó dejar de cobrar impuestos al trabajo para combinar una base financiada con impuestos generales y un ahorro que podría canalizarse por convenios colectivos.
La pregunta que circulaba entre los empresarios apuntaba a 2027. Bullrich recordó que acaba de ser elegida senadora por seis años y evitó proyectarse: “No sé. No es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas”. Remarcó que el objetivo es “no ir para atrás”, aclaró que las alianzas “aún están en veremos” y deslizó: “Ojalá que sea todo, ojalá que sean todos los argentinos”. Los empresarios, que la esperaban en un almuerzo reservado en el Costa Galana, querían saber si se perfila como candidata propia o como compañera de fórmula de Milei.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó ayer un pedido de acceso a la información pública para que el Gobierno informe si el presidente Javier Milei cuenta con alguna evaluación que acredite su aptitud psicofísica y psíquica para ejercer el cargo. La solicitud, amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, llegó por escrito a la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli.
La nota, firmada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en representación de la organización, se dirigió al responsable de Acceso a la Información Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. El propio sindicalista la difundió en sus redes sociales.
El escrito recordó que el Estado tiene un plazo de 15 días para responder. Sin embargo, desde el Gobierno ya trascendió que no contestarán el requerimiento.
Punto por punto, qué pidieron
En primer lugar solicita a la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete que informen si existe en relación con Milei “algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica”.
En caso de que esa evaluación exista, el gremio reclamó que “se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente y resultado (“apto/no apto” o equivalente), sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia”.
El segundo punto apunta a las reglas de juego. ATE pidió saber si hay alguna normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente y, si la respuesta es afirmativa, que se entregue una copia.
Por último, el sindicato previó un posible rechazo. Si el Gobierno decide negar total o parcialmente la información, la negativa deberá presentarse por escrito y con fundamentos, con indicación precisa de qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública invoca y con la aplicación del correspondiente test de daño e interés público.
El documento también contempló un escenario adicional. Si no existe ningún tipo de examen o apto médico realizado a Milei, Aguiar exigió que se lleve a cabo para constatar si el Presidente se encuentra en pleno uso de sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
La presentación aclaró que el gremio no requiere información reservada, como la historia clínica o los antecedentes médicos del mandatario. Lo que pide es conocer si Milei está “apto o no apto”, si existen organismos que evalúen su aptitud psicofísica, tal como ocurre con todos los trabajadores del Estado, y si alguna norma prevé esas evaluaciones.
Para respaldar el pedido, ATE citó declaraciones públicas sobre presuntos problemas mentales del Presidente. Entre ellas figuran las del periodista Nelson Castro, el exdiputado Facundo Manes, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el diputado Jorge Araujo Hernández y las de varios psicólogos.
“Acá se controla a los trabajadores”
En su publicación, Aguiar fue tajante. “Los desequilibrios mentales del Presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, sostuvo.
El dirigente basó parte del reclamo en la diferencia entre las exigencias que enfrentan los estatales para ingresar a la administración pública y la falta de controles sobre la máxima autoridad política del país. “Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, remarcó. Y agregó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA”.
Aguiar se anticipó a las críticas. “Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, aclaró. Luego advirtió sobre el alcance de una eventual respuesta negativa: “Si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”.
En paralelo con el trámite administrativo, ATE anunció que impulsará una iniciativa legislativa para que, a partir de las elecciones de 2027, todos los candidatos a cargos electivos estén obligados a realizarse un examen psicofísico preocupacional antes de la presentación de listas.
“Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a los cargos electivos a partir del año que viene”, propuso Aguiar. El titular del gremio estatal cerró con una advertencia: “Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar”.
Daniel Alfredo Neira pasó menos de 24 horas sin empleo estatal. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) lo despidió el 31 de julio de 2026 con una liquidación final neta de $109.781.999,73 y, al día siguiente, quedó designado como gerente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que depende de la Secretaría de Agricultura. El caso generó malestar dentro del instituto, cuyo Consejo Directivo ahora analiza dar marcha atrás con una incorporación que ya había aprobado.
Neira recibió la notificación de la rescisión de su contrato el 24 de julio, quedó habilitado para cobrar la indemnización el 28, se convirtió formalmente en desocupado el 31 y el 1° de agosto volvió a la órbita estatal. Sin embargo, los trámites para su nueva designación comenzaron el 1 de julio, 23 días antes de que le ofrecieran el puesto.
— El informe del Enacom del 5 de agosto que remitió a Presupuesto la liquidación final, con la baja de Neira entre los archivos adjuntos
Según documentación a la que accedió La Nación (Belkis Martínez), el ente de comunicaciones resolvió prescindir de sus servicios a partir del 31 de julio y le notificó la extinción de su contratación en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la norma que regula la indemnización por despido sin causa. La planilla de liquidación detalló $73.067.618,10 por antigüedad, $9.742.349,08 en concepto de preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas, entre otros conceptos, hasta alcanzar el monto neto de casi 110 millones de pesos.
¿Un despido que nunca existió?
Desde el sector describieron la maniobra en duros términos: “Neira simuló su despido cuando las autoridades de la Secretaría de Agricultura, cercana a Luis Caputo, lo llamaron para que asuma en el INTA. Debería haber solicitado el traslado o incluso renunciar a sus funciones en el ENACOM. Pero si hacía eso no cobraba el dineral que le dieron como indemnización. Fue un fraude orquestado con los directivos”.
— La carta documento con la que el Enacom le comunicó a Neira que prescindía de sus servicios desde el 31 de julio
El cuestionamiento se apoya en un criterio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que considera al Estado como un único empleador en sentido amplio, es decir, un bloque estatal. Bajo esa lógica, a Neira lo echó la misma patronal que al día siguiente lo contrató otra vez.
— El acta que certificó la notificación a Neira de la extinción de su contrato, en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo
El abogado especialista en derecho administrativo Carlos Fernández consideró que la situación merece, como mínimo, una investigación por un posible enriquecimiento sin causa. “La jurisprudencia civil y administrativa determina que no se puede percibir del Estado una compensación por la ‘pérdida del empleo’ y simultáneamente continuar recibiendo ingresos del Estado bajo otra designación política o de conducción. El funcionario se expone a demandas por repetición de pago, que implicarían la devolución del dinero, por parte del fisco”, explicó el letrado.
Catorce años de carrera en las comunicaciones
En su perfil de LinkedIn, Neira se presenta como contador egresado de la Universidad de Buenos Aires. En enero de 2012 ingresó a la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el organismo que luego dio origen a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y, más tarde, al Enacom. Allí hizo toda su carrera. En 2017 lo nombraron subgerente del Área de Contabilidad, Presupuesto y Liquidaciones, y en 2025 ascendió a subdirector de Contabilidad y Finanzas, un cargo categoría A, la máxima jerarquía escalafonaria, que figura entre los sueldos técnicos más altos del personal de planta. Esa antigüedad y ese nivel salarial explican la cifra de la indemnización.
— Daniel Alfredo Neira
Fuentes cercanas al Enacom consultadas por Tiempo Argentino marcaron la contradicción entre el pago millonario y el discurso oficial de recorte del gasto público: “Si en promedio los sueldos en el organismo rondan el millón cuatrocientos mil pesos, lo que Neira se llevó en mano equivale a lo que ganan casi 80 trabajadores. Repiten que en su gobierno la ética no se negocia, pero son corruptos y con la nuestra”.
Cómo llegó al INTA
La incorporación partió de la Dirección General de Administración (DGA) del INTA, hoy a cargo de Gustavo Javier Abaurrea. Esa dirección envió el currículum de Neira al Consejo Directivo con el objetivo de sumarlo como director asistente del área. “Fue un pedido de la DGA para que asista en la Administración. Nunca nos informaron nada de la situación del agente”, afirmó una fuente con conocimiento de la contratación.
El Consejo Directivo, que coordina el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, trató el tema en una de sus últimas reuniones sobre la base de ese currículum. Allí constaba la experiencia laboral de Neira en el Enacom, pero se “omitió que había sido desvinculado”, que ya “había sido indemnizado” y que no pertenecía más al ente de comunicaciones ni a ninguna dependencia estatal.
La designación quedó formalizada mediante la Resolución 296/2026, del 3 de septiembre, que lo nombró de manera transitoria como “gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad”, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la DGA, con nivel de puesto 11. El nombramiento rige por 180 días, con posibilidad de prórroga si en ese período no se realiza el procedimiento de selección correspondiente. La propia resolución dejó asentado que Neira se había desvinculado del Enacom el 31 de julio y que, por esa razón, correspondía su designación interina a partir del 1° de agosto.
Cuando el caso trascendió y llegó a los consejeros, la reacción fue inmediata. “Ahora vamos a rever la aprobación y, de ser necesario, no aceptamos la incorporación. Ya nos va a informar Jurídicos cómo proceder”, indicaron.
Sobre la modalidad del nombramiento, desde el organismo explicaron que, como regla general del INTA, algunas designaciones son transitorias y cubren una función hasta que se realiza el concurso. “Todos los cargos son por concurso, pero es lógico que hasta que se cumpla el concurso el trabajo hay que hacerlo y alguien lo tiene que hacer”, señaló la misma fuente, que además planteó la necesidad de agilizar esos procesos y reducir la burocracia para cubrir las vacantes con mayor rapidez.
Retiros voluntarios y prohibición de reingreso
El episodio ocurrió pocos meses después de que el INTA avanzara con un amplio programa de retiros voluntarios para achicar su planta. Hasta hace meses, el organismo contaba con 5750 empleados, y con los cambios impulsados por el Gobierno habilitó dos procesos de retiro en menos de dos años. El primero, en noviembre de 2024, alcanzó a 394 trabajadores. El segundo, en junio de 2026, comprendió a alrededor de 850 agentes. En este último caso, según el gremio, algunas solicitudes no llegaron a concretarse porque a esos trabajadores no se les computaron los años trabajados como personal no permanente (PNP), y no por un rechazo del organismo.
— La Resolución 296/2026 del INTA, que designó a Neira como gerente de Contabilidad desde el 1° de agosto
Ese régimen fue aprobado por el Consejo Directivo mediante la Resolución 144/2026, y su instrumentación quedó en manos de la misma Dirección General de Administración que impulsó la llegada de Neira. Entre sus condiciones, estableció que quienes accedieran al retiro no podrían volver a incorporarse ni prestar servicios bajo ninguna modalidad en el Sector Público Nacional durante cinco años desde la baja, una restricción que abarca empleos, contrataciones, cargos de autoridades, funciones extraescalafonarias y asesorías.
Por ahora no se sabe si alguna restricción de reingreso al Estado resulta aplicable a Neira, ya que su salida del Enacom se produjo mediante una indemnización por despido. Consultado sobre el caso, el Enacom solo confirmó que el contador había trabajado allí, sin brindar más detalles. Tampoco hubo respuesta del INTA sobre las condiciones en que se pidió la contratación, ni del propio Neira, a quien se intentó contactar para conocer su posición.
Más de 80.000 inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos entre el 30 y el 31 de julio y desataron el caos en la ciudad autónoma española. El 90% de los irregulares retornó voluntariamente en los días posteriores, pero se calcula que unos 10.000 permanecen hasta hoy en sus calles, ocupan sus espacios públicos y ocasionan problemas de seguridad ciudadana.
El dato lo aportó José Daniel Mendoza, propietario de Deportes Mendoza, un establecimiento de referencia del sector en la ciudad, en declaraciones al medio español Libertad Digital. Las cifras, dijo, hablan por sí solas: las ventas de los aerosoles de autoprotección “se han incrementado en un 500%”.
— José Daniel Mendoza lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual
El comerciante describió una escena que explica mejor que cualquier estadística el clima que se vivió en la ciudad durante aquellas semanas. “Cuando no había sprays, las mujeres andaban con cuchillos y cúteres en el bolsillo. Te lo puedo decir porque han entrado en mi tienda y me lo han contado ellas mismas”, aseguró.
La demanda fue tan repentina que agarró desprevenidas a las armerías y a los demás comercios especializados. “Era desorbitada”, resumió Mendoza. En su local, el mecanismo habitual de venta directa se volvió imposible y hubo que anotar a los clientes: “Tuvimos hasta listas de espera”. El problema se agravó por una cuestión de calendario. La mayoría de los grandes distribuidores españoles cerraron por vacaciones durante agosto, justo el mes en que se disparó la necesidad, y eso derivó en problemas de abastecimiento. Recién con el inicio de septiembre, explicó el comerciante, el stock volvió prácticamente a la normalidad.
También cambió el perfil del comprador. Mendoza, que lleva más de 25 años con el negocio abierto y asegura no haber visto nunca nada igual, detalló el orden en que se acercaron los clientes: “Los primeros que lo compraron fueron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo guardias civiles y militares que los adquirían para sus familiares. Y después los, digamos, ciudadanos normales”.
Consultado sobre qué elemento conviene llevar encima, el comerciante, especialista en deportes al aire libre y en artículos de defensa personal, se inclinó por una variante concreta del producto. “Lo que se aconseja es el spray de pimienta, sobre todo el modelo de gel”, señaló, porque a diferencia del aerosol tradicional no se dispersa en el aire ni vuelve sobre quien lo usa. “No te afecta a ti en nada y ayuda a la policía a identificar al agresor”, explicó, ya que el gel deja una marca visible sobre el atacante: “En cuanto le quema, se toca y se mancha. Y tiene un alcance operativo de cuatro metros”.
El fenómeno excedió a Ceuta. La empresa SHOKE, especializada en defensa personal, registró un incremento superior al 50% en la venta de espráis de pimienta homologados durante el último mes, en coincidencia con la repercusión mediática de la crisis migratoria. En su caso, la medición abarca a toda la Península y a un solo tipo de producto, el aprobado por la normativa española. Los pedidos llegaron desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, entre otras ciudades. Según la firma, “el perfil mayoritario corresponde a particulares que buscan reforzar su protección ante una creciente sensación de inseguridad, aunque también se ha detectado interés entre los profesionales del sector”. La compañía advirtió además que recibió cientos de consultas, en su local y por internet, sobre la legalidad de estos dispositivos y las condiciones para usarlos.
El repunte de las ventas no fue el único indicador del clima que se vive en Ceuta. El Partido Popular difundió en rueda de prensa las cifras de llamadas a la Policía durante agosto y las comparó con las del mismo mes del año anterior, como prueba, sostuvo el partido, de que la inseguridad en la ciudad es real y “no una percepción”, tal como intenta presentarla el Gobierno español. Los expedientes de seguridad ciudadana pasaron de 568 a 5.233; los allanamientos de morada, de 10 a 600; los intentos de intromisión en el Puerto, de 57 a 1.163; y las alteraciones del orden público, de 32 a 326.
“Los expedientes de seguridad ciudadana se han multiplicado por siete en un año, las alteraciones de orden público por diez, los intentos de entrar en el Puerto por 20 y los allanamientos de morada por 60″, sintetizó el portavoz Borja Sémper. Y remató: “Esto es lo que están sufriendo los ceutíes”.
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