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La inflación y la suba de precios parecen no tener techo y se confirmó, que habrá un nuevo aumento que golpeará a los bolsillos de los argentinos. A raíz del aumento de los valores de la harina y de los insumos necesarios para su elaboración, el precio del kilo de pan aumentará alrededor de un 10%, por lo que en los próximos días podría llegar a $400.
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Desde la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, aseguraron que no están recibiendo las harinas a precios subsidiados, como contempla el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino que impulsó el Gobierno y al no estar recibiendo la harina más barata, no les queda más opción que subir los precios.
Desde distintas empresas molineras, aseguran que el Gobierno no les está pagando los subsidios que contempla el fondo y que más allá de los precios, el consumo de pan no cayó al ser un alimento importante dentro de la canasta básica y sobre la mesa de los argentinos.
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En un nuevo avance en su política de reducción de impuestos, el Gobierno anunció la eliminación de las retenciones a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias para las ventas realizadas mediante tarjetas de débito, crédito y otros métodos de pago electrónicos. La medida entrará en vigor a partir de septiembre, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta es la primera de una serie de medidas que se implementarán en el próximo mes con el objetivo de disminuir el “costo argentino”, una carga impositiva que, según el Gobierno, ha frenado el desarrollo económico del país. “Estamos comprometidos con la eliminación de impuestos que afectan negativamente al sector privado y obstaculizan el crecimiento”, expresó Caputo.
La decisión de eliminar estas retenciones, que hasta ahora afectaban a las transacciones realizadas a través de tarjetas y otros medios electrónicos de pago, fue bien recibida por el sector privado. Según el Ministerio de Economía, la normativa original había establecido un límite de facturación (equivalente a 10 mil unidades UVA) para acceder a este beneficio. Sin embargo, la reglamentación final amplió la exención a todas las empresas, sin importar su nivel de ingresos.
El comunicado oficial subraya que la medida no solo beneficiará al sector privado, sino que también promoverá la formalización de las transacciones y la inclusión financiera, además de reducir los costos de los sistemas de pago. “Esta iniciativa es fundamental para avanzar en los objetivos del Gobierno Nacional de fomentar la actividad económica y la utilización de medios de pago que aporten mayor transparencia y formalidad a la economía”, afirmaron desde el Palacio de Hacienda.
El nuevo régimen será oficializado esta semana con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, las retenciones mencionadas quedarán sin efecto para todos los pagos realizados desde el 1° de septiembre de 2024 en adelante. Además, el Gobierno instó a las provincias a adherirse a esta medida, eliminando las retenciones de Ingresos Brutos y otros impuestos locales sobre los pagos alcanzados por la normativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo junto a miembros de su equipo de trabajo (de izquierda a derecha) Federico Furiase, Martín Vauthier y Santiago Bausili
La medida más reciente del paquete fiscal se suma a la reducción del impuesto PAIS, prevista también para septiembre. Luego, se espera que el Gobierno avance con la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, conocido como “impuesto al cheque”, y con las retenciones a las exportaciones.
Caputo, en un discurso ante empresarios, subrayó la importancia de estas políticas para lograr un superávit fiscal y, con ello, poder continuar reduciendo la carga impositiva. “Nosotros vinimos acá para reducir la inflación y bajar los impuestos. Es decir, hacer lo opuesto a lo que ha hecho Argentina durante los últimos 100 años. Con el tiempo, sus empresas ganarán mayor competitividad y crecerán”, concluyó el ministro.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su optimismo sobre el impacto del plan económico del Gobierno Nacional. “Los dólares van a sobrar”, aseguró en un posteo en X.
En su mensaje, Caputo destacó qué “cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, y enumeró una serie de mejoras esperadas. En la lista resalta que:
La inflación va a bajar
La economía va a recuperar
Los impuestos van a bajar
Las regulaciones van a colapsar
El crédito privado va a explotar
La demanda de dinero va aumentar
Los pesos van a faltar
Los dólares van a sobrar
El dólar financiero va a converger al dólar oficial
Los salarios van a recuperar
La pobreza va a bajar
TARJETA DE DÉBITO EN DÓLARES
A su vez, Caputo se refirió al anuncio que movilizó al ecosistema de pagos digitales: el lanzamiento de tarjetas vinculadas a cuentas multimoneda.
En este sentido, anticipó que “una de las principales tarjetas está terminando el proceso técnico para lanzar una tarjeta de débito en dólares”, con Visa y Mastercard listas para salir en noviembre con las cuentas bimoneda para los tres tipos de plásticos: crédito, débito y prepaga.
Hasta el momento, la infraestructura de pagos permite dos tipos de operaciones: moneda local en el país (peso contra pesos) y moneda local en el exterior (pesos contra dólares). Sin embargo, las tarjetas avanzaron hacia procesadores que permitan pagos en moneda internacional dentro del país, es decir, dólares contra dólares.
Por último, Caputo subrayó la importancia del blanqueo de capitales, destacando que permitirá a los ciudadanos regularizar fondos y realizar compras sin penalizaciones adicionales. Mencionó que quien blanquee u$s200.000 podrá usar una tarjeta de débito para adquirir un auto de US$50.000 sin multas, a diferencia de si los fondos se retiraran en efectivo.
Según fuentes, el Gobierno busca que el dinero circule dentro del circuito formal, evitando penalidades por retiros en efectivo, para que pueda ingresar al mercado de cambios.
Este enfoque busca facilitar la regularización sin sanciones adicionales para quienes opten por utilizar sus fondos directamente con la tarjeta.
Es importante destacar que la primera etapa del blanqueo vence el próximo 30 de septiembre.
El rubro de la construcción sigue en caída y ya son 10 meses consecutivos en los que se registra una cantidad de despidos masivos, ya son más de 95.000 personas que perdieron su puesto de trabajo.
Un informe publicado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción remarcó que en el sexto mes del año hubo 348.777 trabajadores registrados en la construcción.
Desde el IERIC comentaron que “la dinámica de junio se mantuvo dentro del sendero de desaceleración del ritmo de caída, mostrando señales de cierta estabilización luego de un periodo de sensible caída en el empleo sectorial”.
En términos interanuales se registró un desplome del 21,2% muy similar a los promedios que se vieron en abril y mayo. Este suceso se registró como el segundo peor mes solo superado en el año 2020 durante la pandemia.
“La cantidad de puestos de trabajo registrados en junio se encuentra entre los registros más bajos de la serie histórica superando solo en 2020 y 2021 cuando sucedió la pandemia del Covid-19“, remarcó la institución.
Debido a todo esto, los salarios también bajaron significativamente y se registró que en el mes de junio el salario promedio era de 1.067.732 pesos con el medio aguinaldo incluido. De este modo la media de la remuneraciones percibidas por los trabajadores presentó una expansión interanual del 246% contra una inflación que era del 271%.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva medida que suaviza las restricciones cambiarias, especialmente en lo que refiere a pequeños pagos al exterior.A través de la Comunicación A 8085, la entidad elevó el tope a partir del cual es necesario informar anticipadamente las compras de dólares, permitiendo a empresas y particulares realizar operaciones de menor envergadura con mayor facilidad. Asimismo, se eliminó un registro que hasta ahora era obligatorio para importadores, simplificando el proceso de pagos internacionales.
Anteriormente, cualquier operación que superara los USD 10.000 debía ser reportada al BCRA con una antelación de dos días hábiles. Esta normativa no solo afectaba a grandes transacciones, sino también a pequeñas y medianas empresas que necesitaban importar insumos o pagar por servicios contratados en el exterior. Con la nueva disposición, el límite se eleva a USD 100.000, lo que exime a una gran cantidad de operaciones de la obligación de ser informadas previamente.
Además del aumento en el límite de información previa, el BCRA decidió eliminar el Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bienes. Hasta ahora, este registro era obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas que realizaran operaciones internacionales. La eliminación de este requisito, que entró en vigencia de forma inmediata, facilita aún más los pagos al exterior, reduciendo la burocracia y acelerando los tiempos de operación.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
Estas nuevas disposiciones del Banco Central reflejan un intento por dinamizar el acceso al mercado de cambios, haciendo más fluido y menos engorroso el proceso de realizar pagos internacionales para pequeñas y medianas empresas. Aunque la medida no elimina el “cepo” cambiario, sí representa un paso hacia una mayor flexibilización, beneficiando a quienes operan con montos menores y reduciendo la carga administrativa que hasta ahora complicaba sus operaciones diarias.
Las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 14 de agosto para la modificación del umbral de USD 100.000, mientras que la eliminación del registro ya está en efecto. Estas disposiciones continúan con una tendencia hacia una mayor apertura en el control de cambios en el país.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
