LOS PROPIOS LO RECHAZAN | El sindicato docente de Perú le pide la renuncia a Castillo
Los profesores peruanos le quitaron su apoyo a Pedro Castillo debido al incumplimiento de sus promesas electorales: "No ha dispuesto, como prometió, destinar el 6 por ciento del PBI a la educación".
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Se ha despertado otro descontento hacia el Gobierno de Pedro Castillo, y esta vez desde un gremio docente. El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, anunció que en la Asamblea Nacional de Delegados debatirán pedir la renuncia del mandatario por incumplimiento de promesas al sector. La reunión se realizará entre el 5 y 6 de agosto.
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Sostuvo que en el mensaje presidencial no escucharon que se concrete el primer incremento de sueldo, para que los maestros de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, ganen 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). “Fue una promesa de aumentar 600 soles cada año para que al término de su Gobierno se llegue a la UIT. Solo dijo que se iba a considerar en la Ley del Presupuesto”, sostuvo.
Desde el SUTEP, como sindicato mayoritario del magisterio peruano, cuestionamos la indiferencia del pdte. @PedroCastilloTe, al omitir nuevamente las grandes demandas para la mejora de la escuela pública en su Mensaje a la Nación. Sigue de espaldas al sector que decía representar. pic.twitter.com/UZnZmHIn4v
El dirigente, además, esperó que se anuncie el aumento a los cesantes y jubilados y que se trabaje para cerrar la brecha infraestructural en el sector que llega a los 110 mil millones de soles. ¡Una locura!
“No ha dispuesto, como prometió, destinar el 6 por ciento del PBI a la educación”, cuestionó Castro a la prensa y mediante las redes sociales. Criticó que Castillo habló de ciencia y tecnología, pero no ha logrado que los colegios tengan Internet.
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Durante tres días, del 30 de septiembre al 2 de octubre, científicos de Brasil, Uruguay, España, China y Corea del Sur se sentaron en Vigo junto a representantes del gobierno de ocupación de las Islas Malvinaspara evaluar el estado del calamar Illex argentinus. La Argentina, principal país ribereño de esa pesquería, quedó afuera del IV Taller Científico Internacional sobre la especie, que sostiene el mayor volumen de desembarques del Atlántico Sur y que lleva en su nombre científico al país ausente.
La reacción más dura llegó desde Panamá. Allí, en la Conferencia de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), tres gremios marítimos argentinos presentaron una nota formal contra el encuentro: el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). “Se está discutiendo el futuro de un recurso argentino sin la Argentina, sin su ciencia y sin sus trabajadores, y con una administración colonial sentada a la mesa. No lo vamos a aceptar”, señalaron los dirigentes durante su exposición.
— El comunicado de la organización de armadores gallegos que convocó al encuentro de Vigo: en la lista de invitados figuran las Islas Malvinas y la Argentina no aparece
El taller fue organizado y financiado por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), la entidad que agrupa a buena parte de la flota congeladora gallega, con el apoyo facilitador de Sustainable Fisheries Partnership (SFP), una organización que promueve mejoras en las pesquerías y que en este caso colaboró en la coordinación y en la búsqueda de recursos. En el comunicado que difundió el 25 de septiembre, la OPPC-3 explicó que el objetivo era avanzar en una base de datos regional y en la evaluación de la abundancia, la productividad y el estado de explotación del calamar, con información de las flotas que lo capturan desde el sur de Brasil hasta la Patagonia y en aguas internacionales. También asistieron expertos independientes que acompañan el proceso desde su origen.
Sobre el motivo de la silla vacía circulan dos versiones. Los gremios hablaron de exclusión y pusieron el acento en que sí fueron convocadas las autoridades que administran de hecho las islas. Fuentes del ámbito científico consultadas por Revista Puerto atribuyeron la ausencia a una posición de principio: “Argentina no participa porque no reconoce el derecho del pretendido e ilegítimo gobierno de las Islas sobre el manejo del recurso calamar del Atlántico Sudoccidental”. Los trascendidos desembocan en el mismo punto, porque mientras el gobierno de ocupación integre estos talleres la Argentina no tendrá lugar en ellos, y el diseño de la convocatoria garantiza de antemano ese resultado.
Una silla para la administración colonial; ninguna para el dueño del recurso
Para los sindicatos, ninguna evaluación del Illex puede considerarse válida sin la Argentina y sin el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el organismo que reúne la serie científica más completa sobre la especie. El planteo se apoyó en la Ley N° 24.922, que regula la pesca en el país, y en la posición argentina sobre los recursos del Atlántico Sur. Los gremios recordaron además que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce los derechos del Estado ribereño sobre las poblaciones que se extienden más allá de su zona económica exclusiva.
El rechazo a la presencia isleña sumó otros fundamentos: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La advertencia de fondo fue que incorporar a esas autoridades a una instancia internacional sobre la gestión del calamar puede contribuir a legitimar un sistema de licencias de pesca otorgado de manera unilateral.
Los representantes argentinos remarcaron que las decisiones sobre el calamar impactan de forma directa en los trabajadores del sector y formularon cuatro pedidos. A la conducción de la ITF le solicitaron un pronunciamiento en rechazo al taller y que lo comunique a todas sus organizaciones afiliadas. Reclamaron que las conclusiones de Vigo no se presenten como un consenso científico regional y que las autoridades de las Islas Malvinas no sean convocadas en futuras instancias. Exigieron, por último, que cualquier ámbito internacional sobre la gestión del recurso incluya a la República Argentina, a su ciencia y a los representantes de sus trabajadores.
La milla 201, el borde donde las vedas argentinas dejan de valer
El Illex es un recurso migratorio y su distribución excede los límites jurisdiccionales. Nuestro país administra la pesquería con planes de manejo, avanza en un proceso de certificación y aplica un sistema de alerta temprana orientado a garantizar el escape de reproductores. En la milla 201, la franja de aguas internacionales que empieza donde termina la Zona Económica Exclusiva y donde opera la flota potera extranjera, esos cierres no rigen. La presión pesquera en ese sector diezma los esfuerzos de conservación que se hacen puertas adentro.
Esa falta de reglas en alta mar ya tuvo costo. Durante la feria Conxemar 2025 se advirtió que el calamar sigue sin consenso científico regional y sin medidas de gestión internacionales, lo que complica su certificación pese a la buena administración de los stocks en aguas argentinas.
Los promotores presentaron el taller como una respuesta a ese vacío. Edelmiro Ulloa, director gerente de la OPPC-3, planteó que ante la ausencia de un marco regional de gobernanza plenamente operativo la cooperación entre las propias flotas puede contribuir a construir una base común de conocimiento, mediante el intercambio de información agregada y con las garantías de confidencialidad que acuerden las partes. “Reducir la incertidumbre beneficia a todos”, sostuvo, en una idea que también expuso ante el medio español Industrias Pesqueras, y agregó que la colaboración científica “no debe entenderse como una amenaza para ninguna flota”.
— El afiche oficial del taller de Vigo: seis banderas para debatir el calamar argentino, entre ellas la del gobierno de ocupación de las Islas Malvinas, y ninguna de la Argentina
La conducción científica estuvo a cargo de Rubén Roa-Ureta, experto en modelización estadística y evaluación de poblaciones pesqueras, quien se definió como un científico independiente “que no pertenece ni representa a ninguna de las naciones que participan en esta pesquería”. A su juicio, la responsabilidad de generar el mejor conocimiento posible sobre el calamar “debe mantenerse al margen de los conflictos políticos o jurisdiccionales que puedan existir entre los países que comparten el ecosistema”. El grupo que presidió se propuso consolidar una base técnica común para futuras evaluaciones, comprender mejor la dinámica de la población e identificar las principales incertidumbres pendientes.
Desde SFP, su director de Gobernanza Pesquera y Medios de Vida, Pedro Ferreiro, valoró que la iniciativa “no pretende sustituir a los Estados ni interferir en sus competencias, responsabilidades o derechos conforme al marco jurídico internacional”, y admitió que cualquier avance hacia una gestión regional “deberá contar con la participación y el respaldo de los Estados”. Los organizadores convocaron además a armadores, empresas transformadoras y comercializadoras, trabajadores y demás actores de la cadena de valor, que abarca actividades portuarias, logísticas e industriales, a involucrarse de forma activa y continuada.
La de Vigo fue la cuarta reunión de un proceso que empezó con talleres en Chile y Panamá y siguió en Bangkok. Aun no trascendieron documentos, resultados ni conclusiones de ninguna de esas ediciones. Tampoco se identificaron medidas de manejo que den continuidad a las normas que aplica la Argentina para cuidar la especie.
Los propios organizadores definieron la meta como “convertir el conocimiento científico compartido en un punto de encuentro entre flotas que compiten por el mismo recurso” y “garantizar la conservación de Illex argentinus y la continuidad económica y social de una de las principales pesquerías del Atlántico Sur”.
La subordinación ideológica y los homenajes automáticos hacia el Estado de Israel se convirtieron en el eje central de la política exterior de Javier Milei. Desde el inicio de su mandato a fines de 2023, el Presidente consolidó una alianza ciega caracterizada por repetidos viajes a Jerusalén, visitas al Muro de los Lamentos y promesas de traslado diplomático, priorizando la agenda geopolítica extranjera por encima de los intereses soberanos de la Argentina. Esta bajada de línea importada desde la Casa Rosada encontró rápidamente eco en gobernadores y administraciones provinciales ansiosos por congraciarse con el poder central.
La pantomima de esta cercanía artificial tuvo uno de sus puntos más grotescos el 6 de octubre de 2025. En plena presentación de su libro en el Movistar Arena, y con la excusa de conmemorar el aniversario de los ataques en Medio Oriente, Milei entonó públicamente el tradicional canto festivo “Hava Nagila” —cuya letra celebra la alegría, la felicidad y convoca a bailar— frente a miles de personas. Lejos de guardar un respetuoso luto, el mandatario convirtió la tragedia en un show, coreando torpemente frases festivas para conmemorar un atentado, exponiendo la farsa de un fervor religioso y cultural construido exclusivamente para la tribuna.
Javier Milei y Lilia Lemoine cantando una celebración por el atentado del 7 de octubre de 2023.
Importación de homenajes
La lógica de la sumisión geopolítica bajada desde la Casa Rosada encontró un correlato directo en el interior del país. La Policía de Córdoba y la Legislatura provincial decidieron bautizar oficialmente una de las dependencias estratégicas del sistema de emergencias con el nombre de Roni Eshel, una joven militar extranjera de 19 años que integraba las Fuerzas de Defensa de Israel y resultó asesinada el 7 de octubre de 2023. El acto, llevado a cabo con la participación del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la cúpula policial, incluyó la visita especial de la familia de la soldado, que viajaron desde Israel.
La familia Eshel recibiendo un homenaje.
La homenajeada no tenía ninguna relación con la Argentina ni con la provincia de Córdoba. Se desempeñaba en tareas de observación en la frontera de su país de origen, un conflicto geopolítico ajeno a las problemáticas locales. A través de este nombramiento, el poder político cordobés adoptó un símbolo internacional en una dependencia de seguridad pública local, replicando gestos de pleitesía hacia la agenda exterior impulsada por el Ejecutivo nacional.
Los padres de Roni Eshel en el centro de monitoreo que lleva el nombre de su hija.
La decisión responde al denominado “Proyecto Oz”, una iniciativa de alcance global impulsada por instituciones de la comunidad judía que busca replicar el nombre de la soldado en dieciocho centrales de monitoreo de distintos países. Así, una bajada de línea internacional importada por la DAIA se incrustó directamente en la estructura de seguridad cordobesa, con un aval legislativo exprés que condecoró a los familiares con un beneplácito oficial.
La familia Eshel junto a la placa que homenajea a su hija a casi 13.000 km de donde perdió la vida.
El contraste y el abandono propio
El homenaje oficial a una militar extranjera choca de manera violenta con la realidad diaria que atraviesan los efectivos de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Mientras el poder político cordobés desfila junto a funcionarios y familiares llegados desde Medio Oriente, los policías provinciales y federales arriesgan y pierden la vida en las calles del país enfrentando al delito cotidiano, sepultados bajo el desinterés institucional y sueldos de miseria.
Esta subordinación selectiva y desconectada de las urgencias reales también ignora conflictos bélicos de magnitud global que llevan años cobrándose vidas a escala masiva, como la guerra en Ucrania. Al final, el despliegue de pleitesía en Córdoba demuestra que la obediencia a la agenda exterior importa más que honrar a los caídos propios.
El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.
La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.
— Joaquín De la Torre
El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.
De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata.“En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.
Rusia suspendió hasta fin de año los derechos de exportación sobre sus principales cereales. El gobierno de Vladimir Putin fijó en 0 rublos por tonelada el tributo que pagan el trigo y el meslin (mezcla de diferentes tipos de granos, tradicionalmente trigo y centeno), la cebada y el maíz en los embarques con destino a países que no integran la Unión Económica Euroasiática (UEE), con el propósito de evitar una descapitalización profunda de los productores, golpeados por la caída de los precios internos y por las dificultades para colocar la cosecha en el exterior.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución N.º 1194 del Gobierno de la Federación Rusa, firmada el 19 de septiembre por el primer ministro Mijaíl Mishustin. La norma comenzó a regir días después, aunque su texto establece de manera expresa que las disposiciones alcanzan a las operaciones realizadas desde el 1° de este mes. Con ese efecto retroactivo, la retención cero cubrirá cuatro meses completos, hasta el 31 de diciembre de 2026.
Las autoridades de Moscú justificaron la decisión en la “necesidad de reestructurar la logística” de las exportaciones. Detrás de esa fórmula oficial aparece un cuadro más crudo, que describió en diálogo con el diario La Nación (Belkis Martínez)Alexander Belov, productor de la región de Moscú. “Esto se dio debido al derrumbe de precios internos y problemas logísticos para las exportaciones. En el transcurso del año 2026 el trigo ha perdido un tercio de su valor y el girasol más de 40% internamente. Año muy difícil a pesar de una buena cosecha”, explicó.
El trigo, principal producto de exportación del agro ruso, es el gran destinatario del alivio.
La decisión no tomó por sorpresa al sector. Dos semanas antes de la firma, la subcomisión de regulación aduanera, arancelaria y no arancelaria de la comisión gubernamental de Desarrollo Económico e Integración había aprobado una iniciativa conjunta de los ministerios de Desarrollo Económico y de Agricultura para suspender en forma temporal el llamado mecanismo de amortiguación, conocido como “damper”, que determina el derecho móvil sobre las exportaciones de granos. Según informaron entonces los medios rusos, el proyecto iba a ser elevado luego al Gobierno para su formalización, paso que se concretó con el decreto antes mencionado.
Rusia no desarmó el esquema de derechos móviles que aplica a los granos, sino que introdujo una excepción temporal que deja sin efecto, durante esos cuatro meses, el monto que surgiría del cálculo habitual. Ese monto nunca fue fijo: el Ministerio de Agricultura publicaba periódicamente la tasa resultante del mecanismo, y los registros oficiales de 2026 muestran sus oscilaciones. Para la semana correspondiente a comienzos de septiembre, por ejemplo, la cartera informó una tasa de 787,5 rublos (US$9,34) por tonelada para el trigo y de 406,5 rublos (US$4,82) para el maíz, mientras que la cebada ya tributaba cero. En su punto más alto del año, el derecho calculado para el trigo llegó a superar los 1100 rublos (US$13) por tonelada.
Con esos números sobre la mesa, Belov valoró la eliminación como un respiro modesto. “Para el productor es un poco de aire fresco, pero no mucho. Algo es algo”, describió. El productor también cuestionó los tiempos del Gobierno, ya que la medida llegó cuando buena parte de la cosecha había avanzado en el circuito comercial. “Para mí es tardío. Habría que hacerlo a partir de julio con la nueva cosecha. El trigo básicamente ya está en acopio. Queda algo de trigo de verano en cosecha en la zona de Siberia, muy poco”, agregó.
El telón de fondo de la crisis es el “apagón logístico” que afecta al Mar Negro, la salida natural de los granos rusos y ucranianos. Desde su inicio, los precios FOB (el valor de la mercadería ya cargada en el barco) de los productos agroindustriales de ambos países cayeron de manera significativa: es la única forma de compensar los elevados costos de exportar por rutas alternativas menos eficientes. Esa baja se trasladó en forma directa a los productores rusos y ucranianos, que reciben valores dramáticamente más bajos por su mercadería y, además, enfrentan dificultades para comercializar los cereales que cosechan en estos días.
— El trigo ruso se despegó a la baja del resto de los exportadores desde julio. Fuente: Consejo Internacional de Cereales
Las cifras de embarques confirman el golpe. La consultora rusa SovEcon prevé que los envíos conjuntos de trigo de Rusia y Ucrania entre julio y septiembre de este año sumen unos 8,0 millones de toneladas, el volumen más bajo para el primer trimestre de una campaña desde la temporada 2010/11. En el mismo período de 2025, ambos países habían exportado 16,2 millones de toneladas, y el promedio de los últimos cinco años se ubica en 18,2 millones de toneladas. Lo que se traduce en que los despachos cayeron a menos de la mitad.
Para los derivados del girasol la historia fue distinta. El decreto también los alcanza, pero en lugar de suspender sus derechos de exportación, el Gobierno les puso un techo hasta fin de año. En el caso del aceite se aplicará el menor valor entre el monto que arroje la fórmula vigente y un máximo de 7748 rublos (US$91,91) por tonelada. Para la harina o torta de girasol, el tope quedó en 312 rublos (US$3,70) por tonelada, con el mismo criterio de comparación.
El productor sumó otro frente de preocupación para las empresas agrícolas rusas, el financiero. “La carga crediticia pesa muchísimo también. Es otro punto que hay que renegociar para evitar quiebras masivas”, advirtió.
— Alexander Belov, productor agropecuario ruso
La relación de Rusia con las retenciones a los granos está por cumplir dos décadas. En 2007 el Gobierno fijó de manera temporal un arancel del 10% para el trigo y el meslin y del 30% para la cebada, con el objetivo de contener los precios internos. A comienzos de 2008, el derecho sobre el trigo trepó al 40% y se mantuvo en ese nivel hasta fines de junio de ese año.
“El mecanismo vigente —recordó Belov— rige a partir de 2021, coincidiendo con el auge exportador del trigo ruso”. Desde el 2 de junio de ese año, Rusia aplicó un derecho móvil a las exportaciones de trigo, cebada y maíz, calculado cada semana a partir de la comparación entre precios indicativos y precios base. En su diseño original, el tributo para el trigo equivalía al 70% de la diferencia entre ambos valores una vez que el precio indicativo superaba el umbral. Para 2026, el Ministerio de Agricultura trabajó con precios base de 18.000 rublos (US$213,52) por tonelada para el trigo y de 17.875 rublos (US$212,04) para la cebada y el maíz, y sobre esa estructura calculó las tasas que publicaba periódicamente.
— Primer ministro Mijaíl Mishustin
Mientras tanto, la guerra continúa sobre la misma geografía que asfixia al comercio de granos. El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la última noche sus fuerzas alcanzaron tres centros logísticos en la ciudad portuaria de Odesa, “utilizados para almacenar y distribuir carga militar y de doble uso destinada a las fuerzas armadas ucranianas”. Las tropas rusas también atacaron un almacén de componentes para drones en la localidad de Mirnoye y un buque de carga “que transportaba suministros militares con destino al puerto de Odesa”.
Del otro lado, el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó que su ejército golpeó dos refinerías de petróleo rusas, una en Bashkortostán y otra en la región de Samara, y reportó además ataques en el Mar Negro. “Estamos llevando la guerra de vuelta a donde vino.Estamos acercando la paz para Ucrania“, sostuvo la cartera en un comunicado.
El escenario político de la Cámara baja comenzó a moverse con una nueva dinámica impulsada por la diputada Marcela Pagano. Alejada formalmente de La Libertad Avanza tras profundas diferencias con la conducción oficialista, la legisladora optó por construir un puente transversal que reunió a dirigentes de distintos bloques y a los principales referentes de la producción nacional.
La convocatoria contrasta de lleno con la burbuja discursiva que emana desde la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei insiste en decretar que la economía está perfecta —respaldándose en parámetros superficiales como videos grabados en la peatonal calle Corrientes, el corazón más comercial y turístico de la Ciudad de Buenos Aires—, la realidad de las fábricas y comercios es diametralmente opuesta.
Para el mandatario, el cierre masivo de unidades productivas no representa un problema del modelo, bajo la premisa de que las empresas que quiebran lo hacen simplemente “porque no eran competitivas”. Sin embargo, esa teoría oficial ignora la asimetría estructural de las medidas vigentes: un Estado que elimina regulaciones e impuestos para facilitar la entrada de importaciones, pero que mantiene una presión fiscal feroz y asfixiante sobre el entramado local.
El diagnóstico oficial
El cónclave que reunió a legisladores, periodistas, economistas y referentes del sector productivo se llevó a cabo este lunes 14 de septiembre en la Sala 5 del tercer pido del Anexo A del Congreso de la Nación, convocando a figuras de diversas procedencias políticas con el objetivo de marcar un límite a la parálisis parlamentaria frente a la crisis.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al abrir formalmente el encuentro, la diputada Pagano sintetizó el espíritu de la convocatoria apuntando directamente contra la desconexión gubernamental:
“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
A continuación, el informe técnico central de la jornada estuvo a cargo de Guido Zack y Nicolás Sidicaro, investigadores de la Fundación Fundar, quienes presentaron su Monitor Mensual de Empresas. El estudio, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso datos lapidarios: desde noviembre de 2023 se produjo el cierre neto de 30.633 empleadores y casi 500.000 puestos de trabajo menos, constituyendo el peor retroceso en los primeros 30 meses de un gobierno en el último cuarto de siglo, en contraste con los supuestos récords positivos que exclama el Ejecutivo.
Los especialistas detallaron que el indicador acumula 17 meses consecutivos de caídas y bajas interanuales continuas en 15 de los 18 sectores económicos y en la totalidad de las provincias, con la única excepción de Neuquén. Para los técnicos, el colapso responde a una combinación letal de tipo de cambio retrasado, apertura comercial asimétrica y encarecimiento del financiamiento local.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al respecto, advirtieron sobre las condiciones en las que opera el mercado:
“Abrir la economía en estas condiciones es abrirla con la cancha inclinada a favor de las importaciones, porque los competidores del resto del mundo tienen costos de financiamiento más bajos, cargas impositivas inferiores y logística optimizada, mientras aquí se asfixia a la producción local”.
— Nicolás Sidicaro y Guido Zack, de “Fundar”.
Radiografía política y monetaria de la crisis
El análisis macroeconómico continuó con la exposición del diputado Martín Lousteau, quien cuestionó con dureza el dogma oficial del “ajuste fiscal expansivo”. El legislador sostuvo que dicha receta fracasó tanto en la teoría como en la práctica al trasladar el déficit del sector público directamente a los bolsillos de los trabajadores formales —que sufrieron una caída del 10% en sus ingresos— y a la rentabilidad de las empresas. Asimismo, describió cómo las familias se ven obligadas a quemar sus ahorros, agotar plazos fijos y endeudarse con tarjetas y préstamos a tasas altísimas, pulverizando por completo la demanda interna. Lousteau advirtió durante su intervención:
“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas muy aguda en todo el territorio nacional, menos una provincia y en todos los tamaños de empresas; si el proceso del modelo económico no se revierte, el riesgo latente es que esta dinámica destructiva se acelerare todavía más”.
— Dip. Marcela Pagano y Dip. Martín Lousteau.
En la misma línea, Federico Vaccarezza, representante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), profundizó sobre el colapso financiero desde una perspectiva monetaria. Explicó que la administración central implementó una absorción agresiva de circulante mediante licitaciones que secaron la plaza de pesos, dejando a la economía sin liquidez. Para Vaccarezza, el problema actual no radica en una supuesta falta de competitividad empresaria, sino en la esterilización absoluta del mercado:
“Lo que tenemos es una plaza totalmente seca, no hay pesos; entonces no es un problema de competitividad de las empresas, no hay forma de competir en un mercado donde no tenés dinero, creando un engendro económico: un capitalismo sin consumo y sin inversiones”.
— Federico Vaccarezza (IPA).
Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois aportó una lectura estructural sobre el rumbo del modelo económico. Señaló que la contracara necesaria del actual esquema extractivista —enfocado en la minería, el petróleo y el gas para la exportación de materias primas y centros tecnológicos globales— es la destrucción sistemática de la industria orientada al mercado interno y de las redes de la economía popular. Grabois sentenció:
“En la Argentina se está convirtiendo al país en una cantera del poder global; el extractivismo energético y minero no genera empleo masivo, destruye el ambiente y consume recursos necesarios para el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno”.
— Dip. Juan Grabois y Dip. Lourdes Arrieta.
La voracidad fiscal y el impacto en las regiones
La discusión parlamentaria también puso el foco en el rol de los organismos de control y la asfixia cotidiana que sufren las unidades productivas. Desde Santa Fe, el diputado Pablo Farías denunció con crudeza la presión ejercida sobre el sector formal, advirtiendo sobre la velocidad con la que se ejecutan medidas extremas ante cualquier tropiezo administrativo. Farías alertó:
“Hay una actividad muy agresiva del ARCA sobre las empresas… Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas. Para muchas empresas es la paralización de actividades y para muchas es el golpe final”.
— Dip. Pablo Farías(expuso mediante Zoom).
En sintonía con esa denuncia, la diputada Sabrina Selva cuestionó la disparidad de criterios del Estado, contrastando la persecución a las PyMEs con los beneficios otorgados a los grandes capitales extranjeros mediante regímenes especiales como el RIGI. La legisladora disparó:
“El ajuste sí discrimina: mientras persiguen y hostigan desde el ARCA a las PyMEs con embargos, multas e intereses que no se quitan, blanquean plata de los evasores y traen leyes como el RIGI para beneficiar a corporaciones extranjeras que no tienen ninguna PyME”.
— Dip. Sabrina Selva.
Desde una perspectiva territorial y sanitaria, el diputado Oscar Herrera Ahuad graficó el desplome de las economías provinciales —donde distritos de pequeños agricultores ya acumulan más de mil empresas cerradas y doce mil empleos formales perdidos— utilizando un diagnóstico clínico. Herrera Ahuad definió:
“Argentina, y fundamentalmente las PyMEs, viven una pandemia económica; el diagnóstico para un médico es que esto es una pandemia económica por la velocidad de propagación de los cierres generados por un virus de la praxis económica”.
— Dip. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones (expuso mediante Zoom).
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta sumó al debate la vulnerabilidad climática que amenaza a las economías regionales, advirtiendo sobre las proyecciones catastróficas de crecientes y aludes vinculados al fenómeno de El Niño. Para mitigar este panorama, presentó un proyecto orientado a declarar la emergencia hídrica y climática, contemplando la suspensión de embargos fiscales para los productores afectados.
El grito de la industria, el comercio y el trabajo
Las cámaras y confederaciones del sector productivo unieron sus diagnósticos para advertir que el cierre masivo de unidades productivas amenaza con fracturar de manera irreversible la columna vertebral de la economía nacional. Mauro González, de la Confederación Federal PyME Argentina, remarcó que la dependencia del mercado interno deja a los pequeños y medianos empresarios totalmente expuestos frente a un modelo que destruye el empleo genuino. González afirmó:
“En Argentina, las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno; ojalá tuviéramos herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad de exportar y ser competitivos, pero lo que vivimos hoy es una destrucción literal del aparato productivo nacional que va a ser dramático revertir”.
— Mauro González (ENAC) y Adrián Palacios (UKRA).
En un sentido similar, Julián Moreno, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), contrastó la crisis actual con el impacto transitorio de la pandemia, señalando que el colapso presente es estructural y definitivo. También, Diego Ojeda, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresó su frustración ante la parálisis institucional que mantiene trabada en el recinto la Ley de Emergencia PyME:
“La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para que traten la Ley de Emergencia PyME en el recinto; ahora estamos asistiendo a un funeral, al funeral de 30.600 PyMEs, y si no hay PyMEs, no hay trabajo ni futuro para la Argentina”.
— Diego Ojeda (ENAC).
Por su parte, Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), aportó la perspectiva del comercio de proximidad y los kioscos de barrio, alertando que la caída de ventas ya impacta de lleno en los alimentos esenciales:
“No hay consumo interno ni en nuestro sector; ya no hablamos de golosinas o alfajores, estamos hablando de lacanasta básica alimentaria. Los comercios cierran porque la plata no alcanza para pagar los aumentos de luz, gas y alquileres”.
El sector industrial y naval también reclamó previsibilidad para sostener la soberanía productiva. Silvia Martínez, de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), advirtió sobre la falta de participación local en los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerta y Punta Colorada, reclamando reglas claras frente a la competencia asimétrica con astilleros de la región.
— Silvia Martínez (CINA).
Para cerrar el bloque conceptual del debate, el diputado Eduardo Valdés sintetizó el malestar generalizado cruzando las políticas oficiales con las demandas de otros sectores vulnerables:
“Así como el cardenal Rossi calificó las políticas de discapacidad como de sadismo de Estado, yo creo que también hay sadismo de Estado con lo que le está pasando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los jubilados; es tiempo de que los colectivos afectados nos pongamos de pie y nos juntemos”.
— Dip. Eduardo Valdés.
Reforma tributaria y continuidad institucional
Hacia el tramo final del encuentro, que reunió a unas sesenta personas en total —incluyendo a cerca de veinte trabajadores de prensa y una nutrida concurrencia de referentes sectoriales—, el debate sumó la visión del periodista y analista Mariano Obarrio, impulsor del espacio “Abramos las persianas” y presidente del “Movimiento por los valores de la Argentina”. Escuchado con atención por los referentes comerciales e industriales y por varios legisladores, Obarrio cuestionó la profunda asimetría plasmada en el Presupuesto nacional, contrastando los más de treinta y cinco billones de pesos (35 + doce ceros) destinados a gastos tributarios para grandes sectores concentrados frente a la presión fiscal que pulveriza a las PyMEs. Ante este panorama, el analista propuso una reforma tributaria integral basada en el diálogo y en un control inteligente del Estado:
“Acá hay un desequilibrio distributivo en las cargas tributarias: los grandes privilegiados del modelo no pagan impuestos y las PyMEs pagan por demás; por eso lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria bien planificada que quite presión a los que producen y recupere el consumo”.
— El periodista Mariano Obarrio.
El cónclave se desarrolló con una dinámica particular: varios de los legisladores nacionales presentes debieron retirarse anticipadamente del recinto a medida que transcurrían las exposiciones debido a compromisos cruzados en otras comisiones de la Cámara baja.
— Dip. Marcela Pagano.
Para dar cierre a la jornada, la diputada Marcela Pagano ratificó que el cónclave no constituirá un hecho aislado, sino el punto de partida de un plan de acción sostenido en el tiempo. La legisladora anunció su propósito de institucionalizar el espacio mediante convocatorias periódicas mensuales, sincronizadas con cada actualización estadística del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar, con el objetivo de mantener un seguimiento en tiempo real del deterioro productivo y transformar los diagnósticos técnicos en proyectos de ley concretos.
Daniel Alfredo Neira pasó menos de 24 horas sin empleo estatal. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) lo despidió el 31 de julio de 2026 con una liquidación final neta de $109.781.999,73 y, al día siguiente, quedó designado como gerente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo que depende de la Secretaría de Agricultura. El caso generó malestar dentro del instituto, cuyo Consejo Directivo ahora analiza dar marcha atrás con una incorporación que ya había aprobado.
Neira recibió la notificación de la rescisión de su contrato el 24 de julio, quedó habilitado para cobrar la indemnización el 28, se convirtió formalmente en desocupado el 31 y el 1° de agosto volvió a la órbita estatal. Sin embargo, los trámites para su nueva designación comenzaron el 1 de julio, 23 días antes de que le ofrecieran el puesto.
— El informe del Enacom del 5 de agosto que remitió a Presupuesto la liquidación final, con la baja de Neira entre los archivos adjuntos
Según documentación a la que accedió La Nación (Belkis Martínez), el ente de comunicaciones resolvió prescindir de sus servicios a partir del 31 de julio y le notificó la extinción de su contratación en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la norma que regula la indemnización por despido sin causa. La planilla de liquidación detalló $73.067.618,10 por antigüedad, $9.742.349,08 en concepto de preaviso y $24.096.076,72 por vacaciones no gozadas, entre otros conceptos, hasta alcanzar el monto neto de casi 110 millones de pesos.
¿Un despido que nunca existió?
Desde el sector describieron la maniobra en duros términos: “Neira simuló su despido cuando las autoridades de la Secretaría de Agricultura, cercana a Luis Caputo, lo llamaron para que asuma en el INTA. Debería haber solicitado el traslado o incluso renunciar a sus funciones en el ENACOM. Pero si hacía eso no cobraba el dineral que le dieron como indemnización. Fue un fraude orquestado con los directivos”.
— La carta documento con la que el Enacom le comunicó a Neira que prescindía de sus servicios desde el 31 de julio
El cuestionamiento se apoya en un criterio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que considera al Estado como un único empleador en sentido amplio, es decir, un bloque estatal. Bajo esa lógica, a Neira lo echó la misma patronal que al día siguiente lo contrató otra vez.
— El acta que certificó la notificación a Neira de la extinción de su contrato, en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo
El abogado especialista en derecho administrativo Carlos Fernández consideró que la situación merece, como mínimo, una investigación por un posible enriquecimiento sin causa. “La jurisprudencia civil y administrativa determina que no se puede percibir del Estado una compensación por la ‘pérdida del empleo’ y simultáneamente continuar recibiendo ingresos del Estado bajo otra designación política o de conducción. El funcionario se expone a demandas por repetición de pago, que implicarían la devolución del dinero, por parte del fisco”, explicó el letrado.
Catorce años de carrera en las comunicaciones
En su perfil de LinkedIn, Neira se presenta como contador egresado de la Universidad de Buenos Aires. En enero de 2012 ingresó a la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el organismo que luego dio origen a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y, más tarde, al Enacom. Allí hizo toda su carrera. En 2017 lo nombraron subgerente del Área de Contabilidad, Presupuesto y Liquidaciones, y en 2025 ascendió a subdirector de Contabilidad y Finanzas, un cargo categoría A, la máxima jerarquía escalafonaria, que figura entre los sueldos técnicos más altos del personal de planta. Esa antigüedad y ese nivel salarial explican la cifra de la indemnización.
— Daniel Alfredo Neira
Fuentes cercanas al Enacom consultadas por Tiempo Argentino marcaron la contradicción entre el pago millonario y el discurso oficial de recorte del gasto público: “Si en promedio los sueldos en el organismo rondan el millón cuatrocientos mil pesos, lo que Neira se llevó en mano equivale a lo que ganan casi 80 trabajadores. Repiten que en su gobierno la ética no se negocia, pero son corruptos y con la nuestra”.
Cómo llegó al INTA
La incorporación partió de la Dirección General de Administración (DGA) del INTA, hoy a cargo de Gustavo Javier Abaurrea. Esa dirección envió el currículum de Neira al Consejo Directivo con el objetivo de sumarlo como director asistente del área. “Fue un pedido de la DGA para que asista en la Administración. Nunca nos informaron nada de la situación del agente”, afirmó una fuente con conocimiento de la contratación.
El Consejo Directivo, que coordina el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, trató el tema en una de sus últimas reuniones sobre la base de ese currículum. Allí constaba la experiencia laboral de Neira en el Enacom, pero se “omitió que había sido desvinculado”, que ya “había sido indemnizado” y que no pertenecía más al ente de comunicaciones ni a ninguna dependencia estatal.
La designación quedó formalizada mediante la Resolución 296/2026, del 3 de septiembre, que lo nombró de manera transitoria como “gerente tipo A de la Gerencia de Contabilidad”, Gestión Administrativa y Patrimonio, dependiente de la DGA, con nivel de puesto 11. El nombramiento rige por 180 días, con posibilidad de prórroga si en ese período no se realiza el procedimiento de selección correspondiente. La propia resolución dejó asentado que Neira se había desvinculado del Enacom el 31 de julio y que, por esa razón, correspondía su designación interina a partir del 1° de agosto.
Cuando el caso trascendió y llegó a los consejeros, la reacción fue inmediata. “Ahora vamos a rever la aprobación y, de ser necesario, no aceptamos la incorporación. Ya nos va a informar Jurídicos cómo proceder”, indicaron.
Sobre la modalidad del nombramiento, desde el organismo explicaron que, como regla general del INTA, algunas designaciones son transitorias y cubren una función hasta que se realiza el concurso. “Todos los cargos son por concurso, pero es lógico que hasta que se cumpla el concurso el trabajo hay que hacerlo y alguien lo tiene que hacer”, señaló la misma fuente, que además planteó la necesidad de agilizar esos procesos y reducir la burocracia para cubrir las vacantes con mayor rapidez.
Retiros voluntarios y prohibición de reingreso
El episodio ocurrió pocos meses después de que el INTA avanzara con un amplio programa de retiros voluntarios para achicar su planta. Hasta hace meses, el organismo contaba con 5750 empleados, y con los cambios impulsados por el Gobierno habilitó dos procesos de retiro en menos de dos años. El primero, en noviembre de 2024, alcanzó a 394 trabajadores. El segundo, en junio de 2026, comprendió a alrededor de 850 agentes. En este último caso, según el gremio, algunas solicitudes no llegaron a concretarse porque a esos trabajadores no se les computaron los años trabajados como personal no permanente (PNP), y no por un rechazo del organismo.
— La Resolución 296/2026 del INTA, que designó a Neira como gerente de Contabilidad desde el 1° de agosto
Ese régimen fue aprobado por el Consejo Directivo mediante la Resolución 144/2026, y su instrumentación quedó en manos de la misma Dirección General de Administración que impulsó la llegada de Neira. Entre sus condiciones, estableció que quienes accedieran al retiro no podrían volver a incorporarse ni prestar servicios bajo ninguna modalidad en el Sector Público Nacional durante cinco años desde la baja, una restricción que abarca empleos, contrataciones, cargos de autoridades, funciones extraescalafonarias y asesorías.
Por ahora no se sabe si alguna restricción de reingreso al Estado resulta aplicable a Neira, ya que su salida del Enacom se produjo mediante una indemnización por despido. Consultado sobre el caso, el Enacom solo confirmó que el contador había trabajado allí, sin brindar más detalles. Tampoco hubo respuesta del INTA sobre las condiciones en que se pidió la contratación, ni del propio Neira, a quien se intentó contactar para conocer su posición.
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