12 marzo, 2025

LA MATANZA | Leila Gianni denunció al intendente Fernando Espinoza por la clausura a Mercado Libre

La abogada Leila Gianni denunció a Fernando Espinoza por la clausura de un centro de distribución que Mercado Libre pretendía construir en La Matanza. La obra, valuada en 75 millones de dólares, prometía generar 2.300 empleos.
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El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue denunciado nuevamente ante la Justicia Federal por la “clausura arbitraria e ilegal” del proyecto de expansión del Centro de Distribución de Mercado Libre en la localidad de Tapiales. La denuncia, presentada hoy por la abogada Leila Gianni, ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, recae sobre el juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini.

La presentación judicial acusa a Espinoza de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, acciones que, según el texto de Gianni, “perjudican la economía local y afectan el desarrollo de un proyecto crucial cuya obra está valorada en 75 millones de dólares y prometía generar 2.300 empleos”.

El escrito detalla que la clausura se produjo el 18 de octubre de 2024, cuando agentes municipales y efectivos policiales—bajo órdenes directas de Espinoza— se presentaron en el sitio de construcción impidiendo el acceso de camiones con materiales e interrumpiendo completamente la obra.

Gianni, quien renunció a su cargo para militar por La Libertad Avanza en La Matanza, critica que se haya optado por la clausura sin agotar previamente otras medidas menos severas, como multas o plazos de regularización. También cuestiona la legalidad del acta de clausura, señalando que carece de una descripción clara de las infracciones y resulta ilegible, lo que limita el derecho de defensa de la empresa.

LA DENUNCIA DE GIANNI

DENUNCIA-CONTRA-ESPINOZA-MECARDO-LIBRE

“Los agentes municipales, acompañados de efectivos policiales, con una actitud prepotente y desmedida, justificaron su intervención con excusas que resultaban completamente insuficientes. Hablaron de razones ‘burocráticas’, ‘administrativistas’ e incluso ‘ilegales’”, describe la denuncia. “Sin dar lugar a un diálogo o a una reconsideración razonable de la situación, procedieron a la clausura y paralización total de la obra, lo que sorprendió tanto a los trabajadores como a los directivos de la empresa”, agrega.

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, denunció la clausura en sus redes sociales. Espinoza respondió al CEO de Mercado Libre a través de sus redes sociales, sugiriendo que la firma no habría solicitado la habilitación municipal para edificar en el Mercado Central. “Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas”, señaló Espinoza en un mensaje dirigido a Galperin.

Leila Gianni, por su parte, afirmó que “La Matanza necesita liberarse de la opresión de líderes como Espinoza”, a quien calificó como “un personaje muy siniestro” y “una persona perversa”. La abogada representa a la Asociación para la Libertad, Compliance y la Lucha contra la Corrupción en la denuncia, y sostiene que la sanción fue desproporcionada en relación con las supuestas infracciones.

LOS ANTECEDENTES DEL FEUDO DE ESPINOSA

En 2017, el municipio ya había denunciado que Mercado Libre no contaba con los permisos de construcción correspondientes para una obra en el mismo predio. La empresa alegó que tenía los permisos nacionales necesarios, ya que el predio es federal. La disputa legal se extendió por varios meses, hasta que en 2018 la justicia federal falló a favor de Mercado Libre.

Espinoza ya está señalado en la justicia por otra causa judicial por un abuso sexual a su ex secretaria Melody Rakauskas. El intendente solicitó un permiso para viajar a Barcelona, pero le fue negado por no haberse presentado a una pericia psiquiátrica.

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Detuvieron a un “empresario” boliviano que vendía terrenos con papeles truchos por Tik ToK

La Policía Bonaerense detuvo a Joseph Charly Ponce Sarzuri, de 31 años y nacionalidad boliviana, acusado de ofrecer terrenos en un presunto emprendimiento inmobiliario por un valor total de USD 30 millones.

El predio de 300 hectáreas se encontraba en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional Nº 3, en la intersección de Anastacia Girardot y Areco, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Según la DDI de La Matanza, Ponce Sarzuri prometía la futura construcción de un barrio denominado “Simón Bolívar”.

La investigación comenzó tras denuncias recibidas el jueves pasado, cuando la Municipalidad de La Matanza detectó la supuesta venta ilegal de lotes. El imputado publicitaba los terrenos, valuados en 3.000 dólares cada uno por 300 metros cuadrados, a través de TikTok, donde se observaban videos con gazebos, globos y referencias a un trámite ante escribanía. Al menos 45 personas llegaron al predio en un micro escolar provisto por los vendedores, con puntos de partida en Plaza Flores, Villa Celina y la zona del Bingo de Ciudadela.

Personal encubierto de la DDI de La Matanza se hizo pasar por interesado y observó cómo se montaba una mesa con planos detallando la distribución de los lotes, presenciando además la venta de uno de ellos. Toda la maniobra quedó documentada desde un dron que sobrevoló la zona. Acto seguido, la fuerza policial desplegó el operativo y procedió a la aprehensión de Ponce Sarzuri, en una causa caratulada como tentativa de estafa (IPP 05-00-0011519-25) bajo la órbita de la UFI N°8 de la fiscal Alejandra Núñez.

Las autoridades secuestraron documentación vinculada con la comercialización de los terrenos y el micro escolar marca Agrale MT 12.0 LE dominio IVF181 utilizado para el traslado. También se tomaron testimoniales al conductor del ómnibus, al cuidador del predio y a los presuntos compradores. Hasta el momento, no se estableció con exactitud el monto real abonado por las víctimas, aunque la oferta general se valuó en USD 30 millones.

En febrero del año pasado, Ponce Sarzuri conformó la firma “Las Américas de Simón Bolívar” junto a dos compatriotas, registrada supuestamente para el rubro inmobiliario. Además, existe otra sociedad denominada “Simón Bolivar Group”, con CUIL y sede en el Bajo Flores, constituida en noviembre último por dos comerciantes bolivianos.

El nombre de al menos uno de ellos, o el de esta empresa, no figuraba en la documentación incautada. El imputado, domiciliado en Aldo Bonzi (Provincia de Buenos Aires) quedó a disposición de la Justicia para aclarar su participación en la maniobra y determinar el alcance total de la estafa.

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La Policía bonaerense rechazó el escaso aumento de Kicillof y alertó sobre un posible acuartelamiento

La Policía bonaerense rechazó la propuesta de aumento salarial del 9% que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y anunció la posibilidad de un paro total de actividades. Decenas de agentes, retirados y familiares se congregaron en Puente 12, en el cruce de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, partido de La Matanza, para exigir una suba del 100% en el sueldo básico y denunciar el hostigamiento que, según afirmaron, incluyó el uso de un helicóptero con el fin de provocar fuertes ráfagas de viento y dispersar la protesta.

Los manifestantes expusieron su malestar al considerar insuficiente el 9% de aumento en un contexto de inflación y creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La protesta se desarrolló desde la mañana del lunes 17 de febrero y se extendió hasta el día siguiente, cuando un grupo de efectivos aseguró que, de no alcanzar un acuerdo, se tomarían medidas de fuerza más drásticas. También remarcaron la necesidad de reincorporar a los policías que fueron desafectados por anteriores movilizaciones y se quejaron por la falta de respuesta oficial a sus reclamos.

Entre las sanciones más recientes, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó a 14 policías en Ituzaingó. Según un vocero de seguridad, los oficiales dejaron sus tareas de patrullaje y se apostaron en una estación de servicio para tocar sirenas y bocinas como forma de reclamo. La Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Morón los imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública”. 

– Los policías protestando en Ituzaingó

Además, hubo otras 16 sanciones hasta completar un total de 30 efectivos desafectados en varios puntos de la provincia. En este contexto, los efectivos denunciaron que estas medidas disciplinarias buscan acallar los reclamos salariales y laborales que ya llevan años sin respuestas concretas.

– El ministro de Seguridad de Buenos Aires junto al gobernador Kicillof

Los integrantes de la fuerza difundieron un extenso petitorio dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense, donde exigieron la mejora de sus condiciones laborales y el incremento del salario básico, que actualmente ronda los $667.881 para un oficial de policía con el último ajuste (aunque algunos efectivos aseguraron que, con descuentos, apenas alcanzaron los $680.000). Según los manifestantes, este salario los ubica en una situación de indigencia si se considera el costo de vida actual y el valor de la canasta básica.

En el documento, fechado el 17 de febrero de 2025, resaltaron diez puntos centrales:

  1. Que no haya ningún tipo de sanción administrativa ni represalia
    para el personal que concurrió a las convocatorias pacíficas por este reclamo.
  2. Aumento del 100% del sueldo básico
    (señalaron que un oficial cobraría $667.881 a partir del 1 de marzo y que se necesitan $1.033.716 para no ser pobre).
  3. Obra social IOMA
    (solicitaron más prestadores, pago puntual a los profesionales y entrega de medicamentos).
  4. Correcta atención por parte de Provincia ART
    (denunciaron abandono en traslados e insumos para el personal herido).
  5. Horas Co.Re.S (horas extra)
    (exigieron elevarlas de $1.200 a $12.000 y que no se recargue de manera obligatoria).
  6. Readecuación de destino
    (pidieron trabajar a no más de 50 km del domicilio y contar con viáticos de distancia).
  7. Gabinete de asistencia psicológica las 24 horas
    (informaron 44 suicidios en 2024 y 6 casos en lo que va de 2025).
  8. Asistencia psicológica, legal y social para heridos y familiares de caídos
    (criticaron la falta de cobertura integral para quienes sufren hechos violentos en acto de servicio).
  9. Reincorporación del personal en disponibilidad desde 2021
    (por la convocatoria de septiembre de 2020).
  10. Creación de planes de vivienda
    (señalaron que un oficial paga $450.000 de alquiler sobre un sueldo de $667.881 y que muchos terminan trabajando de Uber para subsistir).

Un miembro de la fuerza que se encontraba presente en la protesta explicó a DATA24.COM.AR la crisis salarial: “El policía arriesga su vida por 1.200 pesos. No llegas a comprar ni un alfajor”, exponiendo el precio que paga el Estado bonaerense por las horas extra. También detalló que el mínimo porcentaje de incremento recién se acreditaría varios meses después de la homologación paritaria: “A nosotros nos descuentan la caja de policía un mes adentro y recién cobraríamos en abril el 7%. El 2% siguiente llegaría en mayo“, sostuvo.

Según el efectivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, evitó reunirse con los manifestantes: Ayer pedimos hablar con el ministro, nos dijeron que no estaba. Pero habíamos visto cómo bajó del helicóptero. Salió por la puerta de atrás porque no tenía cara para salir por adelante. Nadie nos dio una respuesta“. La falta de diálogo con las autoridades aumentó la tensión entre la fuerza y el Gobierno provincial, que hasta el momento no ha brindado respuestas públicas.

– Las protestas de la Bonaerense en 2020, bajo el kirchnerato

Otro problema que preocupa son los suicidios dentro de la fuerza policial. Según datos proporcionados por los efectivos, en 2024 se registraron 44 suicidios entre agentes de la Policía bonaerense, mientras que en lo que va de 2025 ya suman al menos seis casos confirmados. 

El entrevistado reveló a este medio que recientemente hubo otros dos posibles casos en evaluación, lo que elevaría la cifra a ocho. La falta de asistencia psicológica y las dificultades económicas son señaladas como factores determinantes en esta crisis. Desde el petitorio, los agentes exigen la implementación de un gabinete de asistencia psicológica disponible las 24 horas para la prevención de estos hechos y el acompañamiento de los afectados.

Redacción

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El Gobierno denunció desvío de fondos del INAI para financiar litigios contra el Estado

Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó ante la Justicia una denuncia penal con el objetivo de “determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos autoidentificados como organizaciones indígenas”. La demanda hace referencia a los fondos del Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003.

Las irregularidades fueron detectadas tras dos auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y revelan que parte de los 1.200 millones de pesos otorgados fueron destinados al pago de abogados que litigaron contra el Estado por conflictos relacionados con ocupaciones de tierras. Entre los señalados se encuentran organizaciones mapuches, algunas de las cuales fueron calificadas como “terroristas” por el gobierno de Javier Milei.

– Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Las auditorías realizadas por la SIGEN pusieron de manifiesto casos específicos con deficiencias en los controles. El Lof Che Buenuleo, en Río Negro, recibió $1.770.000 en 2023; el Lof Kinxikew, en Neuquén, obtuvo $1.950.000; y Newen Mapu, en Río Negro, recibió $4.480.000. En total, fueron varios subsidios que suman siete millones de pesos “sin control” y sin haber logrado el objetivo esperado: la regularización territorial.

Uso de los fondos transferidos por el INAI a comunidades indígenas

El Informe de Auditoría N° 08/2024 de la UAI-INAI revela que los fondos transferidos a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario tenían como objetivo principal financiar servicios jurídicos para las comunidades indígenas. Este programa, creado por la Resolución INAI N° 235/04, durante la gestión de la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner, permitía a las comunidades acceder a subsidios para:

  • Defensas judiciales y asesoramiento legal, especialmente en litigios por territorios indígenas.
  • Pago de honorarios de abogados, escribanos y agrimensores.
  • Gestión de la propiedad comunitaria de las tierras ocupadas por las comunidades.
  • Capacitación legal y asesoramiento contable.
  • Elaboración e inscripción de mensuras.

Aunque Avruj no menciona nombres específicos en la denuncia penal, espera que la Justicia identifique a los responsables. En su denuncia, señala a los responsables del INAI durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Las auditorías también evidencian irregularidades en los millonarios subsidios otorgados a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), considerada como organización “terrorista”. Se destaca que estos fondos también fueron destinados a pagar abogados involucrados en conflictos por usurpación de terrenos e incendios en predios.

Por otro lado, Avruj calificó al Programa de Fortalecimiento Comunitario como una “obscenidad” y lo dio de baja mediante la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El funcionario denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado” y afirmó que el esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para defenderse en causas por diversos delitos”.

Redacción

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Funcionaria de Kicillof gastó $18 millones en un proyector

El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, presidido por la excandidata a intendente de La Plata, Florencia Saintout, se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación del procedimiento abreviado 547-0477-PAB25. El objetivo de esta licitación es la adquisición de un proyector de imágenes por un monto de 18 millones de pesos, en un contexto donde la provincia enfrenta serios problemas financieros.

Mientras la economía bonaerense se encuentra en una situación crítica y el gobernador Axel Kicillof es instado a priorizar gastos esenciales como la seguridad y la adquisición de patrulleros, el Instituto Cultural decide invertir una suma millonaria en un proyector. Preocupantemente, especialistas en tecnología han advertido al medio REALPOLITIK que existen proyectores profesionales con tecnología 4K de 8 mil lúmenes a un costo aproximado de 400 mil pesos, lo que genera dudas sobre la elección de un modelo considerablemente más costoso.

Otro aspecto que genera controversia es la escasa disponibilidad del modelo seleccionado. Varios proveedores de tecnología han advertido que podría tratarse de una adquisición con sobreprecio, dado que proyectores con características similares se comercializan a valores mucho más bajos. “Es probable que terminen ofreciendo un producto similar al solicitado por la provincia, pero con un costo hasta diez veces menor al que Saintout está dispuesta a pagar”, señalan especialistas del sector.

La decisión del Instituto Cultural no sorprende en el marco de otras políticas de gasto que han generado malestar en la opinión pública. Recientemente, Saintout ha destinado millonarios fondos a la financiación de murgas y batucadas, con el argumento de respaldar el carnaval como parte de la identidad cultural bonaerense. Si bien estas iniciativas pueden tener un valor simbólico, resulta contradictorio que se asignen presupuestos multimillonarios a eventos recreativos mientras otras áreas claves como salud, educación y seguridad atraviesan una crisis sin parangón.

Este no es el único gasto de Saintout que ha despertado críticas. Recientemente, el Instituto Cultural aprobó una licitación por 1.452 millones de pesos para la limpieza de sus oficinas y dependencias, una cifra que, según consideran empresarios expertos en la materia, es a todas luces desproporcionada. Este gasto se aprobó poco después de que el gobernador Kicillof advirtiera sobre la grave crisis económica de la provincia y las dificultades para cumplir con los salarios estatales. Además, el pliego licitatorio permite ampliar el monto en un 35 por ciento, lo que podría elevar aún más el gasto total.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Feministas de ultra izquierda se movilizaron en apoyo al uso del hiyab en escuelas: “Que prohíban la religión católica”

Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.

En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.

Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.

Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”. En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.

Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.

El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.

Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.

Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.

Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.

Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.

“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”

La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.

El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.

Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.

El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.

Redacción

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Inició el juicio a seis mapuches por usurpación de tierras en Villa Mascardi

Los acusados, Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Jésica Bonnefoi, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana, están imputados por diversos hechos relacionados con la ocupación ilegal de tierras en la zona, en particular, de terrenos que forman parte del Parque Nacional Nahuel Huapi y otras propiedades privadas.

Las audiencias comienzan hoy, continuarán mañana y el 27 de febrero. Se retomarán en abril, cuyas fechas establecidas son el 10, 12 y 13, 20 y 31 de ese mes, según las previsiones iniciales y si no se desiste de testigos.

La causa que se sigue contra los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu tiene como eje hechos ocurridos entre 2018 y 2022, es decir, posteriores a los incidentes de la irrupción inicial en 2017. En esa época, la comunidad había comenzado a ocupar terrenos de Parques Nacionales y propiedades privadas, lo que derivó en la intervención del Estado y el desalojo de tierras en 2022. 

Entre los múltiples cargos por usurpación se encuentran la ocupación del exhotel de Mascardi, en el predio de Parques Nacionales y la toma de la estancia Los Radales, perteneciente a una empresa privada. 

Además, algunos de los imputados son señalados por un ataque armado contra un tráiler de la Gendarmería Nacional en la misma zona, hecho que ocurrió durante un operativo de seguridad en la región.

El juicio se desarrolla bajo la supervisión del juez federal, Alejandro Silva, quien ya había presidido el juicio por la muerte del joven mapuche, Rafael Nahuel, en 2017. La causa cuenta con la presencia de los fiscales, quienes llevarán adelante las imputaciones, mientras que los acusados son defendidos por un grupo de abogados encabezados por Gustavo Franquet. Este último, que también estuvo al frente de la defensa de la comunidad mapuche en el juicio por la muerte de Nahuel, tendrá un papel central en este proceso judicial.

– El predio Los Radales había sido atacado por la comunidad mapuche en 2022

La comunidad Lafken Winkul Mapu ha rechazado la acusación y sostiene que las tierras en disputa les pertenecen históricamente. En un comunicado público, los mapuches reafirmaron su reclamo territorial y argumentaron que las tierras de Villa Mascardi son parte de su ancestral “Wallmapu”, el territorio originario que ocuparon sus ancestros antes de la llegada de los colonos y la posterior creación de los parques nacionales. Además, afirman que el Estado argentino “no ha cumplido con los acuerdos” y que las tomas de tierras “responden a un derecho histórico y legítimo del pueblo mapuche”.

Los incidentes de violencia, las tomas de tierras y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han convertido en una constante en esta zona, y la judicialización de estos casos ha sido uno de los ejes principales de la gestión de la actual administración.

Redacción

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