Dinamarca aprobó elevar la jubilación a los 70 años y eliminó pensiones vitalicias para políticos
El Parlamento danés validó una reforma que, de forma progresiva hasta 2040, llevará la edad de retiro hasta los 70. La normativa también equipara a los políticos con el sistema contributivo general y elimina sus pensiones de privilegio
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En una medida histórica, el Parlamento danés apoyó con 81 votos a favor y 21 en contra una reforma estructural que incrementa la edad de jubilación a los 70 años para aquellos nacidos después del 31 de diciembre de 1970. La decisión se adopta en el marco de un acuerdo que vincula los aumentos de edad jubilatoria a la esperanza de vida —actualmente cercana a los 82 años— y contempla etapas intermedias: 68 años en 2030 y 69 en 2035.
El objetivo del Ejecutivo es reforzar la viabilidad financiera del Estado de bienestar danés, logrando un ahorro estimado de más de 15.000 millones de coronas (unos 2.000 millones de euros) para 2040.Según declaraciones del ministro de Empleo, Ane Halsboe‑Jørgensen, futuras reformas tendrán en cuenta la duración de la carrera laboral y el tipo de trabajo.
Paralelamente, la reforma pone fin a las pensiones vitalicias de los parlamentarios y ministros. Hasta ahora, con sólo un año de mandato, los legisladores podían cobrar alrededor de 35.000 coronas (unos 4.700 euros) mensuales de por vida, comenzando su jubilación poco después de los 60 años. Bajo la nueva norma, los políticos aportarán el 18,07 % de su salario al sistema contributivo general y recibirán las prestaciones correspondientes a su cotización como cualquier otro ciudadano.
La reforma es el resultado de un pacto de Estado que incluyó a ocho grupos parlamentarios y sigue las recomendaciones de una comisión experta de 2016, que advertía sobre la insostenibilidad del esquema anterior. No obstante, los términos aprobados solo se aplicarán a los futuros diputados que accedan por primera vez al Folketing tras las próximas elecciones, y se mantiene el privilegio para quienes ya poseen antigüedad.
– Protestas en Dinamarca
La iniciativa provocó protestas desde distintos sectores, especialmente sindicatos como 3F, que advierten el impacto negativo sobre quienes desempeñan tareas manuales o fatigantes. También hay preocupaciones sobre la aplicación automática de la subida, lo que generó pedidos de mayor flexibilidad por parte del Gobierno y representantes políticos.
Organismos como el FMI respaldan la iniciativa, argumen que el aumento de la edad legal es necesario frente al envejecimiento demográfico y a mayores capacidades cognitivas de los mayores, equiparables a personas más jóvenes décadas atrás. En Europa, otros países como Francia, Alemania y Reino Unido ya avanzan hacia incrementos similares, aunque ninguno tan ambicioso como Dinamarca
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Un comando de las Fuerzas Democráticas Aliadas, milicia yihadista de origen ugandés rebautizada por el Califato como Estado Islámico en África Central, atacó en la noche del pasado viernes 14 el hospital católico de Byambwe, en el territorio de Lubero, en la provincia congoleña de Kivu del Norte, y asesinó a entre 17 y 28 civiles cristianos, según diferentes fuentes locales y eclesiales. La mayoría de las víctimas fueron mujeres que estaban hospitalizadas, muchas en la maternidad y en lactancia.
El administrador local de Lubero, el coronel Alain Kiwewa, explicó a medios internacionales que el ataque tuvo lugar en la aldea de Byambwe cuando los rebeldes irrumpieron en el centro de salud durante la noche.
En declaraciones recogidas por The Associated Press, el responsable detalló que los extremistas islámicos mataron al menos a 17 personas —once mujeres y seis hombres— y describió la escena dentro del hospital: “Mujeres que estaban amamantando fueron brutalmente asesinadas y encontradas con la garganta cortada en sus camas de hospital”, dijo el coronel. Más tarde, en diálogo con la agencia EFE, Kiwewa precisó que la mayoría de las víctimas estaban hospitalizadas en el centro de salud antes de que llegaran las ADF y las asesinaran.
“Esto es inaceptable. Condenamos este acto y hacemos un llamado a la población para que coopere con el ejército e informe sobre cualquier actividad sospechosa en la zona”, agregó el coronel, que no facilitó entonces un balance definitivo de víctimas mortales.
Un artículo de Vatican News—el portal de la Santa Sede—dialogó directamente con los testigos de la diócesis de Butembo-Beni. Informaron que los terroristas islámicos entraron en la aldea alrededor de las 22.00 horas del viernes y atacaron un centro de salud diocesano dirigido por las Hermanas de la Presentación, donde “masacraron a pacientes y luego prendieron fuego a todas las instalaciones, matando a varias mujeres en la sala de maternidad”.
– El Papa León XIV denunció el último ataque contra cristianos en la República Democrática del Congo
“Este es un ataque típico de las ADF”. Las explicaciones surgen del misionero italiano Giovanni Piumatti, sacerdote que sirvió durante más de cincuenta años en la región. Su informe indicó que “quince personas fueron asesinadas en la clínica y otras cinco en los alrededores. Incendiaron todas las instalaciones y veintisiete viviendas cercanas. Antes de destruir todo, saquearon todos los suministros médicos; creo que ese era su objetivo principal. El pánico se extendió por todas partes. El ejército los persiguió, pero, a pesar de sus esfuerzos, los terroristas escaparon. Parecen estar mejor armados y equipados que las fuerzas regulares”.
Mientras las religiosas y los vecinos trataron de rescatar cuerpos entre los escombros, el balance de muertos aumentó. El presidente de la sociedad civil del territorio de Lubero, MohindoTaufeni, declaró a EFE: “Ya contamos con 28 cuerpos, incluyendo 17 que estaban hospitalizados, pero aún es un número provisional”.
El padre Piumatti, que ahora reside en Italia pero siguió de cerca la situación en la República Democrática del Congo, profundizó en la crueldad del ataque. “Lo más trágico —más allá del gran número de víctimas inocentes— es la forma en que matan… Degüellan a los civiles, los decapitan; es horrible. Aquí mataron a madres mientras amamantaban a sus bebés. Estas masacres son inimaginables y ocurren casi todas las semanas. Muchas no se reportan”.
El hospital católico de Byambwe formó parte de la red de dispensarios de la diócesis y estuvo dirigido por las Hermanas de la Presentación. Las religiosas brindaron atención médica básica y asistencia en los partos en una zona remota de Kivu del Norte que careció de hospitales en funcionamiento y donde las comunidades cristianas sostuvieron la vida cotidiana en medio del conflicto. Tras la masacre, las instalaciones quedaron completamente destruidas. El pánico se apoderó de la población y muchos aldeanos huyeron a la selva o a localidades vecinas y no regresaron. Las hermanas continuaron atendiendo a los supervivientes como pudieron, en la calle y entre los restos del centro de salud. Hasta el domingo no se reportaron víctimas entre las religiosas, pero las fuentes de la diócesis advirtieron que muchos recién nacidos pudieron haber sido secuestrados.
Las ADF, milicia de origen ugandés con bases en Kivu del Norte y en la vecina provincia de Ituri, operaron durante años a lo largo de la frontera con Uganda y atacaron de forma recurrente a la población civil.
Grupos armados locales y organismos internacionales atribuyeron a esta estructura, que juró lealtad al autodenominado Estado Islámico, numerosas matanzas de cristianos en aldeas, carreteras y campos de cultivo, además de la destrucción de templos y la quema de viviendas. “Atacan indiscriminadamente: en las carreteras, en las aldeas, en los campos mientras la gente trabaja. Además de matar, secuestran a niños y jóvenes para adoctrinarlos. A menudo actúan bajo la influencia de drogas, y también drogan a los cautivos que secuestran”, describió el sacerdote Piumatti.
– Fachada de una iglesia alcanzada por un proyectil de artillería tras los enfrentamientos en Goma, República Democrática del Congo, el 30 de enero de 2025
En agosto, terroristas de las ADF mataron al menos a 52 personas durante varios ataques en la misma semana, según la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo. Las autoridades ugandesas acusaron al grupo de organizar ataques dentro de su territorio, incluidos dos atentados suicidas en Kampala en noviembre de 2021 y asesinatos por parte de motoristas armados contra altos funcionarios.
Tras aquellos atentados, los ejércitos de la República Democrática del Congo y Uganda iniciaron una operación militar conjunta en suelo congoleño para eliminar a las ADF, pero los ataques no cesaron y el este del país siguió sumido — lo está desde 1998— en un conflicto alimentado por múltiples milicias rebeldes y por el propio Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU.
– Los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) tuvieron como objetivo los territorios de Beni y Lubero, en la provincia oriental de Kivu del Norte, entre el 9 y el 16 de agosto
Vatican News recordó que los autores del ataque de Byambwe pertenecieron al mismo entramado terrorista que, el 27 de julio, irrumpió en una iglesia cristiana en la localidad de Komanda, en la provincia de Ituri, durante un servicio religioso. Armados con machetes y rifles, los milicianos mataron allí a decenas de cristianos reunidos en oración.
Piumatti también denunció el “vergonzoso silencio” de la comunidad internacional y la complicidad de determinados intereses económicos en el sostenimiento de la violencia. Explicó que Kivu es rico en yacimientos minerales; por ello considera que “estos grupos islamistas reciben respaldo. Las ADF son las más feroces, pero no son las únicas a las que se les suministran armas y dinero para mantener el flujo comercial. Estos conflictos sirven a intereses comerciales, y el silencio del mundo es profundamente preocupante”.
El Tribunal Constitucional de Polonia tomó una decisión histórica, declarando inconstitucional al Partido Comunista Polaco (KPP) y ordenando su ilegalización inmediata. Esta sentencia culmina tras años de intentos legales por prohibir esta organización política, siendo el más reciente promovido por el presidente de la República de Polonia Karol Nawrocki hace apenas semanas.
“No hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, subrayó en el fallo la jueza del Tribunal Constitucional, Krystyna Pawlowicz.
La Constitución polaca contiene una disposición muy particular que muchas democracias occidentales no tienen, ya que explícitamente prohíbe la existencia de agrupaciones políticas basadas en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo”. Esta cláusula constitucional establece que cualquier formación partidaria que se fundamente en métodos totalitarios o que busque un sistema de gobierno totalitario puede ser declarada ilegal.
Específicamente, la Corte citó el artículo 11, que exige que los partidos se fundan “en el principio de igualdad de los ciudadanos” y busquen influir en la política “por medios democráticos”, y el artículo 13, que prohíbe los partidos basados en ideologías totalitarias o que recurran a la violencia para obtener poder.
– Karol Tadeusz Nawrocki es un historiador y político conservador polaco, actual presidente de la República de Polonia
El Tribunal no solo examinó el programa actual del KPP (que intentó reformarse en 2015 eliminando referencias a la revolución comunista), sino que también se analizó su estatuto fundacional de 2002, sus publicaciones, declaraciones públicas y actividades a lo largo de los años. Esto fue decisivo, siendo que sin un programa explícitamente agresivo, se consideró que la propia naturaleza ideológica—su promoción del marxismo-leninismo—constituía una incompatibilidad fundamental con los valores polacos.
La decisión será remitida al tribunal de distrito de Varsovia, encargado del registro de partidos, para ejecutar la ilegalización formal, lo que implicará la cancelación del registro legal del KPP, la prohibición de su participación electoral y la terminación de su financiamiento público.
El KPP cuenta con unos mil afiliados, ningún representante electo, escasa presencia en medios de comunicación y resultados electorales insignificantes. De hecho, ni los propios dirigentes del KPP consideraban necesaria su prohibición. Su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karoń, argumentó que su programa “es tan poco atractivo” que simplemente no conseguirían apoyo en las elecciones, por lo que legalizarlo o prohibirlo resultaba igualmente irrelevante.
La razón por la cual el Estado invierte recursos en una medida dirigida a un partido ya débil y marginal remite al complejo panorama judicial que atraviesa Polonia en la actualidad. El Tribunal Constitucional está envuelto en una seria disputa sobre su propia legitimidad. El gobierno actual, liderado por el primer ministro Donald Tusk, no reconoce varios fallos del tribunal porque cuestiona que los jueces que los emiten fueron nombrados de manera irregular durante la anterior administración del partido Ley y Justicia (PiS).
Irónicamente, entre los jueces que emitieron este fallo está Stanisław Piotrowicz, un exdiputado del PiS que fue fiscal durante la época comunista, incluso durante la ley marcial de los años 80 bajo el general Wojciech Jaruzelski.
El mandatario Nawrocki, quien ganó las elecciones presidenciales de junio de 2025, es del PiS y reactivó personalmente el caso contra el KPP el 6 de noviembre de 2025, enfatizando que sus objetivos son “contrarios al orden legal de Polonia” y que “la ideología comunista atenta contra los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”. Esta iniciativa formaría parte de la confrontación política más amplia entre el presidente (del PiS) y la gestión de Tusk.
Del Pacto Molotov-Ribbentrop a la Carta Magna
Para entender por qué Polonia tiene una legislación marcadamente anti-comunista, es fundamental comprender su traumática historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Polonia en 1939 bajo el Pacto Molotov-Ribbentrop y sometió a millones de polacos a represión masiva, colectivizaciones forzosas y deportaciones a campos de trabajo en Siberia. Se estima que aproximadamente 1.200.000 polacos fueron deportados entre 1939 y 1941, acusados de ser “enemigos del pueblo”.
Después de 1945, Polonia se convirtió en un estado satélite soviético, sufriendo 44 años de ocupación política y represión bajo regímenes comunistas impuestos por Moscú. A lo largo de este período, los polacos experimentaron décadas de falta de libertades democráticas, políticas y supresión de su identidad nacional. Esta memoria colectiva es profunda y sigue marcando la política contemporánea polaca.
Cuando el bloque comunismo se derrumbó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, Polonia adoptó un régimen democrático en su Carta Magna, pero incluyó salvaguardas explícitas contra el regreso de estas ideologíasque consideraban existencialmente amenazantes.
No obstante, Polonia no sería la única en prohibir partidos comunistas. Alemania, por ejemplo, prohibió el Partido Comunista en 1956 (aunque posteriormente fundó otro partido comunista legal en 1968, el DKP). Ucrania prohibió su Partido Comunista en 2015 como parte de sus leyes de “descomunización” tras el conflicto con Rusia. República Checa y Hungría también han tenido legislación restrictiva respecto a símbolos comunistas.
Sin embargo, estas prohibiciones son profundamente controvertidas. Amnistía Internacional cuestionó severamente la prohibición ucraniana de 2015, considerándola “una violación flagrante de la libertad de expresión y asociación” que “sienta un precedente muy peligroso”. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado la validez constitucional de tales restricciones en democracias modernas estables, argumentando que carecen de “necesidad social clara, apremiante y específica”.
Lydia Mugambe Ssali, magistrada del Tribunal Superior de Uganda y jueza del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU (IRMCT), fue condenada en el Reino Unido a seis años y cuatro meses de prisión por delitos relacionados con mantener en condiciones de “esclavitud” a una empleada doméstica.
Según el veredicto, mientras cursaba un doctorado en la Universidad de Oxford, Mugambe introdujo en el Reino Unido a una joven compatriota con promesas falsas y la mantuvo trabajando en condiciones de servidumbre sin ningún tipo de remuneración. Además, el tribunal determinó que la acusada participó en una conspiración para silenciar a la víctima usando sus influencias luego de conocerse el hecho.
Antes de su arresto, Mugambe tenía un currículum impresionante que parecía hacerla emblema de justicia e integridad. Era licenciada en Derecho por la Universidad Makerere en Uganda, tenía un máster de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, y fue magistrada de alto rango en Uganda entre 2000 y 2005. Trabajó durante años en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, un organismo de las Naciones Unidas que enjuiciaba crímenes de lesa humanidad, incluyendo genocidio. Fue jueza del Tribunal Superior de Uganda desde 2013 hasta 2020, e incluso sirvió como Inspectora General del Gobierno entre 2020 y 2022.
Su fallo más célebre fue en 2017, cuando condenó al Hospital Nacional Mulago por la negligencia en la desaparición de un bebé recién nacido. Este fallo fue aclamado internacionalmente como un hito en la protección de sectores vulnerables, y la sentencia de 85 millones de chelines ugandeses (aproximadamente 24.000 dólares) fue considerada revolucionaria. También fue académica del Instituto de Derechos Humanos de Columbia University y miembro del Centro de Derechos Humanos de Oxford. En mayo de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas la nombró jueza del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, el organismo que mantiene las funciones de los tribunales para crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y Ruanda.
Sin embargo, mientras mantenía esta impecable fachada profesional, Mugambe ejecutaba un plan deliberado y sofisticado para traficar y esclavizar a una joven ugandesa. El esquema funcionó con la colaboración de John Leonard Mugerwa, exvicecomisionado ugandés en el Reino Unido, que tenía estatus de inmunidad diplomática. Mugerwa emitió un certificado de patrocinio falsificado que presentaba a la víctima como empleada doméstica privada en su residencia oficial londinense, con un falso salario prometido de 1.200 libras mensuales. Este fue un esquema sistematizado, ya que tanto Mugambe y Mugerwa sabían que la mujer trabajaría en condiciones de servidumbre, aprovechando un sistema de visas para trabajadores domésticos que es notoriamente vulnerable al abuso.
Una vez que la víctima llegó al Aeropuerto de Heathrow, Mugambe la recogió personalmente. Lo que vino después fue una pesadilla; le confiscó el pasaporte y el teléfono, la aisló completamente y la obligó a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche cada día, haciendo labores domésticas y cuidando a los hijos de Mugambe. La joven no recibió ningún salario. Mugambe también le impedía que consiguiera un empleo remunerado estable, manteniendo su dependencia total.
La víctima vivió en lo que describió como “miedo casi constante”. La joven sabía que Mugambe era una figura de gran poder en Uganda, lo que creaba una asimetría de poder casi absoluta. Durante la investigación inicial de la policía, Mugambe llegó incluso a amenazar a la víctima con quemar sus documentos y reportarla como inmigrante ilegal, intensificando su control psicológico.
Lo más inquietante es que hoy, tras la condena de Mugambe, la víctima no se atreve a regresar a Uganda por temor a represalias. En su declaración escrita al tribunal, expresó su terror de que nunca más verá a su madre debido a la influencia que Mugambe aún mantiene en su país.
El tribunal concluyó que esos actos no fueron incidentes aislados sino la materialización de delitos tipificados bajo la ley de esclavitud moderna. Entre ellos, facilitar el viaje con intención de explotación, provocar una vulneración de las normas migratorias, obligar a un individuo a realizar trabajo forzado y conspirar para intimidar a testigos. La sentencia impuesta sentenció cómo la acusada “se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y de su propia condición social.”
Lo que probablemente más impactó fue que Mugambe nunca mostró ningún remordimiento durante el proceso. El juez David Foxton, al sentenciar, destacó su profunda tristeza al reconocer los logros profesionales de Mugambe, pero subrayando que ella “se aprovechó de su estatus de la manera más agraviante”. Además, Mugambe intentó culpabilizar a la víctima por lo sucedido e incluso cuando fue arrestada por oficiales del Valle del Támesis en febrero de 2023, Mugambe fue grabada diciendo: “Soy jueza en mi país, tengo incluso inmunidad. No soy una criminal”. Las Naciones Unidas posteriormente revocaron su inmunidad diplomática para permitir que los procedimientos legales avanzaran.
El 2 de mayo de 2025 se pronunció la sentencia final y el pago de más de £12.000 en compensación a la víctima. El Mecanismo Residual de los Tribunales Penales de la ONU suspendió su participación y, posteriormente, retiró formalmente su designación. Por su parte, Mugerwa, fue objeto de investigación, pero el gobierno de Uganda se negó a renunciar a su inmunidad diplomática, lo que impidió que fuese procesado en el Reino Unido.
El pasado sábado 15 de noviembre, el periodista argentino Eduardo Prestofelippo, disertó en México sobre la batalla cultural en un evento que reunió a líderes, ciudadanos y organizaciones que defienden los valores fundamentales de la hispanidad, la defensa de la vida, la libertad de expresión, la familia como núcleo de la sociedad, el papel de la fe en la vida pública y el compromiso con la patria.
Discurso completo de El Presto en la “CUMBRE VIVA MÉXICO 2025” | Patriotismo e Hispanidad fraterna
El Presto utilizó su segmento en la Cumbre Viva México (evento surgido de la antigua CPAC México) para lanzar un torrente de críticas al establishment político, social y cultural argentino. Además, llamó a una unidad hispanoamericana y advirtió a la derecha de la región contra la “escoria social” de los fanáticos políticos.
Frankenstein y traición
El análisis más contundente del discurso se centró en el devenir político del oficialismo. En tal sentido, Prestofelippo lamentó en qué se convirtió la plataforma que llevó a Milei al poder: “Con dolor tengo que decir que ese proyecto inicial murió”.
“El mismo Javier Milei, que decía que venía a terminar con la casta y con los privilegios de la casta, no sólo dejó los privilegios de la casta, sino que terminó haciendo un Frankenstein con el que conviven lo peor de la casta política, económica y judicial”, aseveró.
Asimismo, le reprochó la desatención a los problemas urgentes de Argentina, contrastando los viajes internacionales de la figura presidencial con las crisis internas: “el presidente Milei se la pasó más viajando a Israel y a Estados Unidos que visitando las provincias argentinas”, señaló.
Desilusión con la batalla cultural
Uno de los ejes del discurso fue la desconfianza de Prestofelippo hacia el concepto de batalla cultural que, según su visión, ha sido totalmente prostituida por dirigentes y seguidores que sólo buscan rédito personal.
La verdadera lucha, dijo, no pasa por el aplauso o el escaño público, sino por la defensa genuina de los valores, diferenciándola de lo que llamó “mesianismo político”: “la batalla cultural no es el mesianismo, la batalla cultural no es que un político sea tu última esperanza”, describió.
En una fuerte advertencia, definió a los fanáticos políticos como “una de las peores escorias sociales” y criticó el acoso permanente a las voces críticas.
La decadencia y al reggaetón
Prestofelippo también dedicó un amplio espacio a la degradación social y cultural, citando el ejemplo de Ricardo Iorio, fallecido cantautor argentino y amigo del periodista, como símbolo de un patriotismo que hoy es reemplazado por la frivolidad.
Arremetió contra las industrias del entretenimiento por promover la degeneración, contrastando a un hombre patriota con “degenerados como Bad Bunny, que pone a la mujer como un objeto sexual. Quisiera saber dónde están las feministas que tanto hablan de la dignidad de las mujeres bailando al ritmo del reggaetón y de la promiscuidad”.
En ese marco, linkeó ese flagelo con una actualizada crítica cultural, haciendo hincapié en la crisis educativa, calificándola de catastrófica y sosteniendo que anula el futuro de los países: “¿quién va a venir a invertir un peso acá si la mayoría de los jóvenes no entienden lo que leen? Dejen de mentir. La materia prima de un país no es el trigo… es la gente”.
El llamado a la unidad hispanoamericana y la reivindicación histórica
Como contrapunto a la decadencia argentina, Prestofelippo hizo un llamado emotivo a la unidad regional, pidiendo a Hispanoamérica dejar atrás “nimiedades y egos mediocres” para combatir a “la lacra progresista, izquierdista y foránea que solo nos quiere ver divididos y peleados”.
A la derecha mexicana y de la región, les solicitó aprender de los errores argentinos, unirse y abandonar la “pelea por Twitter” para trabajar directamente con la gente:
“Tenemos que tener una derecha que esté en los pueblos, en los barrios carenciados, con los pobres y toda pobreza, que no prejuzgue, que abra el corazón para sumar”.
Finalmente, cerró su participación con una nota histórica y de profundo dolor por el rumbo de su nación, recordando y reivindicando un texto del expresidente y prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento. El periodista reiteró su amor por Argentina, a pesar de la frustración política expresada en su duro diagnóstico.
La corte polaca ordenó la inmediata ilegalización del KPP al considerar su ideología incompatible con “los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”.
Un informe privado revela una brecha profunda entre la sociedad y las organizaciones gremiales. El 67.5% de los consultados apoya que la cuota sindical pase a ser voluntaria y, sumando a los neutrales, el consenso social alcanza el 82.2%.
Por decreto, la administración de Poggi modificó la ley que regula un programa de ahorros y ató el cobro a la conducta en las aulas. El ministro de Educación confirmó que se envió un proyecto para que los padres sean responsables penalmente de las conductas de sus hijos.
