No se salva nadie: gamers argentinos pagarán cerca del 100% de más por los impuestos al dólar
A partir de octubre, periféricos; accesorios; consolas y videojuegos, se verán alcanzados por las medidas impositivas dispuestas por el Gobierno Nacional.
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Los gamers del país no dejan de recibir malas noticias por parte del gobierno de Alberto Fernández. Como consecuencia de la crisis por la que atraviesa Argentina, con una inflación que parece no tener techo y faltante de divisas, se están tomando medidas que están afectando considerablemente al sector gamer.
Las medidas alcanzan a las consolas, teclados, mouses, memorias, periféricos y máquinas de minado de criptomonedas, y podrían producirse demoras de hasta 60 días en las importaciones. El mundo del gaming se vio visiblemente afectado por las restricciones para acceder a estos productos por el incremento y los impuestos al dólar turista.
De acuerdo al medio HD Tecnología, la medida se estaría tomando para encarecer los gastos de los argentinos que viajarán a Qatar durante el mundial de fútbol, además de los pasajes para las vacaciones de verano
Se estima que en octubre el valor sea aún más alto que el 75% adicional que se paga actualmente para transacciones de estas características. Es que está previsto que el dólar turista alcance el 90% cuando se materialice el adicional del impuesto País, el cual junto al incremento que recae en los impuestos Ganancias, entrega el valor del también llamado “dólar gaming”.
Esta decisión que afecta directamente a los jugadores de nuestro país ya que, para poder adquirir juegos en las diferentes tiendas digitales, tendrán un recargo de un 90% del valor del dólar.
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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que la próxima semana el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley “de pocos artículos” que habilitará la utilización de dólares fuera del sistema para compras de hasta 50 millones de pesos mensuales.
Francos calificó la medida de “algo revolucionario” al destacar que los fondos podrán destinarse a la cuota inicial de un departamento, a créditos hipotecarios o a la adquisición de maquinaria agrícola. Explicó que la propuesta garantizó que la información patrimonial “no va a ser revisada” y que redujo el período de prescripción de cinco a dos años para proteger a los ahorristas. “Esto va a garantizar que la información que se suministre no va a ser revisada”, aseguró.
– “Presentamos el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos a gobernadores y ministros de distintas provincias”
En una videoconferencia con 17 gobernadores, el Gobierno obtuvo “un interés general de parte de todos de adherirse a este sistema”. Subrayó que los mandatarios provinciales entendieron que la iniciativa “va a generar una movilización de fondos, una actividad fuerte comercial y, en definitiva, ellos van a percibir también los impuestos que genera ese incremento”. El funcionario pidió, no obstante, que las provincias no apliquen Ingresos Brutos sobre los bienes adquiridos para mantener el incentivo.
Francos insistió en que los dólares acumulados “no provinieron de la evasión impositiva, sino de la compra en el mercado paralelo para resguardar ahorros”, y negó que el esquema choque con normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A su juicio, “con información más limitada sobre algunos montos, es mucho más fácil generar control por parte de el Arca”.
Finalmente, el ministro defendió el proyecto como un instrumento de reactivación económica y de regularización voluntaria: “No es que la gente haya sido incumplidora, sino que se vio obligada a buscar la manera de proteger su dinero”.
El pasado sábado 10 de mayo, se dio en la provincia de Corrientes, el evento de charla-debate sobre “La Batalla Cultura: el rol de la cultura y la comunicación en el nuevo escenario político argentino”, donde estuvieron presentes destacados comunicadores como Manuel Jorge Gorostiaga (más conocido como Emmanuel Danann en redes), Álvaro Zicarelli y Eduardo Prestofelippo (El Presto).
“Si un argentino despierto es peligroso, imagínense 40 millones de argentinos unidos contra una dirigencia política que nos quiere destruir”, destacó El Presto, en su exposición sobre la conciencia ciudadana.
Los tres estuvieron en el Hotel Turismo, más precisamente en el primer piso de la capital correntina en el Salón Camba Cuá donde la gente presente colmó la capacidad del lugar, siendo aproximadamente más de 420 personas las que estuvieron en ese momento, entre jóvenes y adultos de Formosa, Chaco y otros lugares.
“Estar sentado hoy aquí para mí es un privilegio, pero es un doble privilegio estar en una provincia que ha hecho cátedra histórica desde la fundación de este país por pararse de manos a la dictadura y al autoritarismo desde el 1800”, subrayó Zicarelli, quién a lo largo de la tarde noche, coincidió en la necesidad de rescatar el protagonismo provincial.
Los invitados fueron traídos por Juan Enrique Braillard Poccard, presidente del Comité Capital del Partido Popular Correntino (PP), en el marco de la Escuela de Gobierno para “defender las ideas de la libertad y trabajar todos los días por un país mejor contra el progresismo”.
“¿A mí qué carajo me importa lo que sucede en la 9 de julio si yo estoy en Corrientes, en Córdoba o en Entre Ríos? Eso, lamentablemente, es un porteñismo que ha destruido el federalismo”, afirmó El Presto, cuestionando al centralismo porteño.
Por la mañana del mismo día, realizaron una entrevista en el medio L17, en el programa “Jóvenes y No Tanto” (JNT), donde abordaron el rol de los medios y hasta el potencial de regiones como Corrientes de ser “una segunda Dubai”.
“No defendemos personas porque las personas fallan. Nosotros siempre dijimos lo mismo, es con Milei, es con Bullrich, es con Macri y es con todos los que están frente al tirano”, dijo Dannan. “A nosotros se nos prohibió velar a nuestros muertos (en pandemia), mientras estos parásitos usaban la residencia de Olivos y la Casa Rosa para enfiestarse con actrices y modelos”, agrego.
Federico Martín Elorza es especialista de implementación de buenas prácticas en el uso de fitosanitarios, una de las partes importantes de su trabajo es derribar mitos y bridar información sobre un tema que genera muchas dudas, controversias y prejuicios en la sociedad. Al ser consultado sobre como impactan estos productos en los alimentos que consumimos, explicó: “todos los agroquímicos son tóxicos”. Sin embargo, lo central es entender cómo se evalúan y aplican: “Hay un ente regulador, que es el Senasa, que exige estudios de toxicidad de corto y largo plazo a las empresas que quieren registrar un producto, si algo hace mal o es cancerígeno, debe estar registrado, en base a eso, se determina un nivel de toxicidad que se indica en el envase con una banda de color que puede ser roja, amarilla, azul o verde. Incluso los productos con banda verde, que son los de menor toxicidad, siguen siendo tóxicos”.
El punto clave, subraya Elorza, no está solo en la toxicidad del producto, sino en cómo se lo utiliza. “El riesgo se define por dos factores por un lado la peligrosidad del producto y por otro el nivel de exposición. Es decir, cómo expongo yo a mi persona, a terceros o al ambiente. Las buenas prácticas apuntan a reducir esa exposición, que es lo que verdaderamente puede generar daño.”
En este sentido, pone el foco en como cambió el escenario en las últimas décadas: “En 1985, solo el 2% de los productos eran banda verde y un 30% eran banda amarilla. La mayoría eran altamente tóxicos. Hoy, la situación es completamente distinta: solo queda un 0,2% o 0,3% de banda roja, y ni siquiera se usan en el campo. El único que queda es la fosfina de aluminio, que se utiliza en granos almacenados, nunca durante el cultivo”. La tendencia, asegura, es avanzar hacia productos cada vez menos tóxicos y priorizar la banda verde.
Sin embargo, advierte que eso no elimina los riesgos. “Un producto banda verde mal utilizado puede ser más peligroso que uno banda amarilla usado con responsabilidad. La toxicidad no cambia, pero el riesgo sí aumenta cuando se aplica de forma incorrecta”, afirma.
¿Qué pasa con los productos orgánicos?
Otro de los mitos comunes gira en torno a los productos orgánicos y agroecológicos. “Se suele decir que los productos orgánicos no contienen agroquímicos, pero hay que hacer una diferenciación. Para que un producto sea considerado orgánico necesita una certificación específica, regulada también por el Senasa. La mayoría de los insumos permitidos en este tipo de producción son de origen natural o biológico.Algunos, como el sulfato de cobre, tienen origen químico, pero están habilitados.”
Esto implica que no cualquier verdura “de quinta” sin agroquímicos es, de hecho, orgánica. “La certificación es cara, por eso muchos productos se venden como orgánicos sin serlo. Si no tiene el sello, no hay garantías”, advierte Elorza.
Sobre los productos agroecológicos, suele haber aún más dudas. “Cuando no hay certificación, uno como consumidor no puede saber con certeza cómo fue producido ese alimento. Probablemente no tenga agroquímicos, pero no lo podemos asegurar.”
Además, hay ciertas limitaciones técnicas que aún no tienen solución. “Hoy no hay productos de origen no químico que sean verdaderamente eficaces para controlar algunas malezas. Por eso, todavía es complejo producir sin ningún tipo de insumo químico en ciertas zonas o escalas.”
Cómo elegir con información
A la hora de comprar alimentos, el profesional recomienda mirar las etiquetas y buscar el sello oficial de certificación orgánica. “Es el único respaldo que garantiza que se respetaron los procesos establecidos y que no se utilizaron determinados productos”.
Mas allá de los mitos y temores, lo esencial es entender que los fitosanitarios son productos regulados y que su riesgo está directamente relacionado con el modo en que se aplican. La información, el control y las buenas prácticas son herramientas fundamentales para reducir ese riesgo y garantizar una producción segura.
El Gobierno derogó el Decreto 71.178 de 1935, que desde hacía casi un siglo regulaba la tipificación, el empacado y la fiscalización de las hortalizas destinadas a la exportación. La decisión quedó plasmada en los decretos 312/2025 y 318/25, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Según los considerandos oficiales, la norma derogada “generaba restricciones que hoy resultan anacrónicas” y “se traducía en un obstáculo para la eficiencia en los intercambios y en la gestión estatal”. A partir de ahora, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se limitará a la “policía sanitaria”, mientras que la calidad y el proceso productivo quedarán en manos del mercado.
“Seguimos avanzando en la transformación más profunda de @SenasaAR en décadas”, posteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario recordó que, con los años, al organismo “se le fue dando el rol de supervisar tres cosas: la calidad de los productos, el proceso productivo y actuar como policía sanitaria”. Y añadió: “Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro presidente @JMilei, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida y evalúa el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso”.
El ministro destacó que el paso previo fue el Decreto 312/25, que “despejó el camino” para una serie de resoluciones —entre ellas la 328/2025— que “barrieron con la locura de un funcionario queriendo dictaminar qué se debe producir” y suprimieron “la habilitación de plantas de empaque” y “todas las disposiciones de calidad y de envasado”.
Sturzenegger relató que la reforma nació del reclamo de un productor mendocino de ajo: “Para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas, prohibiéndole las que eran pequeñas”. Esa experiencia, dijo, evidenció el “absurdo” de una regulación que “gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo”.
El Ejecutivo sostuvo que la eliminación de requisitos “no afectará el estado de salubridad” de los productos, garantía que continuará a cargo del Senasa. “Literalmente dejamos de molestar al productor”, subrayó el ministro, y prometió avanzar “progresivamente y sin pausa” sobre otras normativas del complejo agroalimentario.
Entre los exportadores hortícolas la medida generó entusiasmo por la reducción de “trabas absurdas” y la aceleración de plazos. No obstante, algunas voces advirtieron que la falta de controles sobre los procesos podría dificultar la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales. Con la desregulación, el Gobierno buscó modernizar un marco legal que persistía “desde la era del telégrafo”.
El Gobierno anunció este martes una nueva baja de aranceles a la importación para 27 bienes de capital que pagaban entre 20 % y 35 %. El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la medida en su cuenta de X y afirmó: “Continuamos reduciendo aranceles”.
Entre los productos alcanzados incluyó ascensores, ventiladores industriales, máquinas de corte láser, plegadoras y prensas para la industria metalúrgica; depuradores de gases y equipos de limpieza de cañerías para la actividad petrolera; maquinaria para fabricar helados, hornos de panadería, polipastos eléctricos, bombas centrífugas y máquinas de cortar pelo y esquilar.
Con esta decisión, la gestión redujo tributos a 1.081 rubros desde diciembre. Paralelamente, el Ejecutivo publicó el decreto que disminuyó del 16% al 8% la tasa de importación de celulares y recortó los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos del 19 % al 9,5 %. A partir del 15 de enero de 2026 estos equipos quedarán exentos de la alícuota aduanera. También llevó de 9% a 0% los impuestos internos para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego.
Fuentes de la Rosada sostuvieron que los cambios “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes de la medida, reducirán los precios de mercado y facilitarán, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.
Caputo también prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 la rebaja de retenciones para la cosecha fina (trigo y cebada), que continuó tributando 9,5% tras haber bajado desde el 12% en enero. La soja, el maíz, el girasol, el sorgo y sus subproductos volverán a tributar los derechos plenos a partir del 1 de julio, cuando se restablecerán las alícuotas vigentes a comienzos de año. El ministro recordó que las exportaciones de estos granos y derivados rondan los US$ 4.000 millones anuales, cerca del 5% de las ventas externas del país.
La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) respaldó la medida: “Es el camino correcto”, señaló, y consideró “deseable que hagan lo mismo con los granos de la cosecha gruesa” para potenciar la producción y las exportaciones.
La Jornada Nacional del Agro (Jonagro), organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, reunió a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) para exponer sus estrategias de apoyo al sector productivo. Ante productores y autoridades —entre ellos el presidente de CRA, Carlos Castagnani, y el secretario nacional de Agricultura, Sergio Iraeta—, Frigerio calificó de prioritario “dialogar y pensar en una Argentina a largo plazo, más allá de la coyuntura electoral”.
El mandatario entrerriano recordó que, tras un pedido directo en una exposición rural, destinó el 100 % del impuesto inmobiliario rural a caminos: “Arranqué en una exposición rural y planteé una política que era destinar el 50 % del impuesto inmobiliario rural a los caminos rurales. Un productor me dijo: ‘¿Y por qué no el 100 %?’. Bueno, este año vamos a destinar el 100 %”. Añadió que la provincia eliminó trámites: “Eliminamos la guía, hoy tenemos un documento único de tránsito que agiliza muchísimo los procesos y respeta el tiempo del productor”.
Frigerio afirmó que en 18 meses de gestión mantuvo “más reuniones con los representantes del campo que en los últimos 20 años” y detalló las rebajas impositivas: “Nunca estuvo en la cabeza de los gobernantes aumentar los impuestos. Y de hecho los bajamos. Quitamos a más sectores el tributo de ingresos brutos, un pésimo impuesto. Aumentamos el impuesto inmobiliario por debajo de la inflación, es decir, lo bajamos en términos reales, lo mismo que las patentes”. Recordó que los ingresos provinciales cayeron 23 % en términos reales en 2024 y, aun así, “Hicimos un esfuerzo increíble para que por lo menos una vez el peso de la crisis no recaiga sobre la espalda de los productores”.
Al abordar problemas sanitarios, señaló el “drama compartido con Corrientes, como es el tema de la garrapata” y anunció financiamiento conjunto con el CFI para construir baños de inmersión bovina: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo en la provincia para conseguir financiamiento junto con el CFI, para generar créditos para poder construir los baños indispensables para enfrentar esta problemática”.
En materia nacional, insistió en la eliminación de los derechos de exportación: “Nos hemos puesto al frente varios gobernadores de la lucha contra las malditas retenciones. Esperemos que el gobierno entienda que en este camino y en esta política que han manifestado de darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción, no puede haber otra prioridad que bajar las retenciones”. Subrayó que la discusión debe darse sin quebrar el superávit: “El Gobierno está dando la pelea contra el déficit, y eso por lo menos da para un voto de confianza”.
Frigerio remarcó la urgencia de un pacto fiscal federal: “Hoy las provincias son responsables de la salud, la educación, la seguridad, la Justicia y crecientemente la infraestructura. Es necesario sentarnos con el Gobierno y acordar cómo se distribuyen los recursos”. Cerró su intervención convocando a un acuerdo de futuro: “Tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos en una mesa y consensuar un camino, un rumbo de largo plazo”.
En Jonagro, los gobernadores coincidieron en fortalecer el agro con reglas claras y previsibilidad, destacaron la relevancia de la competitividad provincial y defendieron la reducción de la carga tributaria como vía para apuntalar la producción y el empleo.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
