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01 octubre, 2025

El municipio de un intendente de LLA acumuló una deuda de casi $3000 millones

Un informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro) detalló gastos municipales millonarios. El intendente libertario, Marcelo Román, aseguró que la deuda es "mucho menor" a la denunciada y repudió las "operaciones políticas disfrazadas de control institucional".
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Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera del municipio de Allen (Río Negro). En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un documento de aproximadamente 80 páginas solicitado al organismo de control, que describió el estado de las cuentas de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román. 

Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda con proveedores casi llega a los $3.000 millones, mientras que el total de ingresos (coparticipación nacional y provincial e ingresos propios) rondó los $1.387 millones.

En esa sesión, el concejal Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) calculó que, comparando ingresos y egresos, el municipio contó con aproximadamente $18 millones disponibles para lo que restó de 2025: “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, afirmó. 

Los gastos en eventos deportivos y culturales se destacaron entre los rubros observados. Para la Fiesta Nacional de la Pera, el municipio destinó $14.405.675 en 2024 y elevó ese gasto a $567.113.095 en 2025.

Además, en 2024 el triatlón de la Pera implicó $907.900. Un patrón similar se registró en los festejos del 25 de Mayo, que también coinciden con el aniversario de la ciudad: el gasto fue de $907.900 en 2024 y ascendió a $251.261.879 en 2025. 

El cuerpo legislativo también puso atención en el gasto en publicidad y asesorías. Según el relevamiento, el Ejecutivo destinó $34.548.568 al rubro publicidad y $58 millones a distintas asesorías.

– Junto a la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde

La revisión de las horas extras constituyó otro foco de críticas. El Tribunal de Cuentas registró un promedio mensual de 5.307 horas extras. Hasta junio de 2025, el municipio informó 209 funcionarios y contratados, y una planta permanente de 214 empleados. La planta permanente acumuló más de 3.331 horas extras y los contratados sumaron 2.357: “Uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo”. fustigaron. 

Durante la sesión se barajó la posibilidad de declarar la emergencia económica ante el cuadro financiero descrito. El concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que “estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama”, y aseguró que hasta el viernes previo el cuerpo no recibió “ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo” sobre la situación. Por su parte, Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de este escenario y afirmó que “es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo”. 

LA RESPUESTA DE ROMÁN

El intendente libertario Marcelo Román cuestionó públicamente el informe del Tribunal. “¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!”, publicó en redes. 

“No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos”, agregó. Luego emitió un comunicado en el que expresó: “Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas”. 

– Segmento del comunicado del intendente, publicado en su muro de Facebook

Respecto de las cifras, Román aseguró que la deuda actual real “es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales”. 

También señaló que se omitió la deuda que contribuyentes mantienen con el municipio, que, según sus palabras, ascendió a más de $3.100.000.000, y mencionó $29.000.000 en regalías mensuales que el municipio destinó a obras públicas. 

Sobre la Fiesta de la Pera, sostuvo que “dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local”. “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”, remarcó.

VÍNCULOS DEL INTENDENTE CON UN EMPRESARIO LOCAL

A finales de julio, la Justicia retiró documentación del municipio de Allen en el marco de una investigación preliminar por peculado contra Román y por usurpación de cargo público contra Sebastián Ocampo, tras otra una denuncia del Tribunal de Cuentas. Días antes, la policía había allanado propiedades de Ocampo. Según informó la defensa del intendente, a cargo del abogado Matías Rubio, la Fiscalía presentó una solicitud de entrega voluntaria de documentos y no resultó necesario allanar, porque el municipio entregó la documentación requerida.

El organismo señaló que Sebastián Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”. El Tribunal indicó que contó con testimonios que certificaron la existencia de ese ejercicio irregular, constató la línea telefónica que Ocampo utiliza y que abona la comuna, y describió pagos de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.

La denuncia que inició la fiscalía el 26 de junio llevó las firmas de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, y consignó también a Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y a Facundo Jara Godoy.

– Allanamientos en la propiedades de Sebastián Ocampo, el pasado jueves

El día del procedimiento se observaron policías provinciales en la municipalidad y un medio local registró que la oficina del intendente permaneció cerrada. La actividad se concentró en la Secretaría de Hacienda. En paralelo, Román enfrentó renuncias de funcionarios que se alejaron del gabinete y manifestaron irregularidades, aunque no radicaron denuncias penales.

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CRISIS EN LAS FF.AA | Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares renunciaron

Redacción 15 de septiembre de 2025

En menos de dos años, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 militares, que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Así surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles.

El informe del jefe de Gabinete, que responde a las preguntas de los legisladores con datos aportados por el Ministerio de Defensa el mes pasado, revela que a partir del 10 de diciembre de 2023, fecha en que asumió el presidente Javier Milei, dejaron las fuerzas 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios.


La mayor deserción se dio en las filas del Ejército y, especialmente, entre los uniformados que conforman la tropa voluntaria. Las Fuerzas Armadas tienen hoy un plantel de 83.000 militares desplegados en todo el país.

Según el detalle ofrecido por Francos, de los 18.659 efectivos que pidieron la baja, 14.614 pertenecen al Ejército, 2971 a la Fuerza Aérea y 1074 a la Armada. En distintas unidades coinciden en que la cantidad de bajas no es compensada por los egresos de los institutos de formación militar. Ya en julio pasado había salido a la luz que más de 2200 militares y efectivos de seguridad habían pedido la baja en el primer semestre del año, por los bajos salarios.

“No es un problema nuevo, se viene dando hace diez años. Pero no por eso deja de ser alarmante y preocupante”, dijo un general en actividad, que mira los números con preocupación.


En cambio, en sectores cercanos a la conducción de las Fuerzas Armadas relativizaron las cifras. “Es un número excesivo. Además de las bajas debe contabilizar el personal retirado, que no es lo mismo. El retiro comprende a los que cumplen los años de servicio. Desde el punto de vista estadístico no presenta ninguna alarma. El movimiento de soldados es normal. Todos los años hay bajas y altas”, argumentó la fuente castrense, ante una consulta del diario La Nación.

EL RETRASO SALARIAL:

Los militares conservan el reclamo de la equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad, una promesa que lleva ya varios años y, por lo menos, dos gobiernos. En muchos casos, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas pelean por no caer bajo la línea de pobreza, que para una familia tipo, según el Indec, ascendía agosto último a $1.160.780.

Los bajos salarios impactan particularmente en las jerarquías más bajas. Mientras un capitán y un teniente de navío cobran $1.109.913, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de fragata llega a $987.202. Un teniente del Ejército y un teniente de corbeta perciben $889.995y un subteniente, un guardiamarina y un alférez –las categorías más bajas entre los oficiales- cobran $806.045.

Entre los suboficiales, un sargento y un cabo principal perciben $853.088, un cabo primero, $765.596 y un cabo segundo, $765.596.

En el interior de las fuerzas entienden que la problemática salarial es decisiva, dado que el estilo de vida de los militares, en general, obliga a tener un solo ingreso familiar, porque con cada cambio de destino su cónyuge suele perder su trabajo. “También existen privaciones relativas a su entorno familiar y de amigos, que muchas veces influye en la decisión de pedir la baja, pese a la vocación”, señaló una fuente castrense.

Incluso, hay voces que sostienen que los suboficiales presentan mejores condiciones relativas que los oficiales que los mandan. “La mayor permanencia en los destinos permite a los suboficiales que su pareja o cónyuge tenga un trabajo más estable y acceso a planes provinciales de vivienda y a emprendimientos. Algunos consideran que tal vez les habría convenido ser suboficial. La diferencia de responsabilidades no está reflejada en las escalas salariales”, señaló una de las fuentes consultadas.

“Hoy la información circula con rapidez y los jóvenes oficiales advierten que en las Fuerzas Armadas de países vecinos, a diferencia de la situación local, proveen el uniforme y las botas. Acá duran seis meses y las fuerzas entrega anualmente un 20% de las necesidades. En las fotos de ejercicios militares se puede ver el nivel de desgaste de los materiales y elementos”, resumen las fuentes consultadas.

Como ejemplo ilustrativo de las restricciones en el equipamiento, muchos militares en el Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma con 70 años de vigencia, sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna.

“Los morteros pesados, de 120 milímetros, han pasado periodos de cuatro o cinco años sin municiones y unos pocos al año para los morteros de 81 milímetros. La artillería de 105 milímetros recibe unos 40 a 60 proyectiles anuales, lo que alcanza apenas para una sesión de tiro de escuela. Armas antitanque modernas, como el AT4, fueron compradas de a una para cada unidad y hacen solo un disparo al año”, describen en los cuarteles, al señalar que ello impacta en la insatisfacción profesional y la consecuente pérdida de vocación militar.



*Fuente: Diario La Nación

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Entre Ríos: Rogelio Frigerio saca lustre al legado desarrollista y propone una ley de infraestructura

Redacción 24 de septiembre de 2025

Rogelio Frigerio aprovechó un encuentro del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) para anunciar un proyecto de Ley de Infraestructura Provincial para Entre Ríos. El gobernador habló de “una verdadera política de Estado” para que las obras “no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno”.

En la presentación, explicó que se trata de una iniciativa que busca institucionalizar la planificación a largo plazo de la obra pública para que sea producto de una estrategia consensuada entre todos los ámbitos de la política local “para las próximas décadas”.

Rogelio Frigerio on X (formerly Twitter): “Estamos destinando cada peso adonde tiene que ir! https://t.co/cgMe7jPBPS / X”

Estamos destinando cada peso adonde tiene que ir! https://t.co/cgMe7jPBPS

La iniciativa busca dar un mensaje a dos bandas. Por un lado, para que los gobiernos que se sucedan, aun siendo de distinto palo, tengan una continuidad de objetivos. Por el otro, para dar un marco de tranquilidad al empresariado del sector respecto de los proyectos, de los que además participarán en la elegibilidad de acuerdo a parámetros objetivos.

¿Qué dicen en el gobierno de la Ley de Infraestructura para Entre Ríos?

En la Casa Gris se encargan de subrayar el diálogo entre sectores. El público con el privado, representado por los empresarios, pero también la relación con los obreros de la construcción, que fue vital al comienzo de la gestión cuando suspendieron la obra pública hasta ordenar los pagos pendientes y poder recomenzar.

Por indicación de Frigerio, los funcionarios repiten como un mantra las palabras “orden, transparencia, planificación y diálogo”, y tratan de ejecutarlas. Así, al menos en las formas y embanderándose con la obra pública y la importancia de la infraestructura, se permiten, sin hacer alardes, marcar sutiles diferencias con sus socios electorales de La Libertad Avanza.

Un funcionario que pasa el día en la sede del gobierno explicó que con la Ley de Infraestructura la priorización de obras se hará por capas. Cada una de estas capas se ponderará distinto. La infraestructura en sí será una. La importancia en cuanto a su impacto en las cadenas productivas, otra. La relevancia económica en el turismo es otro ejemplo, al igual que otros ítems. En el ministerio de Obras analizan que con estos criterios objetivos se tomarán decisiones menos arbitrarias.

De qué trata la ley de infraestructura de Rogelio Frigerio

La ley, que está en estado de borrador antes de ser elevada a la Legislatura, propone crear la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura provincial. Busca que esa cartera sea elaborada junto con la delegación local de Camarco y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y que ingrese al Banco Federal de Proyectos de ese organismo.

En el frigerismo se entusiasman y claman que será una ley que trascenderá gobiernos y que asegurará “que las obras de hoy no dependan del humor de un funcionario”.

¿Cómo financiar las obras?

La administración explica que gestiona financiamiento ante organismos de crédito multilaterales con avales del gobierno. Dicen que no es solo para aumentar la capacidad de ejecución, sino para impulsar a partir del año que viene un plan de rehabilitación de infraestructura vial.

Cuentan que ya avanzaron con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el Banco Centroamericano de Inversión y Desarrollo y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 300 millones de dólares. Además de los acuerdos con el CFI.

Relacionado a lo financiero, el gobierno asegura que implementó un nuevo sistema de redeterminación de precios, para lo que tomó aportes del sector de la construcción y avanzó en un esquema en el que los certificados de obra “se pagan en tiempo y forma y sin intereses”.

¿En qué obras están pensando?

110 proyectos están en contemplación en áreas como vialidad y logística; obras portuarias y ferroviarias; de energía; de gestión hídrica y riego; saneamiento y agua potable; y educación y seguridad.

Entre los ejemplos que se destacan en un informe del gobierno entrerriano, se cuentan el Puente Paraná – Santa Fe; la doble vía para el puente que une Victoria con Rosario; el corredor Bioceánico Sur; la ampliación del Aeropuerto de Paraná; la reconfiguración del Puerto Ibicuy; y el Acueducto del Norte Entrerriano. Además, plantas potabilizadoras y la construcción de nuevas unidades penales, escuelas técnicas y playones deportivos inclusivos.


*Fuente: Letra P

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KIRCHNERISMO EXPLÍCITO: Aparecieron audios de “Nene” Vera coordinando micros para llevar militantes al acto de Milei

Redacción 3 de septiembre de 2025

De cara al acto de cierre de campaña que el oficialismo realizará en la localidad bonaerense de Moreno, se difundieron audios del puntero político y diputado de PBA por La Libertad Avanza, Ramón “Nene” Vera, organizando la logística de colectivos para el traslado de militantes.

Esta práctica, marca registrada de la “vieja política”, hace honor al ¿pasado? político del camaleónico Vera, quien supo ser un histórico dirigente del kirchnerismo. En 2019 fue candidato a intendente en la lista del Frente de Todos de Alberto y Cristina Fernández. También militó para Cambiemos y para Sergio Massa.

El material llegó a DATA24 el lunes. En los audios se escucha a Vera avisar a sus pares los horarios de los colectivos, por si “alguien los necesita”: “Ya me pasaron varios, pero, los que no me pasaron y quieren movilizar y necesitan colectivos, el horario límite es de 15:00 a 15:30”.

Además, solicita que los militantes se contacten con una mujer que lleva el registro de pedidos en una planilla. Por ahora se desconoce su identidad. Según fuentes consultadas por este medio, los audios fueron enviados por Vera a un grupo de WhatsApp en el que solo pueden hablar los administradores.

No es la primera vez que queda bajo la lupa por algo similar. En octubre de 2024, durante un acto en Parque Lezama, el presidente Milei se jactó en X de la “espontaneidad” de la convocatoria y afirmó que no se había recurrido a micros. Sin embargo, una planilla publicada por el diario La Nación reveló que Vera estuvo entre los punteros que más gente aportaron: 1.300 sobre un total aproximado de 7.500 asistentes.

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Gerardo Zamora gastó más de $3.000 millones en mesas y sillas

Redacción 23 de septiembre de 2025

En Santiago del Estero, donde Gerardo Zamora maneja la provincia con mano de hierro desde hace casi dos décadas, se acaba de publicar una licitación pública que ya despierta todas las sospechas. Se trata del expediente 7/25 del ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, cuyo objeto es la adquisición de 3 mil mesas, 15 mil sillas y 2 mil camas cuchetas, por un monto estimado en 3.085 millones de pesos.

Hasta ahí, podría parecer un proceso normal. Pero como suele suceder en el zamorismo, el diablo está en los detalles:

– Un pliego inaccesible: el simple derecho a participar en la licitación cuesta 3 millones de pesos. Un monto desorbitante que funciona como la primera barrera para evitar la competencia. ¿Quién va a pagar semejante fortuna por un pliego, cuando todos saben que el contrato ya tiene dueño?

– Plazos exprés imposibles: la apertura de sobres fue fijada para el 22 de septiembre, apenas cuatro días después de la publicación oficial (con un fin de semana en el medio). En ese tiempo, una empresa debería conseguir el pliego, preparar la propuesta, reunir documentación, inscribirse en registros cerrados y diseñar la logística de entrega. Algo imposible para cualquiera, salvo para quien ya conoce de antemano cada requisito.

– Entrega en siete días: según empresarios que han participado en procesos similares, la entrega de los muebles debe realizarse en apenas una semana. Se trata de un volumen de decenas o cientos de camiones cargados de sillas, mesas y camas que deberían distribuirse en tiempo récord. Otra condición pensada para que sólo una empresa “elegida” pueda cumplir.

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– Registro de proveedores bloqueado: se exige estar inscripto en el Registro Único de Proveedores de la provincia, pero dicho registro lleva años cerrado. Empresarios que intentaron inscribirse labraron actas notariales al constatar que las oficinas les negaban el trámite, con el argumento insólito de que el cupo estaba “completo”.

– Opacidad total: el pliego completo no se publica en ningún lado. Los oferentes deben viajar hasta Santiago del Estero para solicitarlo, y aun así enfrentan demoras deliberadas en su entrega. Un mecanismo que desalienta a cualquier competidor externo.

ESQUEMA REPETIDO

Nada de esto es nuevo. En Santiago del Estero, el monopolio de las licitaciones de mobiliario escolar, hospitalario y de viviendas sociales tiene nombre y apellido: Stilnovo Equipamiento, la empresa santiagueña de Domingo Serrano que desde hace más de quince años se lleva todos los contratos millonarios de la provincia.

El modus operandi es siempre el mismo: licitaciones convocadas con poca anticipación, plazos de entrega imposibles, pliegos caros e inaccesibles, registros cerrados y competidores “fantasma” que nunca cumplen los requisitos. La firma Stilnovo es siempre la única oferente válida, y sus propuestas coinciden sospechosamente al centavo con los presupuestos oficiales.

En julio de 2024, la misma empresa se quedó con un contrato por 3.085 millones de pesos para equipar viviendas sociales. En agosto de ese año, obtuvo otro por 1.208 millones para mobiliario hospitalario. En ambos casos, la “competencia” fue una firma llamada Offinet SRL, cuyo titular figura en los registros como empleado de la propia Stilnovo. Como era de esperarse, fue descalificada por “errores básicos”.

Las irregularidades son tan burdas que hasta los precios resultan escandalosos: un armario que en Neuquén se adquiere a 250 mil pesos, en Santiago del Estero fue comprado a 950 mil, casi cuatro veces más. El sobreprecio es la verdadera matriz del negocio.

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LA COMPLICIDAD DEL PODER

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Lo más grave es que nada de esto sería posible sin la complicidad del propio gobierno de Gerardo Zamora. Ningún organismo de control —ni el Tribunal de Cuentas, ni la fiscalía de Estado, ni las asesorías legales de los ministerios— ha objetado jamás estas maniobras. Por el contrario, todos los decretos de adjudicación llevan la firma del gobernador y de sus ministros de confianza.

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Lejos de velar por la transparencia y la competencia, el zamorismo convirtió a la licitación pública en una parodia. Los empresarios locales lo saben bien: participar es una pérdida de tiempo, porque el resultado ya está escrito.

*Fuente: REALPOLITIK

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Mientras IOMA le debe $4.100 millones al Garrahan, Kicillof gasta $28.000 millones en pauta

Redacción 3 de septiembre de 2025

La evidencia de una deuda cercana a los 4.100 millones de pesos entre el IOMA y el Hospital Garrahan se vuelve central en el cruce entre jurisdicciones. La información oficial del consejo administrativo del Garrahan detalla ese pasivo, señalando que constituye un 40% de los más de 10 mil millones adeudados por obras sociales provinciales. Parte de ese monto—unos 2.500 millones—estaría judicializado. 

En ese escenario, voces del gobierno nacional apuntan a que se trata de una deuda histórica. El Garrahan aseguró que solo una parte mínima fue abonada, mientras que Nación insiste en la acumulación que afecta la gestión hospitalaria.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ofreció una mirada restrictiva: indicó que en 2025 el hospital facturó 1.268 millones y que ya cobró 1.006 millones.

La Legislatura bonaerense, por su parte, registró acciones formales. La senadora Yamila Alonso presentó un pedido de informes que requiera desglose detallado, montos judicializados, diferencias entre deuda histórica y reciente, y un plan claro para su resolución. 

Del otro lado, senadores del PRO, desde la Legislatura, levantaron la alerta institucional y sanitaria. Advertían que esa situación podría comprometer la atención pediátrica en el principal centro especializado del país. En ese contexto, el Hospital Garrahan, en conjunto con gremios y pacientes, realizó una bicicleteada solidaria y medidas de fuerza, en demanda de respuestas urgentes. 

– Nicolás Kreplak, Axel Kicillof y Homero Giles (titular IOMA)

En paralelo, una investigación de El Disenso expuso desembolsos en pauta oficial que llegaron a los 28 mil millones de pesos por parte de Axel Kicillof durante los primeros seis meses de 2025.

Lo llamativo es el aumento exponencial de la pauta en los meses previos a una elección. El año pasado, la provincia de Buenos Aires había superado los 26 mil millones de pesos en pauta. En menos de seis meses, el monto ya se igualó.

De acuerdo a información a la que accedió en exclusiva citado medio, el gobierno de Kicillof proyecta gastar más de $56.000 millones para fin del ejercicio.

*Con información de El Disenso

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Diputados | La Coalición Cívica no quiere citar a Karina por las coimas: “Se comunica con mucha dificultad”

Redacción 24 de septiembre de 2025

La oposición en la Cámara de Diputados unificó este martes los proyectos de la peronista Sabrina Selva, el pichettista Oscar Agost Carreño y el trotskista Christian Castillo para citar a Karina Milei y Mario Lugones para que den explicaciones sobre las coimas de la Andis y logró dictamen de mayoría.

Los bloques de UP, Miguel Pichetto, Facundo Manes, la izquierda y Marcela Pagano juntaron 41 firmas a favor, los libertarios sumaron 12 en rechazo, la Coalición Cívica aportó dos para su propio proyecto y la tucumana Paula Omodeo presentó otro por su cuenta. 

El “lilito” Juan Manuel López se negó a apoyar la citación de Karina para que “brinde informes verbales” sobre las coimas de la Andis ante la Cámara Baja, para no convertir la escena en “un show de una persona que con mucha dificultad se comunica verbalmente”.

Su preocupación era que la hermana de Javier Milei podría “autoincriminarse” con lo que diga. “Vamos a interpelar a alguien que le cuesta bastante comunicarse y que, como está siendo investigada y ya está imputada, va a hacer uso del artículo 18 de la Constitución nacional“, argumentó en referencia a que no puede ser obligada a declarar contra sí misma.

El tratamiento de los proyectos se realizó durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud y Acción Social, presididas por Nicolás Mayoraz y Pablo Yedlin. La reunión se concretó porque el miércoles pasado, durante la sesión en que le voltearon a Milei los vetos a las universidades y el Garrahan, los legisladores aprobaron el emplazamiento a Mayoraz, que venía eludiendo el llamado para trabar el expediente.

De hecho, Martín Menem había puesto Asuntos Constitucionales como comisión cabecera con el objetivo de que el proyecto no caminara.

Cuando se abrió el debate, Yedlin justificó el proyecto en que “los pedidos de informe por escrito han quedado siempre sin respuesta”. “No encontramos, en el marco de lo que el reglamento de la cámara tiene, otra herramienta más idónea que la citación a un informe verbal”, sostuvo.

La massista Selva leyó fragmentos de la transcripción de los audios de Diego Spagnuolo, cuya divulgación desató el escándalo, y enfatizó que “nadie niega la veracidad” de su contenido.

Luego, defendió la citación de Karina frente a los diputados libertarios que contestan que la secretaria general de la Presidencia no tiene rango de ministro, en los términos del artículo 71 de la Constitución. “El artículo 204 del Reglamento habilita a que, en uso del artículo 71, cuando esta cámara de diputados cita a un ministro pueda también citar a los secretarios que consideremos que tengan la responsabilidad de venir a dar explicaciones”, fundamentó.

A su turno, Margarita Stolbizer alertó sobre el riesgo de que se ponga la atención en los audios cuando adelantó su respaldo al dictamen unificado. “No me gustaría que el foco estuviera puesto en los audios, eso es un error conceptual”, dijo, y agregó: “No debemos equivocar el objetivo de nuestra convocatoria porque no vamos a analizar los audios sino la gravedad de los hechos”.

Al final, hasta Pagano anunció el apoyo del dictamen de mayoría para citar a Karina. “Vamos a apoyar, vamos a acompañar y queremos que en el recinto se puedan acelerar los procesos porque las fechas urgen para dar una respuesta”, remarcó.


*Fuente: La Política Online

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