Ramiro Marra lanzó su candidatura en CABA | “Estoy para ganarle al kirchnerismo”

El economista y cofundador de LLA oficializó su candidatura: “Voy a seguir peleando por las ideas de la libertad”.
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El legislador Ramiro Marra anunció que competiría en las elecciones legislativas del 18 de mayo para renovar su banca en la Ciudad de Buenos Aires, luego de ser expulsado de La Libertad Avanza (LLA). El lanzamiento se dio a conocer ayer cerca del cierre del plazo para presentar listas. 

Marra explicó que se presentaría con el sello de la UCeDe, conducida en la Ciudad por Andrés Passamonti, y que adoptaría la denominación Libertad y Orden. Según señaló en un comunicado, eligió la UCeDe por considerarla un “ícono del liberalismo argentino que impulsó las reformas económicas más importantes de las últimas décadas”. El economista afirmó que “fue clave para transformar la Argentina. Hoy, cuando el país necesita volver a ese camino, me siento orgulloso de formar parte de este proyecto en la Ciudad”.

“EL KIRCHNERISMO NO ES OPCIÓN”

Pese a su polémica expulsión del partido que ayudó a fundar desde sus inicios, el dirigente ratificó que seguiría respaldando la gestión económica de Javier Milei, “especialmente el superávit financiero, el fin de la emisión y el coraje para cortar con los intermediarios de la política”. También recalcó su adhesión a la “batalla cultural” impulsada por el oficialismo nacional.

El anuncio de su candidatura incluyó fuertes críticas a la situación actual de la Ciudad. Marra prometió “recuperar la calle” y expuso problemas como la “cantidad de gente que anda dando vuelta en mal estado” y la proliferación de “villas que esconden narcotraficantes”. A su vez, planteó reformar el código contravencional para prohibir que se duerma en la vía pública y expulsar a “quienes vengan de la provincia” si no cumplen con las normativas porteñas. “Se terminó la joda”, declaró en relación con las personas que, según su visión, no respetan el espacio urbano.

También cuestionó la falta de acciones de los gobiernos porteños para controlar la ocupación del espacio público. “Larreta dice que hay olor a pis, pero en la gestión de él también había olor a pis, y tampoco dice cómo lo va a solucionar”, sostuvo, retomando la frase utilizada por Horacio Rodríguez Larreta tiempo atrás para lanzar su propia candidatura por fuera del PRO. Además, criticó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por no frenar los piquetes y las tomas de espacios públicos.

El candidato insistió en que su principal objetivo es ganarle al “kirchnerismo” y aseguró que no buscaba confrontar directamente con La Libertad Avanza: “No encontré algo en contra mío de Karina Milei, yo me enteré (de la expulsión) por un tuit y no quiero entrar en un conflicto”.

En sintonía con su línea de campaña, Marra aseguró que se posicionaría “a la derecha” de Nayib Bukele, presidente de El Salvador con un enfoque de “mano dura” que ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos. El candidato porteño sostuvo que “la libertad sin orden no existe” y consideró prioritario combatir la delincuencia y la ocupación indebida de la vía pública. Mantuvo, además, su determinación de “defender la propiedad privada y terminar con el progresismo que avala la ilegalidad”.

De esta manera, Marra se postuló para renovar su banca a partir de las elecciones de medio término de 2025 bajo la lista Libertad y Orden de la UCeDe. “Durante meses muchos me preguntaron qué iba a hacer. Hoy lo dejo claro: voy a seguir peleando por las ideas de la libertad. Estoy con más fuerza y más decisión que nunca para dar esta pelea”, concluyó.

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Casielles tildó de idiota a Espert y reveló que le pidió su expulsión a Milei en el año 2021

“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.

Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles

A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente, “Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.

En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.

Kicillof gastó $1.400 millones en alumbrar barrios usurpados

El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), encabezado por Romina Analía Barrios, publicó la resolución 409-DEOPISU-2025, mediante la cual se aprueba la licitación pública 13/2025. El objetivo: llevar adelante las obras de alumbrado público y red de baja tensión en los barrios Evita, Tierras Argentinas, Más Barrios y Caracol II, todos en la ciudad de Bahía Blanca. El monto total presupuestado asciende a 1.440.891.750,97 pesos, que serán financiados íntegramente con fondos provinciales.

Lo que podría parecer una iniciativa social más, en realidad esconde una profunda contradicción: varios de los barrios beneficiados se levantaron sobre tierras usurpadas, muchas de ellas con procesos judiciales aún abiertos.

Mientras cientos de desarrolladores y particulares intentan, año tras año, cumplir con los requisitos legales y técnicos para acceder a los servicios eléctricos —pagando cifras en dólares y atravesando un laberinto burocrático que puede demorar más de un año—, quienes ocuparon terrenos de forma ilegal reciben la red eléctrica en cuestión de meses, financiada con el dinero de todos los bonaerenses.

Para ponerlo en contexto: cualquier empresa o desarrollador privado que busque extender el servicio eléctrico a un nuevo barrio debe presentar un proyecto técnico ante la distribuidora (EDELAP, EDENOR, EDESUR, etcétera), contratar a una empresa especializada para diseñar el tendido, realizar las correcciones que demande el ente regulador, comprar materiales, ejecutar la obra civil y eléctrica, e incluso adquirir un transformador propio.

El costo promedio de ese proceso, en algunos casos, supera los 100 mil dólares, y puede demorar entre doce y dieciocho meses. En contraste, en los barrios levantados sobre tierras usurpadas, los ocupantes se “cuelgan” de las líneas vecinas, y luego el estado provincial termina regularizando y financiando esas mismas conexiones ilegales.

BAHÍA BLANCA: Cuando la usurpación se vuelve política pública

El fenómeno no es nuevo, pero en Bahía Blanca ha alcanzado niveles alarmantes. El barrio Tierras Argentinas, por ejemplo, pasó en apenas dos años de trescientas a ochocientas familias, muchas de las cuales obtuvieron sus lotes mediante la fuerza o las armas, según vecinos del lugar.

“Los pocos terrenos que quedan se disputan literalmente a los tiros”, reconoció un vecino en declaraciones del barrio Tierras Argentinas.

– Axel Kicillof y Federico Susbielles

En tanto, el barrio Villa Caracol fue objeto de un estudio etnográfico de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que lo describe como una zona marcada por la pobreza estructural, el trabajo informal —especialmente el reciclado de basura— y la ausencia de servicios básicos.

Más allá del diagnóstico académico, lo cierto es que las usurpaciones en estos barrios no sólo implican la ocupación ilegal de tierras, sino también la proliferación de hechos de violencia, robos y abusos, que afectan directamente a los barrios vecinos. “Es habitual que, tras un robo en zonas aledañas, los delincuentes se refugien en estos asentamientos”, denuncian los frentistas.

Una provincia que castiga al que cumple y premia al infractor

La situación genera una sensación de injusticia generalizada. Quien actúa dentro de la ley es castigado con burocracia e impuestos, mientras quien actúa al margen es premiado con infraestructura gratuita.

El caso de Bahía Blanca no es aislado. Durante los últimos años, el gobierno provincial ha multiplicado las obras de integración urbana en terrenos tomados, sin resolver de fondo el problema de la propiedad y la legalidad. En muchos casos, se trata de una vieja estrategia para garantizar la acumulación de votos.

Un ejemplo paradigmático ocurre en la ciudad de La Plata. La llamada Megatoma de Los Hornos es la más grande de la región y actualmente viven en ella unas 60 mil personas. A pesar de la ilegalidad con la que se asentaron y de los recurrentes hechos de violencia, robos y abusos sexuales que se han denunciado en la zona, el gobernador Kicillof ha optado no sólo por mirar hacia otro lado, sino por premiarlos con los servicios y hasta el trazado de la calle. Todo a costa de los bonaerenses. La maniobra se vendió como una política pública para darle vivienda a quien no tiene. La realidad es otra: la ciudad de La Plata era gobernada por la oposición y, gracias a la llegada de esas 60 mil familias y la regularización, en tiempo récord, de sus nuevos domicilios, el peronismo obtuvo un vendaval de votos que colaboró con el triunfo en las elecciones del 2023 y 2025.

La paradoja es evidente: mientras los bonaerenses que cumplen las normas deben invertir fortunas para acceder a los servicios básicos, los usurpadores obtienen luz, agua y cloacas a costo cero, financiados por el resto.

El gasto coincide con los magros resultados obtenidos en las elecciones de medio término por el intendente de la municipalidad de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien sufrió una derrota contundente: la lista libertaria, aliada con el Pro, se impuso por más de 22 mil votos (46,1 contra 31,1).

En este escenario, la resolución 409-DEOPISU-2025 expone un modelo de gestión que incentiva la informalidad y el desorden territorial, bajo el discurso de la “inclusión social”. Pero detrás de ese discurso se esconde un mensaje peligroso: en la provincia de Buenos Aires, cumplir la ley sale caro; violarla, en cambio, es rentable.

*Fuente: REALPOLITIK

Diputados | La Coalición Cívica no quiere citar a Karina por las coimas: “Se comunica con mucha dificultad”

La oposición en la Cámara de Diputados unificó este martes los proyectos de la peronista Sabrina Selva, el pichettista Oscar Agost Carreño y el trotskista Christian Castillo para citar a Karina Milei y Mario Lugones para que den explicaciones sobre las coimas de la Andis y logró dictamen de mayoría.

Los bloques de UP, Miguel Pichetto, Facundo Manes, la izquierda y Marcela Pagano juntaron 41 firmas a favor, los libertarios sumaron 12 en rechazo, la Coalición Cívica aportó dos para su propio proyecto y la tucumana Paula Omodeo presentó otro por su cuenta. 

El “lilito” Juan Manuel López se negó a apoyar la citación de Karina para que “brinde informes verbales” sobre las coimas de la Andis ante la Cámara Baja, para no convertir la escena en “un show de una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente”.

Su preocupación era que la hermana de Javier Milei podría “autoincriminarse” con lo que diga. “Vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada y ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución nacional, argumentó en referencia a que no puede ser obligada a declarar contra sí misma.

El tratamiento de los proyectos se realizó durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud y Acción Social, presididas por Nicolás Mayoraz y Pablo Yedlin. La reunión se concretó porque el miércoles pasado, durante la sesión en que le voltearon a Milei los vetos a las universidades y el Garrahan, los legisladores aprobaron el emplazamiento a Mayoraz, que venía eludiendo el llamado para trabar el expediente.

De hecho, Martín Menem había puesto Asuntos Constitucionales como comisión cabecera con el objetivo de que el proyecto no caminara.

Cuando se abrió el debate, Yedlin justificó el proyecto en que “los pedidos de informe por escrito han quedado siempre sin respuesta”. “No encontramos, en el marco de lo que el reglamento de la cámara tiene, otra herramienta más idónea que la citación a un informe verbal”, sostuvo.

La massista Selva leyó fragmentos de la transcripción de los audios de Diego Spagnuolo, cuya divulgación desató el escándalo, y enfatizó que “nadie niega la veracidad” de su contenido.

Luego, defendió la citación de Karina frente a los diputados libertarios que contestan que la secretaria general de la Presidencia no tiene rango de ministro, en los términos del artículo 71 de la Constitución. “El artículo 204 del Reglamento habilita a que, en uso del artículo 71, cuando esta cámara de diputados cita a un ministro pueda también citar a los secretarios que consideremos que tengan la responsabilidad de venir a dar explicaciones”, fundamentó.

A su turno, Margarita Stolbizer alertó sobre el riesgo de que se ponga la atención en los audios cuando adelantó su respaldo al dictamen unificado. “No me gustaría que el foco estuviera puesto en los audios, eso es un error conceptual”, dijo, y agregó: “No debemos equivocar el objetivo de nuestra convocatoria porque no vamos a analizar los audios sino la gravedad de los hechos”.

Al final, hasta Pagano anunció el apoyo del dictamen de mayoría para citar a Karina. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y queremos que en el recinto se puedan acelerar los procesos porque las fechas urgen para dar una respuesta”, remarcó.


*Fuente: La Política Online

Amplio repudio a la decisión del Gobierno de subastar el histórico Regimiento de Patricios

El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.

Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.

El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.

El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.

La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.

Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.

“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.

El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.

La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.

– Nicolás Pakgojz

El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.

La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.

PILAR | LLA se quebró antes de asumir y se desató una pelea por el liderazgo

La lista libertaria sufrió un revés contundente en las elecciones del 7 de septiembre y, apenas una semana después, los concejales electos ya rompieron filas antes de asumir el 10 de diciembre. El frente La Libertad Avanza en Pilar se dividió en una guerra abierta por el liderazgo local: hubo reproches sobre la estrategia de campaña, denuncias por el manejo de fondos de fiscalización y un reclamo formal para concentrar el sello partidario en una sola bancada.

La derrota electoral fue categórica: el peronismo local alcanzó el 60,5% de los votos frente al 29,1% de la lista libertaria, escenario que precipitó el quiebre interno. Las críticas se enfocaron en Andrés Genna, cabeza de la lista libertaria, dirigente vinculado a Patricia Bullrich y señalado internamente como cercano a Ramón “Nene” Vera, operador de Sebastián Pareja en la Primera sección.

La concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista, y el concejal reelecto Sebastián Neuspiller (PRO), tercero en la boleta, apuntaron directamente contra Genna por la estrategia y el armado electoral. Marchesán fue tajante en su denuncia pública: “Tiene una Pyme de robo de fondos de la fiscalización, busca voluntarios y se queda con la plata, con eso cambia el auto. Viven de eso, él y su familia, hace años”.

– Concejal electa Solana Marchesán, segunda en la lista

Ese señalamiento llevó a Marchesán a presentar este martes una nota formal en el Concejo Deliberante exigiendo la exclusividad del sello de LLA, que hoy se encuentra repartido en tres bloques. En redes sociales, la concejal dejó un mandato claro dirigido a Genna y a la futura concejal María Ratti: “Quien desee integrar la bancada de LLA a futuro deberá hacerlo bajo mi conducción y liderazgo”.

Marchesán justificó la presentación en el Concejo con un reclamo por la preservación de la identidad del espacio: “Quienes estamos desde los inicios debemos velar porque se mantenga la coherencia en el espacio, con sus debidas y necesarias purgas”, y agregó: “Aquellos que se sumaron después y sobre todo quienes luego eligieron otros espacios políticos deben respetar el rol y la representación original. La Libertad Avanza en Pilar no se vende”.

Neuspiller fue el primero en vocalizar la frustración tras el resultado y responsabilizó al armado que colocó a Genna en la cabeza de la lista. En diálogo con el programa radial Agenda Propia, el concejal comparó los guarismos con comicios previos y señaló: “En el 2023, La Libertad Avanza sacó 62.500 votos y Juntos por el Cambio 42.900. Eso hacía un total de 106.000. Ahora, en 2025, se sacó la mitad”. Para reforzar su crítica recordó la legislativa de 2021: “El PRO sacó 64.000 votos, La Libertad Avanza 18.500, o sea 82.000. De doce concejales, entraron seis. Ahora entraron cuatro”.

Sobre la elección de candidatos y la percepción del electorado, Neuspiller enfatizó que los comicios se definen por referentes más que por sellos: “Cuando la gente va a votar, no elige sellos. Yo creo que acá se subestimó pensando que la gente iba a elegir el color violeta. Pero la gente quiere entrar al cuarto oscuro y encontrar la foto de una persona que le genere confianza”.

– Sebastián Neuspiller

El concejal PRO también cuestionó la línea discursiva de Genna, que incluyó propuestas duras contra el personal municipal, en línea con el discurso de Javier Milei. Neuspiller sostuvo: “Si yo le doy un mensaje a todos los trabajadores municipales de Pilar de que voy a poner la motosierra arriba de ellos, eso se complica. Porque el empleado municipal no es político, es alguien que se mata y se desvive por Pilar”.

Además, Neuspiller criticó el armado exprés de la campaña y contrastó esa debilidad con su propia experiencia territorial: “Pilar es gigante, con 365 kilómetros cuadrados, y si la gente no te conoce, ¿cómo hacés para en un mes llegar a la gente?”. En ese marco, recordó: “Yo, para estar cercano a los vecinos, durante tres años me paré con una mesita chiquitita y un banquito en todas las esquinas de Pilar para hacer test de diabetes, y así todo, no me alcanzó”.

Pese a las críticas, Neuspiller mantuvo la convicción de conservar la alianza entre LLA y el PRO: “Fuimos con Solana Marchesán el primer interbloque de la Libertad Avanza y el PRO en toda la provincia en 2021. Y sigo pensando que tenemos que ir juntos porque compartimos electorado”. No obstante, reclamó cambios: “Tenemos que trabajar entendiendo que no se puede subestimar al votante pensando que solamente van a votar con el sello. Se tendrán que hacer internas, habrá que mejorar”, y adelantó su objetivo personal: “Voy a trabajar estos 2 años duramente para volver a ser candidato a intendente”.

La fractura interna se agravó por decisiones tomadas en el cierre de listas. Fuentes cercanas indicaron que el quiebre entre Marchesán y Genna surgió cuando Marchesán fue notificada, a último momento por Vera, de que no encabezararía la lista y que en su lugar iría Genna, ex vice de la Coalición Cívica con paso previo por el PRO. “Eso es lo que más le dolió a Marchesán y a Martín Maganás”, señaló una fuente con acceso a la concejal y al ex candidato libertario a la intendencia, quien impulsó a la primera candidata al Consejo Escolar en estas elecciones.

Con la nueva composición del Concejo, la división ya no sólo se expresó en declaraciones: Marchesán y Neuspiller comenzaron a articular un interbloque LLA–PRO, mientras que permanecieron otros bloques, como los de Juan Pablo Casañas Onganía (con dos años más de mandato) y Juan Martín Tito (que finalizó este año y quedó relegado en el último armado). La configuración resultante dejó a LLA con dos concejales menos que en 2023, cuando el frente había sumado porcentajes significativos.

La derrota y la sucesión de acusaciones públicas y reclamos formales dejaron al espacio en medio de una pulseada por el sello y el liderazgo que, a pocos días del inicio de funciones el 10 de diciembre, reconfiguró las alianzas y profundizó las divisiones internas.

Un informe del BCRA dice que la UBA no evidencia grandes complicaciones presupuestarias

La Universidad de Buenos Aires aparece en la última actualización de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con compromisos crediticios por más de 230 millones de pesos. Según los registros, la casa de estudios mantiene líneas activas con el Banco Galicia y el Banco Patagonia, todas en “situación 1”, es decir, normal y sin atrasos.

El dato más llamativo de la casa de estudios que conducen que conducen Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector respectivamente, surge en agosto de 2025, cuando la deuda declarada con el Galicia pasó de apenas 50 mil a más de 225 millones en un solo mes, lo que evidencia la toma de una nueva y significativa línea de financiamiento. Con el Patagonia, en tanto, la UBA sostiene un endeudamiento mucho más acotado de 4,6 millones, aunque también con un repunte marcado respecto de períodos anteriores.

UBA

A pesar de esta aceleración en su nivel de endeudamiento, según el informe del BCRA, la UBA muestra una estabilidad financiera general, sin cheques rechazados ni atrasos en pagos, lo que refleja una administración ordenada de sus compromisos en un contexto económico adverso.

El contraste, sin embargo, llega desde el frente político. La semana pasada, la propia universidad advirtió que el proyecto de presupuesto 2026 del presidente Javier Milei profundiza la crisis del sistema universitario argentino. En un duro comunicado, sostuvo que las partidas previstas consolidan el deterioro salarial docente, no contemplan recomposiciones para gastos esenciales ni prevén la reactivación de obras de infraestructura paralizadas desde hace años.

“Los profesores seguirán con salarios bajo la línea de pobreza, las becas estudiantiles se mantienen congeladas y no existe previsión alguna para la recuperación del poder adquisitivo”, alertó la institución, que también remarcó que la inversión proyectada para 2026 se ubica por debajo del 0,5 por ciento del PBI, el piso histórico de las últimas dos décadas.

– Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector

La paradoja es evidente: mientras en los papeles financieros la UBA aparece como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a crédito bancario en condiciones normales, en la arena pública se presenta ahogada y amenazada en su funcionamiento.

Con esta doble fotografía, la universidad pública más importante del país queda atrapada entre la estabilidad y las denuncias de ajuste estructural contra el gobierno nacional, una tensión que anticipa nuevos capítulos en la disputa por el financiamiento educativo en 2026.

*Fuente: REALPOLITIK

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