El candidato de izquierda Yamandú Orsi fue electo presidente de Uruguay
Este domingo, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, ganó la segunda vuelta presidencial en Uruguay con el 49% de los votos, derrotando al oficialista Álvaro Delgado. La izquierda vuelve al poder tras su etapa de 2005 a 2020.
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La dupla Yamandú Orsi-Carolina Cosse alcanzó la victoria en estas elecciones, en la que contaron con el respaldo de “Pepe” Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y uno de los dirigentes más populares del país. El presidente electo, nacido en el departamento de Canelones y profesor de historia, anteriormente fue intendente de Canelones, entre 2015 y 2024 cuando renunció para dedicarse a la campaña presidencial.
En esta ocasión el gobierno electo no contará con mayoría parlamentaria. La izquierda cuenta con 16 senadores, pero tiene 48 diputados y necesita 50 para lograr una mayoría que apruebe los proyectos de ley.Por lo tanto el gobierno tendrá que entablar un diálogo con la oposición para lograr pasar las propuestas que tenga para el país oriental.
Desde Cancillería Argentina, alrededor de las 10 de la noche de ayer, se emitió un comunicado felicitando al candidato ganador, y ratificando el compromiso de trabajar con Uruguay para fortalecer la agenda en común y garantizar el bienestar de ambos países.
Por su parte, el presidente electo Orsi dialogó esta mañana con Radio Mitre, y allí dejó en claro que más allá de las diferencias filosóficas que pueden haber con la administración de Milei, la relación entre ambos países se debe construir desde “el sentido común”. “La relación con Argentina tiene que ser muy buena, no tenemos otra chance”, manifestó en este sentido, en donde también destacó la actitud del gobierno argentino actual de permitir el dragado del Río de la Plata para realizar obras en el puerto de Montevideo.
Además, puso como ejemplo las protestas por las plantas de celulosas sobre el río Uruguay, que llevó al corte de los puentes que unen ambos países y numerosas protestas. A pesar de que gobernaban partidos afines ideológicamente, como el Kirchnerismo y el Frente Amplio, las tensiones y disputas estuvieron igual. Este ejemplo pone de manifiesto que la afinidad ideológica no te garantiza que no puedan haber diferencias. Y que sí puede haber diálogo y buena relación entre ambas administraciones a pesar de las discrepancias, en una clara señal de pragmatismo internacional.
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El Gobierno de Javier Milei reglamentó el 12 de junio de 2025, mediante su publicación en el Boletín Oficial, el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y el Estado de Israel, y habilitó el pago de subsidios y asignaciones para ciudadanos israelíes con residencia legal en el país. El instrumento había sido firmado en Jerusalén el 7 de febrero de 2024 y entró en vigencia el 1 de mayo de ese mismo año.
El tratado bilateral original fue suscripto en Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017 y aprobado por la Ley 27.641. Ambas partes corrigieron posteriormente la fecha de entrada en vigor. Con la reglamentación oficial, las disposiciones dejaron de ser meramente declarativas y pasaron a incorporarse plenamente al sistema jurídico argentino.
El convenio estableció que cualquier ciudadano israelí con residencia legal accedería a las mismas prestaciones que un ciudadanoargentino: jubilaciones ordinarias, pensiones por fallecimiento, asignaciones por maternidad, cobertura por discapacidad y demás beneficios contributivos previstos en la legislación previsional. A cambio, los argentinos que residan en Israel recibirán cobertura equivalente dentro del sistema de seguridad social de ese país, bajo un esquema de plena reciprocidad que abarca tanto aportes ya efectuados como los futuros.
Para garantizar la operatividad, el texto reglamentado precisó que los períodos de aportes realizados en uno u otro territorio podrán sumarse a los fines de completar los requisitos de años de servicio exigidos por cada régimen. También contempló la transferencia de documentos laborales y la coordinación administrativa entre las cajas previsionales de ambos Estados.
La decisión de avanzar con la reglamentación se conoció pocos días después de la visita oficial de Javier Milei a Tel Aviv, donde pronunció un discurso ante el Parlamento israelí junto al primer ministro, Benjamín Netanyahu. “He dicho, desde el principio de mi gestión, que considero a Israel, junto a los Estados Unidos, nuestro socio estratégico más importante”, afirmó el Presidente. En la misma presentación añadió: “No hemos titubeado en declarar a Hamás como una organización terrorista, y tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que, en 2026, haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la Ciudad de Jerusalén Occidental, como lo prometimos”.
“No voy a hablar de eso”: El Canciller argentino, Gerardo Werthein
Los detractores de la medida subrayaron en las redes la contradicción entre la extensión de beneficios a extranjeros y el ajuste aplicado sobre la población local; el oficialismo respondió que el convenio forma parte del acercamiento estratégico con Israel y que las erogaciones estarán compensadas por las prestaciones que el sistema israelí brindará a los argentinos que residen allí.
Además se enfatizó que el convenio opera sobre la base contributiva, por lo que los beneficiarios deberán realizar los aportes correspondientes para acceder a las prestaciones.
El Poder Ejecutivo destacó que la reglamentación garantiza “seguridad jurídica” y brinda un marco claro a trabajadores y empleadores de ambas nacionalidades. Con el texto operativo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y su contraparte israelí iniciarán los trámites de reconocimiento recíproco de períodos de aporte y el intercambio de información previsional.
En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido.
En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.
La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.
La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas.
Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.
Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.
La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.
El escenario es Tres de Febrero, un municipio del conurbano bonaerense donde las promesas de la “nueva política” chocan de frente con las prácticas más arraigadas de la vieja política. La Libertad Avanza, el partido del Presidente Javier Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta por su armado territorial, que no sólo incorpora figuras inesperadas, sino también a personajes con historiales explosivos que desafían el discurso anti-casta del oficialismo.
El caso central gira en torno a Agustín Álvarez, un joven militante de 28 años oriundo de Caseros, que hace una pirueta ideológica asombrosa: de la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois que toma campos y establecimientos, a las filas del mileísmo. Un volantazo político que, por sí solo, ya genera controversia y pone en evidencia la permeabilidad de las estructuras libertarias en el territorio.
Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es tanto el origen político de Álvarez, sino las figuras que lo acogen y la red que se teje a su alrededor. El ingreso de Álvarez se da bajo el ala de Ramón “Nene” Vera, un diputado provincial bonaerense de LLA que, según se denuncia, opera desde las sombras en el distrito, construyendo una red de lealtades que aspira a controlar una porción clave del poder local. Vera es recordado por una causa en la que ha vendido pollos descompuestos a escuelas de Buenos Aires, hace algunos años, aparte de haber sido candidato a intendente de Cristina Fernández de Kirchner.
El gran protagonista de esta trama, y el más controvertido, es Fabricio Martínez. El nuevo coordinador de LLA en la Tercera Sección Electoral —aquella con más votantes— y mano derecha de Sebastián Pareja —armador de LLA en la provincia de Buenos Aires y alfil de Karina Milei—, Martínez es un ex líder de la barra-brava de Laferrere. Su prontuario es interesante: sobrevivió a un intento de asesinato en 2022 con 35 impactos de bala en su auto, fue filmado en 2023 disparando al aire desde un colectivo, y no tiene trabajo registrado ni ingresos justificados desde 2007. Su pasado también incluye el manejo de fuerzas de choque en La Salada y una notoria influencia en el sindicato de la carne de La Matanza. Un cuadrazo coordinando al mileísmo bonaerense.
– Los balazos al VW Vento de Martínez, por entonces jefe de la barra de Laferrere, el día que fue atacado por sicarios y salvó su vida de milagro
La agrupación “La San Martín”, de reciente formación en el conurbano, es el vehículo de estas operaciones. Lo más impactante es que esta agrupación, compuesta por operadores políticos kirchneristas y barras-bravas,cuenta con la aprobación explícita de la propia Karina Milei y Sebastián Pareja. Su objetivo es claro: dar profundidad territorial a LLA, movilizar gente a los actos y, fundamentalmente, obtener control sobre los fondos del Consejo Escolar en Tres de Febrero, un botín millonario que representa una motivación muy de la casta.
Esta estrategia de puertas abiertas a figuras polémicas contrasta drásticamente con el discurso anti-casta de LLA a nivel nacional. Las contradicciones son evidentes y no pasan desapercibidas. La propia juventud libertaria preexistente en Tres de Febrero ha manifestado una indignación significativa ante la llegada de Álvarez y la presencia de personajes como Martínez, cuestionando la pureza ideológica del movimiento.
La situación se complejiza con la purga o lavado de cara que, irónicamente, la propia Karina Milei le exigió a Sebastián Pareja para limpiar la imagen del partido. Sin embargo, esta limpieza parece ser meramente superficial, con reasignaciones de figuras problemáticas en lugar de su real apartamiento. De hecho, poco después de la exigencia de Karina, Pareja se mostró públicamente con Fabricio Martínez para desmentir rumores de su desplazamiento, lo que pone de manifiesto una batalla interna entre la imagen pública y las necesidades de armado territorial.
Las tensiones llegan a la cúspide. Los congresos partidarios de LLA en el conurbano son descritos como “auto-celebraciones sin mucha épica“, con rumores de venta de candidaturas y negociaciones de listas con intendentes del PJ. Incluso, el Presidente Milei tuvo que intervenir directamente en un conflicto en Junín, desplazando a un referente local tras la expulsión de una militante “celestial” por la estructura de Pareja. Todo esto deja una pregunta flotando en el aire: si la “nueva política” de LLA se nutre de figuras controvertidas, utiliza viejas prácticas clientelares y se sumerge en la rosca más tradicional, ¿Cuál es entonces la verdadera diferencia con la casta que tanto critica?
Dinamarca, en un movimiento legislativo sin precedentes en Europa, se prepara para convertirse en el primer país del continente en otorgar derechos de autor sobre los rasgos faciales, la voz y el cuerpo de sus ciudadanos. Esta iniciativa histórica representa una respuesta directa a la creciente amenaza de los deepfakes y la manipulación digital mediante inteligencia artificial.
“Con el proyecto de ley estamos diciendo, de forma clara, que cada persona tiene derecho sobre su propio cuerpo, su voz y sus rasgos faciales, algo que la legislación actual no protege de forma suficiente frente a la IA generativa”, afirmó el ministro de Cultura danés, Jakob Engel-Schmidt.
Esta reforma establecerá que si alguien crea un deepfake sin consentimiento, la persona afectada podrá exigir su retirada inmediata y solicitar una compensación económica. La medida no solo protege a personas famosas, sino que está diseñada para cualquier persona, yendo más allá de lo que comúnmente se conoce como derechos de personalidad en la mayoría de países.
– La primera ministra danesa, Mette Frederiksen
En España, está amparado por el artículo 18 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982. Por su parte, la Online Safety Act de 2023 del Reino Unido penaliza expresamente la pornografía deepfake, y en 2024 el grupo parlamentario español Sumar presentó una proposición de ley para regular las simulaciones de imágenes y voces generadas por IA.
Lo novedoso de la propuesta danesa es integrar estos derechos en la legislación de derechos de autor (copyright), lo que facilitará la eliminación de contenido no autorizado de las plataformas digitales. Esto representa un enfoque más directo que las complejas alternativas requeridas en otros Estados.
Protegerá toda la apariencia de un individuo, incluyendo su naturaleza y sus medios de expresión. Esto incluye no solo imágenes o grabaciones de voz, sino también gestos, movimientos corporales y estilos de interpretación. La legislación mantendrá excepciones para la parodia y la sátira, preservando así la libertad de expresión. Sin embargo, se centrará en frenar los usos dañinos como los videos falsos de contenido sexual, las estafas o las noticias manipuladas.
– El ministro de Cultura danés, Jakob Engel-Schmidt
Las plataformas tecnológicas tendrán la obligación de eliminar estos contenidos cuando se les solicite, y podrían recibir multas importantes si no cumplen. Esto se alinea con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que ya obliga a las plataformas a actuar con rapidez ante contenidos ilegales.
La iniciativa cuenta con un amplio consenso político en Dinamarca, con el respaldo del 90% de los diputados. El texto de la ley será sometido a consulta pública durante el verano europeo de 2025 y se espera que sea aprobado en otoño, entrando en vigor antes de que termine el año. Durante su presidencia de la UE, Dinamarca buscará extender esta protección al resto de Europa e influir en el desarrollo de marcos legales similares en otros países europeos.
La problemática de los deepfakes ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza real. En el primer trimestre de 2025 se registraron 179 incidentes de deepfake a nivel mundial, superando el total de todo 2024. Los costos económicos son significativos: las empresas afectadas por este tipo de estafas reportan pérdidas promedio de 414.000 a 552.000 euros por incidente, afectando especialmente a mujeres y menores, con el 99% de deepfakes pornográficos dirigidos a mujeres.
La Municipalidad de General Pueyrredon reforzó durante junio su política de fiscalización integral del espacio público. En ese período, 530 motocicletas fueron retiradas de circulación y quedaron alojadas en corralones tras constatarse infracciones a la normativa provincial y municipal que regula la seguridad vial.
La intervención —articulada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito, el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires— también derivó en 281 actas a cuidacoches informales, popularmente llamados “trapitos”, a partir de reportes vecinales.
Se aprehendió a 22 personas con antecedentes penales o pedidos de captura vigentes, lo que evidencia la dimensión preventiva de los operativos.
Otro hallazgo relevante fue la detección de cinco licencias de conducir presuntamente apócrifas. El material probatorio fue remitido al Juzgado de Faltas para su evaluación y, en su caso, la aplicación de sanciones administrativas y penales.
Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que “el objetivo es garantizar el orden en la vía pública, reducir siniestros viales y disuadir conductas delictivas vinculadas al uso indebido de motos”. La estrategia descansa sobre dispositivos móviles de control, retenes sorpresivos y patrullajes en puntos críticos identificados mediante estadísticas de accidentes y denuncias ciudadanas.
Los reportes vecinales llegan a través de un número de WhatsApp habilitado las 24 horas, herramienta que agiliza la respuesta operativa: la geolocalización y la descripción de la incidencia permiten despachar móviles en cuestión de minutos. “La participación comunitaria es clave para mantener la seguridad y la convivencia”, subrayaron las autoridades.
Funcionarios locales adelantaron que la iniciativa continuará durante el invierno con un enfoque “sostenido y planificado”, priorizando los barrios donde los indicadores de siniestralidad y de conflictividad social resulten más elevados.
Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei han marcado un punto de inflexión en la política exterior argentina. Durante una entrevista con LN+, afirmó categóricamente que “Irán es un enemigo de Argentina” y expresó su “apoyo incondicional” a Israel y Estados Unidos en el contexto de la escalada bélica en Medio Oriente.
El diputado Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria (UxP), presentó un pedido formal de juicio político contra el mandatario. “No solo dijo que Irán es nuestro enemigo, sino que declaró el apoyo incondicional de Argentina a Israel y Estados Unidos. Queremos ser claros: esto es causal de juicio político”, destacó.
“El intento de involucramiento de Argentina en un conflicto bélico internacional sin pasar por el Congreso es una violación de toda nuestra normativa”, agregó Toniolli. El legislador argumenta que “es el Congreso el que habilita, o no, al Poder Ejecutivo a la paz y a la guerra”.
– El diputado Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria
Dichas declaraciones oficiales, se produjeron en el momento preciso en que Estados Unidos e Israel llevaban a cabo bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahan. Además, el presidente no solo habría respaldado estas acciones militares, sino que las calificó como un “ataque preventivo necesario”, argumentando que “Israel está haciendo el trabajo sucio que otros no hacen”.
A su vez, llegó a reafirmar que Israel “ya nos salvó de Irak en 1981, de Siria en 2007, y ahora lo está haciendo de nuevo. Está salvando la cultura occidental”. Para fundamentar su posición, se apoyó en los trágicos atentados terroristas que sufrió Argentina en los años 90, específicamente los ataques contra la Embajada de Israel en 1992, que dejó 22 muertos y 242 heridos, y el atentado contra la AMIA en 1994, que causó 85 muertos y más de 300 heridos.
“Acá hubo dos atentados: AMIA y Embajada de Israel. 114 muertos. Irán es un enemigo de Argentina”, declaró el mandatario. La posición ha generado una fuerte reacción en el Congreso Nacional.
Los promotores del juicio político sostienen que estas declaraciones constituyen “una práctica usual del gobierno” de “esquivar al Congreso” en asuntos de política exterior. No es la primera vez que el bloque opositor presenta iniciativas similares: anteriormente habían iniciado un proceso contra la canciller Diana Mondino por un acuerdo con Reino Unido.
Una de las revelaciones más controvertidas ha sido la información trascendida por el comunicador kirchnerista, Pablo Duggan, quien aseguró que el ministro de Defensa, Luis Petri, solicitó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas un informe sobre “qué recursos puede poner Argentina para ayudar a Israel” en la guerra con Irán. Esta información ha encendido alarmas adicionales sobre el grado de involucramiento que pretende el gobierno.
El ministro Petri, por su parte, ha intensificado la cooperación militar con Israel mediante múltiples visitas oficiales. En diciembre de 2024, se reunió con su homólogo israelí Israel Katz para discutir acuerdos en ciberdefensa, vehículos aéreos no tripulados, protección fronteriza y comunicaciones satelitales. También se abordaron contratos de gobierno a gobierno relacionados con armas ligeras, municiones y equipos militares.
La nueva posición argentina genera preocupaciones sobre las posibles represalias contra la seguridad nacional. Como señaló el diputado Toniolli, “cualquier beligerante puede tomar esto como una declaración de guerra”. La amenaza iraní contra el argentino Rafael Grossi, director del OIEA, por su supuesta parcialidad en los informes sobre el programa nuclear iraní, ilustra el clima de tensión existente.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
