Italia decretó estado de emergencia migratorio por 6 meses
Ante el aumento en el arribo de migrantes que podría colapsar el sistema italiano, el gobierno de Giorgia Meloni decretó estado de emergencia nacional.
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El Gobierno de Giorgia Meloni avanzó con una de sus propuestas de campaña. Decretó la “emergencia migratoria por 6 meses” y por eso estarán sujetos a una completa revisión todas las personas que llegaron a Italia de una manera irregular. En los casos que encuentren a quiénes no cumplan con los requisitos para ingresar al país, el Estado estará habilitado en expulsar de inmediato a esa persona.
La medida de la primera ministra ya genera fricciones con la Unión Europea. Las leyes migratorias de Bruselas son más laxas a la hora de analizar la situación de los inmigrantes ilegales. Pero Georgia Meloni argumenta que Italia recibe decenas de miles de inmigrantes que llegan a sus costas desde África. Por la proximidad, usan a la península como puerta de entrada para establecerse en Europa.
Giorgia Meloni, primer ministra italiana.
Desde que llegó al Gobierno, Georgia Meloni presiona a la Unión Europea para que haya leyes aún más duras contra los inmigrantes ilegales. Para la premier italiana, debe contemplar 2 problemas en simultáneo: ubicar y expulsar a los que están en la UE sin sus papeles en regla. Pero más importante todavía es lograr controles efectivos que eviten la llegada de miles de inmigrantes ilegales año tras año.
Meloni viajó a Bruselas, al Consejo Europeo con datos concretos del problema que tiene Italia como “puerta a Europa”. En solo 3 días, barcos, chalupas y balsas llevaron a la península 3 mil personas que desde el África buscan una vida mejor en el viejo continente.
Inmigrantes ilegales llegan desde África a Italia.
El problema europeo
La postura del Gobierno italiano busca acelerar una respuesta de la Unión Europea. Cuando habló en Bruselas, Meloni hizo un razonamiento simple: “La inmigración ilegal es un problema europeo y debe ser resuelto con una acción uniforme europea”. Mientras eso no ocurre, Italia hace causa común con Austria, otro de los países que quieren leyes mucho más duras en materia de migraciones.
Las llegadas de grupos de migrantes se multiplicó en 2023, en gran parte al desaparecer los controles que se mantuvieron de manera residual por el Covid-19. Italia ya ha superado las 31 mil personas llegadas desde el inicio de 2023, casi 4 veces más que las cerca de 8 mil de 2022. Además, 3002 de estos inmigrantes han llegado en los últimos 3 días. El récord se dio el 7 de abril, cuando el servicio guardacostas notificó el ingreso de 1389 intentando llegar al país.
Las llegadas a Italia ascendieron superaron las 31.000 desde el inicio de 2023, casi cuatro veces más que las cerca de 8.000 de 2022, con 3.002 migrantes en los últimos tres días, y un récord de 1.389 el pasado viernes, 7 de abril, según informó el medio ondavasca.
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Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
