Un empresario amigo de la familia Massa ganó una licitación millonaria y despertó sospechas
Se trata del dueño de Transclor, Mauricio Filiberti, quien tiene muy buena relación con el matrimonio Massa y ganó una licitación para "explorar, mantener y abastecer" de policloruro de aluminio a una planta de Aysa.
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El “Rey del Cloro” vuelve a entrar en acción siendo beneficiario de una importante licitación de Aysa, la estatal que conduce Malena Galmarini, precandidata a intendente de Tigre y esposa del precandidato a presidente de la Nación y ministro de Economía, Sergio Massa.
El dato se desprendió de una investigación realizada por Francisco Olivera que expone que la empresa que eligió Galmarini no es más que Trasclor que pertenece a Mauricio Filiberti, un empresario amigo de la familia. El contrato con el que fue beneficiado es de más de 127 millones de dólares hasta el 2026 aunque está abierto a posibles prorrogas que lo estirarían hasta el 2029.
Mauricio Filiberti, dueño de Transclor
Debido a lo alarmante de la licitación, la oposición puso debajo la lupa el contrato. Fue así como Ricardo López Murphy, diputado de Republicanos Unidos, realizó un pedido de informes hace dos semanas y está analizando presentar una denuncia formal ante la Justicia. También se sumó, el auditor Juan José Calandri, de la Coalición Cívica.
Los dirigentes centraron su fundamento en el carácter taxativo del texto de la licitación que convoca a fabricantes de “policloruro de aluminio” en lugar de consignar “coagulante”, un término genérico que le hubiera dado paso para participar a más oferentes y no así únicamente al empresario amigo.
Sergio Massa, precandidato a presidente de la Nación y actual ministro de Economía
En ese sentido, López Murphy adelantó al medio La Nación que ya envió un pedido de informe tras el intercambio que mantuvo con Galmarini vía Twitter. “Vamos a investigar las maniobras espurias del ministro Sergio Tomás Massa. Impulsaremos un pedido de informes desde el Congreso Nacional para que nos explique la utilización escandalosa de fondos públicos en favor de sus amigos y socios“, posteó el 16 de marzo en dicha red.
Ante esa publicación la esposa del ministro de Economía, que está muy activa en redes, contraatacó invitándolo públicamente a conocer los detalles del concurso en las oficinas de la empresa. El congresista aceptó, pero condicionó después de su visita a que se anulara el contrato, algo que Galmarini no aceptó y por lo tanto, el encuentro no se concretó.
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“En Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en villas. En la 1-11-14, el 85% son inmigrantes, en su mayoría ilegales. Si no queremos terminar como Río de Janeiro, hay que erradicarlas y recuperar a los argentinos laburantes que están ahí. ARGENTINA PARA ARGENTINOS“, escribió Marra el miércoles por la tarde en su perfil de la red social X, en el marco del megaoperativo que se llevó a cabo en la ciudad carioca.
EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto.
Para respaldar sus dichos, el legislador compartió un informe del Conicet donde se detalla en porcentaje cuántos hogares migrantes hay en cada una de las villas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.
“El 69% de los migrantes viven en las villas”, remarcó Marray desarrolló: “Un informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros“.
“Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro”, expresó.
Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue
“¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Para que no pase lo que estamos viendo en Río de Janeiro, que los narcos tenían tomados a todos los ciudadanos con su delincuencia”, analizó el legislador.
“Te voy a dar un dato de cómo solucionarlo”, siguió en un efusivo video. “La mayoría de los que viven en la villa son inmigrantes ilegales. Hay un informe del Conicet que muestra que hasta el 85% en villas como la 1-11-14 son inmigrantes y en su mayoría ilegales”.
En ese sentido, propuso hacer un abordaje integral de varias problemáticas que incluyen además la inmigración ilegal y el narcotráfico como ejes centrales dentro de las villas.
¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU
“Por eso tenemos que solucionar el tema de las villas junto al tema de la inmigración ilegal y el narcotráfico, porque no queremos ser Río de Janeiro, no queremos sufrir lo que está pasando en Brasil”, insistió.
En mayo de este año, Marra había propuesto que se lleve a cabo un operativo cerrojo en las villas de CABA para combatir narcos y delincuencia.
El legislador planteó la idea de saturar los barrios de policías que realicen controles rigurosos, fijos y móviles, requisas y tengan el respaldo legal a las fuerzas de seguridad para frenar el ingreso y salida de narcotraficantes, delincuentes y drogas. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, sostuvo en ese entonces.
Cristian Ritondo, Diputado nacional y presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestó su alegría por la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y destacó el lugar del partido amarillo en la hazaña.
“La provincia de Buenos Aires tiene una simbología muy fuerte. Uno podía ganar la elección nacional, podía estar arriba, recuperar una gran cantidad de votos, tener una cantidad importante de votos, pero sin duda el triunfo en la provincia de Buenos Aires le da una contundencia mucho mayor al triunfo del país”, ponderó.
Hay equipo! @diegosantilli @gmontenegro_ok pic.twitter.com/pHnANKXR5a
En cuanto a la remontada respecto a la derrota del 7 de septiembre en el principal distrito del país, Ritondo dijo que se debe “al gran trabajo que hicieron quienes acompañamos y estructuramos desde el PRO”.
“De los diez distritos donde mayor diferencia sacó La Libertad Avanza, se va a encontrar con cinco o seis distritos gobernados por el PRO, desde Pinamar a Mar del Plata, pasando por Vicente López a San Isidro”, describió en declaraciones a Radio Mitre.
Del mismo modo, puso en valor “la coordinación territorial del equipo de Karina Milei con Sebastián Pareja”, junto con la parte comunicacional manejada por Santiago Caputo. “Cuando se trabaja en equipo se logran estas cosas”, resumió.
También mencionó que hay “un gran esfuerzo de los argentinos; más allá de la inflación, más allá de la baja de pobreza que quisiera, estamos a mitad del río haciendo un gran trabajo y haciendo lo que el presidente Javier Milei dijo que iba a hacer en la campaña”.
Al cerrar su análisis, el referente PRO puntualizó que los “argentinos han decidido no volver al populismo. Saben que esa receta es pan para hoy y hambre para mañana y por primera vez creo que se bancan un proceso entero donde creen que la Argentina tiene un mejor destino”.
El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.
– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)
La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.
La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.
En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit.
De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre.
El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyTocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.
El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.
En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.
Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.
El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.
La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.
El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.
La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.
Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.
El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.
Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.
Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.
El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), encabezado por Romina Analía Barrios, publicó la resolución 409-DEOPISU-2025, mediante la cual se aprueba la licitación pública 13/2025. El objetivo: llevar adelante las obras de alumbrado público y red de baja tensión en los barrios Evita, Tierras Argentinas, Más Barrios y Caracol II, todos en la ciudad de Bahía Blanca. El monto total presupuestado asciende a 1.440.891.750,97 pesos, que serán financiados íntegramente con fondos provinciales.
Lo que podría parecer una iniciativa social más, en realidad esconde una profunda contradicción: varios de los barrios beneficiados se levantaron sobre tierras usurpadas, muchas de ellas con procesos judiciales aún abiertos.
Mientras cientos de desarrolladores y particulares intentan, año tras año, cumplir con los requisitos legales y técnicos para acceder a los servicios eléctricos —pagando cifras en dólares y atravesando un laberinto burocrático que puede demorar más de un año—, quienes ocuparon terrenos de forma ilegal reciben la red eléctrica en cuestión de meses, financiada con el dinero de todos los bonaerenses.
Para ponerlo en contexto: cualquier empresa o desarrollador privado que busque extender el servicio eléctrico a un nuevo barrio debe presentar un proyecto técnico ante la distribuidora (EDELAP, EDENOR, EDESUR, etcétera), contratar a una empresa especializada para diseñar el tendido, realizar las correcciones que demande el ente regulador, comprar materiales, ejecutar la obra civil y eléctrica, e incluso adquirir un transformador propio.
El costo promedio de ese proceso, en algunos casos, supera los 100 mil dólares, y puede demorar entre doce y dieciocho meses. En contraste, en los barrios levantados sobre tierras usurpadas, los ocupantes se “cuelgan” de las líneas vecinas, y luego el estado provincial termina regularizando y financiando esas mismas conexiones ilegales.
BAHÍA BLANCA: Cuando la usurpación se vuelve política pública
El fenómeno no es nuevo, pero en Bahía Blanca ha alcanzado niveles alarmantes. El barrio Tierras Argentinas, por ejemplo, pasó en apenas dos años de trescientas a ochocientas familias, muchas de las cuales obtuvieron sus lotes mediante la fuerza o las armas, según vecinos del lugar.
“Los pocos terrenos que quedan se disputan literalmente a los tiros”, reconoció un vecino en declaraciones del barrio Tierras Argentinas.
– Axel Kicillof y Federico Susbielles
En tanto, el barrio Villa Caracol fue objeto de un estudio etnográfico de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que lo describe como una zona marcada por la pobreza estructural, el trabajo informal —especialmente el reciclado de basura— y la ausencia de servicios básicos.
Más allá del diagnóstico académico, lo cierto es que las usurpaciones en estos barrios no sólo implican la ocupación ilegal de tierras, sino también la proliferación de hechos de violencia, robos y abusos, que afectan directamente a los barrios vecinos. “Es habitual que, tras un robo en zonas aledañas, los delincuentes se refugien en estos asentamientos”, denuncian los frentistas.
Una provincia que castiga al que cumple y premia al infractor
La situación genera una sensación de injusticia generalizada. Quien actúa dentro de la ley es castigado con burocracia e impuestos, mientras quien actúa al margen es premiado con infraestructura gratuita.
El caso de Bahía Blanca no es aislado. Durante los últimos años, el gobierno provincial ha multiplicado las obras de integración urbana en terrenos tomados, sin resolver de fondo el problema de la propiedad y la legalidad. En muchos casos, se trata de una vieja estrategia para garantizar la acumulación de votos.
Un ejemplo paradigmático ocurre en la ciudad de La Plata. La llamada Megatoma de Los Hornos es la más grande de la región y actualmente viven en ella unas 60 mil personas. A pesar de la ilegalidad con la que se asentaron y de los recurrentes hechos de violencia, robos y abusos sexuales que se han denunciado en la zona, el gobernador Kicillof ha optado no sólo por mirar hacia otro lado, sino por premiarlos con los servicios y hasta el trazado de la calle. Todo a costa de los bonaerenses. La maniobra se vendió como una política pública para darle vivienda a quien no tiene. La realidad es otra: la ciudad de La Plata era gobernada por la oposición y, gracias a la llegada de esas 60 mil familias y la regularización, en tiempo récord, de sus nuevos domicilios, el peronismo obtuvo un vendaval de votos que colaboró con el triunfo en las elecciones del 2023 y 2025.
La paradoja es evidente: mientras los bonaerenses que cumplen las normas deben invertir fortunas para acceder a los servicios básicos, los usurpadores obtienen luz, agua y cloacas a costo cero, financiados por el resto.
El gasto coincide con los magros resultados obtenidos en las elecciones de medio término por el intendente de la municipalidad de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien sufrió una derrota contundente: la lista libertaria, aliada con el Pro, se impuso por más de 22 mil votos (46,1 contra 31,1).
En este escenario, la resolución 409-DEOPISU-2025 expone un modelo de gestión que incentiva la informalidad y el desorden territorial, bajo el discurso de la “inclusión social”. Pero detrás de ese discurso se esconde un mensaje peligroso: en la provincia de Buenos Aires, cumplir la ley sale caro; violarla, en cambio, es rentable.
Los antiguos lazos entre el kirchnerismo y el chavismo volvieron a quedar en evidencia. Luis D’Elía, histórico líder piquetero y uno de los primeros aliados del kirchnerismo, reconoció públicamente haber recibido dinero del régimen de Hugo Chávez para financiar movilizaciones en la Argentina durante los años de Néstor Kirchner.
El dirigente hizo esta confesión a fines de noviembre de 2024, en el programa Domados del canal BorderPeriodismo, durante un debate con el influencer Matías Andrés Bernal Campos, más conocido como “Herrero Liberal”. En medio de una discusión sobre la militancia y el rol del financiamiento político, Bernal Campos le preguntó de manera directa: “Te mandaron un millón de dólares de Chávez para organizar marchas”. D’Elía, lejos de desmentirlo, respondió con naturalidad: “Lo conté yo a eso, para pagar los micros de todo el país, ¿o ustedes no pagan los micros?”.
D’Elía explicó que los fondos se usaron para organizar la famosa contracumbre de Mar del Plata en 2005, en la que distintos movimientos sociales, sindicales y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
El dirigente social fue uno de los principales organizadores de aquella contracumbre, donde participaron líderes de izquierda latinoamericana, entre ellos Hugo Chávez y Evo Morales. En ese evento, Chávez pronunció su recordado discurso “ALCA, ALCA, ¡al carajo!”, frente a una multitud convocada por las agrupaciones alineadas con el kirchnerismo. La admisión de D’Elía parece confirmar las sospechas de que parte de esos actos fueron financiados con fondos provenientes de Caracas.
– La contramarcha
Sus declaraciones se suman a una serie de revelaciones que en los últimos años han puesto bajo la lupa los vínculos económicos entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el chavismo. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, alias “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos en 2023, ya había declarado en 2021 ante la Justicia española que el régimen de Chávez financió a diversos líderes de izquierda en América Latina: Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia y Fernando Lugo en Paraguay.
Según una investigación del medio español OKDiario, publicada el 20 de octubre de 2021, Carvajal detalló que Venezuela envió al menos 21 millones de dólares en efectivo a la Argentina para respaldar al kirchnerismo. En un escrito presentado ante el juez Manuel García-Castellón, el ex funcionario describió que antes de la incautación de la valija de Guido Antonini Wilson en 2007 hubo otros “20 vuelos con entregas previas de un millón de dólares cada una”. Los traslados se habrían realizado sin inconvenientes gracias al pago de sobornos a funcionarios aeroportuarios argentinos.
El episodio de Antonini Wilson, conocido como valijagate, reveló la magnitud de las operaciones entre Caracas y Buenos Aires. El empresario venezolano fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery con una maleta que contenía 800.000 dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA, fondos que estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo jet privado, contratado por la empresa estatal Enarsa, viajaban Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI; Victoria Carolina Bereziuk, colaboradora cercana a Néstor Kirchner, y Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa.
La Justicia estadounidense concluyó que el dinero provenía del saqueo sistemático de PDVSA bajo el gobierno de Chávez y que parte de esos fondos se destinaron al financiamiento político en varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Antonini, quien finalmente colaboró con el FBI, aportó información clave para desentrañar la red de corrupción que conectaba a funcionarios venezolanos y argentinos en el tráfico de dinero.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
El centro pediátrico implementó un incremento en los sueldos básicos de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución. La suba se sumó a los bonos mensuales fijados desde septiembre: $350.000 para personal no asistencial y $450.000 para personal asistencial.
Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una “posible acción” en Nigeria y acusó al Gobierno del país africano de “permitir la matanza de cristianos”.
