LÍNEA 134 | Denunciaron a una concejal de Ushuaia que obligaba a beneficiarios de planes sociales a hacer tareas en su casa
Se trata de la edil Analía Lorena Escalante, de FORJA, la fuerza política de afinidad kirchnerista del gobernador denunciado por abuso sexual, Gustavo Melella. Las denunciantes alegaron que les exigía que trabajaran en la casa de la burócrata y en su campaña electoral.
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La concejal de Ushuaia, Analía Lorena Escalante, fue acusada de usar planes sociales en su propio beneficio. La denuncia llegó a través de la línea 134 que habilitó el gobierno de La Libertad Avanza.
En las últimas horas Carolina y Roxana —como se identificaron públicamente las denunciantes— dieron detalles de su acusación. Una de ellas tiene un comedor en el barrio Esperanza 2. Como contraprestación, le pidió que se acercara a una fundación. “En realidad es un disfraz, es una sede política que la única asistencia social que da son algunas viandas”, dijo en diálogo con Radio Provincia Ushuaia.
Allí la damnificada daba talleres. Por su labor, recibía $40 mil pesos. Pero, añadió, en plena campaña tuvo que hacerse cargo de las promesas incumplidas que repartía la entonces candidata. En el último tramo de la previa electoral, continuó su relato, comenzaron lo que consideró maltratos verbales.
La otra denunciante contó que tiene un hijo con epilepsia. En su caso el plan ascendía a los 60 mil pesos. Ella también se refirió a “amenazas constantes”. “Me han llamado a cualquier hora para hacer cosas personales como ser hacer pizzetas para el cumpleaños del hijo”, expuso la mujer. Además, mencionó otros aparentes pedidos insólitos, como limpieza doméstica y trabajos en una zanja de la vereda.
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Crece el escándalo por el uso del padrón de la Agencia de Discapacidad (Andis) para hacer “territorio” durante campaña legislativa 2025 por parte de armadores que responden a Sebastián Pareja en el sur de la provincia de Buenos Aires
Ahora, en el municipio de Tres Arroyos presentaron una denuncia penal pidiendo que se investigue el posible delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en la Sexta sección.
Es por la filtración de chats del grupo de WhatsApp de LLA en la Sexta donde la responsable seccional, la actual concejal bahiense Franca Grippo Harrington, propuso usar el padrón del programa Incluir Salud para hacer “territorio”. Eso, dos meses antes de que estallara el caso de las coimas en la Andis.
En esos mensajes, Grippo reconoció que el material que tenía en manos era información reservada que le habían dado en papel y que tenía previsto entregar en mano a quienes vayan a la inauguración de un local libertario en Tres Arroyos, días más tarde . “No quieren que ande circulando”, admitió.
Frente a esas filtraciones, en el municipio de Tres Arroyos a cargo del massista Pablo Garate formularon una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16 para que se investigue si hubo distribución y uso proselitista de datos de personas con discapacidad en el distrito por parte de dirigentes de LLA.
Una de las denunciantes, la coordinadora del Área de Discapacidad de Tres Arroyos, Andrea Elgart, dijo que, mientras eso sucedía con Grippo y su gente, “más de 1.100 personas en la Sexta sección estaban siendo sometidos a las auditorías de la Nación, que es un proceso cruel por las pensiones”.
Al denunciar una “agenda de la crueldad” por parte del gobierno libertario en materia de discapacidad, Elgart sostuvo: “Mientras había gente en todo el país tratando de no perder 300 mil pesos, había gente distribuyendo esos datos para hacer proselitismo”.
Grippo, que encabezó la lista de concejales de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, es una de las personas más cercanas a Sebastián Pareja en el sur de la provincia.
De linaje estanciero por parte de madre, Grippo Harrington es nieta y bisnieta de dos ex intendentes bahienses y es delegada por Tornquist de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Incluso, fue quien armó la visita de Nicolás Pino a Bahía en medio de la campaña.
Ahí, llamó la atención que algunos videos de la recorrida de Pino por la Expo Rural bahiense se hayan difundido con el sello La Libertad Avanza, ligando directamente al titular de la SRA con la campaña del Gobierno.
Como armadora de Pareja en la Sexta, Grippo Harrington mantiene el control de oficinas de Pami y Anses en Bahía y la región, donde, desde 2024, se multiplicaron los reclamos por delegaciones cerradas y problemas en la atención.
En ese marco, además de poner a disposición el padrón de uso confidencial de la Andis, Grippo Harrigton les propuso a los referentes locales bajo su mando colar gente en la Anses por medio de la empresa de limpieza Linser. “Podemos capitalizar esto nosotros”, dijo la coordinadora en las filtraciones.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, iniciará una gira financiera por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversores para una nueva colocación de deuda provincial. El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales y gestores de activos que ya operan en la Argentina. La provincia buscará emitir hasta USD 500 millones para reperfilar vencimientos y mejorar el perfil de su deuda.
Acorde a lo informado por Infobae, la agenda incluye encuentros con ejecutivos de firmas de peso en Wall Street, varias de las cuales participaron en emisiones anteriores de deuda argentina y provincial. Entre ellas figuran VR Capital, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre, Vanguard, Payden, JPMIM, Aberdeen Blue Bay, PIMCO, BlackRock, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge. Además, Frigerio contará con el respaldo de un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco de Entre Ríos, que actuarán como estructuradores de la operación.
El contexto internacional aparece como una ventana de oportunidad. La baja del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para las provincias y la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés podría favorecer una mayor demanda por activos emergentes. Una eventual reducción del costo del dinero en Estados Unidos impulsaría a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de los bonos del Tesoro, lo que beneficiaría a emisiones como la entrerriana.
Durante las presentaciones, el gobernador detallará el plan de ordenamiento fiscal implementado por su gestión, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento. La provincia intentará transmitir previsibilidad y disciplina financiera para seducir al mercado. En ese marco, Richard Dietz, de VR Capital, había destacado previamente:“Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario.”. El propio Frigerio reforzó esa idea antes de viajar: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.
El objetivo central de la emisión es refinanciar los compromisos heredados del bono en dólares lanzado en 2017, cuyos vencimientos más pesados se concentran entre 2023 y 2028. Tras el default provincial durante la pandemia y posteriores reestructuraciones, la administración actual enfrenta pagos anuales superiores a USD 130 millones. Con los nuevos fondos, el Gobierno entrerriano buscará aliviar la carga financiera, extender plazos y estabilizar las cuentas, apostando a recuperar acceso al crédito en mejores condiciones y sostener el desarrollo económico local.
En un contexto de emergencia económica declarada, con la provincia de Buenos Aires asfixiada financieramente y solicitando autorización legislativa para tomar nueva deuda, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad avanza con un gasto que resulta, cuanto menos, polémico. Mediante la licitación privada 11/2025, el área que conduce Andrés “Cuervo” Larroque aprobó una inversión de 339.905.444,09 pesos destinada exclusivamente a refacciones sanitarias y trabajos eléctricos en las oficinas del ministerio.
El monto -cercano a los 340 millones de pesos- contrasta de forma directa con la situación social que atraviesa el distrito: salarios estatales y jubilaciones desactualizadas, hospitales públicos con faltantes de medicamentos, obras paralizadas y comedores comunitarios al borde del colapso por la falta de pagos a proveedores.
De acuerdo al pliego de especificaciones técnicas, la licitación no contempla ampliaciones edilicias ni mejoras estructurales de fondo, sino un mero reacondicionamiento en baños y adecuaciones del sistema eléctrico interno. En otras palabras, no se trata de una inversión productiva ni de un refuerzo directo a políticas sociales, sino de gastos administrativos puertas adentro con gastos exorbitantes.
La decisión de Larroque se conoce mientras el gobernador Axel Kicillof viene de impulsar en la Legislatura un paquete de leyes para declarar la emergencia económica y autorizar un endeudamiento cercano a los 3.000 millones de dólares, bajo el argumento de que la provincia ya no puede afrontar sus compromisos básicos.
La polémica licitación no aparece aislada. El ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires atraviesa una de sus etapas más críticas, con fuertes cuestionamientos a la gestión del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), que depende directamente de esa cartera.
Tal como reveló un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, durante 2023 se detectaron pagos de sueldos a empleados dados de baja, bonificaciones sin respaldo legal, subsidios por más de 51 millones de pesos sin rendición y convenios irregulares con instituciones de abrigo. Las observaciones fueron confirmadas en un fallo posterior, dejando bajo responsabilidad directa a las autoridades del organismo.
A esto se suma una grave crisis de seguridad en los institutos de menores, con diecisiete fugas en apenas veinte días, según informes policiales elevados al propio gobernador. Trabajadores del área describen la situación como “la peor gestión de los últimos cuarenta años”, marcada por la improvisación y la desidia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país tras una operación militar que incluyó ataques aéreos sobre distintos puntos estratégicos de Caracas y sus alrededores. El anuncio desató una jornada de máxima tensión en la región, con repercusiones inmediatas dentro y fuera del país caribeño.
A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela”y aseguró que el dictadorvenezolano fue detenido y trasladado en avión fuera del territorio nacional junto a su esposa, Cilia Flores.
Según adelantó el mandatario, los detalles de la operación serían brindados en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida.
En declaraciones posteriores al diario The New York Times, Trump calificó la acción como “una operación brillante” y destacó el trabajo de las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses. “Hubo mucha planificación y gente muy capacitada involucrada”, señaló el jefe de la Casa Blanca, en un mensaje que reforzó la magnitud del operativo.
El anuncio llegó luego de una madrugada marcada por fuertes explosiones en Caracas. Cerca de las 2 de la mañana, residentes de la capital venezolana comenzaron a reportar detonaciones, sobrevuelos de aviones y helicópteros, además de extensos cortes de energía eléctrica. En redes sociales circularon decenas de videos que mostraban columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad.
Según relataron testigos y medios internacionales, los ataques se concentraron en zonas sensibles como la base aérea de La Carlota y el complejo militar de Fuerte Tiuna, el mayor bastión de las Fuerzas Armadas venezolanas. También se registraron explosiones en La Guaira, mientras cientos de autos intentaban abandonar las áreas afectadas en medio del caos y la incertidumbre.
“Las ventanas retumbaron y me tuve que esconder en una habitación sin ventanas”, relató una jubilada que vive cerca de Fuerte Tiuna, en declaraciones recogidas por la agencia AFP. Otros vecinos describieron el sonido de ametralladoras y disparos antiaéreos, en lo que aparentaba ser un intento de defensa frente a los bombarderos que sobrevolaban la ciudad.
En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos.Se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.¡Viva Venezuela libre!pic.twitter.com/8ZAJ926OZa
El contexto previo ya anticipaba una escalada. En los últimos días, Trump había endurecido su discurso contra el régimen chavista y advertido que los días de Maduro en el poder “estaban contados”. Incluso, el lunes anterior, Estados Unidos confirmó la destrucción de una zona utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico, lo que marcó el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.
Desde el gobierno de Caracas, la reacción no tardó en llegar. A través de un comunicado difundido por la televisión estatal, el régimen denunció una “gravísima agresión militar” por parte del Gobierno norteamericano y anunció la declaración del estado de excepción en todo el país. En el mensaje oficial, las autoridades chavistas acusaron a Washington de violar la Carta de las Naciones Unidas y llamaron a la movilización popular en rechazo al ataque.
La firma Coteminas notificó la desvinculación de una parte de su plantel de trabajadores en su planta de La Banda, por caída del consumo y el aumento de competencia importada
Centrados en la gestión de los municipios que gobiernan y en los Concejos Deliberante que manejan en distritos donde son oposición, el partido comandado por Cristian Ritondo encara las pinceladas finales de un plan de reordenamiento interno. Articulaciones legislativas para pensar proyectos comunes entre lo local y lo nacional y una relación tensa con los libertarios tras un 2025 incendiario.
