La denuncia involucra a cinco funcionarios públicos de Unión por la Patria. Son investigados por las autoridades judiciales de los Estados Unidos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El caso se originó en los tribunales de Nueva York. El documento judicial fue trasladado a los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la supervisión del juez Julián Ercolini, quien deberá solicitar la información recopilada en Norteamérica para ampliar la investigación contra los funcionarios gubernamentales en cuestión.
Entre los acusados se encuentran José Ignacio “Vasco” de Mendiguren, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; Carlos Montaña, Director de la Unidad Ministerial del Ministerio de Seguridad de PBA; Diego Benítez, Subsecretario de Obras Públicas PBA; Matías García, Director del Servicio de Agua y Alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, y Ana María Bazán, abogada supuestamente vinculada a la Asesoría General de Gobierno del Gobernador Axel Kicillof.
La investigación comenzó tras la presentación judicial realizada por Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes descubrieron movimientos financieros ilegales hacia cuentas bancarias en el extranjero, en territorio estadounidense.
Sin embargo, la denuncia es solo una parte de una investigación mucho más amplia iniciada por el abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan en los Estados Unidos, basada en documentos en posesión de las autoridades judiciales estadounidenses. Este abogado representa a dos grupos de bonistas que ganaron un caso legal contra el Estado de Buenos Aires por un monto de superior a los USD 35 millones, al solicitar bonos fuera del canje ofrecido por el Gobernador, Axel Kicillof.
