LOS PROPIOS LO RECHAZAN | El sindicato docente de Perú le pide la renuncia a Castillo
Los profesores peruanos le quitaron su apoyo a Pedro Castillo debido al incumplimiento de sus promesas electorales: "No ha dispuesto, como prometió, destinar el 6 por ciento del PBI a la educación".
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Se ha despertado otro descontento hacia el Gobierno de Pedro Castillo, y esta vez desde un gremio docente. El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, anunció que en la Asamblea Nacional de Delegados debatirán pedir la renuncia del mandatario por incumplimiento de promesas al sector. La reunión se realizará entre el 5 y 6 de agosto.
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Sostuvo que en el mensaje presidencial no escucharon que se concrete el primer incremento de sueldo, para que los maestros de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, ganen 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). “Fue una promesa de aumentar 600 soles cada año para que al término de su Gobierno se llegue a la UIT. Solo dijo que se iba a considerar en la Ley del Presupuesto”, sostuvo.
Desde el SUTEP, como sindicato mayoritario del magisterio peruano, cuestionamos la indiferencia del pdte. @PedroCastilloTe, al omitir nuevamente las grandes demandas para la mejora de la escuela pública en su Mensaje a la Nación. Sigue de espaldas al sector que decía representar. pic.twitter.com/UZnZmHIn4v
El dirigente, además, esperó que se anuncie el aumento a los cesantes y jubilados y que se trabaje para cerrar la brecha infraestructural en el sector que llega a los 110 mil millones de soles. ¡Una locura!
“No ha dispuesto, como prometió, destinar el 6 por ciento del PBI a la educación”, cuestionó Castro a la prensa y mediante las redes sociales. Criticó que Castillo habló de ciencia y tecnología, pero no ha logrado que los colegios tengan Internet.
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Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei han marcado un punto de inflexión en la política exterior argentina. Durante una entrevista con LN+, afirmó categóricamente que “Irán es un enemigo de Argentina” y expresó su “apoyo incondicional” a Israel y Estados Unidos en el contexto de la escalada bélica en Medio Oriente.
El diputado Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria (UxP), presentó un pedido formal de juicio político contra el mandatario. “No solo dijo que Irán es nuestro enemigo, sino que declaró el apoyo incondicional de Argentina a Israel y Estados Unidos. Queremos ser claros: esto es causal de juicio político”, destacó.
“El intento de involucramiento de Argentina en un conflicto bélico internacional sin pasar por el Congreso es una violación de toda nuestra normativa”, agregó Toniolli. El legislador argumenta que “es el Congreso el que habilita, o no, al Poder Ejecutivo a la paz y a la guerra”.
– El diputado Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria
Dichas declaraciones oficiales, se produjeron en el momento preciso en que Estados Unidos e Israel llevaban a cabo bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahan. Además, el presidente no solo habría respaldado estas acciones militares, sino que las calificó como un “ataque preventivo necesario”, argumentando que “Israel está haciendo el trabajo sucio que otros no hacen”.
A su vez, llegó a reafirmar que Israel “ya nos salvó de Irak en 1981, de Siria en 2007, y ahora lo está haciendo de nuevo. Está salvando la cultura occidental”. Para fundamentar su posición, se apoyó en los trágicos atentados terroristas que sufrió Argentina en los años 90, específicamente los ataques contra la Embajada de Israel en 1992, que dejó 22 muertos y 242 heridos, y el atentado contra la AMIA en 1994, que causó 85 muertos y más de 300 heridos.
“Acá hubo dos atentados: AMIA y Embajada de Israel. 114 muertos. Irán es un enemigo de Argentina”, declaró el mandatario. La posición ha generado una fuerte reacción en el Congreso Nacional.
Los promotores del juicio político sostienen que estas declaraciones constituyen “una práctica usual del gobierno” de “esquivar al Congreso” en asuntos de política exterior. No es la primera vez que el bloque opositor presenta iniciativas similares: anteriormente habían iniciado un proceso contra la canciller Diana Mondino por un acuerdo con Reino Unido.
Una de las revelaciones más controvertidas ha sido la información trascendida por el comunicador kirchnerista, Pablo Duggan, quien aseguró que el ministro de Defensa, Luis Petri, solicitó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas un informe sobre “qué recursos puede poner Argentina para ayudar a Israel” en la guerra con Irán. Esta información ha encendido alarmas adicionales sobre el grado de involucramiento que pretende el gobierno.
El ministro Petri, por su parte, ha intensificado la cooperación militar con Israel mediante múltiples visitas oficiales. En diciembre de 2024, se reunió con su homólogo israelí Israel Katz para discutir acuerdos en ciberdefensa, vehículos aéreos no tripulados, protección fronteriza y comunicaciones satelitales. También se abordaron contratos de gobierno a gobierno relacionados con armas ligeras, municiones y equipos militares.
La nueva posición argentina genera preocupaciones sobre las posibles represalias contra la seguridad nacional. Como señaló el diputado Toniolli, “cualquier beligerante puede tomar esto como una declaración de guerra”. La amenaza iraní contra el argentino Rafael Grossi, director del OIEA, por su supuesta parcialidad en los informes sobre el programa nuclear iraní, ilustra el clima de tensión existente.
El escenario es Tres de Febrero, un municipio del conurbano bonaerense donde las promesas de la “nueva política” chocan de frente con las prácticas más arraigadas de la vieja política. La Libertad Avanza, el partido del Presidente Javier Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta por su armado territorial, que no sólo incorpora figuras inesperadas, sino también a personajes con historiales explosivos que desafían el discurso anti-casta del oficialismo.
El caso central gira en torno a Agustín Álvarez, un joven militante de 28 años oriundo de Caseros, que hace una pirueta ideológica asombrosa: de la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois que toma campos y establecimientos, a las filas del mileísmo. Un volantazo político que, por sí solo, ya genera controversia y pone en evidencia la permeabilidad de las estructuras libertarias en el territorio.
Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es tanto el origen político de Álvarez, sino las figuras que lo acogen y la red que se teje a su alrededor. El ingreso de Álvarez se da bajo el ala de Ramón “Nene” Vera, un diputado provincial bonaerense de LLA que, según se denuncia, opera desde las sombras en el distrito, construyendo una red de lealtades que aspira a controlar una porción clave del poder local. Vera es recordado por una causa en la que ha vendido pollos descompuestos a escuelas de Buenos Aires, hace algunos años, aparte de haber sido candidato a intendente de Cristina Fernández de Kirchner.
El gran protagonista de esta trama, y el más controvertido, es Fabricio Martínez. El nuevo coordinador de LLA en la Tercera Sección Electoral —aquella con más votantes— y mano derecha de Sebastián Pareja —armador de LLA en la provincia de Buenos Aires y alfil de Karina Milei—, Martínez es un ex líder de la barra-brava de Laferrere. Su prontuario es interesante: sobrevivió a un intento de asesinato en 2022 con 35 impactos de bala en su auto, fue filmado en 2023 disparando al aire desde un colectivo, y no tiene trabajo registrado ni ingresos justificados desde 2007. Su pasado también incluye el manejo de fuerzas de choque en La Salada y una notoria influencia en el sindicato de la carne de La Matanza. Un cuadrazo coordinando al mileísmo bonaerense.
– Los balazos al VW Vento de Martínez, por entonces jefe de la barra de Laferrere, el día que fue atacado por sicarios y salvó su vida de milagro
La agrupación “La San Martín”, de reciente formación en el conurbano, es el vehículo de estas operaciones. Lo más impactante es que esta agrupación, compuesta por operadores políticos kirchneristas y barras-bravas,cuenta con la aprobación explícita de la propia Karina Milei y Sebastián Pareja. Su objetivo es claro: dar profundidad territorial a LLA, movilizar gente a los actos y, fundamentalmente, obtener control sobre los fondos del Consejo Escolar en Tres de Febrero, un botín millonario que representa una motivación muy de la casta.
Esta estrategia de puertas abiertas a figuras polémicas contrasta drásticamente con el discurso anti-casta de LLA a nivel nacional. Las contradicciones son evidentes y no pasan desapercibidas. La propia juventud libertaria preexistente en Tres de Febrero ha manifestado una indignación significativa ante la llegada de Álvarez y la presencia de personajes como Martínez, cuestionando la pureza ideológica del movimiento.
La situación se complejiza con la purga o lavado de cara que, irónicamente, la propia Karina Milei le exigió a Sebastián Pareja para limpiar la imagen del partido. Sin embargo, esta limpieza parece ser meramente superficial, con reasignaciones de figuras problemáticas en lugar de su real apartamiento. De hecho, poco después de la exigencia de Karina, Pareja se mostró públicamente con Fabricio Martínez para desmentir rumores de su desplazamiento, lo que pone de manifiesto una batalla interna entre la imagen pública y las necesidades de armado territorial.
Las tensiones llegan a la cúspide. Los congresos partidarios de LLA en el conurbano son descritos como “auto-celebraciones sin mucha épica“, con rumores de venta de candidaturas y negociaciones de listas con intendentes del PJ. Incluso, el Presidente Milei tuvo que intervenir directamente en un conflicto en Junín, desplazando a un referente local tras la expulsión de una militante “celestial” por la estructura de Pareja. Todo esto deja una pregunta flotando en el aire: si la “nueva política” de LLA se nutre de figuras controvertidas, utiliza viejas prácticas clientelares y se sumerge en la rosca más tradicional, ¿Cuál es entonces la verdadera diferencia con la casta que tanto critica?
Dinamarca, en un movimiento legislativo sin precedentes en Europa, se prepara para convertirse en el primer país del continente en otorgar derechos de autor sobre los rasgos faciales, la voz y el cuerpo de sus ciudadanos. Esta iniciativa histórica representa una respuesta directa a la creciente amenaza de los deepfakes y la manipulación digital mediante inteligencia artificial.
“Con el proyecto de ley estamos diciendo, de forma clara, que cada persona tiene derecho sobre su propio cuerpo, su voz y sus rasgos faciales, algo que la legislación actual no protege de forma suficiente frente a la IA generativa”, afirmó el ministro de Cultura danés, Jakob Engel-Schmidt.
Esta reforma establecerá que si alguien crea un deepfake sin consentimiento, la persona afectada podrá exigir su retirada inmediata y solicitar una compensación económica. La medida no solo protege a personas famosas, sino que está diseñada para cualquier persona, yendo más allá de lo que comúnmente se conoce como derechos de personalidad en la mayoría de países.
– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen
En España, está amparado por el artículo 18 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982. Por su parte, la Online Safety Act de 2023 del Reino Unido penaliza expresamente la pornografía deepfake, y en 2024 el grupo parlamentario español Sumar presentó una proposición de ley para regular las simulaciones de imágenes y voces generadas por IA.
Lo novedoso de la propuesta danesa es integrar estos derechos en la legislación de derechos de autor (copyright), lo que facilitará la eliminación de contenido no autorizado de las plataformas digitales. Esto representa un enfoque más directo que las complejas alternativas requeridas en otros Estados.
Protegerá toda la apariencia de un individuo, incluyendo su naturaleza y sus medios de expresión. Esto incluye no solo imágenes o grabaciones de voz, sino también gestos, movimientos corporales y estilos de interpretación. La legislación mantendrá excepciones para la parodia y la sátira, preservando así la libertad de expresión. Sin embargo, se centrará en frenar los usos dañinos como los videos falsos de contenido sexual, las estafas o las noticias manipuladas.
– El ministro de Cultura danés, Jakob Engel-Schmidt
Las plataformas tecnológicas tendrán la obligación de eliminar estos contenidos cuando se les solicite, y podrían recibir multas importantes si no cumplen. Esto se alinea con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que ya obliga a las plataformas a actuar con rapidez ante contenidos ilegales.
La iniciativa cuenta con un amplio consenso político en Dinamarca, con el respaldo del 90% de los diputados. El texto de la ley será sometido a consulta pública durante el verano europeo de 2025 y se espera que sea aprobado en otoño, entrando en vigor antes de que termine el año. Durante su presidencia de la UE, Dinamarca buscará extender esta protección al resto de Europa e influir en el desarrollo de marcos legales similares en otros países europeos.
La problemática de los deepfakes ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza real. En el primer trimestre de 2025 se registraron 179 incidentes de deepfake a nivel mundial, superando el total de todo 2024. Los costos económicos son significativos: las empresas afectadas por este tipo de estafas reportan pérdidas promedio de 414.000 a 552.000 euros por incidente, afectando especialmente a mujeres y menores, con el 99% de deepfakes pornográficos dirigidos a mujeres.
Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”.
Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.
GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI
La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.
La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.
“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI
Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.
Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.
El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.
Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.
En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.
Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.
Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.
El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.
En un contexto de fuerte restricción fiscal, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resolvió congelar los salarios de todo el funcionariado del Poder Ejecutivo. La medida, formalizada por decreto, responde a la merma en los ingresos por coparticipación y recaudación provincial, agravada por la política económica del gobierno nacional. Desde la Casa Gris señalan que se trata de “un gesto a la sociedad”, que apunta a contener el gasto y encauzar el descontento por el reordenamiento de horas extras y la negociación paritaria del segundo semestre.
El decreto establece que el congelamiento regirá “mientras dure la crisis”, y se enmarca en la promesa de campaña de evitar subas impositivas y aplicar el ajuste sobre la política.
Actualmente, el funcionamiento del Estado consume cerca del 90% del presupuesto provincial, una proporción que limita el margen para impulsar políticas productivas. La situación es motivo de reiteradas críticas por parte de cámaras empresarias y pequeños comerciantes, que sienten que sus aportes solo sirven para sostener un aparato estatal sobredimensionado.
Aunque el decreto alcanza solo al Poder Ejecutivo (único ámbito sobre el que el gobernador puede disponer directamente), incluye una invitación explícita a los otros poderes del Estado para que imiten la medida. Hasta el momento, no hubo señales concretas desde el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo algunos funcionarios de segunda línea manifestaron incomodidad, aunque sin elevar críticas públicas.
La resolución también alcanza a Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, así como a Sociedades y Empresas del Estado, que deberán adecuar sus esquemas salariales al nuevo régimen dispuesto por el Ejecutivo.
Con esta decisión, Frigerio apuesta a sostener el equilibrio fiscal y marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores. La medida también busca posicionarlo políticamente en medio de la compleja reconfiguración del vínculo entre Nación y provincias en la era Milei.
Mercado Libre anunció que cerró su oficina de 1.800 m² en el complejo Capitalinas y trasladó a sus 1.260 trabajadores a la modalidad 100% remoto. En su comunicado explicó que abonó $770 millones al mes en tasas municipales, una alícuota consolidada del 2,11% en Córdoba aplicada sobre su actividad financiera y comercial, equivalente al precio de 24 alquileres del inmueble.
“Ante el impacto generado por las tasas municipales en la Ciudad de Córdoba, Mercado Libre decidió implementar la modalidad de trabajo remoto para la totalidad de los empleados que hoy trabajan desde su oficina local”, expresó la compañía, y aseguró que “se mantendrán todos los puestos de trabajo y no habrá cambios en la operación en la localidad”.
El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, declaró: “Creemos que, cada vez más, los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país”. Añadió que las tasas cordobesas “obligaron a redefinir dónde localizar nuestras operaciones”.
La empresa comparó la presión fiscal cordobesa con la de otras ciudades: en Rafaela paga aproximadamente el 10 % de lo que abona en Córdoba (alrededor de un décimo), en Santa Fe un tercio, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tributa tasas municipales. Además de CABA y Córdoba, mantiene oficinas en San Luis, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, y tres centros logísticos de última milla en territorio cordobés.
Daniel Gándara, vicepresidente de Tecnología y Producto, aclaró: “No hacemos política. Hacemos negocios y decidimos gastar de la mejor manera posible, con eficiencia”. Confirmó que el equipo tecnológico siguió trabajando desde Córdoba para todo el país y que la compañía planeó incorporar 150 empleados más en la provincia este año.
El 1 de julio Mercado Libre anunció un esquema de comisiones diferenciales según la carga tributaria de cada provincia. Desde mañana, los usuarios cordobeses pagarán entre 12,46% y 17,14% por operaciones en Mercado Libre y Mercado Pago, por encima del promedio nacional, debido al impacto de Ingresos Brutos.
La firma recordó que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, distintas entidades financieras cerraron 180 sucursales por la presión impositiva municipal; dentro de ese total el Banco Nación clausuró 60. También señaló que el Ejecutivo nacional impulsa una reforma tributaria con competencia fiscal entre provincias y la unificación de IVA e Ingresos Brutos.
Durante 2023 Mercado Libre superó los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios fintech mensuales activos. Facturó US$ 20.777 millones, un 37,5% más que en 2022, y obtuvo una ganancia neta de US$ 1.911 millones. En mayo, Marcos Galperin comunicó que dejará la dirección ejecutiva el 1 de enero de 2026; lo sucederá Ariel Szarfesteijn.
La compañía destacó que la medida en Córdoba no implicó despidos y que evaluó instalar nuevas locaciones en ciudades del interior de la provincia. Asimismo, informó a sus accionistas que analizaba mudar su domicilio societario en Estados Unidos de Delaware a Texas para optimizar su carga fiscal.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
