Los dólares impresos antes de 2021 saldrían de circulación
De acuerdo a cientos de reportes que circularon en medios norteamericanos y atribuidos a la Reserva Federal de los Estados Unidos, la caducidad de las divisas tendría lugar en enero próximo.
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El portal Observers Times publicó este jueves una supuesta resolución a la que arribó el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) donde se ordena la restricción de circulación de los billetes de dólares emitidos antes de 2021, desde el 31 de enero próximo.
De acuerdo al texto sin firma y sustento oficial, la supresión de los billetes impresos antes de 2021 “tiene como objetivo frenar miles de millones de dinero ilegal en billetes de dólares almacenados en todo el continente africano que emanan de drogas, terrorismo, secuestro y del entramado político corrupto”.
Publicación norteamericana sobre la nueva normativa estadounidense
“Secuela de la reunión extraordinaria recién concluida celebrada en Washington DC el 2 de noviembre de 2022 entre el Banco de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de Moneda, el FMI, el Banco Mundial y los Gobernadores de los Bancos Centrales de África, el Gobierno de los Estados Unidos fijó la fecha para la restricción del billete de curso legal aceptable del dólar que comenzará el 31 de enero de 2023″, inicia el artículo.
Lejos de contar con veracidad alguna, el sitio Srilanka Factcrescendo también se hizo eco de la supuesta resolución extraordinaria para dar cuenta de su carácter apócrifo. “Primero, verificamos si tal decisión fue realmente tomada o no por el Gobierno de los Estados Unidos”, señalaron.
Varios medios alrededor del mundo determinaron acerca de esta nueva modalidad de las Reservas Federales de los Estados Unidos
“Dada la gravedad y magnitud de la decisión, habría sido reportada y discutida en todos los medios de comunicación. Pero no encontramos un solo informe de noticias creíble sobre la decisión rumoreada de esta llamada campaña de desmonetización”, subraya la publicación a modo de revisión.
El Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos (CEP) resalta como política del Gobierno norteamericano que “todos los diseños de la moneda sigan siendo de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido”. Lo mismo amplía y sentencia el apartado Preguntas y Respuestas de la Reserva Federal.
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El Comite Olímpico Internacional (COI) aprobó en sesión de su Comité Ejecutivo una nueva política que reserva la categoría femenina olímpica exclusivamente a mujeres biológicas, determinadas mediante una prueba genética del gen SRY.
La medida entrará en vigor en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y tendrá aplicación permanente en todos los eventos organizados bajo el paraguas del COI, tanto en deportes individuales como por equipos.
Esta decisión marca un giro histórico en la política del organismo olímpico e impacta directamente a atletas transgénero y a personas “Differences of Sex Development” (DSD), o con diferencias del desarrollo sexual. Las DSD son condiciones médicas en las que el desarrollo de las características sexuales no sigue el patrón típico de cromosomas XX o XY. Hay alrededor de 40 tipos diferentes, algunos diagnosticados al nacer y otros descubiertos durante la pubertad. El caso más relevante para el deporte es la deficiencia de 5-alfa-reductasa, donde personas con cromosomas XY pueden nacer con genitales ambiguos o femeninos, ser registradas como mujeres, pero experimentar un desarrollo puberal masculino con aumento de testosterona.
La nueva política establece explícitamente que “la elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI está limitada a mujeres biológicas, determinadas sobre la base de una prueba única de detección del gen SRY”.
La normativa establece que cada atleta deberá someterse una sola vez en su carrera a la prueba del gen SRY, y que un resultado negativo habilitará de manera permanente su elegibilidad para competir en la categoría femenina. El examen, que puede realizarse mediante saliva, hisopo bucal o muestra de sangre, fue presentado por el COI como un procedimiento más transparente que otros métodos posibles.
En cambio, quienes arrojen resultado positivo —incluidas mujeres transgénero y atletas con diferencias del desarrollo sexual que impliquen un desarrollo sexual masculino— deberán competir en la categoría masculina o en pruebas mixtas. La regulación contempla excepciones muy acotadas, como algunos casos de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras DSD que no otorguen ventajas vinculadas a la testosterona, y aclara además que no tendrá efecto retroactivo ni alcanzará al deporte recreativo o de base.
¿Qué es el gen SRY y por qué es la clave de esta prueba?
El gen SRY (del inglés Sex-determining Region Y) se ubica en el brazo corto del cromosoma Y y actúa como el “interruptor maestro” del desarrollo sexual masculino. Cuando este gen está presente en un embrión, desencadena la formación de los testículos y la producción de testosterona y otras hormonas masculinas que moldean el cuerpo durante la pubertad.
El COI argumenta que “la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino”. Esto significa que, aunque una persona haya realizado una transición de género, su ADN seguirá mostrando el gen SRY si es hombre biológico, independientemente de sus documentos de identidad, tratamientos hormonales o cirugías.
La lógica deportiva detrás de esto es que la pubertad masculina —impulsada por la testosterona— genera diferencias físicas permanentes, como mayor densidad ósea, más masa muscular, mayor capacidad pulmonar y cardiovascular, y mayor eficiencia mecánica del movimiento. Estas ventajas no desaparecen completamente con la supresión hormonal posterior.
No es la primera vez que el COI recurre a mecanismos de verificación de sexo, aunque la historia de esas prácticas ha sido larga y conflictiva. Entre las décadas de 1960 y 1970, se aplicaban exámenes físicos directos de los genitales de las atletas, un procedimiento que hoy se considera invasivo, humillante y degradante.
Más tarde, en los años 80 y 90, el organismo adoptó la prueba del gen SRY como una alternativa supuestamente más científica, pero terminó abandonándola tras detectar falsos positivos y por su impacto sobre variaciones biológicas naturales en mujeres cisgénero.
Entre 1998 y 2021, el COI dejó de realizar estas verificaciones por sus altos costos, el estrés psicológico que generaban y la complejidad de los casos límite. Finalmente, en 2021, el comité asumió un marco de inclusión y trasladó a las federaciones internacionales la responsabilidad de fijar sus propias reglas para atletas transgénero y con DSD.
La zimbabuense Kirsty Coventry, primera mujer y primera africana en presidir el COI tras asumir en junio de 2025, ya había anticipado antes de su elección una postura crítica respecto de la participación de atletas transgénero en la categoría femenina.
En distintas intervenciones públicas, sostuvo que las mujeres transexuales cuentan con una ventaja física inherente en esas competencias y enmarcó su posición dentro de una agenda orientada a garantizar la equidad, la seguridad y la integridad en el deporte femenino.
¿Por qué el COI tomó esta decisión ahora?
Varios factores convergieron para empujar al COI hacia esta decisión. La controversia más inmediata fue protagonizada por la boxeadora argelina Imane Khelif en los Juegos de París 2024. Khelif —que no es mujer transgénero sino una mujer biológica registrada como tal en su país— había sido descalificada del Mundial de Boxeo de 2023 por la Federación Internacional de Boxeo (IBA) tras una prueba de ADN que supuestamente reveló cromosomas XY.
El COI la dejó competir en París basándose en su documentación válida y su larga trayectoria en eventos femeninos. Su victoria generó un debate global sobre las reglas de género en el deporte olímpico, aunque se trató en realidad de un caso de DSD, no de transgénero.
El COI no tomó esta decisión al azar, sino en un contexto en el que el deporte de élite ya mostraba una tendencia definida hacia mayores restricciones. World Athletics, por ejemplo, prohibió la participación de atletas transgénero en la categoría femenina desde el 31 de marzo de 2023 y más tarde adoptó la prueba del gen SRY en julio de 2025, aplicada luego en el Mundial de Tokio de septiembre de ese año.
Otras federaciones, como las de natación y ciclismo, habían avanzado antes con medidas similares. En ese marco, y tras 18 meses de consultas con expertos médicos, federaciones y atletas, el COI presentó su política como una decisión basada en evidencia científica y guiada por profesionales de la salud.
El COI aclaró que quienes no cumplan con los criterios para la categoría femenina podrán seguir participando en todas las demás categorías que sí cumplan, como la categoría masculina, pruebas mixtas, o competiciones que no clasifiquen a los atletas por sexo.
Sin embargo, esto plantea una situación prácticamente imposible para muchas mujeres transgénero: competir en la categoría masculina no es una opción viable en términos de rendimiento ni de identidad.
El mapa laboral argentino sufrió una mutación forzada por la crisis: en los últimos 24 meses, el cierre sostenido de empresas y la contracción de la industria nacional empujaron a una masa crítica de trabajadores hacia la única ventanilla que permanece abierta sin requisitos de ingreso: trabajar con las aplicaciones. No es una elección de libertad, sino un desplazamiento tectónico. Hoy, 1,1 millones de argentinos operan como el último eslabón de una cadena de valor que se alimenta de la falta de alternativas. De ese total, 900.000 se volcaron al transporte de pasajeros y 200.000 al reparto de mercaderías, configurando un récord histórico que expone el vaciamiento del mercado de trabajo tradicional.
La composición de este nuevo ejército de la calle revela la profundidad del daño social. Un 15% de quienes hoy conducen un vehículo o pedalean una bicicleta bajo el sol tucumano o el asfalto porteño poseen títulos universitarios.Son profesionales que el sistema formal ya no puede absorber y que terminan compitiendo por un espacio en un mercado donde la oferta está totalmente saturada. Esta sobrepoblación de prestadores tiene un efecto directo y devastador: la pulverización de la ganancia individual. Cuantos más argentinos caen en las apps por necesidad, menos viajes y repartos quedan disponibles para cada uno, licuando el valor del tiempo de trabajo.
La trampa se cierra con la extensión de la jornada laboral.Para alcanzar un ingreso de $1.300.000 mensuales, un trabajador debe estar conectado y activo entre 10 y 12 horas por día, de lunes a lunes. Este monto, que en los papeles parece una cifra de subsistencia, se desvanece al descontar el mantenimiento de los vehículos, el combustible y el costo de vida en un contexto de inflación que no termina de bajar. El resultado no es progreso, es la administración de la pobreza a través de una pantalla.
Estado de protección o legalización de la precariedad
El Proyecto de Modernización Laboral busca institucionalizar la figura del “prestador independiente”, permitiendo que más de un millón de trabajadores gestionen sus propios aportes sin relación de dependencia. Mientras las empresas defienden esta “flexibilidad”, para el trabajador significa que el dueño de la aplicación no asume ninguna responsabilidad sobre quien genera su ganancia.
La clave de la reforma es el Régimen de Autónomos Digitales, que propone una retención obligatoria del 2% de los ingresos para un fondo de protección social. Aunque busca cubrir seguros de accidentes, la cifra es marginal ante la alta siniestralidad y la inseguridad que hoy costea íntegramente el repartidor. Según declaran los sindicatos, esto no sería modernización, sino un blindaje legal para que las empresas eviten pagar aguinaldos, vacaciones, ART y licencias, consolidando un modelo de subsistencia sin red de contención.
El patrón sistémico de la asfixia
La economía de plataformas se convirtió en la terminal de ahorro forzoso para una clase media desocupada, pero también en una trampa financiera. Al operar mayoritariamente bajo el esquema de monotributo o informalidad, este millón de nuevos trabajadores queda excluido del crédito bancario tradicional. El resultado es un desplazamiento hacia las fintech y billeteras virtuales, donde el costo del dinero es sustancialmente más alto y la mora del pago de créditos ya alcanza niveles críticos del 25%, e incluso el 63% en apps como Ualá, como ya explicamos en esta nota.
El círculo de la deuda se cierra sobre la herramienta de trabajo. Para financiar el mantenimiento del vehículo o cubrir baches de consumo básico, el trabajador de apps recurre a préstamos digitales con tasas usurarias. Esta asfixia financiera es el reflejo de un sistema que no genera empleo, sino subsistencia: el ingreso mensual se diluye entre el pago de cuotas de microcréditos y los gastos operativos, dejando al prestador en un estado de vulnerabilidad permanente ante cualquier imprevisto mecánico o de salud.
La consolidación de Uber, Pedidos Ya y otras aplicaciones no responde a un auge del emprendedurismo, sino a la contracción de la unidad productiva PyME. Lo que el relato oficial intenta vender como “normalización laboral” es, en la práctica, la gestión de la escasez. En la Argentina de 2026, el algoritmo no es un socio, sino el último recurso de un trabajador que ha sido expulsado de la formalidad y que hoy pedalea para no caer definitivamente del mapa social.
El Consejo Nacional de Política Energética de Brasil (CNPE) aprobó el pasado 1 de abril una resolución que establece que todo el biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil debe provenir únicamente de unidades de producción autorizadas por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). La medida, impulsada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, impidió de hecho la importación de biodiésel argentino para cumplir con el mandato de mezcla obligatoria, que se ubica actualmente en el 15%.
La barrera regulatoria adquiere relevancia en el contexto del vínculo comercial entre ambos países. Si bien la molienda de soja en Brasil creció para ampliar la oferta interna de aceite, el elevado consumo de biodiésel obliga al país a importar aceite de soja desde la Argentina. Según estimaciones de la entidad que agrupa a la industria aceitera brasileña, Abiove, en 2026 Brasil deberá importar 125.000 toneladas de aceite de soja, frente a las 105.000 y 100.000 toneladas importadas en 2025 y 2024 respectivamente.
En la actual coyuntura económica, resultaba factible para Brasil reemplazar esas importaciones de aceite argentino directamente por biodiésel de ese origen. Sin embargo, la normativa aprobada por el CNPE clausuró esa posibilidad. Como alternativa, Brasil instrumentó el uso de materias primas locales para la producción de biodiésel, entre ellas el sebo bovino, el aceite de algodón y el aceite usado de cocina.
El pasado 1 de marzo, según el cronograma establecido, el país tendría que haber incrementado el corte de biodiésel con gasoil al 16%, pero el gobierno de Lula resolvió posponer esa medida por tiempo indefinido. En sentido contrario, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), que representa los intereses del sector agropecuario, solicitó al Ministerio de Minería y Energía que eleve la mezcla obligatoria al 17%, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno del combustible a precios razonables.
No es el resultado de un desarrollo de laboratorio reciente, sino de la ocurrencia de un grupo de productores franceses que hace 20 años mezclaron manzanas de pulpa roja con variedades de alta calidad. Así nació una variedad de manzana bautizada Kissabel, que en la primavera de 2016 tuvo su primera campaña comercial en Europa y aquí recién está dando sus primeros pasos.
La firma a cargo de su desarrollo local es Moño Azul, una empresa frutícola de amplia trayectoria que forma parte del Grupo Prima y que tiene la licencia exclusiva en el país. En 2024 inició con sus primeras pruebas comerciales -con su desembarco en el Mercado Central- y ahora, aseguran, esperan una buena temporada.
Puede ser roja o amarilla por fuera, pero lo importante está dentro. Esta variedad de pulpa roja o rosada se caracteriza por tener un sabor entre dulce y ácido, ser muy jugosa y crujiente y albergar un alto contenido de vitamina A, C, calcio, magnesio, vitamina E, fósforo, cobre, vitamina K y boro.
Pero en Argentina la Kissabel aún no puebla las góndolas a gran escala, sino que aún su producción comercial es limitada porque se trabaja en las pruebas comerciales. Con una producción limitada en chacras propias, la licenciataria local evalúa su adopción local y su potencial exportación.
La situación, de hecho, es muy similar a lo que ocurre en otros países del hemisferio sur, como Chile, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde se espera un avance tras los buenos resultados obtenidos en Europa, donde destacan la calidad, el volumen y el “interés creciente” por parte de los consumidores.
En particular, durante la campaña 2025 en el Viejo Continente la producción escaló un 25% con buenos precios, alta calidad y una buena adopción entre los consumidores.
Así como en Argentina la firma a cargo de su promoción es Moño Azul, en cada país productor hay un socio que integra el programa. Según lo expresado por Red Apple Germany, en Alemania hubo una cosecha récord con altos estándares de calidad. En Francia, Mesfruits y Blue Whale también mostraron el pulgar hacia arriba.
Por su parte, en Suiza, la firma Fenaco consolidó la comercialización mediante alianzas en gastronomía e industria, y en Italia aseguran que el 2025 fue un gran año.
“Con esta base, avanzamos hacia la temporada del hemisferio sur, donde continúan las fases comerciales iniciales y los ensayos, junto a socios estratégicos que fortalecen el desarrollo de Kissabel a nivel global”, expresó Emmanuel de Lapparent, responsable del programa Ifored, el consorcio que impulsa esta variedad de manzanas, tras ser consultado por el sitio Portal Frutícola.
Mientras en Argentina se trabaja en la multiplicación en el único vivero autorizado, “Los Álamos de Rosauer”, en tierras chilenas ya hay indicios de producción comercial y desde Unifrutti, la empresa que tiene allí la licencia, aseguran que el objetivo es enviar lo más rápidamente posible su producción a Brasil.
Por su parte, Australia cuenta hoy con uno de los proyectos más avanzados, y la estrategia de posicionamiento comercial incluye degustaciones, activaciones en puntos de venta, alianzas con restaurantes y campañas digitales. “Nuestro objetivo es posicionar a Kissabel como la manzana ‘foodie’ por excelencia”, explicó Michelle Hau, directora de marketing de Montague Farms, en diálogo con el medio especializado.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció el pasado jueves la mayor inversión privada de la historia provincial: la construcción de una planta de industrialización de fibra de pino de alta calidad en el Parque Industrial de Ituzaingó, a cargo de ARPULP S.A., una empresa con accionistas de larga trayectoria en la provincia.
La iniciativa demandará un desembolso de USD 2.000 millones y generará 13.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, con una capacidad de producción proyectada de 800.000 toneladas anuales y una facturación estimada de 900 millones de dólares por año.
“Dimos un primer paso muy importante para el desarrollo de nuestra querida provincia”, celebró Valdés tras reunirse con AlejandraAranda, CEO de mencionada empresa.
– Juan Pablo Valdez, gobernador de Corrientes, y Alejandra Aranda, CEO de Arpulp
La futura planta será la “más grande del planeta” en producción de fibra larga de pino y la más moderna en su categoría, con tecnología de ingeniería sueco-finlandesa. Se enfocará en la elaboración de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, insumo crítico para la fabricación de pañales, toallas femeninas y productos para la incontinencia, con aplicaciones también en el sector médico y en el desarrollo de telas no tejidas.
Actualmente gran parte de este insumo se importa del exterior, por lo que el proyecto permitirá sustituir esas compras, “agregar valor a la materia prima local y mejorar la balanza comercial mediante el ingreso de divisas genuinas”, informaron.
El impacto de una inversión que sacude al sector forestal
El Consejo Forestal Industrial Argentino (Confiar) celebró el anuncio y lo definió como “uno de los hitos más relevantes para la foresto-industria argentina en las últimas décadas”. La entidad, que representa a un sector con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales (el 80% concentradas en la Mesopotamia), subrayó el valor estratégico del proyecto.
“La llegada de ARPULP no es solo una inversión. Es una señal. Señal de confianza en el país. Señal de que la foresto-industria puede jugar en las grandes ligas. Señal de que el desarrollo productivo, federal y sostenible es posible. Y, sobre todo, señal de que Argentina puede transformar su potencial en crecimiento real”, declararon desde la entidad.
Confiar también ponderó el efecto multiplicador de la inversión sobre toda la cadena foresto-industrial, que actualmente genera empleo formal para 100.000 personas y exporta aproximadamente USD 550 millones anuales. Según proyecciones de la consultora finlandesa AFRY, el valor de la industria forestal mundial se incrementará en más de 210 billones de dólares entre 2019 y 2035.
Para Valdés, el anuncio es resultado de una política de Estado sostenida en el tiempo. “Esto es posible porque generamos las condiciones para que el sector privado confíe, garantizando seguridad jurídica e infraestructura estratégica mediante nuestros 18 parques industriales y los puertos de Corrientes e Ituzaingó”, enfatizó el gobernador.
A su vez, señaló que “esta es una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la provincia, que servirá para crear empleo genuino e impactará en la prosperidad de miles de familias correntinas”.
La radicación en el Parque Industrial de Ituzaingó responde a una planificación de largo plazo que busca aprovechar la infraestructura logística de la provincia, incluida la cercanía con puertos estratégicos.
El cronograma del proyecto tiene metas definidas para los próximos años. Alejandra Aranda precisó que “durante 2026, la prioridad será realizar un estudio ambiental profundo, alineado con los estándares de calidad y seguridad mundiales para esta categoría”. En ese mismo período, se completará también la factibilidad técnica del proyecto. En paralelo, el fondo de inversión Pegasus dará inicio a la búsqueda de financiamiento estratégico de gran escala.
“En esa hoja de ruta, para 2027 estaremos concentrados en la ingeniería básica y de detalle”, agregó la CEO de ARPULP S.A.
Fernando Correa, responsable de la tecnología industrial del proyecto y con amplia trayectoria internacional en la industria forestal, estimó que “si todas las exigencias financieras logran avanzar en término, entre 2028 y 2030 estaremos dedicados a la construcción de la planta modelo, para comenzar a operar a pleno hacia finales de 2030”.
Durante la Semana Santa, el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), emitió una advertencia pública sobre el agravamiento de una situación “muy complicada” en el país.
“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó el dignatario eclesiástico, en una entrevista radial el pasado Domingo de Pascua.
Colombo subrayó, especialmente, el aumento en la demanda de asistencia alimentaria en Cáritas, la crisis financiera que atraviesan las instituciones para personas con discapacidad por falta de pagos estatales. Además, hizo un reclamo formal al Ministerio de Salud para que el Estado active sus instrumentos de contención social.
Aunque el discurso oficial muestra una reducción de la pobreza estadística, la realidad territorial que registra la red religiosa describe un cuadro de vulnerabilidad persistente y en expansión hacia nuevos sectores sociales.
La estructura de Cáritas Argentina es una de las más extendidas de toda la República. Según datos de 2024, cuenta con 2.254 centros con servicio alimentario (comedores, merenderos y espacios de distribución) que atienden a unas 424.649 personas en todo el territorio nacional.
– Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)
Colombo señaló que en los últimos meses se registró “un crecimiento sostenido en la cantidad de personas que piden ayuda”, especialmente en los grandes centros urbanos. El fenómeno no es nuevo. En 2024, el director de Cáritas en Quilmes, David Benítez, ya señalaba que había un “aumento significativo de la demanda” en los 89 comedores de esa diócesis del sur del conurbano bonaerense.
Lo notable de las declaraciones de Colombo es que “la crisis ya no afecta solo a los sectores históricamente vulnerables”, sino también a segmentos de la clase media como jubilados, trabajadores informales desplazados y familias que no tenían experiencia de pobreza previa. La Iglesia, explicó, detecta esto a través de su capilaridad territorial, entre parroquias, centros comunitarios y voluntarios que trabajan en distintos barrios.
“Tenemos necesidad de que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, señaló Colombo.
El contexto presupuestario agrava el cuadro. Para 2026, el Programa Políticas Alimentarias, que financia comedores y merenderos, redujo su presupuesto un 15,8%, pasando de $79.700 millones a $67.104 millones, en un escenario de inflación en alimentos del 32,2% anual. Esto genera la paradoja de una red asistencial que recibe más demanda con menos recursos.
Este es el punto más urgente y concreto del pronunciamiento episcopal. Colombo denunció que “hace meses el Estado dejó de pagar los fondos destinados a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad”.
La Iglesia llevó el reclamo al despacho de Lugones
Colombo es arzobispo de Mendoza y desde 2023 preside la CEA, el organismo que reúne a todos los obispos del país y representa institucionalmente a la Iglesia Católica ante el Estado y la sociedad.
La CEA no es solo una autoridad religiosa. Históricamente en Argentina ha funcionado como termómetro social y mediador político en momentos de coyuntura. Sus señalamientos tienen peso porque la Iglesia administra directamente cadenas de asistencia —principalmente a través de Cáritas— que llegan a rincones donde el Estado no siempre está presente.
– La comisión ejecutiva del Episcopado, encabezada por su presidente, el arzobispo Marcelo Colombo
El 1 de abril la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta formal al ministro de Salud, Mario Lugones, para advertirle que numerosas instituciones que asisten a personas con discapacidad atraviesan una situación de extrema gravedad por el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales. En la nota, el Episcopado sostuvo que la crisis ya compromete la alimentación, los medicamentos y el pago de salarios en hogares y centros de atención.
El documento, publicado en el sitio oficial del Episcopado, es explícito sobre la gravedad del cuadro. Sostiene que muchas instituciones “se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales”, lo que compromete “la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.
La nota también recuerda que en mayo de 2025 ya se había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar”, y concluye con una frase categórica: “La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”.
Colombo además anticipó que en los próximos días habría reuniones entre funcionarios y representantes vinculados a la Iglesia para revisar datos y verificar convenios incumplidos.
Tras casi dos años de investigación, el Ministerio Público Fiscal acusó al exgobernador y a una exministra de encabezar una estructura organizada para entregar tierras públicas a socios y familiares, con beneficios económicos adicionales obtenidos mediante decretos y convenios del Poder Ejecutivo provincial.
La producción local de pasta fluff, un insumo hoy importado y clave para la industria sanitaria, apunta a agregar valor en origen, sustituir compras externas y abrir una nueva escala exportadora para la provincia.
La gira incluyó una delegación de al menos 20 personas, alojamiento en uno de los hoteles más lujosos de Madrid y gastos de pasajes, viáticos y estadía cubiertos en su mayor parte con recursos públicos.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
