El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, denunció que los cuestionamientos que hizo Alberto Fernández a la justicia de ese país son “impertinentes e impropios”.
Este conflicto se desató luego de que el mandatario argentino criticara al poder judicial chileno en la carta que le envió a Guillermo Lasso, su par ecuatoriano. Fue allí donde se refirió a la postergación del juicio del caso por presupuesta corrupción política “SQM” (el caso que involucra al excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami, miembro del Grupo Puebla, al igual que Fernández) y dijo que “la Justicia se puso al servicio de quienes persiguen opositores”.
En ese contexto, Cordero rechazó las críticas de Jefe de Estado y los calificó como “impertinentes e impropios”. “Es un hecho público y notorio lo que sucede con las extensiones de los juicios orales, pero una cosa muy distinta es transformar eso en problemas de proceso y garantía”, declaró el ministro y le pidió a Fernández que sea “respetuoso con las instituciones”.
No es la primera vez que el mandatario argentino critica a la justicia del país vecino. A mediados de febrero participó en una carta del Grupo Puebla en la que 29 firmantes denunciaban que “desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera”. Entre esos 29, estaban: El expresidente ecuatoriano Rafael Correa; el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero; el ex jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales y Martín Torrijos, de Panamá, entre otros.
Sin embargo, Cordero cargó -en declaraciones a la prensa local- únicamente contra el presidente argentino y dijo que “no se atreviera a opinar sobre el desempeño de los jueces de la Justicia chilena” y calificó el contenido de “improcedente e impropio”.
El caso señalado por Fernández aún está siendo investigado. Tras ocho años, el tribunal ordenó la postergación del juicio y se abrió otro sumario, en el marco de una indagatoria interna en contra de jueces y funcionarios del Poder Judicial. La investigación se centra en la presunta financiación ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, una de las mineras más importantes del país.
