Milei excluyó a Villarruel de una cena con todo su Gabinete

La vicepresidenta fue marginada de la reunión tras meses de tensiones con el Presidente. Su distanciamiento se profundizó por desacuerdos políticos y desconfianza en su lealtad.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

El presidente Javier Milei convocó a su Gabinete y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a una cena privada en la Casa Rosada tras su discurso en la Asamblea Legislativa, este sábado en el Congreso. La exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirma el distanciamiento político entre ambos, una tendencia que se acrecentó en los últimos meses y que pone en evidencia su marginación dentro del Ejecutivo.

El reencuentro sucederá luego de casi cuatro meses sin contacto. La última vez que coincidieron fue el 1 de noviembre de 2024, durante el 203° aniversario de la Policía Federal. Antes, el 15 de septiembre de 2024, durante la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso. En aquella ocasión solo intercambiaron un saludo formal y breves palabras de rigor, más que nada, para las cámaras de los medios.

La cena, que se llevará a cabo en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada —un espacio poco habitual para este tipo de encuentros— contará con la presencia de Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación). También estará presente el vocero presidencial Manuel Adorni. Además de Menem, se evaluó la posible participación de otros asesores cercanos al presidente, incluyendo a Santiago Caputo, aunque su asistencia aún no está confirmada.

El deterioro del vínculo entre Milei y Villarruel fue progresivo y se reflejó en varios episodios clave. Uno de los puntos más conflictivos ocurrió cuando la vicepresidenta presidió la sesión del Senado que destituyó al senador Edgardo Kueider, peronista aliado al oficialismo que fue detenido en la frontera con Paraguay con 200.000 dólares sin declarar. El Gobierno reprochó a Villarruel por haber conducido la sesión en ausencia de Milei, quien estaba de viaje.

Otro motivo de enfrentamiento fue cuando la vicepresidente se quejó públicamente de ganar “dos chirolas” en un contexto en el que el Ejecutivo promovía la reducción de los gastos del Congreso.

Otro punto de fricción fue su postura en la controversia diplomática con Francia tras los cantos racistas de la selección argentina en la Copa América. Villarruel acusó al país europeo de ser “colonialista”, lo que obligó a Karina Milei a disculparse formalmente ante el embajador francés. En la Casa Rosada consideran que la vicepresidenta trató de posicionarse políticamente de manera independiente, lo que generó suspicacias dentro del mileísmo. Además, su postura en temas como las jubilaciones de privilegio, el aumento de dietas legislativas y su crítica al acuerdo con el Reino Unido sobre Malvinas también contribuyeron al distanciamiento.

– La respuesta de Villarruel a un usuario de Instagram, en enero

También fue excluida del grupo de WhatsApp del Gabinete, lo que oficializó su desvinculación de las decisiones de Gobierno. En los últimos meses, se le acusa ausentarse de reuniones estratégicas. En Balcarce 50, se considera que su figura es cada vez más irrelevante dentro del esquema de poder, “si había algún quilombo, como el de las universidades, no venía, pero si después cuando había algo que salía bien, reaparecía” —confirmaron fuentes de Casa Rosada al sitio Letra P— y de mantener contactos con “sectores de la oposición”, lo que profundizó aún más la desconfianza en su contra.

Por otra parte, el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa abordará cuestiones como seguridad y economía, con una fuerte crítica a la “ideología woke” y un respaldo a la iniciativa de Patricia Bullrich y Cúneo Libarona para reducir la edad de imputabilidad a 13 años. También se espera un anuncio de gran impacto, cuyo contenido se mantiene en estricta reserva. Sin dar demasiados detalles, el oficialismo adelantó que dicho anuncio “se llevará los titulares”.

La exclusión de Villarruel de la tertulia parece consolidarse como un reflejo más de la fractura entre la vicepresidenta y el Gobierno. Aunque evitó confrontaciones públicas con Milei, las diferencias estratégicas y políticas quedaron en evidencia. En su entorno, aseguran que sigue comprometida con el proyecto libertario, pero con una visión propia sobre cómo debe conducirse la gestión. Sus ‘pares’ de la Rosada, sin embargo, la consideran una figura prescindible. Al menos, estas fueron las palabras que el propio presidente utilizó a finales de noviembre de 2024, entrevistado por Esteban Trebuc: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”.

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

El PRO se encolumna en la Provincia y denuncia una “actitud destructiva” de los libertarios

El PRO de la provincia de Buenos Aires termina de definir su hoja de ruta para el 2026 con un objetivo de supervivencia: blindar sus territorios y fortalecer las gestiones locales frente al peronismo y los libertarios, complejos aliados nacionales. Bajo la conducción de Cristian Ritondo, el macrismo bonaerense mastica tensión con La Libertad Avanza: aunque la prioridad es alcanzar un acuerdo que evite una derrota frente al PJ, la complejidad que imponen los libertarios en el territorio obliga a los amarillos a no descartar una competencia en soledad si el escenario de coalición se vuelve imposible.

A diferencia de la Nación, en la Provincia no hay balotaje. Esa particularidad obliga a una alianza antiperonista para pensar en 2027, pero el PRO advierte que no aceptará una absorción y apuesta por fortalecer su identidad propia. Mientras Diego Santilli —hoy con vidriera en el Ministerio del Interior— y el propio Ritondo asoman como las cartas amarillas, el oficialismo nacional puede mostrar nombres como los de Sebastián Pareja y Diego Valenzuela.

Ritondo ya dio señales de pragmatismo:

Tras las elecciones de octubre, Ritondo aseguró estar dispuesto a sostener la candidatura del “Colorado” para evitar que los egos le allanen el camino al peronismo. Sin embargo, ese espíritu de unidad choca con la realidad del territorio, donde los libertarios son vistos como una fuerza “destructiva” que juega al límite incluso en los distritos donde el PRO es oficialismo.

Para diferenciarse, el partido avanza en una estrategia de trabajo local y apuesta a sus modelos de gestión: la seguridad en el Vicente López de Soledad Martínez, la atracción de inversiones de Marcelo Matzkin en Zárate y los resultados turísticos de Juan Ibarguren en Pinamar. En los distritos donde son oposición, como Bahía Blanca o Necochea, el foco estará en las presidencias de los Concejos Deliberantes, que manejan. El plan incluye una mesa legislativa articulada – integrada por parlamentarios provinciales y nacionales – con el respaldo de la Fundación Pensar provincial, presidida por Florencia de Sensi, que funcionará como la usina de proyectos técnicos para cada localidad.

A pesar de la sintonía mostrada hasta el momento en el Congreso Nacional, en el barro bonaerense la relación con La Libertad Avanza atraviesa un momento delicado. Si bien el verano habilitó un espacio de no agresión, el 2025 cerró con bombas cruzadas y, hoy por hoy, el PRO trabaja de forma independiente, sin articulación con el gobierno nacional. En la visión de los amarillos, los libertarios arrastran una actitud “destructiva” que se remonta a la campaña, cuando la coordinación de fuerzas se hizo cuesta arriba. El antecedente más dramático es el de La Matanza, donde el PRO llegó al extremo de retirar a sus fiscales ante los malos manejos de sus socios.

Los cortocircuitos escalaron tras las elecciones, cuando el oficialismo nacional amenazó la gobernabilidad de los intendentes amarillos votando sistemáticamente en contra de leyes y presupuestos promovidos por quienes habían sido sus aliados estratégicos. “Juegan sucio y después pretenden nuestro apoyo incondicional”, disparan.

La diputada nacional Florencia De Sensi

La lista de agravios es extensa: desde Vicente López, donde rechazaron el presupuesto, hasta San Isidro, donde ni siquiera permitieron su tratamiento. En Junín y Pergamino aceptaron discutir autoridades para luego frenar cualquier expediente; en 9 de Julio el diálogo es nulo e incluso promovieron la destitución de la intendenta. En Zárate, el concejal violeta votó contra las autoridades del PRO; en Arrecifes encabezaron marchas contra la inseguridad atacando la gestión local en los medios, y en Pinamar intentaron arrebatar la jefatura del Concejo sin éxito.

Si últimamente no hubo nuevos focos de conflicto es sólo por tratarse de enero, un mes de baja intensidad política, pero la herida no sana y no hubo ninguna señal concreta de acercamiento. Hoy, la relación es de independencia: el PRO bonaerense camina solo, convencido de que su estructura territorial es clave posible para lograr la reconstrucción y enfrentar al peronismo.



*Fuente: Carla Pelliza

Mendoza recaudó $70 millones por la atención a extranjeros en hospitales públicos en 2025

Durante 2025, el sistema de salud público de Mendoza recaudó $70 millones a partir de los pagos realizados por extranjeros no residentes que se atendieron en hospitales y centros de salud provinciales. Según datos oficiales, la facturación correspondió a 461 personas, lo que arrojó un costo promedio por paciente de aproximadamente $150.000.

La titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), Daniela Correa, destacó que, aunque el monto pareció acotado en términos generales, “equivale a la recaudación anual de un centro de salud chico o al trimestre de un hospital de baja complejidad”, y representó un aporte para la sostenibilidad del sistema.

El régimen se oficializó el 1 de agosto de 2024, tras su aprobación por la Legislatura mendocina. El mecanismo de cobro se rigió por tarifas establecidas por unidades de medida asistencial y alcanzó a pacientes extranjeros no residentes, en tránsito o con residencia provisoria. En esos casos, los pacientes costearon la atención por su cuenta o a través de su cobertura de salud en el país de origen.

De acuerdo con la información difundida, la mayor parte de las atenciones correspondió a prestaciones ambulatorias. Correa explicó el perfil de demanda y señaló: “Se realizan muchos rayos x, ya que varios son turistas que sufren alguna caída o accidente y van a un hospital. También hay una buena cantidad de consultas en odontología, oftalmología y clínica en general”. La mayoría de los pacientes provino de países limítrofes, con mayor incidencia de chilenos, seguidos por bolivianos, brasileños, peruanos y paraguayos.

En el detalle de aranceles, una consulta médica general tuvo un costo de $13.000 y una consulta en subespecialidades ascendió a $19.500. La consulta de urgencia en guardia (hasta 6 horas, con estudios básicos) se valuó en $81.900. Para traslados, el esquema contempló $130.000 por ambulancia con médico (hasta 30 km) y $2,08 millones por traslado aéreo en helicóptero. En internaciones, la clínica en adultos se tarifó desde $299.000 por día; la internación pediátrica de mediana complejidad, en $338.000; y la internación de alta complejidad, en $390.000 por día.

La provincia también registró situaciones excepcionales vinculadas a urgencias en Alta Montaña. En esos casos, se reportaron traslados de urgencia para turistas europeos con costos que alcanzaron los $20 millones.

Los datos consignaron que la atención a extranjeros representó entre el 2% y el 3% del total de pacientes atendidos en el sistema público mendocino.

La gestión de la facturación se canalizó mediante Reforsal, organismo que además coordinó la facturación con prepagas y obras sociales locales. El material indicó que la medida buscó sostener la sustentabilidad de los servicios públicos y acompañar su funcionamiento.

En un contexto más amplio, la decisión de Mendoza se enmarcó en una tendencia regional: además de esa provincia, Salta, Jujuy y Santa Cruz, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecieron mecanismos para facturar atención de salud a extranjeros no residentes. Cada jurisdicción definió alcances, tarifas y excepciones, con el objetivo común de recuperar parte del costo que representó para el Estado la atención de personas que no contribuyeron regularmente con el sistema impositivo provincial.

El gobierno endureció el control marítimo y avanzó contra la pesca ilegal extranjera

Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principales amenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.

La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.

El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real. 

Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.

El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.

El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.

La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.

Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.

Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.

La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.

Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.

HUMOR por Argüelles​

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2025

Subscribe Now