Los dólares impresos antes de 2021 saldrían de circulación
De acuerdo a cientos de reportes que circularon en medios norteamericanos y atribuidos a la Reserva Federal de los Estados Unidos, la caducidad de las divisas tendría lugar en enero próximo.
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El portal Observers Times publicó este jueves una supuesta resolución a la que arribó el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) donde se ordena la restricción de circulación de los billetes de dólares emitidos antes de 2021, desde el 31 de enero próximo.
De acuerdo al texto sin firma y sustento oficial, la supresión de los billetes impresos antes de 2021 “tiene como objetivo frenar miles de millones de dinero ilegal en billetes de dólares almacenados en todo el continente africano que emanan de drogas, terrorismo, secuestro y del entramado político corrupto”.
Publicación norteamericana sobre la nueva normativa estadounidense
“Secuela de la reunión extraordinaria recién concluida celebrada en Washington DC el 2 de noviembre de 2022 entre el Banco de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de Moneda, el FMI, el Banco Mundial y los Gobernadores de los Bancos Centrales de África, el Gobierno de los Estados Unidos fijó la fecha para la restricción del billete de curso legal aceptable del dólar que comenzará el 31 de enero de 2023″, inicia el artículo.
Lejos de contar con veracidad alguna, el sitio Srilanka Factcrescendo también se hizo eco de la supuesta resolución extraordinaria para dar cuenta de su carácter apócrifo. “Primero, verificamos si tal decisión fue realmente tomada o no por el Gobierno de los Estados Unidos”, señalaron.
Varios medios alrededor del mundo determinaron acerca de esta nueva modalidad de las Reservas Federales de los Estados Unidos
“Dada la gravedad y magnitud de la decisión, habría sido reportada y discutida en todos los medios de comunicación. Pero no encontramos un solo informe de noticias creíble sobre la decisión rumoreada de esta llamada campaña de desmonetización”, subraya la publicación a modo de revisión.
El Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos (CEP) resalta como política del Gobierno norteamericano que “todos los diseños de la moneda sigan siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido”. Lo mismo amplía y sentencia el apartado Preguntas y Respuestas de la Reserva Federal.
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No es el resultado de un desarrollo de laboratorio reciente, sino de la ocurrencia de un grupo de productores franceses que hace 20 años mezclaron manzanas de pulpa roja con variedades de alta calidad. Así nació una variedad de manzana bautizada Kissabel, que en la primavera de 2016 tuvo su primera campaña comercial en Europa y aquí recién está dando sus primeros pasos.
La firma a cargo de su desarrollo local es Moño Azul, una empresa frutícola de amplia trayectoria que forma parte del Grupo Prima y que tiene la licencia exclusiva en el país. En 2024 inició con sus primeras pruebas comerciales -con su desembarco en el Mercado Central- y ahora, aseguran, esperan una buena temporada.
Puede ser roja o amarilla por fuera, pero lo importante está dentro. Esta variedad de pulpa roja o rosada se caracteriza por tener un sabor entre dulce y ácido, ser muy jugosa y crujiente y albergar un alto contenido de vitamina A, C, calcio, magnesio, vitamina E, fósforo, cobre, vitamina K y boro.
Pero en Argentina la Kissabel aún no puebla las góndolas a gran escala, sino que aún su producción comercial es limitada porque se trabaja en las pruebas comerciales. Con una producción limitada en chacras propias, la licenciataria local evalúa su adopción local y su potencial exportación.
La situación, de hecho, es muy similar a lo que ocurre en otros países del hemisferio sur, como Chile, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde se espera un avance tras los buenos resultados obtenidos en Europa, donde destacan la calidad, el volumen y el “interés creciente” por parte de los consumidores.
En particular, durante la campaña 2025 en el Viejo Continente la producción escaló un 25% con buenos precios, alta calidad y una buena adopción entre los consumidores.
Así como en Argentina la firma a cargo de su promoción es Moño Azul, en cada país productor hay un socio que integra el programa. Según lo expresado por Red Apple Germany, en Alemania hubo una cosecha récord con altos estándares de calidad. En Francia, Mesfruits y Blue Whale también mostraron el pulgar hacia arriba.
Por su parte, en Suiza, la firma Fenaco consolidó la comercialización mediante alianzas en gastronomía e industria, y en Italia aseguran que el 2025 fue un gran año.
“Con esta base, avanzamos hacia la temporada del hemisferio sur, donde continúan las fases comerciales iniciales y los ensayos, junto a socios estratégicos que fortalecen el desarrollo de Kissabel a nivel global”, expresó Emmanuel de Lapparent, responsable del programa Ifored, el consorcio que impulsa esta variedad de manzanas, tras ser consultado por el sitio Portal Frutícola.
Mientras en Argentina se trabaja en la multiplicación en el único vivero autorizado, “Los Álamos de Rosauer”, en tierras chilenas ya hay indicios de producción comercial y desde Unifrutti, la empresa que tiene allí la licencia, aseguran que el objetivo es enviar lo más rápidamente posible su producción a Brasil.
Por su parte, Australia cuenta hoy con uno de los proyectos más avanzados, y la estrategia de posicionamiento comercial incluye degustaciones, activaciones en puntos de venta, alianzas con restaurantes y campañas digitales. “Nuestro objetivo es posicionar a Kissabel como la manzana ‘foodie’ por excelencia”, explicó Michelle Hau, directora de marketing de Montague Farms, en diálogo con el medio especializado.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentó un informe que proyectó el impacto productivo, exportador y fiscal de una eliminación gradual de los derechos de exportación sobre el agro argentino. Según el trabajo de los expertos, el campo podría sumar 2,2 millones de hectáreas sembradas hacia 2036, elevar la producción total a 182,6 millones de toneladas y alcanzar exportaciones por US$50.500 millones anuales.
El estudio, titulado “¿Qué efectos tendría la eliminación de los derechos de exportación sobre la producción, las exportaciones y la recaudación fiscal en Argentina?”, fue publicado el 24 de abril y elaborado por Tomás Rodríguez Zurro, Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada.
El análisis se basó en el modelo AGMEMOD, una herramienta de proyección adaptada al caso argentino
El informe comparó dos escenarios hasta la campaña 2035/36. El primero mantuvo constantes las condiciones vigentes para la producción, con el esquema actual de derechos de exportación. El segundo evaluó una reducción gradual de retenciones en dos años, hasta su eliminación total a partir de 2028.
Rodríguez Zurro explicó que AGMEMOD es “un modelo de equilibrio parcial para proyectar las principales variables del agro en distintos países”. Se trata de una metodología utilizada por la Comisión Europea para evaluar su política agraria común, que la BCR adaptó a las particularidades de nuestro país. “Pensemos en el doble cultivo, en las cepos o limitaciones cuantitativas a las exportaciones, las retenciones, la brecha cambiaria. Todas esas particularidades los incluimos al modelo para básicamente proyectar a 10 años cómo podría evolucionar la producción argentina bajo distintos escenarios”.
En el escenario constante, el área sembrada crecería de 39,9 millones de hectáreas a 41,1 millones entre 2026 y 2036, mientras que la producción total pasaría de 134,6 millones de toneladas a 165,9 millones. En cambio, con eliminación de derechos de exportación, el área alcanzaría 43,4 millones de hectáreas en 2036, lo que implicaría 2,2 millones de hectáreas adicionales y una mejora del 5,4% frente al escenario base.
En materia exportadora, el complejo agroindustrial exportaría 14,1 millones de toneladas adicionales en 2036 bajo el escenario sin retenciones. El valor anual de las exportaciones pasaría de US$44.100 millones con derechos de exportación constantes a US$50.500 millones sin retenciones, una diferencia de US$6.400 millones.
El análisis fiscal planteó una pérdida inicial para el Estado nacional por la eliminación de los derechos de exportación, pero también proyectó una compensación posterior por dos vías. La primera sería directa, a partir de una mayor base imponible del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos. La segunda sería indirecta, por la expansión de la producción, la inversión y la actividad económica.
El Estado nacional obtendría un resultado neto positivo desde el cuarto año de la eliminación. A partir del ciclo 2029/30, la recaudación nacional total sería superior en el escenario sin retenciones que en el escenario base. Hacia 2036, la Nación recaudaría US$296 millones adicionales frente al esquema con alícuotas constantes.
Rodríguez Zurro explicó que el aumento de la recaudación nacional tendría como uno de sus canales principales el Impuesto a las Ganancias. “Más o menos, para tener un número de referencia en la cabeza, hacia el 2036, si todo continúa igual, o sea, en el escenario base, la recaudación por impuesto a las ganancias rondaría los 3.500 millones de dólares en todos los productos en su conjunto, mientras que ante una eliminación, ganancias aportarían más de 8.000 millones de dólares por el aumento en la base imponible”.
El especialista también mencionó el impacto del impuesto al cheque. Según sostuvo, el productor tendría un ingreso bruto mayor y también costos de explotación más altos por el incentivo a invertir y mejorar rindes, lo que elevaría la recaudación por ese tributo.
El informe incorporó además el efecto sobre las provincias. La BCR sostuvo que resultarían beneficiarias desde el inicio, ya que los derechos de exportación no son coparticipables y su eliminación no les quitaría una fuente directa de ingresos. A la vez, la mayor actividad económica ampliaría la base imponible de Ingresos Brutos y Sellos, además de elevar la recaudación por vía indirecta.
En 2036, las provincias recaudarían US$989 millones adicionales en el escenario de eliminación de derechos de exportación respecto del escenario base. Con la recaudación nacional y provincial consolidada, el punto de quiebre fiscal se alcanzaría en 2028, apenas un año después del inicio de la reforma.
El único año con pérdida neta consolidada sería 2027, cuando la primera reducción de alícuotas generaría un costo de US$153 millones. Desde 2028, año de la eliminación total, la mayor recaudación por Ganancias, Débitos y Créditos, Ingresos Brutos, Sellos y otros tributos derivados de la actividad económica superaría la pérdida por derechos de exportación.
Para 2036, la recaudación consolidada de Nación y provincias superaría al escenario con retenciones constantes en US$1.286 millones anuales.
Rodríguez Zurro señaló que la eliminación de retenciones también tendría efectos sobre la compra de insumos, la contratación de servicios, la renovación de maquinaria, la inversión en construcción, otros negocios y la actividad portuaria.
El informe de la BCR cerró con una definición sobre el costo fiscal de la transición. “El único año con pérdida neta de recaudación consolidada es 2027”, indicó el trabajo, antes de señalar que, hacia el final del período analizado, la recaudación consolidada sería superior en el escenario sin derechos de exportación. “El costo de transición es marginal y temporal, mientras que los beneficios son permanentes, crecientes y se distribuyen entre todos los niveles de gobierno”, concluyó el trabajo de la BCR.
El mapa laboral argentino sufrió una mutación forzada por la crisis: en los últimos 24 meses, el cierre sostenido de empresas y la contracción de la industria nacional empujaron a una masa crítica de trabajadores hacia la única ventanilla que permanece abierta sin requisitos de ingreso: trabajar con las aplicaciones. No es una elección de libertad, sino un desplazamiento tectónico. Hoy, 1,1 millones de argentinos operan como el último eslabón de una cadena de valor que se alimenta de la falta de alternativas. De ese total, 900.000 se volcaron al transporte de pasajeros y 200.000 al reparto de mercaderías, configurando un récord histórico que expone el vaciamiento del mercado de trabajo tradicional.
La composición de este nuevo ejército de la calle revela la profundidad del daño social. Un 15% de quienes hoy conducen un vehículo o pedalean una bicicleta bajo el sol tucumano o el asfalto porteño poseen títulos universitarios.Son profesionales que el sistema formal ya no puede absorber y que terminan compitiendo por un espacio en un mercado donde la oferta está totalmente saturada. Esta sobrepoblación de prestadores tiene un efecto directo y devastador: la pulverización de la ganancia individual. Cuantos más argentinos caen en las apps por necesidad, menos viajes y repartos quedan disponibles para cada uno, licuando el valor del tiempo de trabajo.
La trampa se cierra con la extensión de la jornada laboral.Para alcanzar un ingreso de $1.300.000 mensuales, un trabajador debe estar conectado y activo entre 10 y 12 horas por día, de lunes a lunes. Este monto, que en los papeles parece una cifra de subsistencia, se desvanece al descontar el mantenimiento de los vehículos, el combustible y el costo de vida en un contexto de inflación que no termina de bajar. El resultado no es progreso, es la administración de la pobreza a través de una pantalla.
Estado de protección o legalización de la precariedad
El Proyecto de Modernización Laboral busca institucionalizar la figura del “prestador independiente”, permitiendo que más de un millón de trabajadores gestionen sus propios aportes sin relación de dependencia. Mientras las empresas defienden esta “flexibilidad”, para el trabajador significa que el dueño de la aplicación no asume ninguna responsabilidad sobre quien genera su ganancia.
La clave de la reforma es el Régimen de Autónomos Digitales, que propone una retención obligatoria del 2% de los ingresos para un fondo de protección social. Aunque busca cubrir seguros de accidentes, la cifra es marginal ante la alta siniestralidad y la inseguridad que hoy costea íntegramente el repartidor. Según declaran los sindicatos, esto no sería modernización, sino un blindaje legal para que las empresas eviten pagar aguinaldos, vacaciones, ART y licencias, consolidando un modelo de subsistencia sin red de contención.
El patrón sistémico de la asfixia
La economía de plataformas se convirtió en la terminal de ahorro forzoso para una clase media desocupada, pero también en una trampa financiera. Al operar mayoritariamente bajo el esquema de monotributo o informalidad, este millón de nuevos trabajadores queda excluido del crédito bancario tradicional. El resultado es un desplazamiento hacia las fintech y billeteras virtuales, donde el costo del dinero es sustancialmente más alto y la mora del pago de créditos ya alcanza niveles críticos del 25%, e incluso el 63% en apps como Ualá, como ya explicamos en esta nota.
El círculo de la deuda se cierra sobre la herramienta de trabajo. Para financiar el mantenimiento del vehículo o cubrir baches de consumo básico, el trabajador de apps recurre a préstamos digitales con tasas usurarias. Esta asfixia financiera es el reflejo de un sistema que no genera empleo, sino subsistencia: el ingreso mensual se diluye entre el pago de cuotas de microcréditos y los gastos operativos, dejando al prestador en un estado de vulnerabilidad permanente ante cualquier imprevisto mecánico o de salud.
La consolidación de Uber, Pedidos Ya y otras aplicaciones no responde a un auge del emprendedurismo, sino a la contracción de la unidad productiva PyME. Lo que el relato oficial intenta vender como “normalización laboral” es, en la práctica, la gestión de la escasez. En la Argentina de 2026, el algoritmo no es un socio, sino el último recurso de un trabajador que ha sido expulsado de la formalidad y que hoy pedalea para no caer definitivamente del mapa social.
Una fotografía que se viralizó muestra a un soldado israelí armado con un hacha o mazo destruyendo el rostro de una escultura de Jesucristo crucificado en la aldea cristiana de Debel, en el sur del Líbano.
“Uno de los soldados israelíes rompió la cruz e hizo esa cosa horrible, esta profanación de nuestros símbolos sagrados”, lo describió así el cura de la aldea, Fadi Falfel.
Tras una investigación interna, el Ejército israelí confirmó que el soldado pertenece a sus filas y prometió aplicar “la máxima severidad” en las medidas que correspondan. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó estar “sorprendido y entristecido”, condenó el hecho “en los términos más enérgicos” y lo calificó como contrario a los “valores judíos de tolerancia”.
“Ayer, como la inmensa mayoría de los israelíes, me quedé atónito y entristecido al enterarme de que un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dañó un icono religioso católico en el sur del Líbano”, afirmó Netanyahu, añadiendo que “como Estado judío, aprecia los valores basados en la tolerancia y el respeto mutuo entre los seguidores de todas las religiones”.
En la misma línea, el canciller Gideon Sa’ar lo destacó como un acto “grave y vergonzoso” y pidió disculpas a todos los cristianos que se hayan sentido ofendidos. Además, Israel prometió reparar el santuario y colaborar con la comunidad para recolocar la estatua de Cristo.
El viceprimer ministro polaco Radosław Sikorski elogió a Sa’ar por disculparse, lo que desató un intercambio tenso en X entre funcionarios israelíes y el gobierno polaco.
“Los propios soldados de las FDI admiten haber cometido crímenes de guerra. No solo mataron a civiles palestinos, sino incluso a sus propios rehenes”, expresó Sikorski, agregando que “Israel debería de aprender del incidente”, en aparente referencia a la extensa ofensiva israelí en Gaza, que dejó más de 70.000 palestinos muertos, además de rehenes israelíes, como resultado de ataques aéreos y terrestres.
La campaña, que se prolongó durante dos años, fue lanzada en respuesta a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sa’ar replicó acusando a Sikorski de difundir “declaraciones difamatorias” contra las FDI.
El hecho ocurre en un momento geopolíticamente delicado. El alto el fuego entre Israel y el Líbano —mediado por Estados Unidos y anunciado por el presidente norteamericano Donald Trump— entró en vigor en abril de 2026, pero Israel ha mantenido tropas desplegadas en el sur del país, y el ejército libanés ya denunció violaciones del acuerdo. Israel justificó su presencia en posiciones clave incluso después del cese al fuego, lo que mantiene a comunidades como Debel bajo ocupación de facto mientras se negocia la paz.
Esto significa que la profanación ocurrió en territorio libanés que Israel sigue controlando militarmente, no en el fragor de un combate activo, lo que agrava la percepción del acto como un comportamiento deliberado e innecesario.
Patrón sistemático
El diario libanés L’Orient-Le Jour y la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (que incluye al cardenal Pierbattista Pizzaballa) señalaron que no se trata de un caso aislado.
Entre los antecedentes documentados figura la profanación, en el otoño de 2024, de un monasterio y de una estatua de San Jorge en el sur del Líbano por parte de soldados israelíes, según fotografías difundidas como evidencia.
En octubre de ese mismo año, un ataque aéreo destruyó la iglesia greco-católica de Derdghaya, construida en 1911 y considerada patrimonio histórico, y provocó la muerte de ocho personas. Meses antes, en noviembre de 2023, la Fuerza Aérea israelí había dañado parcialmente la iglesia greco-católica de San Jorge, en Yaroun. Según el medio libanés, “mezquitas e iglesias son blancos frecuente de ataques israelíes”.
La Asamblea Católica de Tierra Santa fue contundente al señalar que el acto “revela una preocupante falla en la formación moral y humana” del Ejército israelí y exigió “acción disciplinaria inmediata y determinante”.
La BBC calificó el caso como uno que “desató indignación” a nivel mundial, mientras que organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada recordaron que “ninguna circunstancia puede justificar actos que hieren la dignidad religiosa de las comunidades”.
En otro caso polémico en el que se vio implicada la Iglesia Católica, el padre Pierre al Rahi murió el 9 de marzo cuando un tanque israelí disparó contra una casa situada en el pueblo de Qlayaa, en la frontera sur del Líbano. El papa León XIV reaccionó expresando su “profundo dolor por todas las víctimas de los atentados de los últimos días en Oriente Próximo”, incluido “el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa”.
Se estima que alrededor del 30% de la población libanesa es cristiana, en un país que además constituye el único de Oriente Próximo donde el poder se reparte formalmente entre musulmanes chiíes y suníes, por un lado, y cristianos, por el otro, en el marco del llamado Pacto Nacional.
Líbano reúne diversas minorías cristianas, entre ellas los católicos maronitas, que alguna vez fueron mayoría y hoy son minoría, los greco-ortodoxos, los greco-católicos melquitas y los armenios apostólicos. Como ocurre con otras comunidades religiosas del país, muchos cristianos han quedado atrapados en medio del conflicto entre Israel y el grupo chií Hezbolá.
El Consejo Nacional de Política Energética de Brasil (CNPE) aprobó el pasado 1 de abril una resolución que establece que todo el biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil debe provenir únicamente de unidades de producción autorizadas por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). La medida, impulsada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, impidió de hecho la importación de biodiésel argentino para cumplir con el mandato de mezcla obligatoria, que se ubica actualmente en el 15%.
La barrera regulatoria adquiere relevancia en el contexto del vínculo comercial entre ambos países. Si bien la molienda de soja en Brasil creció para ampliar la oferta interna de aceite, el elevado consumo de biodiésel obliga al país a importar aceite de soja desde la Argentina. Según estimaciones de la entidad que agrupa a la industria aceitera brasileña, Abiove, en 2026 Brasil deberá importar 125.000 toneladas de aceite de soja, frente a las 105.000 y 100.000 toneladas importadas en 2025 y 2024 respectivamente.
En la actual coyuntura económica, resultaba factible para Brasil reemplazar esas importaciones de aceite argentino directamente por biodiésel de ese origen. Sin embargo, la normativa aprobada por el CNPE clausuró esa posibilidad. Como alternativa, Brasil instrumentó el uso de materias primas locales para la producción de biodiésel, entre ellas el sebo bovino, el aceite de algodón y el aceite usado de cocina.
El pasado 1 de marzo, según el cronograma establecido, el país tendría que haber incrementado el corte de biodiésel con gasoil al 16%, pero el gobierno de Lula resolvió posponer esa medida por tiempo indefinido. En sentido contrario, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), que representa los intereses del sector agropecuario, solicitó al Ministerio de Minería y Energía que eleve la mezcla obligatoria al 17%, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno del combustible a precios razonables.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció el pasado jueves la mayor inversión privada de la historia provincial: la construcción de una planta de industrialización de fibra de pino de alta calidad en el Parque Industrial de Ituzaingó, a cargo de ARPULP S.A., una empresa con accionistas de larga trayectoria en la provincia.
La iniciativa demandará un desembolso de USD 2.000 millones y generará 13.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, con una capacidad de producción proyectada de 800.000 toneladas anuales y una facturación estimada de 900 millones de dólares por año.
“Dimos un primer paso muy importante para el desarrollo de nuestra querida provincia”, celebró Valdés tras reunirse con AlejandraAranda, CEO de mencionada empresa.
– Juan Pablo Valdez, gobernador de Corrientes, y Alejandra Aranda, CEO de Arpulp
La futura planta será la “más grande del planeta” en producción de fibra larga de pino y la más moderna en su categoría, con tecnología de ingeniería sueco-finlandesa. Se enfocará en la elaboración de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, insumo crítico para la fabricación de pañales, toallas femeninas y productos para la incontinencia, con aplicaciones también en el sector médico y en el desarrollo de telas no tejidas.
Actualmente gran parte de este insumo se importa del exterior, por lo que el proyecto permitirá sustituir esas compras, “agregar valor a la materia prima local y mejorar la balanza comercial mediante el ingreso de divisas genuinas”, informaron.
El impacto de una inversión que sacude al sector forestal
El Consejo Forestal Industrial Argentino (Confiar) celebró el anuncio y lo definió como “uno de los hitos más relevantes para la foresto-industria argentina en las últimas décadas”. La entidad, que representa a un sector con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales (el 80% concentradas en la Mesopotamia), subrayó el valor estratégico del proyecto.
“La llegada de ARPULP no es solo una inversión. Es una señal. Señal de confianza en el país. Señal de que la foresto-industria puede jugar en las grandes ligas. Señal de que el desarrollo productivo, federal y sostenible es posible. Y, sobre todo, señal de que Argentina puede transformar su potencial en crecimiento real”, declararon desde la entidad.
Confiar también ponderó el efecto multiplicador de la inversión sobre toda la cadena foresto-industrial, que actualmente genera empleo formal para 100.000 personas y exporta aproximadamente USD 550 millones anuales. Según proyecciones de la consultora finlandesa AFRY, el valor de la industria forestal mundial se incrementará en más de 210 billones de dólares entre 2019 y 2035.
Para Valdés, el anuncio es resultado de una política de Estado sostenida en el tiempo. “Esto es posible porque generamos las condiciones para que el sector privado confíe, garantizando seguridad jurídica e infraestructura estratégica mediante nuestros 18 parques industriales y los puertos de Corrientes e Ituzaingó”, enfatizó el gobernador.
A su vez, señaló que “esta es una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la provincia, que servirá para crear empleo genuino e impactará en la prosperidad de miles de familias correntinas”.
La radicación en el Parque Industrial de Ituzaingó responde a una planificación de largo plazo que busca aprovechar la infraestructura logística de la provincia, incluida la cercanía con puertos estratégicos.
El cronograma del proyecto tiene metas definidas para los próximos años. Alejandra Aranda precisó que “durante 2026, la prioridad será realizar un estudio ambiental profundo, alineado con los estándares de calidad y seguridad mundiales para esta categoría”. En ese mismo período, se completará también la factibilidad técnica del proyecto. En paralelo, el fondo de inversión Pegasus dará inicio a la búsqueda de financiamiento estratégico de gran escala.
“En esa hoja de ruta, para 2027 estaremos concentrados en la ingeniería básica y de detalle”, agregó la CEO de ARPULP S.A.
Fernando Correa, responsable de la tecnología industrial del proyecto y con amplia trayectoria internacional en la industria forestal, estimó que “si todas las exigencias financieras logran avanzar en término, entre 2028 y 2030 estaremos dedicados a la construcción de la planta modelo, para comenzar a operar a pleno hacia finales de 2030”.
Una reunión convocada para escuchar reclamos de la base terminó bajo sospecha por la presunta recolección de nombres, apellidos y DNI de jóvenes críticos del armado bonaerense de Sebastián Pareja.
La Justicia ya identificó 58 hechos y a más de 70 involucrados, el monto total a cobrar supera los $250 millones. Tras las primeras intimaciones, las amenazas bajaron de 80 casos diarios a 15: “La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, advirtieron las autoridades.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la quita gradual de derechos de exportación elevaría la producción, las ventas externas y la recaudación consolidada desde 2028, tras un costo fiscal inicial de US$153 millones en el primer año.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
