Conflictos y maltratos en la embajada argentina en España bajo la gestión de Roberto Bosch

La embajada argentina en España, bajo la dirección de Roberto Bosch Estévez, enfrenta denuncias de maltrato laboral, conflictos con el personal y operaciones mediáticas que perjudican la relación diplomática con el gobierno de Javier Milei.
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La gestión de la embajada de Argentina en España, dirigida por Roberto Bosch Estévez, enfrenta una serie de controversias que involucran conflictos laborales, maltratos y manejos poco transparentes. Las tensiones derivaron en demandas y renuncias de personal clave, tanto en la residencia oficial del embajador como en la embajada misma.

– Roberto Sebastián Bosch Estévez junto al Rey Felipe VI

Una de las principales fuentes de conflicto fue la residencia oficial donde vive el embajador Bosch Estévez junto a su esposa, señalada por el personal como responsable de un ambiente laboral hostil. Sonia, cocinera de la residencia desde 2015 y con experiencia bajo varios embajadores sin inconvenientes, decidió renunciar tras sufrir maltratos constantes desde la llegada de la familia Bosch.

Otra parte del conflicto involucra a una encargada de la limpieza conocida como Carminia. Trabajó más de veinte años en la embajada sin problemas, hasta que, debido a los conflictos con la pareja de Bosch, se vio obligada a dejar su puesto. Esto derivó en una demanda que podría costar a Argentina 100 mil euros en multas y costos sociales no abonados, ya que ella trabajaba bajo la figura de “falso autónomo”, muy castigada por la legislación española. La empleada estaba cerca de su jubilación y una negociación hubiera resultado más económica para el país, pero la intransigencia de Bosch impidió llegar a un acuerdo.

También, la empresa de servicios y limpieza SEPROSER, que proveía personal a la residencia del embajador, rompió su contrato tras cambiar a ocho empleadas en solo cinco meses debido a los maltratos. La situación escaló hasta el punto en que las empleadas pedían ser reasignadas a otros destinos, lo que llevó a la empresa a preferir perder al cliente antes que continuar soportando los abusos.

El “pacto” con el embajador K, Carlos Bettini

Carlos Bettini, ex embajador argentino en España durante doce años y de estrechos lazos con el kirchnerismo, fue reincorporado en 2022 como asesor de la embajada bajo la gestión de Ricardo Alfonsín (hijo del expresidente radical tras electo tras la dictadura). A pesar de ocupar un puesto administrativo como empleado local, Bosch y Bettini acordaron su salida en un almuerzo en el restaurante Narciso en el barrio de Salamanca. El pacto habría consistido en mantener a Bettini cobrando su salario durante tres meses sin asistir, para evitar pagar su indemnización, a cambio de garantizar la continuidad de su círculo de confianza en la embajada, incluyendo figuras como Angie Vaca Narvaja y Alejandra de Vicenti (nieta de Azucena Villaflor), junto a otros militantes del kirchnerismo en Madrid.

– Carlos Bettini

A contramano de la postura de la administración libertaria de Milei, la embajada incrementó su personal. Actualmente cuenta con treinta y tres empleados locales, muchos de ellos contratados por sus conexiones políticas. La última incorporación fue Tatiana Aguilar Mateo, militante kirchnerista, contratada como secretaria personal del embajador con un sueldo de 3 mil euros mensuales, a pesar de que Bosch ya contaba con otra secretaria privada. Además, varios miembros del personal son herencia de gestiones anteriores, como Alcira Iriñiz, quien mantiene vínculos con periodistas que Bosch utilizaría para operaciones mediáticas contra Milei.

El embajador Bosch fue criticado, también, por sus manejos mediáticos y por poner en peligro la relación entre Argentina y España. Entrevistado por La Nación en abril de 2024, Bosch sugirió que el viaje de Milei a España para reunirse con Vox “no era la ocasión” para un encuentro con Pedro Sánchez, lo que fue interpretado como una maniobra para sabotear el viaje presidencial. Además, el embajador minimizó el interés de empresarios españoles en invertir en Argentina bajo el gobierno de Milei, equiparándolo con la falta de inversiones durante el kirchnerismo.

Meses después, durante la visita de Milei a España en mayo de 2024, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) criticó duramente al presidente argentino tras una reunión convocada por la embajada. Esta reunión se organizó en un edificio propiedad del estado español, y varios empresarios, influidos por el gobierno de Pedro Sánchez, expresaron su descontento con Milei, lo que generó un conflicto diplomático que pudo haber sido evitado.

*Con información de REALPOLITIK

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Villarruel lanzó un alivio financiero para los empleados endeudados del Senado: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”

La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.

En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.

Victoria Villarruel on X (formerly Twitter): “Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo. / X”

Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.

El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.

Victoria Villarruel on X (formerly Twitter): “Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper. / X”

Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.

Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.

Victoria Villarruel on X (formerly Twitter): “El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan… / X”

El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…

“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.

Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.

Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.

La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.

Trump pidió eliminar el comité de la ONU que cada año respalda el reclamo por las Islas Malvinas

El gobierno de Donald Trump pidió eliminar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro donde la Argentina sostiene cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El planteo llegó el pasado jueves 15, durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General en Nueva York. Allí, la representante estadounidense Tammy Bruce solicitó la finalización del mandato del organismo y calificó parte de su actividad como un despilfarro de recursos.

Desde el principal aliado internacional de la Casa Rosada llegó así una iniciativa que beneficia al Reino Unido y perjudica a los intereses argentinos. Ocurrió en plena ofensiva del Gobierno por el archipiélago y contra la explotación petrolera en sus aguas.

—El comunicado oficial de la ONU que da cuenta del pedido de Estados Unidos para terminar con el mandato del Comité Especial de Descolonización

De acuerdo con el comunicado de prensa GA/SPD/841 que difundió la ONU, la funcionaria afirmó que el comité “dejó de cumplir su propósito original”. Recordó que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros, mientras el organismo “opera como si nada hubiera cambiado” y revisa los mismos textos cada año. También apuntó contra “los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur”, que consideró una pérdida de tiempo y de dinero para la organización.

Como ejemplo eligió a Puerto Rico. La Asamblea General quitó a la isla de la lista de territorios no autónomos en 1953, pero el comité celebra audiencias sobre ella todos los años. “Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” en campañas políticas, remató. Su intervención no mencionó a las Malvinas.

El C-24, como se lo conoce en la jerga diplomática, nació en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General para impulsar el fin del colonialismo. Lo integran 29 Estados y examina 17 territorios no autónomos, diez de ellos bajo administración británica, Malvinas incluida. Desde 1983 aprueba cada año una resolución que insta a Buenos Aires y Londres a negociar la soberanía, en línea con la resolución 2065 de la Asamblea General, de 1965. Estados Unidos abandonó el comité en 1971, con el argumento de que no le permitía cumplir un rol constructivo.

En esa misma sesión, la Cuarta Comisión aprobó más de 20 proyectos de resolución y una decisión, muchos surgidos de recomendaciones del C-24. Estados Unidos, el Reino Unido e Israel fueron los únicos votos en contra del texto sobre difusión de información sobre descolonización, que reunió 164 apoyos. La delegación británica, por su parte, reclamó que el comité reconozca la “modernización” de su vínculo con los territorios de ultramar.

Para Javier Milei, la jugada abrió la primera diferencia geopolítica con Trump. El Presidente comparte con el republicano la desconfianza hacia la eficacia de la ONU, pero considera al C-24 uno de los pocos escenarios multilaterales disponibles para el reclamo. 

Se espera que el canciller Pablo Quirno anuncie el rechazo argentino ante el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, que llegan esta semana a Buenos Aires para promover una iniciativa de infraestructura con inversión estadounidense. El viernes, Milei habló por teléfono con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos “reafirmaron la solidez de la asociación”, aunque no trascendió si conversaron sobre las islas.

Para cerrar el comité hace falta la aprobación de la Asamblea General. Allí Estados Unidos no tiene poder de veto, y el C-24 cuenta con el aval de una amplia mayoría de países.

La postura de Washington choca con el discurso de Milei en la última Asamblea General. “Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional”, dijo el Presidente desde el atril neoyorquino, donde acusó a la ONU de “inútil” y de “mirar hacia otro lado con la causa”. Recordó que hace 50 años la resolución 31/49 pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales y se preguntó “de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario”.

Los tres cancilleres de Milei defendieron el reclamo ante el C-24. Diana Mondino recordó en 2024 los 191 años de ocupación británica. Un año después, Gerardo Werthein la definió como “un acto colonial, contrario al derecho internacional”. En junio pasado, Quirno denunció la “militarización” del archipiélago y rechazó el argumento británico de la libre determinación: “Existe una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos”.

El pedido de Washington coincidió con el momento de mayor tensión con Londres. La Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, y el Reino Unido respaldó de manera explícita a las empresas involucradas. Compañías estadounidenses también expresaron su preocupación por las sanciones que prevé la Ley de Soberanía.

Trump había alentado la estrategia oficial cuando evaluó revisar la neutralidad histórica de su país sobre el archipiélago y se ofreció como mediador. Sin embargo, después de reunirse el 22 de septiembre con el primer ministro británico, Andy Burnham, descartó esa mediación.

La ofensiva contra el C-24 forma parte de los recortes que Washington impulsa en la ONU como su principal contribuyente. Esos recortes coinciden con la carrera para suceder a António Guterres, en la que compite el argentino Rafael Grossi con el apoyo de Milei.

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