Ecuador expulsa al embajador argentino por encubrir la fuga de una exministra corrupta
Luego de que el gobierno de Alberto Fernández le brindara asilo político a una exministra ecuatoriana condenada por corrupción y esta se diera a la fuga, el gobierno ecuatoriano tomó una drástica decisión.
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María de los Ángeles Duarte, del 2010 al 2014 fue ministra de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, en el gobierno de Rafael Correa. Terminada su gestión y la del expresidente se comprobó que hacía uso de las arcas políticas para beneficio personal, por ello fue condenada a ocho años de prisión por malversación de fondos públicos ligados al delito de corrupción. Pero, desde agosto de 2020 se encontraba refugiada en la embajada argentina de ecuador, para de esta manera evitar ir a prisión.
Uno de los casos de corrupción más grande, fue la administración de la ruta Collas-Tababela, la cual habría salido USD 142.3 millones más cara de lo esperado. La exministra Duarte es una de las casi 20 personas condenadas por el caso de corrupción, y de no haber sido ayudada por la embajada argentina, hoy Ángeles Duarte estaría cumpliendo 8 años en prisión.
María de los Ángeles Duarte, la exministra ecuatoriana condenada por corrupción que se dio a la fuga
Sin embargo, el pasado lunes la exministra huyó a Venezuela, donde se encuentra resguardada en la embajada argentina en Caracas. Aquí está esperando su pasaporte argentino para escapar de la justicia ecuatoriana.
Ante esta situación, el gobierno de Lasso pidió explicaciones al gobierno argentino de cómo escapo Ángeles Duarte hacia Venezuela, si se encontraba en la embajada argentina de Ecuador. Como respuesta, la cancillería argentina prefirió no dar información y le negó al gobierno de ecuador el acceso a las cámaras de seguridad de la embajada argentina, dificultando de esta manera la captura de la delincuente.
La relación bilateral entre Ecuador y Argentina ha quedado dañada por la negligencia del presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero
Debido a esto, el presidente de Ecuador,Guillermo Lasso, declaró persona non grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, y le pidió retirarse del país. Esto porque se lo culpa de ayudar a escapar a una convicta perseguida por actos de corrupción.
Como respuesta a este acto, el gobierno de Alberto Fernández hizo lo mismo, y ha ordenado la expulsión del embajador ecuatoriano en Buenos Aires, con el motivo de que el gobierno de Ecuador expulso al embajador argentino antes. Y así ante los ojos del mundo, se ve como Argentina nuevamente se encarga de refugiar criminales de otros países para que no caigan en la cárcel.
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El presidente Javier Milei invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a visitar la Argentina con el propósito de declararlo “residente de honor”. Según fuentes oficiales, ambos gobiernos coordinaron una agenda para los primeros días de septiembre y fijaron como rango posible del 7 al 10, con un esquema de seguridad reforzado ante la previsión de manifestaciones por “el genocidio que Israel perpetra en Gaza”.
En la planificación presidencial se estableció que Milei viajaría previamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y, posteriormente, recibiría a Netanyahu en Buenos Aires. Sin embargo, ese encuentro sigue sin fecha, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos”.
La secuencia diplomática pública registró tres hitos: el 30 de julio de 2025, la Casa Rosada informó que las cancillerías trabajaron en una ventana entre el 7 y el 10 de septiembre; el 1 de agosto comunicó que, en ese marco, Netanyahu sería distinguido como “residente de honor”; y el 6 de agosto la agencia de noticias israelíes AJN, tras consultar a fuentes de la cancillería israelí, indicó que la visita se postergó por la situación en Gaza.
Desde la Oficina del Primer Ministro se había dejado abierta la posibilidad de un arribo a fines de agosto tras la invitación de Milei. Aunque medios hebreos informaron que Israel estaba “ultimando los detalles”, fuentes de la cancillería israelí señalaron que no contaron con “ninguna confirmación”, una señal diplomática que consolidó el escenario de postergación. En Casa Rosada se indicó que, de reprogramarse, la visita podría mantenerse dentro del mismo rango del 7 al 10 de septiembre, supeditada a la evolución del conflicto.
La eventual escala en Buenos Aires implicó la preparación de un dispositivo de seguridad extraordinario. Paralelamente, la invitación motivó una carta pública de rechazo titulada “¡Oprobio e ignominia!”, que expresó: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”. El texto añadió: “No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio”. Firmaron, entre otros, José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.
En el plano jurídico, el exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que, si Netanyahu ingresaba al territorio argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo tenía la “obligación” de detenerlo por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024. Según su argumentación, la CPI —creada por el Estatuto de Roma— imputó penalmente a Netanyahu por ser “responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos’”. Recordó que la Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 25.390 y que “tiene carácter supralegal en el país”, por lo que concluyó que el Presidente “tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI”.
La relación bilateral quedó delineada por las visitas oficiales. En febrero de 2024, Milei viajó a Israel, recorrió el kibutz Nir Oz junto al presidente Isaac Herzog, condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, recibió a familiares de rehenes y pidió su liberación, y anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con ejecución prevista para 2026. En junio de 2025, Milei regresó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Herzog, y disertó ante el plenario de la Knesset. “La amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, expresó entonces. Ese anuncio de traslado de la embajada le valió al Presidente una amenaza de la organización terrorista Hamás.
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que, de concretarse la reunión, sería “una demostración más de la amistad tan fuerte”. “Llegamos a una instancia del vínculo y de la amistad tan fuerte que, no quiero decir que llegamos a la cima, pero las dos visitas del Presidente (Javier Milei) aquí en Israel generaron que se frenara el país. No pasa con otros, si pasa, puede llegar a pasar solo con (Donald) Trump”, afirmó en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias.
Son épocas difíciles para el presidente Javier Gerardo Milei. La mayoría de los miembros del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania (MIG) anunció en el sitio web de la organización su renuncia, por no reconocer al mandatario argentino como alguien a quien tomar en cuenta seriamente en lo que a la teoría de la escuela austríaca de economía se refiere.
Dicen los mencionados en su texto: “A principios de julio, la Junta Directiva del Instituto Ludwig von Mises de Alemania (MIG) anunció la creación de un «Premio Conmemorativo en honor a Ludwig von Mises» en octubre de este año, que se otorgaría al presidente argentino Javier Milei. Ni la creación del premio (que, por cierto, es el único premio otorgado por el MIG) ni la selección del galardonado se discutieron previamente con el Consejo Asesor Científico del Instituto. Esto no solo es de mal gusto, sino que da al público la impresión de que estas decisiones cuentan con el respaldo de la Junta. Esto no es así”.
Y la carta, firmada por Rolf W. Puster, Jörg Guido Hülsmann y Hans-Hermann Hoppe, continúa: “Javier Milei ha demostrado que es posible obtener mayorías electorales para políticas libertarias radicales en países económicamente avanzados. Sin duda, este es un logro significativo. Tras su elección, se dedicó de inmediato a desmantelar el Estado y, en muchos aspectos, ha aplicado esta política con mayor determinación, mayor alcance y mayor éxito que cualquiera de sus predecesores argentinos”.
Sin embargo, los tres asesores (quedaron solo dos activos desde mediados de julio) consideran “injustificada la concesión de este premio”.
El resumen del por qué es lapidario en lo que a la figura del presidente paleolibertario argentino se refiere. “En nuestra opinión, un «Premio Conmemorativo en honor a Ludwig von Mises» podría otorgarse a científicos o políticos que hayan prestado servicios destacados al desarrollo, la difusión o la aplicación de las ideas de Mises. Es evidente que Javier Milei no es un científico, sino un político. Es cierto que ha dado a conocer los nombres de Ludwig von Mises, Murray Rothbard y otros pensadores de la Escuela Austriaca a un público más amplio. Pero su conocimiento de sus ideas y teorías es superficial y deficiente, por lo que su elogio es de doble filo. En cualquier caso, solo podemos aconsejar al público que no considere las declaraciones de Milei sobre filosofía económica como una autoridad.”
Los expertos en las teorías del economista estadounidense Murray Rothbard, que tanto alaba el presidente, piden que se juzgue a Milei por sus actividades políticas, y no teóricas. Pero tampoco en ese campo le asignan méritos: “Para empezar, Milei se encuentra al inicio de su carrera política. El éxito futuro de sus políticas hasta la fecha es muy cuestionable, y aún podría tomar muchos desvíos durante su mandato (…) Los éxitos que sus políticas hayan podido alcanzar hasta ahora se han logrado en gran medida mediante los medios habituales de financiación inflacionaria del gobierno, es decir, inflando la oferta monetaria y la deuda pública. Queda por ver si esta estrategia tendrá éxito con Milei, dado que ha fracasado repetidamente, y con razón, en Argentina y otros países en el pasado”.
Definitivamente, los tres consejeros renunciantes consideran que Milei no representan las ideas libertarias: “Todos los logros de su trayectoria política hasta la fecha se ven ya contrarrestados por importantes deficiencias: la centralización política del país, la expansión del estado policial, el fracaso en implementar la anunciada abolición del banco central (uno de los puntos más populares de su programa electoral), los regateos con las élites políticas tradicionales del país, que también dominan su gabinete, y una política exterior que no está orientada a la paz internacional y, por lo tanto, no es una política libertaria”.
Y asestan el peor de los latigazos finales: “Hoy en día, Javier Milei no solo defiende políticas económicas radicales financiadas por la inflación con un resultado incierto. También defiende una solidaridad acrítica y abiertamente entusiasta con los gobiernos actuales de Estados Unidos e Israel. En nuestra opinión, otorgar a Javier Milei un «Premio Conmemorativo en Honor a Ludwig von Mises» podría causar un daño duradero e irreparable al Instituto Ludwig von Mises de Alemania, así como a la Escuela Austriaca en su conjunto. No podemos ni asumiremos la responsabilidad por esto. Por lo tanto, declaramos nuestra renuncia al Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania”.
Los días de aplausos y premios desconocidos empiezan a alejarse de Javier Gerardo Milei, mientras dentro del país enfrenta fracasos a nivel legislativo y acusaciones de corrupción dentro de su entorno más íntimo. –
Alemania prohibirá el uso de lenguaje inclusivo en documentos oficiales, discursos y comunicaciones internas del área cultural, así como en la Cancillería. La decisión del ministro de Estado de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, de prohibir su utilización en documentos oficiales representa un punto de inflexión significativo.
La medida, que afecta a aproximadamente 470 empleados bajo su jurisdicción, prohíbe específicamente el uso de asteriscos (*), símbolos como “@”, desdoblamientos de género y otros signos destinados a marcar la neutralidad de género en comunicados oficiales.
Weimer fundamenta su decisión en la adherencia al alemán normativo según las directrices del Consejo de Ortografía Alemana, argumentando que “el lenguaje debe unir, no dividir” y que “el género forzado de ninguna manera refleja cómo habla la gran mayoría en nuestro país”. Su posición va más allá de su departamento, ya que ha instado a los 15 ministerios federales, fundaciones, medios públicos, el sistema educativo y las instituciones culturales a adoptar la misma política.
Esta decisión no surge en el vacío. Alemania ha experimentado un movimiento progresivo de restricción del lenguaje inclusivo desde 2024, cuando el estado de Baviera se convirtió en pionero al prohibir esta terminología tanto en el ámbito educativo como en las administraciones públicas. La medida bávara fue seguida por otros estados federados, incluyendo Sajonia, Hesse, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein, Turingia y Bremen.
En julio de 2025, el Ministerio de Educación y Familia, bajo la dirección de la ministra Karin Prien del partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), amplió estas restricciones a nivel nacional, ordenando el respeto a las “reglas tradicionales de la ortografía alemana”y eliminando el uso del Gender-Sternchen (asterisco de género) y el Binnen-I (mayúscula interna).
Weimer defiende que las intervenciones lingüísticas deliberadas son “no solo innecesarias, sino que dañan la belleza de nuestro lenguaje” y amenazan “nuestra cultura lingüística en esta tierra de poetas y pensadores”. Esta retórica apela a una concepción tradicional de la identidad cultural alemana que privilegia la preservación del idioma sobre la inclusividad.
Los defensores de la prohibición argumentan desde múltiples perspectivas. Partiendo del punto de vista técnico, sostienen que el uso de símbolos especiales “perjudica la inteligibilidad, legibilidad y traducibilidad automática, así como en muchos casos la singularidad y seguridad jurídica de los términos y textos”. Esta posición ha sido respaldada por el Consejo de Ortografía Alemana, que en marzo de 2021 rechazó formalmente la inclusión de estos símbolos en las reglas ortográficas oficiales.
La decisión debe entenderse dentro del contexto político más amplio del ascenso de Friedrich Merz y el giro conservador de la CDU. Como señalan algunos análisis, sectores de la CDU en torno a Merz abogan por un “renacimiento burgués” y han declarado la guerra al “capitalismo woke” y al “neoliberalismo progresista” con sus medidas de igualdad y antidiscriminación.
Los partidos progresistas, especialmente los Verdes, han caracterizado la medida como un “retroceso simbólico” que “invisibiliza a personas no binarias y trans”. El diputado verde Erik Lehmann ha calificado a Weimer de “activista misionero cultural”, cuestionando si actúa como ministro de Cultura o “para su política cultural, de predicar libertad y dictar prohibiciones”.
La Asociación de Periodistas Alemanes (DJV) ha denunciado lo que considera una “grave extralimitación de competencias”, argumentando que las decisiones sobre lenguaje en medios de comunicación públicos no deberían estar sujetas a imposiciones ministeriales. Su presidente, según ha trascendido, ha enfatizado que “la propia idea de independencia de la radiodifusión pública respecto al Estado y de libertad artística implica que estas instituciones sean esencialmente independientes”.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
