El parlamento ruso aprobó una ley que prohíbe la difusión de “propaganda gay”

Por unanimidad los legisladores rusos aprobaron un proyecto de ley que prohíbe toda forma de "publicidad homosexual" en libros, redes sociales, peliculas y series.
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El país comandado por Vladímir Putin intensifica su lucha contra la comunidad homosexual e implementará una nueva restricción de toda propaganda LGBT+ que afectará desde libros, películas hasta las redes sociales.

Este jueves los legisladores rusos aprobaron por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe toda forma de “propaganda gay”, un proyecto similar ya regía únicamente para los menores de edad, en lo que el Primer Mandatario considera cuidar las mentes de los niños, pero ahora comenzará a regir también para los adultos que hagan pública cualquier relación homosexual.

Rusia aprobó un proyecto de ley para prohibir la divulgación de material homosexual.
Vladímir Putin, presidente de Rusia

En paralelo, los activistas de los derechos humanos se encuentran ofuscados por el avance constante contra las libertades de la comunidad LGBTQ en Rusia, pero aún apuestan a la posible negativa de la Cámara Alta para que este proyecto no se convierta en ley.

El legislador Vyacheslav Volodin del partido Rusia Unida, explicó que este proyecto “protegerá a nuestros hijos y el futuro del país de la oscuridad difundida por los Estados Unidos y Europa”. Y explicó en la Cámara Baja del Parlamento: “Cualquier propaganda de relaciones sexualidad no tradicionales tendrá consecuencias”.

Las protestas en Rusia claman por detener la "homofobia".
Las protestas en Rusia claman por detener la “homofobia”

“Tenemos nuestras propias tradiciones y valores”, agregó en clara sintonía con los principios conservadores que promueve el presidente Vladímir Putin.

El proyecto de ley también apunta de lleno a la comunidad trans dado que especifica que no podrán realizarse más shows de drags y tampoco promover la “propaganda de la pedofilia y el cambio de sexo”. Por lo que serán retiradas cualquier tipo de promoción a estas especificaciones de libros; en redes sociales; propagandas radiales, televisivas, revistas impresas y en películas y series.

Vyacheslav Volodin, legislador por Rusia Unida apoyó la iniciativa bajo el fundamento de "proteger las mentes de los niños y el futuro del país"
Vyacheslav Volodin, legislador por Rusia Unida, apoyó la iniciativa bajo el fundamento de “proteger las mentes de los niños y el futuro del país”

En ese contexto, varios productores de cine y editores de libros rusos se han mostrado preocupados por el avance de esta propuesta, diciendo que podría dar lugar a la prohibición de algunos clásicos rusos como “Lolita”.

Quienes infrinjan estas normativas se enfrentarán a grandes multas que ascienden a 10 millones de rublos (lo que se traduce en 165 mil dólares).

Gobierno ruso

La Duma Estatal ya adelantó que, de convertirse en ley este proyecto, se realizará una limpieza exhaustiva en los sitios web que contengan “información prohibida”. Y también respondieron a las inquietudes de los productores: “Las películas que promuevan este tipo de relaciones no recibirán un certificado de distribución”.

LA RESPUESTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL Y ACTIVISTAS

La minoría que se atreven a ir en contra del Gobierno como los activistas de los derechos LGBTQ+ claman que no se adopte esta medida, alegando que prohibirá cualquier mención pública de los homosexuales y tal vez termine desembocando en una persecución.

En el mismo sentido, Amnistía Internacional (AI) señaló que, tras la primera lectura que la legislación enmendada aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso y que alcanzará un nivel completamente temible: “El nuevo proyecto de ley de ‘propaganda gay’ no solo priva descaradamente a las personas LGBTI de su derecho a la libertad de expresión y respalda su discriminación, sino que probablemente también dará lugar a un aumento de los ataques violentos y otros delitos motivados por el odio contra ellas“, fundamentó la directora para Europa del Este y Asia Central de AI, Marie Struthers.

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Un soldado israelí destruyó a mazazos una escultura de Jesús frente a un santuario cristiano

Una fotografía que se viralizó muestra a un soldado israelí armado con un hacha o mazo destruyendo el rostro de una escultura de Jesucristo crucificado en la aldea cristiana de Debel, en el sur del Líbano.

“Uno de los soldados israelíes rompió la cruz e hizo esa cosa horrible, esta profanación de nuestros símbolos sagrados”, lo describió así el cura de la aldea, Fadi Falfel.

Tras una investigación interna, el Ejército israelí confirmó que el soldado pertenece a sus filas y prometió aplicar “la máxima severidad” en las medidas que correspondan. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó estar “sorprendido y entristecido”, condenó el hecho “en los términos más enérgicos” y lo calificó como contrario a los “valores judíos de tolerancia”.

“Ayer, como la inmensa mayoría de los israelíes, me quedé atónito y entristecido al enterarme de que un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dañó un icono religioso católico en el sur del Líbano”,  afirmó Netanyahu, añadiendo que “como Estado judío, aprecia los valores basados en la tolerancia y el respeto mutuo entre los seguidores de todas las religiones”.

En la misma línea, el canciller Gideon Sa’ar lo destacó como un acto “grave y vergonzoso” y pidió disculpas a todos los cristianos que se hayan sentido ofendidos. Además, Israel prometió reparar el santuario y colaborar con la comunidad para recolocar la estatua de Cristo.

El viceprimer ministro polaco Radosław Sikorski elogió a Sa’ar por disculparse, lo que desató un intercambio tenso en X entre funcionarios israelíes y el gobierno polaco.

“Los propios soldados de las FDI admiten haber cometido crímenes de guerra. No solo mataron a civiles palestinos, sino incluso a sus propios rehenes”, expresó Sikorski, agregando que “Israel debería de aprender del incidente”, en aparente referencia a la extensa ofensiva israelí en Gaza, que dejó más de 70.000 palestinos muertos, además de rehenes israelíes, como resultado de ataques aéreos y terrestres.

La campaña, que se prolongó durante dos años, fue lanzada en respuesta a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Sa’ar replicó acusando a Sikorski de difundir “declaraciones difamatorias” contra las FDI.

El hecho ocurre en un momento geopolíticamente delicado. El alto el fuego entre Israel y el Líbano —mediado por Estados Unidos y anunciado por el presidente norteamericano Donald Trump— entró en vigor en abril de 2026, pero Israel ha mantenido tropas desplegadas en el sur del país, y el ejército libanés ya denunció violaciones del acuerdo. Israel justificó su presencia en posiciones clave incluso después del cese al fuego, lo que mantiene a comunidades como Debel bajo ocupación de facto mientras se negocia la paz.

Esto significa que la profanación ocurrió en territorio libanés que Israel sigue controlando militarmente, no en el fragor de un combate activo, lo que agrava la percepción del acto como un comportamiento deliberado e innecesario.

Patrón sistemático 

El diario libanés L’Orient-Le Jour y la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (que incluye al cardenal Pierbattista Pizzaballa) señalaron que no se trata de un caso aislado.

Entre los antecedentes documentados figura la profanación, en el otoño de 2024, de un monasterio y de una estatua de San Jorge en el sur del Líbano por parte de soldados israelíes, según fotografías difundidas como evidencia.

En octubre de ese mismo año, un ataque aéreo destruyó la iglesia greco-católica de Derdghaya, construida en 1911 y considerada patrimonio histórico, y provocó la muerte de ocho personas. Meses antes, en noviembre de 2023, la Fuerza Aérea israelí había dañado parcialmente la iglesia greco-católica de San Jorge, en Yaroun. Según el medio libanés, “mezquitas e iglesias son blancos frecuente de ataques israelíes”.

La Asamblea Católica de Tierra Santa fue contundente al señalar que el acto “revela una preocupante falla en la formación moral y humana” del Ejército israelí y exigió “acción disciplinaria inmediata y determinante”.

La BBC calificó el caso como uno que “desató indignación” a nivel mundial, mientras que organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada recordaron que “ninguna circunstancia puede justificar actos que hieren la dignidad religiosa de las comunidades”.

En otro caso polémico en el que se vio implicada la Iglesia Católica, el padre Pierre al Rahi murió el 9 de marzo cuando un tanque israelí disparó contra una casa situada en el pueblo de Qlayaa, en la frontera sur del Líbano. El papa León XIV reaccionó expresando su “profundo dolor por todas las víctimas de los atentados de los últimos días en Oriente Próximo”, incluido “el padre Pierre El-Rahi, sacerdote maronita asesinado esta tarde en Qlayaa”.

Se estima que alrededor del 30% de la población libanesa es cristiana, en un país que además constituye el único de Oriente Próximo donde el poder se reparte formalmente entre musulmanes chiíes y suníes, por un lado, y cristianos, por el otro, en el marco del llamado Pacto Nacional.

Líbano reúne diversas minorías cristianas, entre ellas los católicos maronitas, que alguna vez fueron mayoría y hoy son minoría, los greco-ortodoxos, los greco-católicos melquitas y los armenios apostólicos. Como ocurre con otras comunidades religiosas del país, muchos cristianos han quedado atrapados en medio del conflicto entre Israel y el grupo chií Hezbolá.

Reino Unido aprobó una prohibición del tabaco para todos los nacidos desde 2009

El Reino Unido acaba de aprobar una de las leyes antitabaco más ambiciosas de la historia moderna. El Parlamento británico dio luz verde al Tobacco and Vapes Bill, una legislación generacional que prohíbe de forma permanente la venta de tabaco a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Solo queda pendiente la firma del rey Carlos III para que sea ley oficial, con entrada en vigor prevista para 2027.

“Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegidos toda una vida de adicción y daño”, aseguró el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, y agregó que se trata de un momento “histórico” para el país.

— El presidente británico, Keir Starmer

La edad legal para comprar tabaco (actualmente 18 años) aumentará un año por cada año calendario que pase. Esto significa que quienes nacieron en 2009 nunca llegarán a una edad en que puedan comprarlo legalmente, sin importar cuántos años tengan en el futuro.

La lógica es simple, ya que la barra siempre estará un año por delante de ellos. Un ejemplo concreto lo ilustra con claridad. En 2027, si la edad mínima subiera a 19 años, quienes nacieron en 2009 tendrían 18 y no podrían comprar. En 2030, con un piso de 22 años, esos mismos nacidos en 2009 tendrían 21 y seguirían sin poder hacerlo. Y en 2060, cuando la edad mínima llegara a 52 años, tendrían 51, por lo que tampoco estarían habilitados para comprar.

La ley alcanza a todas las personas nacidas el 1 de enero de 2009 o después, es decir, a quienes hoy tienen 17 años o menos. Se aplicará en todo el territorio del Reino Unido, incluidos Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La sanción recae sobre comercios y empresas, no sobre los individuos que intenten comprar. Es el vendedor el que comete una infracción legal.

“Esta legislación pionera transformará la salud de la nación. Un futuro sin humo significa que la industria tabacalera no será capaz de causar estragos en los pulmones de la próxima generación”, destacó Sarah Sleet, directora ejecutiva de Asthma + Lung UK.

La ley no se limita al cigarrillo tradicional. La medida incorpora además un conjunto de restricciones específicas sobre el vapeo, entre ellas la prohibición de vender vapeadores a menores de 18 años y de comercializarlos en máquinas expendedoras, la veda a su distribución gratuita y la facultad del gobierno para regular sabores especialmente atractivos para adolescentes, como los de frutas o dulces, así como el diseño de envases llamativos. También establece límites para su uso, al prohibir vapear dentro de vehículos en los que viajen menores, en parques infantiles y en los alrededores de hospitales y escuelas.

Sin embargo, el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, prometió el mes pasado en una columna de opinión que, si su fuerza gana las elecciones generales de 2029, derogará la norma, a la que calificó de “idiota”.

“¿Cómo se supone que va a funcionar la prohibición?”, preguntó Farage en The Telegraph. “Dentro de diez años, una persona de 27 años no podrá comprar cigarrillos legalmente, pero una de 28 sí podrá hacerlo”, argumentó.

Según Daily Mail, se permitirá la excepción de vapear en las zonas exteriores de los hospitales como herramienta de apoyo para aquellas personas que estén intentando dejar de fumar.

Motivaciones de la prohibición

Esta iniciativa fue lanzada originalmente por el gobierno conservador de Rishi Sunak y continuada por el actual gobierno laborista de Keir Starmer, un dato que refleja un consenso político inusual en el Reino Unido.

El Reino Unido se inspira en Nueva Zelanda, que intentó una medida similar aunque luego la revirtió. Si esta ley se sostiene, el Reino Unido se convertiría en el primer país de gran escala del mundo en avanzar de forma real hacia una generación no adicta de tabaco.

Desde Cancer Research UK también señalaron que la ley representa un logro histórico y que, además, podría contribuir a poner fin a los cánceres provocados por el tabaquismo.

Solo en Inglaterra, fumar causa aproximadamente 400.000 hospitalizaciones anuales y se atribuye a 64.000 muertes cada año. De acuerdo con el NHS, el sistema público de salud británico, los gastos para tratar enfermedades relacionadas con el tabaco como el cáncer y afecciones cardiovasculares rondan los USD 3.750 millones al año. Las estimaciones del periódico sitúan el coste social total entre USD 26.600 millones y USD 34.500 millones anuales, destacando como factor principal la pérdida de productividad.

El Gobierno y las instituciones de salud británicas impulsan la prohibición asegurando que contribuirá a salvar vidas y reducir los efectos negativos del tabaquismo, con el respaldo de asociaciones médicas y entidades de salud pública.

Brasil le cerró el mercado al biodiésel argentino con una barrera regulatoria

El Consejo Nacional de Política Energética de Brasil (CNPE) aprobó el pasado 1 de abril una resolución que establece que todo el biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil debe provenir únicamente de unidades de producción autorizadas por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). La medida, impulsada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, impidió de hecho la importación de biodiésel argentino para cumplir con el mandato de mezcla obligatoria, que se ubica actualmente en el 15%.

La barrera regulatoria adquiere relevancia en el contexto del vínculo comercial entre ambos países. Si bien la molienda de soja en Brasil creció para ampliar la oferta interna de aceite, el elevado consumo de biodiésel obliga al país a importar aceite de soja desde la Argentina. Según estimaciones de la entidad que agrupa a la industria aceitera brasileña, Abiove, en 2026 Brasil deberá importar 125.000 toneladas de aceite de soja, frente a las 105.000 y 100.000 toneladas importadas en 2025 y 2024 respectivamente.

En la actual coyuntura económica, resultaba factible para Brasil reemplazar esas importaciones de aceite argentino directamente por biodiésel de ese origen. Sin embargo, la normativa aprobada por el CNPE clausuró esa posibilidad. Como alternativa, Brasil instrumentó el uso de materias primas locales para la producción de biodiésel, entre ellas el sebo bovino, el aceite de algodón y el aceite usado de cocina.

El pasado 1 de marzo, según el cronograma establecido, el país tendría que haber incrementado el corte de biodiésel con gasoil al 16%, pero el gobierno de Lula resolvió posponer esa medida por tiempo indefinido. En sentido contrario, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), que representa los intereses del sector agropecuario, solicitó al Ministerio de Minería y Energía que eleve la mezcla obligatoria al 17%, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno del combustible a precios razonables.

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