Dinamarca integrará rostros y voces como parte de derechos de autor para frenar los deepfakes de IA

El nuevo proyecto legislativo nórdico permitirá exigir la retirada inmediata de deepfakes no consentidos y reclamaciones económicas, extendiendo la protección a cualquier ciudadano.
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Dinamarca, en un movimiento legislativo sin precedentes en Europa, se prepara para convertirse en el primer país del continente en otorgar derechos de autor sobre los rasgos faciales, la voz y el cuerpo de sus ciudadanos. Esta iniciativa histórica representa una respuesta directa a la creciente amenaza de los deepfakes y la manipulación digital mediante inteligencia artificial.

“Con el proyecto de ley estamos diciendo, de forma clara, que cada persona tiene derecho sobre su propio cuerpo, su voz y sus rasgos faciales, algo que la legislación actual no protege de forma suficiente frente a la IA generativa”, afirmó el ministro de Cultura danés, Jakob Engel-Schmidt.

Esta reforma establecerá que si alguien crea un deepfake sin consentimiento, la persona afectada podrá exigir su retirada inmediata y solicitar una compensación económica. La medida no solo protege a personas famosas, sino que está diseñada para cualquier persona, yendo más allá de lo que comúnmente se conoce como derechos de personalidad en la mayoría de países.

– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen

En España, está amparado por el artículo 18 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982. Por su parte, la Online Safety Act de 2023 del Reino Unido penaliza expresamente la pornografía deepfake, y en 2024 el grupo parlamentario español Sumar presentó una proposición de ley para regular las simulaciones de imágenes y voces generadas por IA.

Lo novedoso de la propuesta danesa es integrar estos derechos en la legislación de derechos de autor (copyright), lo que facilitará la eliminación de contenido no autorizado de las plataformas digitales. Esto representa un enfoque más directo que las complejas alternativas requeridas en otros Estados.

Protegerá toda la apariencia de un individuo, incluyendo su naturaleza y sus medios de expresión. Esto incluye no solo imágenes o grabaciones de voz, sino también gestos, movimientos corporales y estilos de interpretación. La legislación mantendrá excepciones para la parodia y la sátira, preservando así la libertad de expresión. Sin embargo, se centrará en frenar los usos dañinos como los videos falsos de contenido sexual, las estafas o las noticias manipuladas.

– El ministro de Cultura danés, Jakob Engel-Schmidt

Las plataformas tecnológicas tendrán la obligación de eliminar estos contenidos cuando se les solicite, y podrían recibir multas importantes si no cumplen. Esto se alinea con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que ya obliga a las plataformas a actuar con rapidez ante contenidos ilegales.

La iniciativa cuenta con un amplio consenso político en Dinamarca, con el respaldo del 90% de los diputados. El texto de la ley será sometido a consulta pública durante el verano europeo de 2025 y se espera que sea aprobado en otoño, entrando en vigor antes de que termine el año. Durante su presidencia de la UE, Dinamarca buscará extender esta protección al resto de Europa e influir en el desarrollo de marcos legales similares en otros países europeos.

La problemática de los deepfakes ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza real. En el primer trimestre de 2025 se registraron 179 incidentes de deepfake a nivel mundial, superando el total de todo 2024. Los costos económicos son significativos: las empresas afectadas por este tipo de estafas reportan pérdidas promedio de 414.000 a 552.000 euros por incidente, afectando especialmente a mujeres y menores, con el 99% de deepfakes pornográficos dirigidos a mujeres.

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Trump pidió eliminar el comité de la ONU que cada año respalda el reclamo por las Islas Malvinas

El gobierno de Donald Trump pidió eliminar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro donde la Argentina sostiene cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El planteo llegó el pasado jueves 15, durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General en Nueva York. Allí, la representante estadounidense Tammy Bruce solicitó la finalización del mandato del organismo y calificó parte de su actividad como un despilfarro de recursos.

Desde el principal aliado internacional de la Casa Rosada llegó así una iniciativa que beneficia al Reino Unido y perjudica a los intereses argentinos. Ocurrió en plena ofensiva del Gobierno por el archipiélago y contra la explotación petrolera en sus aguas.

—El comunicado oficial de la ONU que da cuenta del pedido de Estados Unidos para terminar con el mandato del Comité Especial de Descolonización

De acuerdo con el comunicado de prensa GA/SPD/841 que difundió la ONU, la funcionaria afirmó que el comité “dejó de cumplir su propósito original”. Recordó que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros, mientras el organismo “opera como si nada hubiera cambiado” y revisa los mismos textos cada año. También apuntó contra “los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur”, que consideró una pérdida de tiempo y de dinero para la organización.

Como ejemplo eligió a Puerto Rico. La Asamblea General quitó a la isla de la lista de territorios no autónomos en 1953, pero el comité celebra audiencias sobre ella todos los años. “Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” en campañas políticas, remató. Su intervención no mencionó a las Malvinas.

El C-24, como se lo conoce en la jerga diplomática, nació en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General para impulsar el fin del colonialismo. Lo integran 29 Estados y examina 17 territorios no autónomos, diez de ellos bajo administración británica, Malvinas incluida. Desde 1983 aprueba cada año una resolución que insta a Buenos Aires y Londres a negociar la soberanía, en línea con la resolución 2065 de la Asamblea General, de 1965. Estados Unidos abandonó el comité en 1971, con el argumento de que no le permitía cumplir un rol constructivo.

En esa misma sesión, la Cuarta Comisión aprobó más de 20 proyectos de resolución y una decisión, muchos surgidos de recomendaciones del C-24. Estados Unidos, el Reino Unido e Israel fueron los únicos votos en contra del texto sobre difusión de información sobre descolonización, que reunió 164 apoyos. La delegación británica, por su parte, reclamó que el comité reconozca la “modernización” de su vínculo con los territorios de ultramar.

Para Javier Milei, la jugada abrió la primera diferencia geopolítica con Trump. El Presidente comparte con el republicano la desconfianza hacia la eficacia de la ONU, pero considera al C-24 uno de los pocos escenarios multilaterales disponibles para el reclamo. 

Se espera que el canciller Pablo Quirno anuncie el rechazo argentino ante el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, que llegan esta semana a Buenos Aires para promover una iniciativa de infraestructura con inversión estadounidense. El viernes, Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos “reafirmaron la solidez de la asociación”, aunque no trascendió si conversaron sobre las islas.

Para cerrar el comité hace falta la aprobación de la Asamblea General. Allí Estados Unidos no tiene poder de veto, y el C-24 cuenta con el aval de una amplia mayoría de países.

La postura de Washington choca con el discurso de Milei en la última Asamblea General. “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional”, dijo el Presidente desde el atril neoyorquino, donde acusó a la ONU de “inútil” y de “mirar hacia otro lado con la causa”. Recordó que hace 50 años la resolución 31/49 pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales y se preguntó “de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario”.

Los tres cancilleres de Milei defendieron el reclamo ante el C-24. Diana Mondino recordó en 2024 los 191 años de ocupación británica. Un año después, Gerardo Werthein la definió como “un acto colonial, contrario al derecho internacional”. En junio pasado, Quirno denunció la “militarización” del archipiélago y rechazó el argumento británico de la libre determinación: “Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos”.

El pedido de Washington coincidió con el momento de mayor tensión con Londres. La Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, y el Reino Unido respaldó de manera explícita a las empresas involucradas. Compañías estadounidenses también expresaron su preocupación por las sanciones que prevé la Ley de Soberanía.

Trump había alentado la estrategia oficial cuando evaluó revisar la neutralidad histórica de su país sobre el archipiélago y se ofreció como mediador. Sin embargo, después de reunirse el 22 de septiembre con el primer ministro británico, Andy Burnham, descartó esa mediación.

La ofensiva contra el C-24 forma parte de los recortes que Washington impulsa en la ONU como su principal contribuyente. Esos recortes coinciden con la carrera para suceder a António Guterres, en la que compite el argentino Rafael Grossi con el apoyo de Milei.

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