Elecciones España | La derecha arrasó a Pedro Sánchez: “No dejaremos que las minorías avancen contra las libertades”
Isabel Díaz Ayuso celebró los resultados de su espacio (Partido Popular) y aseguró que "hoy empieza la derogación del Sanchismo" y que se viene una "nueva España".
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El espacio socialista (Partido Socialista Obrero Español PSOE)del actual presidente de España, Pedro Sánchez, recibió un duro golpe en las elecciones de este domingo donde se votaron las municipales y autonómicas. Cabe destacar que, a fin de año España votará a su nuevo presidente por lo que estos resultados parecen ser una probada de lo que se vendrá.
Al menos, así lo ve el Partido Popular (PP) comandado por el presidente Alberto Núñez Feijoó y la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes celebraron fervientemente los resultados que los posicionó sobre el PSOE con más3 puntos de diferencia.
En su discurso de agradecimiento y con más de 97% de las mesas escrutadas, la dirigente del PP ponderó: “El impresionante resultado de mayo del 2021 no solo que se ha repetido sino que ha ido a más, y eso significa que no hemos defraudado, que este gran camino se ha ensanchado para que podamos gobernar para todos los madrileños, para la inmensa mayoría de los españoles, y lo más importante, para hacerlo en libertad”.
“Ahora comienza un nuevo momento para Madrid y para toda España, empieza un nuevo momento para defender unos grandes servicios públicos, pero sobre todo para defender este modo de ver la vida de manera generosa y liberal“, sumó frente a los cientos de presentes.
Isabel Díaz Ayuso tras los resultados de las #Elecciones28M: “Aquí tienes a la España de siempre con más ganas que nunca. ¡Viva Madrid y viva España!” pic.twitter.com/OXWMd5jCgW
Seguidamente, Ayuso cuestionó al oficialismo por avanzar contra las libertades de los españoles con el único fin de satisfacer a algunas minorías, aunque sin mencionar cuáles. “Vienen unos meses decisivos para España. El resultado de hoy es incuestionable y demuestra que los ciudadanos queremos seguir unidos en torno a esta gran nación”, cerró.
Cada voto marcó una gran diferencia: Horas más tarde, tras haberse sumado el 99% de las mesas escrutadas, los resultados revelaron que el PP obtuvo 6,9 millones de votos (31,53%) frente a los 6,2 millones (28,14%) de los socialistas.
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La Justicia Federal inició formalmente una investigación penal contra Juan Román Riquelme, actual presidente del Club Atlético Boca Juniors, y Ricardo Rosica, secretario general de la institución, por presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. La denuncia quedó registrada bajo el número CCC 23607/2025, según informó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El denunciante es Walter Federico Klix, socio activo del club (N° 113.265), quien presentó la denuncia a título personal ante la justicia federal. En el escrito, se solicita que se investigue una posible maniobra defraudatoria vinculada al manejo de indumentaria deportiva perteneciente a las divisiones inferiores y al equipo de fútbol femenino del club.
Según la denuncia, presentada el 3 de mayo y motivada por una denuncia pública realizada en el programa radial “Lo que queda del día deportivo”, conducido por el periodista Gabriel Anello, se habría producido el desvío y venta de aproximadamente 50.000 camisetas oficiales del club. Las mismas habrían sido comercializadas a través de plataformas como MercadoLibre y Mercado Pago, con un perjuicio económico estimado entre 5.000 y 10.000 millones de pesos.
Durante la emisión radial, Anello afirmó que“las chicas del fútbol femenino tuvieron que jugar una competencia internacional con camisetas Nike compradas en ‘La Salada’ porque no había camisetas disponibles”. También sugirió que “Riquelme hijo, Riquelme padre, Riquelme Chanchi y Rosica” estarían involucrados en un esquema de enriquecimiento ilícito mediante el desvío de entradas e indumentaria.
La denuncia solicita que se tome declaración al periodista Anello, se auditen los estados contables del club, se convoque al tesorero de la institución y se verifique la pertenencia del denunciante al padrón de socios. En el texto se destaca que el objetivo de la denuncia es “contribuir al buen funcionamiento del Club que tanto amamos”, y se busca invocar principios de transparencia institucional.
De acuerdo con el correo oficial emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones, la causa estará a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.º 56, cuya secretaría podrá recibir documentación y trámites relacionados al caso. También intervendrá la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 61.
Desde diciembre de 2023, la economía soportó sucesivos paros y manifestaciones que, según el Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), generaron perjuicios superiores a USD 1.000 millones. El cálculo abarcó dos paros generales y dos del transporte, todos posteriores al primer paro del 24 de enero de 2024 —cuya pérdida “puede haber superado los USD 500 millones”, según coincidieron economistas—, por lo que el costo total podría superar con holgura los USD 1.500 millones.
El segundo paro general, realizado el 9 de mayo de 2024 con amplia adhesión sindical, dejó de producir $489.272 millones de entonces, equivalentes a USD 544 millones. UADE precisó que esa cifra representó el 1,1 % del PBI de mayo y el 24,3 % del PBI del día. Los rubros más golpeados fueron la industria manufacturera (USD 110 millones), educación y salud (USD 90 millones) y los impuestos netos de subsidios (USD 89 millones).
“Para el cálculo de este impacto se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunas actividades prácticamente no sufrieron ningún impacto y otras lo recuperaron rápidamente. Sin embargo, hubo rubros y empresas que sufrieron pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pudieron compensar gran parte de lo perdido, lo hicieron en un plazo mucho más largo”, explicó el economista Martín Álvarez, analista de la UADE.
El 30 de octubre de 2024, la Mesa Nacional del Transporte encabezó un paro sectorial que paralizó buena parte de la logística nacional y provocó pérdidas por USD 204 millones, equivalentes al 0,3 % del PBI mensual. En esta ocasión, los “impuestos netos de subsidios” lideraron el ranking de perjuicios con USD 89 millones, seguidos por la industria manufacturera (USD 66 millones) y la educación (USD 35 millones). “Cabe destacar que la continuación del normal servicio de colectivos (UTA no adhirió) influyó en que la pérdida económica sea menor a la de anteriores paros, en los que el transporte no funcionó en su totalidad”, comentó Álvarez.
Ya en 2025, el último paro general —10 de abril— generó un impacto preliminar de $208.497 millones o USD 194 millones, es decir el 0,3 % del PBI de abril y el 6,4 % del producto diario. “En el caso de que no hubiese habido colectivos, la cifra del costo ascendería a USD 530 millones. Es decir, la posibilidad de tener al menos una línea de transporte disponible disminuye significativamente el impacto real del paro”, recalcó el economista, quien además subrayó: “Hay sectores que sin líneas de colectivos simplemente no pueden trabajar, como pasa con rubros como la construcción o el comercio, que requieren si o sí de la presencialidad”.
A estas cifras se añadió el reciente paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectó a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias provincias. Sin análisis específico aún, UADE estimó pérdidas cercanas a USD 300 millones.
El estudio de UADE mostró que la industria manufacturera y la construcción concentran la mayor parte del daño: registraron pérdidas difíciles de recuperar o solo compensables con mayores costos. El comercio logró recuperar apenas el 35 % de lo no vendido y los restaurantes nada. En el extremo opuesto, el sector financiero recuperó el 99 % de su operatoria, las actividades inmobiliarias el 96 % y la explotación de minas y canteras el 50 %.
Para las pymes comerciales, el impacto resultó evidente. Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), afirmó que “si bien el transporte de colectivos no se vio afectado por la medida de fuerza, se constató un menor nivel de afluencia en los locales comerciales del micro y macro centro durante la jornada del paro”. Añadió que “es evidente la necesidad que existe en el sector comercial Pyme de hacer frente a esta coyuntura de recesión, por lo que un paro de actividades repercute negativamente en este momento”.
Desde la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Day evaluó que “a nivel macro, un impacto del 0,3 % al 1,1 % del PBI mensual no llega a mover la aguja en el total del año, pero a nivel micro el golpe es grande”. Precisó además: “Hay sectores, como el comercio, que pierden mucho con un paro general. Lo que no venden en un día es difícil que lo recuperen en otro y los empleadores tienen que pagar los sueldos igual. En otros casos el impacto no es tan grande, porque tienen forma de sustituir la actividad. En la rama financiera, por ejemplo, muchos trámites se pueden hacer online”.
Con dos paros generales y dos sectoriales medidos, la actividad económica dejó de producir más de USD 1.000 millones durante la presidencia de Javier Milei. De incluirse el primer paro del 24 de enero de 2024, cuyo costo no fue calculado con precisión pero “puede haber superado los USD 500 millones”, las pérdidas globales superarían los USD 1.500 millones.
El pasado sábado 10 de mayo, se dio en la provincia de Corrientes, el evento de charla-debate sobre “La Batalla Cultura: el rol de la cultura y la comunicación en el nuevo escenario político argentino”, donde estuvieron presentes destacados comunicadores como Manuel Jorge Gorostiaga (más conocido como Emmanuel Danann en redes), Álvaro Zicarelli y Eduardo Prestofelippo (El Presto).
“Si un argentino despierto es peligroso, imagínense 40 millones de argentinos unidos contra una dirigencia política que nos quiere destruir”, destacó El Presto, en su exposición sobre la conciencia ciudadana.
Los tres estuvieron en el Hotel Turismo, más precisamente en el primer piso de la capital correntina en el Salón Camba Cuá donde la gente presente colmó la capacidad del lugar, siendo aproximadamente más de 420 personas las que estuvieron en ese momento, entre jóvenes y adultos de Formosa, Chaco y otros lugares.
“Estar sentado hoy aquí para mí es un privilegio, pero es un doble privilegio estar en una provincia que ha hecho cátedra histórica desde la fundación de este país por pararse de manos a la dictadura y al autoritarismo desde el 1800”, subrayó Zicarelli, quién a lo largo de la tarde noche, coincidió en la necesidad de rescatar el protagonismo provincial.
Los invitados fueron traídos por Juan Enrique Braillard Poccard, presidente del Comité Capital del Partido Popular Correntino (PP), en el marco de la Escuela de Gobierno para “defender las ideas de la libertad y trabajar todos los días por un país mejor contra el progresismo”.
“¿A mí qué carajo me importa lo que sucede en la 9 de julio si yo estoy en Corrientes, en Córdoba o en Entre Ríos? Eso, lamentablemente, es un porteñismo que ha destruido el federalismo”, afirmó El Presto, cuestionando al centralismo porteño.
Por la mañana del mismo día, realizaron una entrevista en el medio L17, en el programa “Jóvenes y No Tanto” (JNT), donde abordaron el rol de los medios y hasta el potencial de regiones como Corrientes de ser “una segunda Dubai”.
“No defendemos personas porque las personas fallan. Nosotros siempre dijimos lo mismo, es con Milei, es con Bullrich, es con Macri y es con todos los que están frente al tirano”, dijo Dannan. “A nosotros se nos prohibió velar a nuestros muertos (en pandemia), mientras estos parásitos usaban la residencia de Olivos y la Casa Rosa para enfiestarse con actrices y modelos”, agrego.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
Este domingo 18 de mayo, los porteños acudieron a las urnas para renovar 30 de las 60 bancas de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por primera vez, el Tribunal Electoral porteño autorizó la difusión de resultados oficiales antes de las 21 horas, siempre que se haya contabilizado al menos el 25% del total de las mesas y el 33% de las mesas de cada una de las 15 comunas.
La implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE) agilizó el proceso de escrutinio y permitió que los primeros datos oficiales estén disponibles alrededor de las 19:30 horas. Esta medida busca garantizar la transparencia y brindar información oportuna a la ciudadanía.
Los resultados parciales estarán disponibles en el sitio oficial del Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El escrutinio definitivo, que tiene validez legal, comenzará el martes 20 de mayo y se espera que concluya antes del 2 de junio.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
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