El Primer Ministro de Annobón denunció al gobierno de Milei de negociar con “la dictadura más longeva del mundo”

En un mensaje directo, el Primer Ministro de Annobón acusó al gobierno argentino de legitimar al régimen de Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial, responsable de un genocidio silencioso contra el pueblo annobonés
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El Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, difundió un video esta semana dirigido al presidente Javier Milei en el que manifiesta su preocupación ante los recientes contactos diplomáticos entre funcionarios del gobierno argentino y representantes de la dictadura de Guinea Ecuatorial.

El mensaje se centra en una reunión mantenida en la sede de la Embajada de Guinea Ecuatorial en Etiopía. Según denunció Cartagena Lagar, allí se encontraron el embajador argentino ante la Unión Africana, Juan Ignacio Roccatagliata, y el embajador ecuatoguineano Miguel Ntutumu Evuna Andeme.

“Nos preocupa profundamente que un representante de su gobierno se haya sentado en la mesa con la dictadura más longeva del mundo”, expresó el Primer Ministro. Además, advirtió que dicha instancia fue celebrada a puertas cerradas y sin información pública clara sobre su contenido o propósito.

Cartagena Lagar hizo foco en las graves denuncias que pesan sobre el régimen de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979. En particular, se refirió al “genocidio que sufre el pueblo annobonés” y a la “violación sistemática de los derechos humanos” por parte de ese gobierno.

En un tono directo, solicitó a Javier Milei que se pronuncie públicamente: “Le pedimos por favor que su gobierno escuche la voz del pueblo argentino, que ha demostrado su preocupación por la frágil situación de nuestra nación”, afirmó. La frase más resonante llegó al final del mensaje: “Estamos esperando una respuesta de su parte”.

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El reclamo encendió alertas en redes sociales y en algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, que siguen de cerca la situación en Annobón, una isla remota y olvidada bajo dominio ecuatoguineano, donde diversas denuncias apuntan a un sistemático proceso de represión étnica, censura, persecución política y aislamiento.

Hasta el momento, el gobierno argentino no emitió ninguna declaración oficial sobre la reunión mencionada ni sobre el contenido de los reclamos y, por su parte, la Cancillería, encabezada por Gerardo Werthein, tampoco respondió consultas de periodistas sobre si estaba al tanto de los encuentros denunciados ni si existe una agenda formal de cooperación con Guinea Ecuatorial.

Desde Annobón, el Primer Ministro ofreció su disponibilidad para dialogar directamente con el presidente Milei, reiterando su voluntad de entablar canales democráticos de comunicación. Cerró su mensaje con un grito repetido tres veces: “Ambô legadu”, expresión identitaria del pueblo annobonés, que significa “somos legado”.

– Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979

La conexión entre Annobón y Argentina no es nueva. Durante el siglo XVIII, la isla africana formó parte del Virreinato del Río de la Plata, bajo administración de Buenos Aires, como resultado de una reorganización de las rutas atlánticas por parte de la corona española. Durante ese breve período, dependió administrativamente de Buenos Aires y se utilizó como escala para el tráfico de esclavos hacia América del Sur.

Hoy, esa conexión histórica es utilizada por Cartagena Lagar para construir un puente diplomático con el país: “Nos une una historia colonial común. Hablamos español. Pero más que eso, compartimos la experiencia del sometimiento y la voluntad de libertad”, señaló.

En 2022, Annobón declaró unilateralmente su independencia de Guinea Ecuatorial, aunque hasta el momento no ha sido reconocida por la comunidad internacional. En 2025, la isla solicitó formalmente ser parte de la República Argentina, apelando al hecho histórico de haber formado parte de la capital del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires.

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Trump pidió eliminar el comité de la ONU que cada año respalda el reclamo por las Islas Malvinas

El gobierno de Donald Trump pidió eliminar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro donde la Argentina sostiene cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El planteo llegó el pasado jueves 15, durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General en Nueva York. Allí, la representante estadounidense Tammy Bruce solicitó la finalización del mandato del organismo y calificó parte de su actividad como un despilfarro de recursos.

Desde el principal aliado internacional de la Casa Rosada llegó así una iniciativa que beneficia al Reino Unido y perjudica a los intereses argentinos. Ocurrió en plena ofensiva del Gobierno por el archipiélago y contra la explotación petrolera en sus aguas.

—El comunicado oficial de la ONU que da cuenta del pedido de Estados Unidos para terminar con el mandato del Comité Especial de Descolonización

De acuerdo con el comunicado de prensa GA/SPD/841 que difundió la ONU, la funcionaria afirmó que el comité “dejó de cumplir su propósito original”. Recordó que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros, mientras el organismo “opera como si nada hubiera cambiado” y revisa los mismos textos cada año. También apuntó contra “los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur”, que consideró una pérdida de tiempo y de dinero para la organización.

Como ejemplo eligió a Puerto Rico. La Asamblea General quitó a la isla de la lista de territorios no autónomos en 1953, pero el comité celebra audiencias sobre ella todos los años. “Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” en campañas políticas, remató. Su intervención no mencionó a las Malvinas.

El C-24, como se lo conoce en la jerga diplomática, nació en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General para impulsar el fin del colonialismo. Lo integran 29 Estados y examina 17 territorios no autónomos, diez de ellos bajo administración británica, Malvinas incluida. Desde 1983 aprueba cada año una resolución que insta a Buenos Aires y Londres a negociar la soberanía, en línea con la resolución 2065 de la Asamblea General, de 1965. Estados Unidos abandonó el comité en 1971, con el argumento de que no le permitía cumplir un rol constructivo.

En esa misma sesión, la Cuarta Comisión aprobó más de 20 proyectos de resolución y una decisión, muchos surgidos de recomendaciones del C-24. Estados Unidos, el Reino Unido e Israel fueron los únicos votos en contra del texto sobre difusión de información sobre descolonización, que reunió 164 apoyos. La delegación británica, por su parte, reclamó que el comité reconozca la “modernización” de su vínculo con los territorios de ultramar.

Para Javier Milei, la jugada abrió la primera diferencia geopolítica con Trump. El Presidente comparte con el republicano la desconfianza hacia la eficacia de la ONU, pero considera al C-24 uno de los pocos escenarios multilaterales disponibles para el reclamo. 

Se espera que el canciller Pablo Quirno anuncie el rechazo argentino ante el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, que llegan esta semana a Buenos Aires para promover una iniciativa de infraestructura con inversión estadounidense. El viernes, Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos “reafirmaron la solidez de la asociación”, aunque no trascendió si conversaron sobre las islas.

Para cerrar el comité hace falta la aprobación de la Asamblea General. Allí Estados Unidos no tiene poder de veto, y el C-24 cuenta con el aval de una amplia mayoría de países.

La postura de Washington choca con el discurso de Milei en la última Asamblea General. “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional”, dijo el Presidente desde el atril neoyorquino, donde acusó a la ONU de “inútil” y de “mirar hacia otro lado con la causa”. Recordó que hace 50 años la resolución 31/49 pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales y se preguntó “de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario”.

Los tres cancilleres de Milei defendieron el reclamo ante el C-24. Diana Mondino recordó en 2024 los 191 años de ocupación británica. Un año después, Gerardo Werthein la definió como “un acto colonial, contrario al derecho internacional”. En junio pasado, Quirno denunció la “militarización” del archipiélago y rechazó el argumento británico de la libre determinación: “Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos”.

El pedido de Washington coincidió con el momento de mayor tensión con Londres. La Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, y el Reino Unido respaldó de manera explícita a las empresas involucradas. Compañías estadounidenses también expresaron su preocupación por las sanciones que prevé la Ley de Soberanía.

Trump había alentado la estrategia oficial cuando evaluó revisar la neutralidad histórica de su país sobre el archipiélago y se ofreció como mediador. Sin embargo, después de reunirse el 22 de septiembre con el primer ministro británico, Andy Burnham, descartó esa mediación.

La ofensiva contra el C-24 forma parte de los recortes que Washington impulsa en la ONU como su principal contribuyente. Esos recortes coinciden con la carrera para suceder a António Guterres, en la que compite el argentino Rafael Grossi con el apoyo de Milei.

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