Por las trabas a la exportación de carne se perdieron más de U$S 100 millones y el precio al consumidor subió un 18% en el segundo trimestre
Según datos aportados por la SRA, entre abril y junio, la carne aumentó 7 puntos porcentuales por encima de la inflación de alimentos y del IPC general. Señalaron que con las medidas del Gobierno “perdimos todos”.
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Según un informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA), los resultados de la intervención del Gobierno en el mercado de la carnes hasta ahora fueron negativos: en junio las exportaciones de carne vacuna cayeron un 45% en comparación con mayo y en el mes se perdió la posibilidad de recibir divisas por 108 millones de dólares. Al mismo tiempo, los precios al consumidor subieron un 18%, causando el efecto contrario al que decía buscar el Gobierno.
Al momento de presentar el informe en la reunión quincenal de la conducción de la SRA, su presidente, Nicolás Pino, comentó: “Los resultados obtenidos son muy claros: las medidas tomadas por el gobierno nacional hicieron que todos perdamos: menos precio a los productores, menos actividad para la industria y el Gobierno, y carne más cara para los consumidores”.
Por otro lado, el informe indicó que los productores recibieron menor precio por la hacienda porque su valor bajó; la producción de la industria cayó y los precios para los consumidores subieron. Según los datos privados la hacienda perdió valor en términos nominales y reales, con una caída nominal de entre el 5% y el 15% para la hacienda de exportación y entre 1% y 3% para la de consumo. Por otro lado, en un contexto donde la producción cayó 10% en el segundo trimestre, la industria trabajó con una menor capacidad ociosa y menor capacidad para absorber parte de los costos fijos.
Pino agregó que: “Desde la cadena de la producción volvemos a pedirle al Presidente de la Nación que revea esta medida para que podamos retomar una agenda de trabajo con previsibilidad para generar competitividad y volver a ser los principales exportadores de carne del mundo”.
-Especial para Data24.com.ar-
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El Gobierno nacional tomó una medida que impactará de manera significativa en las finanzas de los municipios.Desde este miércoles, las comunasya no podrán incluir tasas o impuestos locales en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas. La resolución 2024-267, que será publicada en el Boletín Oficial, establece que las facturas deberán detallar exclusivamente el precio del servicio contratado, eliminando cargos adicionales que no correspondan al servicio prestado.
La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que esta decisión responde a “reiteradas denuncias públicas” sobre el cobro de tasas municipales ocultas en las boletas de servicios esenciales.
La iniciativa surge como respuesta a las crecientes quejas de distintos sectores —entre ellos supermercadistas y comerciantes mayoristas— quienes desde hace meses vienen alertando sobre el aumento desmedido de tasas municipales incluidas en las facturas de servicios públicos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) son algunas de las organizaciones más vocales en sus denuncias.
Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó que municipios como Lanús y Quilmes han incrementado la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de manera considerable. El barrio porteño de Lanús, por ejemplo, pasó del 2,36% al 6%, mientras que otras localidades, como Malvinas Argentinas, también aumentaron sus tasas de forma retroactiva. Estas alzas, según Farina, no solo afectan a los comerciantes y también impactan en el precio final que pagan los consumidores.
La preocupación por el impacto económico de estas tasas es compartida por el sector empresarial. Un estudio de CADAM reveló que, en algunos municipios, los impuestos nacionales, provinciales y municipales pueden representar hasta el 49,1% del precio final de un producto de primera necesidad. Este escenario agrava la situación de los comerciantes y consumidores, que ven cómo los costos laborales y productivos se incrementan debido a la presión impositiva local.
En los últimos meses, varias intendencias incrementaron sus tasas como medida compensatoria ante la caída de la recaudación y la merma en las transferencias discrecionales de Nación. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, fue uno de los primeros en anunciar un aumento en la TSH, medida que generó una ola de críticas no solo entre los comerciantes afectados, sino también en el ámbito nacional.
En municipios como Hurlingham y Pilar, los intendentes implementaron nuevos impuestos bajo conceptos como "Tasa de Comedores y Merenderos" o "Tasa Vial", que agregan recargos a productos esenciales como el combustible o los envases utilizados en supermercados. Estas decisiones generaron el repudio de los vecinos e incluso acciones legales por parte de la oposición, que considera que dichos gravámenes son inconstitucionales.
EL ANUNCIO DE LUIS CAPUTO
El ministro de Economía expresó su firme rechazo a estos aumentos, clasificándolos de "fines recaudatorios" que obstaculizan el plan económico del presidente Milei: "Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas, lo que genera una mayor presión sobre los precios que pagan los consumidores", aseguró Caputo, quien también señaló, citando a la Corte Suprema, que las tasas municipales deben estar vinculadas a un servicio efectivamente prestado, y su monto debe ser proporcional al costo del servicio.
La medida del Gobierno apunta, además, a contener el impacto que estas subas tienen en el Índice de Precios al Consumidor, dado que las tasas municipales elevan el costo de los servicios y, por ende, el precio de los productos finales.
UN GOLPE AL CURRO DE LOS INTENDENTES K
La prohibición de incluir tasas en las facturas de servicios representa un duro golpe para la recaudación de los municipios, que en muchos casos dependen de estos ingresos para financiar servicios locales.
Desde las intendencias argumentan que estos aumentos son necesarios debido a la caída en la coparticipación y los recortes en las transferencias desde el gobierno central. Sin embargo, la nueva norma del Ministerio de Economía establece un límite claro a estas prácticas, priorizando el alivio fiscal para los consumidores, buscando reducir la presión impositiva en el ámbito local.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca marcar un precedente en la relación entre los municipios y los contribuyentes, evitando que los primeros utilicen las facturas de servicios públicos como vehículo para aumentar sus ingresos. Queda por ver cómo reaccionarán los municipios K ante esta nueva normativa y si optarán por buscar otras formas de incrementar su recaudación o si se adaptarán a las nuevas reglas impuestas desde la Casa Rosada.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
El Gobierno informó que en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo en el sector privado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de trabajadores registrados cayó de 6.361.300 a 6.236.000, lo que refleja una baja de 136.000 empleos. Este impacto negativo en el empleo se distribuye entre casi todas las modalidades laborales relevadas por la Secretaría de Trabajo.
El informe de SIPA detalla que, en junio de 2024, el empleo privado registrado en empresas presentó una contracción del 0,2% respecto de mayo, acumulando una reducción del 2,2% desde diciembre de 2023. En contraste, el trabajo independiente mostró un leve crecimiento del 0,8%, y el monotributo subió un 1,9%. Sin embargo, los autónomos y monotributistas sociales vieron una disminución del 1,1% y 2,1% respectivamente.
Este lunes el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habló de la situación laboral en el país y anticipó un proceso de recuperación: “Los números muestran que, desde hace tres meses, la situación se ha estabilizado. Aunque el índice de desempleo sigue siendo preocupante, hemos logrado frenar la caída del empleo”, sostuvo el funcionario. “Vemos una tendencia a contratar, lo cual nos llena de optimismo de cara al futuro” añadió Cordero.
LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN JUNIO:
La Rioja (-1,9%), Formosa (-1,5%), San Juan (-1,0%), San Luis (-0,7%), Misiones (-0,6%) y Jujuy (-0,6%). En cuanto a la remuneración bruta promedio, incluyendo el pago del aguinaldo, se registró un aumento del 251,5% interanual, alcanzando los $1.612.788 en junio de 2024.
A nivel sectorial, las mayores caídas de empleo se dieron en pesca (-2,5%), suministro de electricidad, gas y agua (-0,8%), y construcción (-0,8%), con esta última acumulando una contracción interanual del 21,4%. Otras áreas con descensos incluyeron la industria manufacturera (-0,4%) y el sector de restaurantes y hoteles (-0,3%).
A contramano, algunos sectores presentaron incrementos, como la intermediación financiera (0,3%), la explotación de minas y canteras (0,2%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Mientras tanto, el comercio y las reparaciones mantuvieron sus niveles sin cambios significativos.
En la noche del domingo, el mandatario nacional se hizo presente en el Congreso de la Nación para explicar las bases de la llamada “Ley de leyes” (porque a partir de ella es que se pueden elaborar otras leyes). La importancia de este proyecto de ley radica en que el gobierno explica cuánto dinero y en que cosas lo va a gastar durante el año próximo, además de contener en ella las expectativas para los años próximos en materia, por ejemplo, de inflación, valor del dólar, crecimiento del PBI, etc.
Este presupuesto está basado en dos principios “fundamentales e inquebrantables”: superávit fiscal y déficit cero. La primera premisa, en palabras de Milei, “es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar”, además agregó “nuestra metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos inéditos. Va a garantizar el equilibrio fiscal, terminando con el castigo de la deuda y la emisión; va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones; y para los períodos de abundancia como serán los años que vienen, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la baja de impuestos”.
https://youtu.be/-a7c4RdKFwc
Este proyecto de ley establece una regla fiscal, que a partir del próximo año, y en los años subsiguientes, el presupuesto nacional tendrá que ser equilibrado y superavitario, tal como lo dice el artículo primero: “Establécese como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero.”
El Gobierno Nacional, a través de este proyecto de ley, realiza una serie de estimaciones:
Luego de una inflación anual en 2023 que fue del 211,4%, y que para este año se estima en 104,4%, se proyecta para el 2025 una inflación anual de 18,3%, para el 2026 un 11,6% y en 2027 un 7,4% de inflación anual.
En cuanto al dólar oficial, el Gobierno calcula que para fin de año cerrará en $1019,9 y para fines de 2025 estará en $1207.
Se proyecta un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno para el año 2025. En 2026 se proyecta un crecimiento del 6,2% y en 2027 un 6,7%.
El sector agropecuario crecería un 3,5% respecto a este año en 2025, el sector de bienes 5,6%, el sector servicios 4,4%. Las exportaciones de bienes y servicios crecerán un 7,7%, la inversión aumentará un 9,9% y el consumo privado crecerá un 4,5%.
En su discurso, el presidente criticó a la “casta política” porque “necesita del déficit fiscal” para “poder hacer negocios personales”. Aseguró que vetará todos los proyectos de ley que no justifiquen de donde se obtienen los recursos para financiarlos o que directamente atenten contra el equilibrio fiscal. Además, tuvo un cruce con diputados kirchneristas a quienes acusó de “no saber sumar”.
El presidente, frente a la crítica de que su gobierno carecía de gestión, resaltó algunos de los logros de su mandato: evitar la hiperinflación, realizar el ajuste, achicar el estado, eliminar los piquetes, reducir los índices de inseguridad en Rosario. Frente al rol del estado, Milei fue determinante “lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado, o es competencia de los gobiernos sub-nacionales”.
Acerca de los beneficios del superávit fiscal y financiero a largo plazo, justificó diciendo que “el superávit va a hacer que la deuda sea sostenible; la sostenibilidad de la deuda va a bajar el riesgo país y abaratar el costo financiero, contribuyendo al aumento de la inversión y el ahorro; y en consecuencia al crecimiento económico y del salario real. A su vez implicará menor presión fiscal futura sobre los contribuyentes, lo que significará mayor incentivo para invertir.”
Milei se dirigió a los gobernadores de todo el país: “A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes.” Haciendo una clara referencia al ajuste que ya hizo el Estado Nacional, y que las provincias deben realizar también.
Para cerrar el discurso, el presidente citó a Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, escritor y orador romano “El presupuesto debe equilibrarse; el tesoro debe ser reaprovisionado; la deuda pública debe ser disminuida; la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado”. Y le envió un mensaje a los kirchneristas: “Esta frase tiene más de 2000 años, ustedes de eso no aprendieron nada.”
El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su optimismo sobre el impacto del plan económico del Gobierno Nacional. “Los dólares van a sobrar”, aseguró en un posteo en X.
En su mensaje, Caputo destacó qué “cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, y enumeró una serie de mejoras esperadas. En la lista resalta que:
La inflación va a bajar
La economía va a recuperar
Los impuestos van a bajar
Las regulaciones van a colapsar
El crédito privado va a explotar
La demanda de dinero va aumentar
Los pesos van a faltar
Los dólares van a sobrar
El dólar financiero va a converger al dólar oficial
Los salarios van a recuperar
La pobreza va a bajar
TARJETA DE DÉBITO EN DÓLARES
A su vez, Caputo se refirió al anuncio que movilizó al ecosistema de pagos digitales: el lanzamiento de tarjetas vinculadas a cuentas multimoneda.
En este sentido, anticipó que “una de las principales tarjetas está terminando el proceso técnico para lanzar una tarjeta de débito en dólares”, con Visa y Mastercard listas para salir en noviembre con las cuentas bimoneda para los tres tipos de plásticos: crédito, débito y prepaga.
Hasta el momento, la infraestructura de pagos permite dos tipos de operaciones: moneda local en el país (peso contra pesos) y moneda local en el exterior (pesos contra dólares). Sin embargo, las tarjetas avanzaron hacia procesadores que permitan pagos en moneda internacional dentro del país, es decir, dólares contra dólares.
Por último, Caputo subrayó la importancia del blanqueo de capitales, destacando que permitirá a los ciudadanos regularizar fondos y realizar compras sin penalizaciones adicionales. Mencionó que quien blanquee u$s200.000 podrá usar una tarjeta de débito para adquirir un auto de US$50.000 sin multas, a diferencia de si los fondos se retiraran en efectivo.
Según fuentes, el Gobierno busca que el dinero circule dentro del circuito formal, evitando penalidades por retiros en efectivo, para que pueda ingresar al mercado de cambios.
Este enfoque busca facilitar la regularización sin sanciones adicionales para quienes opten por utilizar sus fondos directamente con la tarjeta.
Es importante destacar que la primera etapa del blanqueo vence el próximo 30 de septiembre.
