Ramiro Marra lanzó su candidatura en CABA | “Estoy para ganarle al kirchnerismo”

El economista y cofundador de LLA oficializó su candidatura: “Voy a seguir peleando por las ideas de la libertad”.
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El legislador Ramiro Marra anunció que competiría en las elecciones legislativas del 18 de mayo para renovar su banca en la Ciudad de Buenos Aires, luego de ser expulsado de La Libertad Avanza (LLA). El lanzamiento se dio a conocer ayer cerca del cierre del plazo para presentar listas. 

Marra explicó que se presentaría con el sello de la UCeDe, conducida en la Ciudad por Andrés Passamonti, y que adoptaría la denominación Libertad y Orden. Según señaló en un comunicado, eligió la UCeDe por considerarla un “ícono del liberalismo argentino que impulsó las reformas económicas más importantes de las últimas décadas”. El economista afirmó que “fue clave para transformar la Argentina. Hoy, cuando el país necesita volver a ese camino, me siento orgulloso de formar parte de este proyecto en la Ciudad”.

“EL KIRCHNERISMO NO ES OPCIÓN”

Pese a su polémica expulsión del partido que ayudó a fundar desde sus inicios, el dirigente ratificó que seguiría respaldando la gestión económica de Javier Milei, “especialmente el superávit financiero, el fin de la emisión y el coraje para cortar con los intermediarios de la política”. También recalcó su adhesión a la “batalla cultural” impulsada por el oficialismo nacional.

El anuncio de su candidatura incluyó fuertes críticas a la situación actual de la Ciudad. Marra prometió “recuperar la calle” y expuso problemas como la “cantidad de gente que anda dando vuelta en mal estado” y la proliferación de “villas que esconden narcotraficantes”. A su vez, planteó reformar el código contravencional para prohibir que se duerma en la vía pública y expulsar a “quienes vengan de la provincia” si no cumplen con las normativas porteñas. “Se terminó la joda”, declaró en relación con las personas que, según su visión, no respetan el espacio urbano.

También cuestionó la falta de acciones de los gobiernos porteños para controlar la ocupación del espacio público. “Larreta dice que hay olor a pis, pero en la gestión de él también había olor a pis, y tampoco dice cómo lo va a solucionar”, sostuvo, retomando la frase utilizada por Horacio Rodríguez Larreta tiempo atrás para lanzar su propia candidatura por fuera del PRO. Además, criticó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por no frenar los piquetes y las tomas de espacios públicos.

El candidato insistió en que su principal objetivo es ganarle al “kirchnerismo” y aseguró que no buscaba confrontar directamente con La Libertad Avanza: “No encontré algo en contra mío de Karina Milei, yo me enteré (de la expulsión) por un tuit y no quiero entrar en un conflicto”.

En sintonía con su línea de campaña, Marra aseguró que se posicionaría “a la derecha” de Nayib Bukele, presidente de El Salvador con un enfoque de “mano dura” que ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos. El candidato porteño sostuvo que “la libertad sin orden no existe” y consideró prioritario combatir la delincuencia y la ocupación indebida de la vía pública. Mantuvo, además, su determinación de “defender la propiedad privada y terminar con el progresismo que avala la ilegalidad”.

De esta manera, Marra se postuló para renovar su banca a partir de las elecciones de medio término de 2025 bajo la lista Libertad y Orden de la UCeDe. “Durante meses muchos me preguntaron qué iba a hacer. Hoy lo dejo claro: voy a seguir peleando por las ideas de la libertad. Estoy con más fuerza y más decisión que nunca para dar esta pelea”, concluyó.

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LA MATANZA | El PRO retiró sus fiscales tras denunciar irregularidades de un puntero de Pareja

A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.

El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.

La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.

– Luis “El Negro” Ontiveros

Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.

Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.

Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.

En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.

La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.

También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.

Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.

Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.

Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.

Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.

Kicillof gastó $1.400 millones en alumbrar barrios usurpados

El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), encabezado por Romina Analía Barrios, publicó la resolución 409-DEOPISU-2025, mediante la cual se aprueba la licitación pública 13/2025. El objetivo: llevar adelante las obras de alumbrado público y red de baja tensión en los barrios Evita, Tierras Argentinas, Más Barrios y Caracol II, todos en la ciudad de Bahía Blanca. El monto total presupuestado asciende a 1.440.891.750,97 pesos, que serán financiados íntegramente con fondos provinciales.

Lo que podría parecer una iniciativa social más, en realidad esconde una profunda contradicción: varios de los barrios beneficiados se levantaron sobre tierras usurpadas, muchas de ellas con procesos judiciales aún abiertos.

Mientras cientos de desarrolladores y particulares intentan, año tras año, cumplir con los requisitos legales y técnicos para acceder a los servicios eléctricos —pagando cifras en dólares y atravesando un laberinto burocrático que puede demorar más de un año—, quienes ocuparon terrenos de forma ilegal reciben la red eléctrica en cuestión de meses, financiada con el dinero de todos los bonaerenses.

Para ponerlo en contexto: cualquier empresa o desarrollador privado que busque extender el servicio eléctrico a un nuevo barrio debe presentar un proyecto técnico ante la distribuidora (EDELAP, EDENOR, EDESUR, etcétera), contratar a una empresa especializada para diseñar el tendido, realizar las correcciones que demande el ente regulador, comprar materiales, ejecutar la obra civil y eléctrica, e incluso adquirir un transformador propio.

El costo promedio de ese proceso, en algunos casos, supera los 100 mil dólares, y puede demorar entre doce y dieciocho meses. En contraste, en los barrios levantados sobre tierras usurpadas, los ocupantes se “cuelgan” de las líneas vecinas, y luego el estado provincial termina regularizando y financiando esas mismas conexiones ilegales.

BAHÍA BLANCA: Cuando la usurpación se vuelve política pública

El fenómeno no es nuevo, pero en Bahía Blanca ha alcanzado niveles alarmantes. El barrio Tierras Argentinas, por ejemplo, pasó en apenas dos años de trescientas a ochocientas familias, muchas de las cuales obtuvieron sus lotes mediante la fuerza o las armas, según vecinos del lugar.

“Los pocos terrenos que quedan se disputan literalmente a los tiros”, reconoció un vecino en declaraciones del barrio Tierras Argentinas.

– Axel Kicillof y Federico Susbielles

En tanto, el barrio Villa Caracol fue objeto de un estudio etnográfico de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que lo describe como una zona marcada por la pobreza estructural, el trabajo informal —especialmente el reciclado de basura— y la ausencia de servicios básicos.

Más allá del diagnóstico académico, lo cierto es que las usurpaciones en estos barrios no sólo implican la ocupación ilegal de tierras, sino también la proliferación de hechos de violencia, robos y abusos, que afectan directamente a los barrios vecinos. “Es habitual que, tras un robo en zonas aledañas, los delincuentes se refugien en estos asentamientos”, denuncian los frentistas.

Una provincia que castiga al que cumple y premia al infractor

La situación genera una sensación de injusticia generalizada. Quien actúa dentro de la ley es castigado con burocracia e impuestos, mientras quien actúa al margen es premiado con infraestructura gratuita.

El caso de Bahía Blanca no es aislado. Durante los últimos años, el gobierno provincial ha multiplicado las obras de integración urbana en terrenos tomados, sin resolver de fondo el problema de la propiedad y la legalidad. En muchos casos, se trata de una vieja estrategia para garantizar la acumulación de votos.

Un ejemplo paradigmático ocurre en la ciudad de La Plata. La llamada Megatoma de Los Hornos es la más grande de la región y actualmente viven en ella unas 60 mil personas. A pesar de la ilegalidad con la que se asentaron y de los recurrentes hechos de violencia, robos y abusos sexuales que se han denunciado en la zona, el gobernador Kicillof ha optado no sólo por mirar hacia otro lado, sino por premiarlos con los servicios y hasta el trazado de la calle. Todo a costa de los bonaerenses. La maniobra se vendió como una política pública para darle vivienda a quien no tiene. La realidad es otra: la ciudad de La Plata era gobernada por la oposición y, gracias a la llegada de esas 60 mil familias y la regularización, en tiempo récord, de sus nuevos domicilios, el peronismo obtuvo un vendaval de votos que colaboró con el triunfo en las elecciones del 2023 y 2025.

La paradoja es evidente: mientras los bonaerenses que cumplen las normas deben invertir fortunas para acceder a los servicios básicos, los usurpadores obtienen luz, agua y cloacas a costo cero, financiados por el resto.

El gasto coincide con los magros resultados obtenidos en las elecciones de medio término por el intendente de la municipalidad de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien sufrió una derrota contundente: la lista libertaria, aliada con el Pro, se impuso por más de 22 mil votos (46,1 contra 31,1).

En este escenario, la resolución 409-DEOPISU-2025 expone un modelo de gestión que incentiva la informalidad y el desorden territorial, bajo el discurso de la “inclusión social”. Pero detrás de ese discurso se esconde un mensaje peligroso: en la provincia de Buenos Aires, cumplir la ley sale caro; violarla, en cambio, es rentable.

*Fuente: REALPOLITIK

“Peajes sindicales”: los trabajadores pagan casi $2 billones por año en aportes obligatorios

En medio del debate por la reforma laboral, un informe del equipo que lidera Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado reveló el enorme peso de los aportes sindicales obligatorios.

Los trabajadores argentinos pagan hasta $1,3 millones por año en contribuciones a los gremios, que en conjunto recaudan casi $2 billones anuales, equivalentes a más de US$1300 millones.

El estudio analizó más de 50 convenios colectivos y detectó múltiples “aportes compulsivos”, incluso de empleados no afiliados.

El más frecuente es el “aporte solidario”, aunque también se incluyen pagos a cámaras empresariales e institutos controlados por los sindicatos.

El gremio de encargados de edificios cobra un 2% de aporte solidario y un 7,5% adicional, lo que equivale a $1,3 millones por trabajador al año.

Camioneros, con más de 240.000 afiliados, recauda unos $206.000 millones anuales, o $845.000 por trabajador. En Comercio, que agrupa 1,2 millones de empleados, los aportes llegan a $1 billón, cerca de $803.000 por persona.

En Construcción, los montos superan $1 millón por trabajador, mientras que los gastronómicos recaudan alrededor de $228.000 millones, y los metalúrgicos, $96.000 millones.

Sturzenegger calificó estos mecanismos como “una suerte de impuesto privado que no corresponde” , según indicó, el esquema actual refleja un sistema “arcaico y coercitivo” que desalienta el empleo formal.



Kicillof quiere gastar $675 millones en crear un “INCAA bonaerense” 

El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.

La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.

El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.

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La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.

Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.

El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.

Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.

Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.

Luis D’Elía reconoció haber recibido fondos del régimen venezolano para organizar marchas K

Los antiguos lazos entre el kirchnerismo y el chavismo volvieron a quedar en evidencia. Luis D’Elía, histórico líder piquetero y uno de los primeros aliados del kirchnerismo, reconoció públicamente haber recibido dinero del régimen de Hugo Chávez para financiar movilizaciones en la Argentina durante los años de Néstor Kirchner.

El dirigente hizo esta confesión a fines de noviembre de 2024, en el programa Domados del canal BorderPeriodismo, durante un debate con el influencer Matías Andrés Bernal Campos, más conocido como “Herrero Liberal”. En medio de una discusión sobre la militancia y el rol del financiamiento político, Bernal Campos le preguntó de manera directa: “Te mandaron un millón de dólares de Chávez para organizar marchas”. D’Elía, lejos de desmentirlo, respondió con naturalidad: “Lo conté yo a eso, para pagar los micros de todo el país, ¿o ustedes no pagan los micros?”.

D’Elía explicó que los fondos se usaron para organizar la famosa contracumbre de Mar del Plata en 2005, en la que distintos movimientos sociales, sindicales y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

El dirigente social fue uno de los principales organizadores de aquella contracumbre, donde participaron líderes de izquierda latinoamericana, entre ellos Hugo Chávez y Evo Morales. En ese evento, Chávez pronunció su recordado discurso “ALCA, ALCA, ¡al carajo!”, frente a una multitud convocada por las agrupaciones alineadas con el kirchnerismo. La admisión de D’Elía parece confirmar las sospechas de que parte de esos actos fueron financiados con fondos provenientes de Caracas.

– La contramarcha

Sus declaraciones se suman a una serie de revelaciones que en los últimos años han puesto bajo la lupa los vínculos económicos entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el chavismo. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, alias “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos en 2023, ya había declarado en 2021 ante la Justicia española que el régimen de Chávez financió a diversos líderes de izquierda en América Latina: Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia y Fernando Lugo en Paraguay.

Según una investigación del medio español OKDiario, publicada el 20 de octubre de 2021, Carvajal detalló que Venezuela envió al menos 21 millones de dólares en efectivo a la Argentina para respaldar al kirchnerismo. En un escrito presentado ante el juez Manuel García-Castellón, el ex funcionario describió que antes de la incautación de la valija de Guido Antonini Wilson en 2007 hubo otros “20 vuelos con entregas previas de un millón de dólares cada una”. Los traslados se habrían realizado sin inconvenientes gracias al pago de sobornos a funcionarios aeroportuarios argentinos.

El episodio de Antonini Wilson, conocido como valijagate, reveló la magnitud de las operaciones entre Caracas y Buenos Aires. El empresario venezolano fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery con una maleta que contenía 800.000 dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA, fondos que estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo jet privado, contratado por la empresa estatal Enarsa, viajaban Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI; Victoria Carolina Bereziuk, colaboradora cercana a Néstor Kirchner, y Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa.

La Justicia estadounidense concluyó que el dinero provenía del saqueo sistemático de PDVSA bajo el gobierno de Chávez y que parte de esos fondos se destinaron al financiamiento político en varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Antonini, quien finalmente colaboró con el FBI, aportó información clave para desentrañar la red de corrupción que conectaba a funcionarios venezolanos y argentinos en el tráfico de dinero.

El Gobierno confirma el cierre del tren Buenos Aires–Bahía Blanca y deja a miles de pasajeros sin conexión

El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.

Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.

En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.

Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.

“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.


*Fuente: Agencias

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