Estudiantes liberales reemplazan murales comunistas con pinturas de próceres
Estudiantes liberales de la Facultad de Economía de Panamá cubrieron murales comunistas en el claustro con nuevas pinturas. La acción, que marca un giro en el dominio ideológico del campus, se realizó en medio de una campaña para restaurar símbolos de la cultura panameña.
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En el primer día de facultad, el asombro frente a la abrumadora cantidad de afiches y pinturas políticas que inundan las paredes de las facultades es un factor común entre los nuevos estudiantes universitarios.
Ahora, el auge de los principios liberales da vuelta el panorama. Cansados del monopolio discursivo de la izquierda,estudiantes liberales de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá que resultaron triunfantes de las elecciones del centro hace dos meses, taparon con pintura los murales del claustro que tenían simbología comunista.
“Después de tanto tiempo de esta imposición de ideologías marxistas, la agrupación MEL de la Facultad de Economía se dará los honores de limpiar esta facultad de este pensamiento nefasto que no apoyan en nada a los países ni a sus economías” señaló uno de los alumnos. El Movimiento Estudiantil Liberal informó, además, que en los murales restaurados realizarán talleres de dibujos de figuras propias de la cultura y la historia de su país, Panamá.
El pasado 13 de junio, los alumnos liberales triunfaron en las elecciones del centro de estudiantes derrotando a dos listas de izquierda —que “han tenido secuestrado al estudiantado por décadas”, señalaron— con el 41.2% del total de los votos, consagrándose como los primeros liberales en la administración del centro.
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Productores ganaderos de la localidad entrerriana de Victoria (Entre Ríos) denunciaron una tasa de hasta $12.000 por cabeza y reclamaron puertos alternativos. A inicios del año pasado el impuesto era de $300.
La intendenta kirchnerista de Victoria, Isa Castagnino, aprobó en abril de 2024 un fuerte incremento en la tasa por carga y descarga de hacienda en el Delta. Varios productores exhibieron facturas cercanas a $3 millones y pidieron que la provincia y Nación habilitaran puertos alternativos para evitar este “peaje” desmedido.
El esquema actual estableció un cálculo basado en la cantidad de kilos de novillo, tomando como referencia la cotización en el Mercado Agroganadero (MAG) de la categoría 431/460 kilos. Para quienes trasladaban hasta 100 cabezas se aplicó una tasa equivalente a dos kilos de novillo; de 101 a 400, tres kilos; y para más de 400, cuatro kilos. La normativa incluyó que “el 60% de los fondos recaudados serán destinados a rentas generales, el 30% al Programa de Becas Estudiantiles Primarias y solo el 10% destinado a gastos operativos y de infraestructura, para el mantenimiento de Bretes y Corrales”.
El presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaux, describió el impacto: “Ahora, un productor grande, mediano o chico en cada entrada y cada salida tiene que pagar hasta $12.000 por vaca, novillo o vaquillona, dependiendo de cuántos animales tiene en la isla. Eso es solamente de servicio de pasarela, en realidad el municipio presta un servicio precario. Es pura recaudación, no es más que eso: el servicio es casi nulo y el productor queda en quebranto total. Es una fortuna”.
– La ordenanza del municipio de Victoria
En sintonía, los ganaderos resaltaron que este costo dejó en situación crítica la actividad en el Delta.
El reclamo se dirigió, además, al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y al ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo “Willy” Bernaudo, para que se habilitaran puertos alternativos que compitieran con el de Victoria. Grimaux aseguró: “Estamos haciendo fuerzas desde las rurales para que el gobernador, Rogelio Frigerio, y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo ‘Willy’ Bernaudo, traten de apurar que Vialidad Nacional avance en la habilitación que desde hace 11 meses está en marcha”.
La idea consistió en establecer tres o cuatro puntos de carga y descarga a lo largo del corredor vial 174 en territorio nacional, manejados por el sector privado, de modo que los productores pudieran elegir un mejor servicio y precio. “Es libre competencia, como dice el presidente Javier Milei”, afirmó Grimaux. Bernaudo, por su parte, confirmó la lentitud del trámite: “Estamos viendo qué margen de acción tiene la provincia, porque es una atribución del municipio el tema de las tasas. Pero los puertos provinciales que tienen carga y descarga de animales tienen un precio establecido de 70 centavos de dólar, o sea, algo como $850. Por lo que esta tasa de Victoria es por lo menos 10 veces más de lo que cobra la provincia en los otros puertos. Estamos viendo si hay algún mecanismo extraordinario para poder involucrarnos y actuar”.
En las últimas semanas, el debate se reavivó cuando un productor, bajo el seudónimo “Heredoto”, mostró en redes sociales una factura emitida por la Municipalidad de Victoria. Pagó $2.994.750 por el traspaso de 363 bovinos, más un recargo de 10%, lo que totalizó $3.294.225, equivalente a $8.250 por animal.“¡Costo Argentino! Por usar un corral 20 minutos, como transbordo de barco a camión, en Islas de Victoria, Entre Ríos. La Municipalidad de Victoria se queda con 7 terneros. ¡Inviable!”, escribió en su publicación y reclamó la intervención del gobernador Frigerio y de los ministros provinciales y nacionales Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
– El pago de la tasa de un productor
Desde la Comunidad Islera Asociación Civil, su presidente, Leonardo Scarparo, describió que las islas no son solo pasturas gratuitas, sino que implican costos de sanidad, manejo y fletes, a lo que ahora se sumó lo que consideró un arancel desproporcionado. “El valor es totalmente inaceptable. La ecuación da que ese peaje que pagás por pasar 10 minutos por la manga supera al valor del costo del flete del barco. Lo que hace que, cuando uno lleva hacienda a una isla y paga el pastaje, el valor del peaje es aproximadamente el 40% del costo por pastaje y cuidado. Es desproporcionado absolutamente, sin ningún beneficio. Es una locura. No se puede trabajar de esta manera, es una cosa que no se puede mantener. Realmente esto atenta contra la producción de hacienda en las islas”.
La Mesa de Enlace provincial ya había advertido en un comunicado que este tarifazo significaba un “golpe de muerte a la ganadería de islas”. Otros dirigentes, como el vicepresidente de la Sociedad Rural de Victoria, Oscar Larracoechea, mencionaron que la tasa impuesta no se condijo con los costos de mercado ni contempló las contingencias de la actividad en humedales. El gobierno provincial aseguró que agilizaría la creación de puertos adicionales, mientras Vialidad Nacional evaluaba la documentación técnica para aprobar los nuevos cargaderos.
El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, presidido por la excandidata a intendente de La Plata, Florencia Saintout, se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación del procedimiento abreviado 547-0477-PAB25. El objetivo de esta licitación es la adquisición de un proyector de imágenes por un monto de 18 millones de pesos, en un contexto donde la provincia enfrenta serios problemas financieros.
Mientras la economía bonaerense se encuentra en una situación crítica y el gobernador Axel Kicillof es instado a priorizar gastos esenciales como la seguridad y la adquisición de patrulleros, el Instituto Cultural decide invertir una suma millonaria en un proyector. Preocupantemente, especialistas en tecnología han advertido al medio REALPOLITIK que existen proyectores profesionales con tecnología 4K de 8 mil lúmenes a un costo aproximado de 400 mil pesos, lo que genera dudas sobre la elección de un modelo considerablemente más costoso.
Otro aspecto que genera controversia es la escasa disponibilidad del modelo seleccionado. Varios proveedores de tecnología han advertido que podría tratarse de una adquisición con sobreprecio, dado que proyectores con características similares se comercializan a valores mucho más bajos. “Es probable que terminen ofreciendo un producto similar al solicitado por la provincia, pero con un costo hasta diez veces menor al que Saintout está dispuesta a pagar”, señalan especialistas del sector.
La decisión del Instituto Cultural no sorprende en el marco de otras políticas de gasto que han generado malestar en la opinión pública. Recientemente, Saintout ha destinado millonarios fondos a la financiación de murgas y batucadas, con el argumento de respaldar el carnaval como parte de la identidad cultural bonaerense. Si bien estas iniciativas pueden tener un valor simbólico, resulta contradictorio que se asignen presupuestos multimillonarios a eventos recreativos mientras otras áreas claves como salud, educación y seguridad atraviesan una crisis sin parangón.
Este no es el único gasto de Saintout que ha despertado críticas. Recientemente, el Instituto Cultural aprobó una licitación por 1.452 millones de pesos para la limpieza de sus oficinas y dependencias, una cifra que, según consideran empresarios expertos en la materia, es a todas luces desproporcionada. Este gasto se aprobó poco después de que el gobernador Kicillof advirtiera sobre la grave crisis económica de la provincia y las dificultades para cumplir con los salarios estatales. Además, el pliego licitatorio permite ampliar el monto en un 35 por ciento, lo que podría elevar aún más el gasto total.
Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
La pobreza bajó al 34,9% en febrero de 2025, de acuerdo con un informe de la Universidad Di Tella, lo que implicó una reducción de doce puntos porcentuales con respecto a septiembre de 2024, cuando se ubicó en 47%. El presidente Javier Milei festejó la cifra en redes sociales.
En la comparación con respecto al mismo semestre del año anterior, la tasa de indigencia cayó 7,1 puntos porcentuales —de 15,8 a 8,7 por ciento—, mientras la de pobreza se redujo de 47% a 34,9%. En ese lapso, la variación de las canastas que marcan los umbrales de pobreza e indigencia aumentó 99% y 114%, respectivamente, contra un alza cercana al 168% en la suma del Ingreso Total Familiar (ITF) y de 171% en los estratos más bajos.
El denominado “nowcast” de la Di Tella, dirigido por el especialista MartínGonzálezRozada —director de la maestría de Econometría del Departamento de Economía de esa casa de estudios—, estimó el indicador en 34,9% para el semestre septiembre 2024-febrero 2025, con un intervalo de confianza del 95% (entre 33,4% y 36,3%).
La Canasta Básica Total promedio en la región del Gran Buenos Aires para el semestre de referencia se estimó en 327.332 pesos por adulto equivalente, lo que representó un alza interanual de 113,8%. La proyección para ese período arrojó un incremento interanual de 167,4% en los ingresos totales familiares. Con estos valores y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares de los trimestres tres y cuatro de 2024 y el primero de 2025, se calculó la tasa de pobreza.
“Esta proyección sugiere que alrededor del 35 por ciento de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 29,6 millones de personas, lo que implica que alrededor de 10,4 millones viven en hogares urbanos pobres”, indicó el reporte.
La incidencia proyectada también se descompuso en un promedio ponderado de 37,4% para septiembre de 2024, 35,0% durante el cuarto trimestre y 33,6% en el bimestre enero-febrero de 2025, lo que resultó en el 35% aproximado final.
El nowcast estimó además la evolución semestral entre marzo-agosto de 2024 y septiembre 2024-febrero 2025. En la primera mitad del año, las brechas entre la variación de la CBT y la de los ingresos impulsaron el aumento de la pobreza y de la indigencia, que alcanzaron 52,9% y 18,2%, respectivamente. Esa situación comenzó a revertirse durante febrero-julio de 2024, principalmente por una desaceleración en el incremento de las canastas.
A partir de marzo-agosto de 2024, el crecimiento de los ingresos superó el de la canasta y provocó una baja en los indicadores: durante el semestre septiembre 2024-febrero 2025, la pobreza se ubicó en 34,9% y la indigencia en 8,7%. En ese mismo período, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 1,8% y el ITF de los estratos más bajos se incrementó 1,9%. La CBT aumentó 2,0% y la suma del ITF total creció 5,3%.
En este escenario, la incidencia de la pobreza además descendió 8 puntos porcentuales entre el primer semestre del año y el semestre abril-septiembre de 2024, pasando de 52,9 a 44,9%. Esta disminución se produjo por una caída de casi 15 puntos porcentuales, explicada por el aumento del valor real del ingreso per cápita familiar (medido respecto de la inflación de la CBT) y una distribución del ingreso más igualitaria entre esos dos períodos. El “efecto crecimiento y distribución” se vio parcialmente compensado por un alza de alrededor de 7 puntos porcentuales en la tasa de pobreza entre semestres, generada por el incremento del valor real de la canasta básica total per cápita.
Un escándalo sacudió a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen (Salta) cuando la Policía Vial de San Ramón de la Nueva Orán detuvo a un funcionario por conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de marzo, a las 2:56 de la madrugada, en la intersección de las calles Pueyrredón y Bolivia de la ciudad salteña de Orán. Al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que presentaba 1.41 gramos de alcohol por litro de sangre, y, según las imágenes difundidas por medios locales, se lo observó en un “estado totalmente deplorable”.
– Soledad Cabrera, intendente de Hipólito Yrigoyen
El conductor fue identificado como Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente, Soledad Cabrera. El portal InformateSalta confirmó tanto su identidad como su vínculo familiar con la jefa comunal. El funcionario se desplazaba en un Volkswagen Virtus y, de acuerdo con la información recabada, viajaba acompañado por el Director de Tránsito del mismo municipio y otro empleado de planta política.
Tras confirmarse la alcoholemia positiva, las autoridades labraron el acta de infracción, retuvieron la licencia de conducir del secretario y designaron a un chofer alternativo para proseguir con el traslado del automóvil.
– LA FOTO DIFUNDIDA POR MEDIOS LOCALES: Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente
A pesar de la gravedad de los hechos, la intendente Cabrera guardó silencio durante más de 72 horas. Se esperaba que durante la semana siguiente al episodio tomara una postura pública en relación con el accionar de su hermano y de los otros funcionarios. Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales que aclararan el futuro del secretario de Gobierno ni el de quienes lo acompañaban en el vehículo.
La comunidad de Hipólito Yrigoyen permaneció a la expectativa de las medidas que podría adoptar el gobierno municipal ante la conducta del funcionario, en vista de la responsabilidad que conlleva su cargo y del hecho de haber infringido las normas de tránsito en un contexto que comprometió la seguridad vial.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
