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Este lunes la jueza María Galletti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, procesó por abuso sexual simple a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, quien fue denunciado hace dos años en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal por su exsecretaria privada, Melody Rakauskas. La magistrada también dispuso un embargo por la suma de $1,5 millones, sin afectar su libertad por el momento.
Rakauskas denunció también haber sufrió varios aprietes e intentos de asesinato. Incluso afirmó que Claudio Letini, por entonces jefe de Gabinete de Espinoza, le habría ofrecido firmar un papel para declinar de la denuncia a cambio de una designación laboral.
La causa contiene dos hechos: uno por el abuso, y el otro por desobedecer la orden de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima, que se sostiene hasta la actualidad con el la firma de Galletti.
El intendente es considerado “prima facie” responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de la denunciante.
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La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo del futbolista Gonzalo Montiel en la causa judicial que lo investiga por presunto abuso sexual ocurrido el 1 de enero de 2019 en la casa de su familia, ubicada en González Catán. El fiscal LuisAlbertoBrogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, argumentó que las pruebas recopiladas no permiten sostener la acusación.
En un extenso escrito de 122 páginas, Brogna afirmó: “Aparece aconsejable el dictado de un pronunciamiento que desvincule al imputado de manera definitiva del presente proceso”. Además, destacó que, tras una exhaustiva investigación que incluyó declaraciones de 15 testigos, pericias psicológicas y revisión de los hechos, no se encontraron elementos que vinculen al jugador con el hecho denunciado. “En lo esencial, los testigos coinciden en describir ciertos hechos que permiten afirmar que el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye”, agregó.
La denunciante, una joven que había tenido un vínculo sentimental con el futbolista, declaró haber sido drogada y abusada sexualmente en una fiesta de Año Nuevo en la residencia familiar de Montiel. Según su abogada, Raquel Hermida, los gritos de la víctima durante el episodio fueron corroborados en la investigación, aunque el fiscal consideró que los testimonios y pericias no sostienen la hipótesis del abuso.
El fiscal señaló “inconsistencias” en el relato de la denunciante, incluyendo su incapacidad para recordar detalles esenciales que otros testigos afirmaron haber observado. En sus primeras declaraciones, la joven había afirmado no recordar lo sucedido, pero más adelante, tras un tratamiento psicológico, declaró haber sido abusada. “La recuperación tardía de los supuestos recuerdos y su incapacidad para recordar detalles esenciales arrojan sombras de duda sobre la credibilidad de su versión de los acontecimientos”, explicó Brogna.
LA DEFENSA DE MONTIEL Y LOS ELEMENTOS A SU FAVOR
Un mes atrás, los abogados defensores de Montiel, Daniel Rubinovich y RafaelSanLari, habían solicitado el sobreseimiento del jugador argumentando que la denuncia presentaba “múltiples inconsistencias”. Según la investigación, Montiel no estuvo presente durante el presunto hecho, ya que habría salido de la fiesta para trasladar a un amigo en su vehículo. Además, el fiscal mencionó que otro de los involucrados, Alexis Acosta, también fue acusado, pero su participación tampoco pudo ser probada de manera concluyente.
Brogna concluyó que “la Fiscalía debe actuar de acuerdo a un criterio objetivo, aun a favor del imputado, y no convertirse en un acusador ciego y parcial”. En este sentido, consideró que la falta de pruebas impide avanzar hacia una instancia de juicio oral.
LA POSTURA DE LA QUERELLA
Por su parte, Hermida solicitó a la Fiscal General que se rechace el pedido de sobreseimiento y se designe a otro fiscal para continuar la investigación. La abogada argumentó que existieron “incumplimientos” en el proceso y que el juicio oral sería la “instancia donde los imputados podrán desarrollar ampliamente su defensa”.
El caso, que desde un principio generó repercusión mediática por la fama del futbolista, plantea un desafío en la aplicación de principios de garantía como la presunción de inocencia y el análisis bajo perspectiva de género. La decisión final sobre el pedido de sobreseimiento quedará en manos del juez a cargo del caso.
El 20 de diciembre de 2024, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó los últimos recursos presentados por la defensa del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien cuenta con el apoyo político del gobernador Axel Kicillof.
Este fallo marca un punto de inflexión en la causa iniciada por Melody Rakauskas, quien denunció al imputado por abuso sexual y desobediencia. Con esta decisión, el expediente queda a un paso del debate oral, que podría realizarse antes del cierre del año, siempre y cuando la fiscal interviniente, Mónica Cuñarro, finalice la etapa procesal pendiente.
Uno de los ejes centrales del litigio fue la impugnación de la defensa de Espinoza respecto a las actas del 14 y 15 de octubre de 2024, donde se registró la presentación de una memoria Micro SD de 32 GB aportada por Rakauskas como evidencia clave. La defensa argumentó supuestas irregularidades en la cadena de custodia y en la intervención de los funcionarios judiciales, solicitando la nulidad de las pruebas. Sin embargo, tanto el juez de grado como la Cámara desestimaron esos planteos, avalando que las grabaciones y audios presentados fueron resguardados correctamente y sin manipulación maliciosa.
La resolución de la fiscalía general, encabezada por Mauricio Viera, fue contundente: “No se advierte perjuicio concreto ni vulneración al derecho de defensa del imputado”. Este respaldo a las pruebas consolida la posición de la querella, que ahora cuenta con un elemento probatorio fundamental para el juicio oral que podría tener lugar más temprano que tarde.
Tal y como lo viene dando a conocer este medio, Melody Rakauskas ha enfrentado un proceso judicial lleno de obstáculos. Durante casi cuatro años, la fiscal Cuñarro ha sido acusada de demorar injustificadamente el cierre de la investigación, generando frustración en la víctima y su entorno. “Es hora de que se haga justicia y que el juez Luis Schlegel le brinde un alivio después de tanto ataque”, comentó una fuente cercana a Rakauskas.
En los últimos meses, la víctima sumó a su equipo legal al abogado Yamil Castro Bianchi, quien ya ha comenzado a contribuir activamente al pedido de justicia. Mientras tanto, fuentes del municipio aseguran que Espinoza se encuentra aterrado ante la posibilidad de enfrentar el juicio oral, un proceso que podría definir su futuro legal y político.
¿QUÉ SIGUE?
Con todas las pericias realizadas, los testigos entrevistados -incluida la madre de Melody Rakauskas- y las pruebas validadas, el camino al juicio oral parece inevitable. La decisión final recaerá en el juez Schlegel, quien deberá garantizar que la causa avance hacia una resolución justa.
Este caso no solo pone en juego la responsabilidad penal de Fernando Espinoza, sino también la credibilidad de un sistema judicial que ha sido duramente cuestionado. La sociedad espera que, tras años de lucha, se haga justicia para Melody Rakauskas y que el juicio oral sea un ejemplo de transparencia y reparación para las víctimas de violencia de género.
El Índice Nacional de Transparencia (Intra), elaborado por RUIDO y Poder Ciudadano con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, revela que el 92% de las provincias argentinas siguen enfrentando barreras importantes para garantizar el acceso a la información pública. El estudio, realizado durante la segunda quincena de octubre de 2024, evaluó 58 variables y abarcó 25 distritos, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Administración Nacional.
En el análisis, solo dos de los 24 distritos subnacionales alcanzan más de 70 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “alta transparencia”: Mendoza con un puntaje de 77,2% y CABA con 85%. En contraste, el promedio general de transparencia para los 25 distritos es de 54,3%. De este modo, la mayoría de las provincias se encuentran por debajo de la media, con 22 distritos clasificados en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.
Cuatro provincias destacan en la categoría de “transparencia insuficiente” (con puntuaciones de 0 a 39,9%): Formosa (12,8%), Santiagodel Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%). Mientras que en la categoría “moderada” (con puntajes de 40% a 69,9%), se encuentran 10 distritos con puntuaciones preocupantemente bajas, como Tucumán (40,3%) y Misiones (41,6%).
Por otro lado, con más de 60% de transparencia figuran provincias como Santa Cruz (60,3%), Córdoba (62,4%) y Entre Ríos (63,2%).
Entre las irregularidades más alarmantes, el informe señala que en varias provincias el acceso a la información pública sigue siendo un reto para los ciudadanos. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen:
Ocultamiento de presupuestos: Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no tienen disponible el presupuesto provincial en línea, una herramienta clave para conocer los ingresos y gastos de un gobierno.
Falta de Boletín Oficial:Formosa es la única provincia que no dispone de un Boletín Oficial en línea, una herramienta básica para acceder a las decisiones y acciones gubernamentales.
Declaraciones juradas inaccesibles: A pesar de que 22 provincias tienen leyes que exigen la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios, solo en 8 distritos estas declaraciones son accesibles al público. En muchos casos, estos documentos no reflejan valores reales de los bienes declarados, lo que pone en duda la eficacia de la medida.
Acceso presencial: En 10 provincias, como Catamarca, Misiones y Formosa, aún se exige que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta la participación ciudadana.
El informe también señala que en ningún distrito hay registros de reuniones, regalos o viajes de los gobernadores, lo que representa un obstáculo para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales.
A pesar de estos desafíos, el estudio pone de manifiesto los avances logrados en algunas provincias. CABA, Mendoza y Córdoba, por ejemplo, se encuentran entre las regiones con mayor acceso a la información pública, lo que demuestra que es posible avanzar hacia una mayor transparencia.
– Gildo Insfrán, el dictador de Formosa, la provincia menos trasparente del ránking
No obstante, el panorama general sigue siendo preocupante, y las deficiencias señaladas en el estudio evidencian la necesidad urgente de reformas que permitan una mayor apertura de los gobiernos provinciales. El análisis revela que, si bien existen leyes y normativas sobre el acceso a la información, su implementación sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.
El Intra no solo mide la existencia de herramientas de transparencia, sino también su accesibilidad. En este sentido, la complejidad de algunos procedimientos y la falta de información en línea dificultan la participación ciudadana, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el acceso a los datos oficiales y garantizar que estos sean fáciles de consultar para cualquier persona.
A nivel nacional, la Administración Pública obtuvo una calificación de 83,9%, destacándose en comparación con las provincias. Sin embargo, el reciente decreto presidencial 780/24, que amplía el secreto de ciertos documentos, generó preocupación entre organizaciones civiles que luchan por mantener la transparencia en el gobierno federal. Esto resalta la importancia de seguir monitoreando los avances en la materia y de realizar un seguimiento continuo sobre los niveles de transparencia en todos los distritos.
El índice INTRA, aunque útil, tiene limitaciones, ya que no mide el cumplimiento real de las normativas y solo refleja la existencia de las herramientas. Un seguimiento en los próximos años será clave para evaluar si las reformas propuestas y la presión social logran traducirse en una mayor transparencia en todo el país.
En medio del revuelo por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que ocupen un lugar en la Corte Suprema y la posibilidad de que sean nombrados por decreto, en el máximo tribunal reflotaron antecedentes y dan señales no estar de acuerdo con la idea de que el Ejecutivo proceda de dicha manera o al menos no sin que sus opiniones sean consultadas.
Desde el Gobierno descreen que la Corte no les tome juramento a los nuevos jueces si estos son nombrados por decreto presidencial, y si llegara a ser así, amenazan con que será el Ejecutivo mismo el que lo haga. En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.
Por el momento, el juez Ariel Lijo cuenta con 9 firmas en su pliego. Una de las mismas es de la senadora Lucía Corpacci, quien accedió a hacerlo por indicación de su jefa política Cristina Kirchner. El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. El pliego de Lijo está demorado porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno, no accediendo así al reclamo del kirchnerismo de acordar por Lijo y, en vez de García-Mansilla, proponer a una mujer. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrarlos en aras de, en 2025, contar con una Corte Suprema con 5 jueces.
En el actual escenario, desde la Corte Suprema sacaron del cajón antecedentes: el más cercano al presente es la vez que el ex presidente Mauricio Macri nominó a los jueces Hernán Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros del máximo tribunal. Fue el fruto de un acuerdo entre el entonces mandatario, los jueces de la Corte y la oposición. Con base en esas designaciones, las máximas autoridades del Poder Judicial quieren intervenir con un diálogo con el Gobierno, como sucedió con Macri.
Los gestos de la Corte Suprema para tomar parte en el procedimiento para designar nuevos miembros se inscribe en el marco de una relación ambivalente con el Gobierno, con ministros de buena relación como Ricardo Lorenzetti, y otros como Hernán Rosatti, que no tiene el visto bueno de Javier Milei y su entorno.
Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.
El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.
El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.
Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.
Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.
Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.
Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.
La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.
De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.
En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.
Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la destitución de Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción de Entre Ríos, quien había investigado al exgobernador Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión por corrupción. En una decisión unánime, el máximo tribunal consideró que el proceso que culminó con la exoneración de la fiscal en 2022 estuvo plagado de irregularidades que vulneraron el debido proceso y la garantía de defensa.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, determinó la nulidad de todas las actuaciones desde que se conformó el jurado que destituyó a Goyeneche. Según la Corte, hubo graves defectos en la integración del Jurado de Enjuiciamiento y en la designación del acusador, lo que afectó la imparcialidad del procedimiento. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos también fue cuestionado por no abordar de manera adecuada los planteos sobre la falta de objetividad en el caso.
Cecilia Goyeneche, quien era procuradora adjunta de Entre Ríos, se destacó por investigar casos de corrupción de alto impacto, incluido el entramado de desvío de fondos públicos conocido como el caso de los “Contratos de la Legislatura”. Sin embargo, en 2021 fue acusada de “mal desempeño” por no haberse excusado en una causa donde mantenía vínculos personales con uno de los imputados. Tras un proceso calificado como “venganza política” por la propia fiscal, fue destituida en mayo de 2022.
En ese momento, Goyeneche denunció públicamente la falta de garantías en el proceso y la motivación política detrás de su destitución. “Lo que hicieron da asco”, expresó entonces, señalando que su remoción buscaba desactivar investigaciones futuras sobre corrupción en la provincia.
El fallo de la Corte no implica una evaluación sobre los hechos que originaron el juicio político, pero sí establece que las irregularidades procesales descalificaron todo lo actuado. Ricardo Lorenzetti, en un fundamento adicional, enfatizó la importancia de que las sentencias sean claras y fundadas para garantizar la legitimidad del Poder Judicial. “Los jueces y juezas no solo deben dar resultados, sino argumentos que constituyan una guía para que la sociedad comprenda los principios del Estado de Derecho”, escribió.
La resolución ordena que la causa regrese a Entre Ríos para un nuevo pronunciamiento, aunque las irregularidades detectadas podrían dificultar una eventual ratificación del proceso. Goyeneche, en tanto, recupera su lugar en un caso que marca un precedente en la defensa de los principios constitucionales frente a la arbitrariedad institucional.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
