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Este lunes el rublo ruso se desplomó más del 30%, después de una fuerte ofensiva financiera de los países de Occidente que decidieron desplazar a Rusia de la red interbancaria Swift. Con este panorama varios periodistas y economistas argentinos salieron a hacer una llamativa comparación. “Nuestra moneda se devaluó más del 30% en agosto del 2019, sin guerras, solo con el triunfo del kirchnerismo”, fue uno de los comentarios de los cibernautas que no tardaron en acaparar las redes con menciones similares.
El rublo se devaluó un 30% tras la exclusión de bancos rusos del SWIFT. Lo mismo que el peso argentino tras el triunfo del kirchnerismo en agosto de 2019…
Más allá de lo que uno creería que es un comentario jocoso, lamentablemente no lo es. Si comparamos el valor del dólar a lo largo del mes de agosto del 2019, nos vamos a llevar una sorpresa, o no. El dólar blue principio del mes de agosto estaba a $43,93 para la compra y $45,43 para la venta, pero a fines de agosto del 2019 tenía un valor de $60,00 para la compra y $63,00 para la venta. Durante ese mes la divisa norteamericana incrementó su valor en unos $18,50, lo que significa que dió un incremento en la variación del 31,36%.
Aún así si se miran los valores de los últimos doce meses, la lira turca es la moneda que acumula más bajas en su valor, con un 46%, sigue el rublo con un 30% y finalmente la moneda argentina que acumula una baja de 16,4% tomando como referencia el tipo de cambio oficial y ejemplificando con tres de las 30 economías emergentes.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su optimismo sobre el impacto del plan económico del Gobierno Nacional. “Los dólares van a sobrar”, aseguró en un posteo en X.
En su mensaje, Caputo destacó qué “cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, y enumeró una serie de mejoras esperadas. En la lista resalta que:
La inflación va a bajar
La economía va a recuperar
Los impuestos van a bajar
Las regulaciones van a colapsar
El crédito privado va a explotar
La demanda de dinero va aumentar
Los pesos van a faltar
Los dólares van a sobrar
El dólar financiero va a converger al dólar oficial
Los salarios van a recuperar
La pobreza va a bajar
TARJETA DE DÉBITO EN DÓLARES
A su vez, Caputo se refirió al anuncio que movilizó al ecosistema de pagos digitales: el lanzamiento de tarjetas vinculadas a cuentas multimoneda.
En este sentido, anticipó que “una de las principales tarjetas está terminando el proceso técnico para lanzar una tarjeta de débito en dólares”, con Visa y Mastercard listas para salir en noviembre con las cuentas bimoneda para los tres tipos de plásticos: crédito, débito y prepaga.
Hasta el momento, la infraestructura de pagos permite dos tipos de operaciones: moneda local en el país (peso contra pesos) y moneda local en el exterior (pesos contra dólares). Sin embargo, las tarjetas avanzaron hacia procesadores que permitan pagos en moneda internacional dentro del país, es decir, dólares contra dólares.
Por último, Caputo subrayó la importancia del blanqueo de capitales, destacando que permitirá a los ciudadanos regularizar fondos y realizar compras sin penalizaciones adicionales. Mencionó que quien blanquee u$s200.000 podrá usar una tarjeta de débito para adquirir un auto de US$50.000 sin multas, a diferencia de si los fondos se retiraran en efectivo.
Según fuentes, el Gobierno busca que el dinero circule dentro del circuito formal, evitando penalidades por retiros en efectivo, para que pueda ingresar al mercado de cambios.
Este enfoque busca facilitar la regularización sin sanciones adicionales para quienes opten por utilizar sus fondos directamente con la tarjeta.
Es importante destacar que la primera etapa del blanqueo vence el próximo 30 de septiembre.
Durante el primer semestre de 2024, las exportaciones agroindustriales mostraron un notable crecimiento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un total de 24 mil millones de dólares. El avance resalta la importancia del sector agroindustrial, que representa el 63% de las exportaciones totales del país.
Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), nuestro país continúa ocupando posiciones destacadas en el mercado global. Argentina se posiciona como el mayor exportador mundial de jugo y aceite de limón, así como de aceite de soja. Además, se consolida en el segundo lugar global en la exportación de maní, porotos y yerba mate, y en el tercer lugar en maíz y harina de soja.
En particular, la yerba mate fue punto “brillante” en el informe. Durante el primer semestre de este año, se alcanzó un récord de exportación con más de 20 millones de kilos, lo que representa un aumento del 9,6% en comparación con 2023.
A pesar del crecimiento, el sector agroindustrial enfrenta varios obstáculos que podrían limitar su expansión futura. Nicolle Pisani Claro (Economista Jefe de FADA) destacó que la falta de acuerdos internacionales, la excesiva burocracia administrativa, los derechos de exportación y el atraso cambiario son los principales impedimentos.
Argentina solo cuenta con 8 acuerdos comerciales internacionales, una cifra bajaen comparación con los 40 de la Unión Europea, 32 de Chile, 18 de China y 14 de Estados Unidos. Estos acuerdos son cruciales para reducir barreras comerciales y fomentar el comercio internacional. La falta de acuerdos limita el acceso de los productos argentinos a nuevos mercados, afectando su competitividad.
Otro desafío importante son los derechos de exportación, más conocidas como “retenciones”, que aumentan la carga impositiva sobre el sector. Este impuesto reduce la rentabilidad de las exportaciones y desincentiva la inversión y el empleo en las regiones productoras. Argentina es uno de los pocos países que mantiene este tipo de impuesto, lo que lo convierte en un caso atípico a nivel global.
El atraso cambiario es otro factor crítico: El tipo de cambio oficial no evolucionó al mismo ritmo que la inflación, lo que llevóa una disminución en la competitividad de los productos en el mercado internacional y a un aumento en las importaciones.
El análisis de FADA sugiere que el panorama para el resto del año es mixto. Las perspectivas en términos de demanda internacional son neutras, mientras que la competitividad cambiaria es negativa. Sin embargo, se espera una oferta exportable positiva y precios en descenso. Se proyecta que las exportaciones totales para el año podrían alcanzar entre 45 mil y 50 mil millones de dólares, un aumento significativo en comparación con los 33 mil millones de dólares del año anterior, afectado por la sequía.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
En un contexto de caída del consumo y aumento de la inflación, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) advirtió sobre el contundente impacto de las recientes subas en las tasas municipales sobre el precio de los productos de primera necesidad. El estudio realizado por la entidad revela que los impuestos municipales, provinciales y nacionales constituyen hasta un 49,1% del costo total de un producto, trasladando un aumento de entre el 3% y el 5% en el precio final para los consumidores.
La CADAM expresó su preocupación por la creciente carga fiscal sobre los comercios, que actualmente enfrentan una reducción significativa en su margen de ganancia. Con tasas municipales que llegan a impactar entre el 38,1% y el 49,1% del costo de los productos, los mayoristas sostienen que los incrementos en las tasas se trasladarán inevitablemente a los precios de los productos en las góndolas.
“Estamos viendo que el aumento en las tasas municipales está directamente vinculado con el aumento de la inflación. La rentabilidad de los mayoristas, que ya es extremadamente baja, se reduce aún más, lo que obliga a trasladar estos costos adicionales a los consumidores”, señalaron los expertos.
Los recientes aumentos en las tasas municipales generaron una reacción de varios intendentes bonaerenses, quienes defendieron las medidas de aumentos. Entre los nombres que se escucharon pronunciar en contra de las declaraciones del Ministro de Economía, fueron los intendentes bonaerenses de Unión por la Patria, Mayra Mendoza de Quilmes, Francisco Echarren de Castelli, Mario Secco de Ensenada y Julián Álvarez de Lanús.
El ministro Caputo argumenta que las tasas deben reflejar el servicio efectivamente prestado y no deben ser un medio para obtener recaudación adicional sin una justificación clara. La tensión entre los gobiernos locales y el Ministerio de Economía se intensificó mientras los municipios defienden la “necesidad” de estas tasas para financiar los servicios locales.
Frente a esta situación, la CADAM propuso varias medidas para aliviar la presión fiscal. Entre ellas se encuentran la eliminación del Impuesto al Cheque, la reducción del IVA para productos de la canasta básica y la revisión de los Ingresos Brutos provinciales, que, según la Cámara, pueden ser pagados hasta tres veces por los consumidores en el ciclo de comercialización de un mismo producto.
“Hay tasas injustificables, por ejemplo, obligan a plantar un árbol por ordenanza y después nos cobran contribución forestal”, manifestaron. Otro es el “impuesto al Calco”, por exhibir en las vidrieras los medios de pago, o tasa de publicidad y propaganda interior, por lo que consideran elementos publicitarios dentro de los locales, que a veces son exhibidores o heladeras que contienen ciertas marcas de bebidas. “Son sólo algunas de las modalidades de recaudación municipal que abruman a las pymes”, señalaron y se suman a las tasas de seguridad e higiene, entre otras.
En ese sentido, desde CADAM expresaron beneplácito por la eliminación del cobro del derecho de autor por reproducir música y películas en el ámbito privado, dispuesto por el gobierno nacional. “En los locales se solía poner música o la radio para mejorar el clima laboral y la experiencia del cliente, pero también había que pagar por eso”.
Además, la entidad pidió al gobierno de Javier Milei que elimine el aporte obligatorio de los comercios al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Según la entidad, este aporte, que asciende a $3961,21 por empleado, no proporciona beneficios significativos a los trabajadores ni a los empleadores y contribuye al aumento de los costos laborales.
El Banco Central reconoció este lunes, a través de un comunicado, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Así, si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial por parte de la autoridad monetaria de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. Más allá de eso, el BCRA omitió aportar cualquier información respecto del monto, destino o finalidad de esas operaciones.
La confirmación llega días después de que la propia entidad presidida por Santiago Bausili denegara los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema que había realizado el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Con el mismo espíritu de aquel rechazo a brindar precisiones sobre los movimientos de un activo clave para la estabilidad monetaria y cambiaria, hoy se limitó a resaltar la confidencialidad de esas transferencias del oro. Solo aclaró que terminó con los envíos planificados.
En un escueto comunicado, expresó: “El Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos”. Y afirmó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.
¿CUÁNTO ORO HAY EN LAS RESERVAS?
La autoridad monetaria recalcó que las transferencias “no alteran el volumen total de las reservas en oro” y recordó que se mantienen equivalentes a aproximadamente u$s4.981 millones, tal como publicó en el balance del 23 de agosto pasado.
Hasta acá, la única admisión de los movimientos del oro de las reservas había provenido del ministro Luis Caputo, quien en una entrevista había dicho que se realizaban para obtener “un retorno” financiero que no era posible obtener si el metal precioso permanecía dentro de las bóvedas del BCRA. En cambio, hasta ahora, la entidad que tiene la responsabilidad de administrar las reservas hasta acá no se había pronunciado.
EL ORO, LAS RESERVAS Y EL SECRETISMO
De todas maneras, la política del Central sigue siendo no aportar ninguna precisión sobre estos movimientos. Y en el comunicado cargó contra quienes difundieron la existencia de estas operaciones y quienes buscaron acceder a información al respecto.
“El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, manifestó la entidad. Sin embargo, ahora que confirmó que el terminó con el proceso de transferencias de oro tampoco aportó precisiones.
“La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, se limitó a decir.
Con el mismo espíritu secretista, el 15 de agosto, el Central respondió los tres pedidos de acceso a la información pública que había presentado Palazzo durante las semanas previas ante datos extraoficiales a los que había accedido el sindicato que conduce. La respuesta fue denegarle el acceso.
El diputado nacional había solicitado información sobre el destino, los montos transportados, la finalidad de los envíos al exterior, las empresas involucradas en el traslado y en los seguros, entre otras cuestiones. La presunción es que cerca de una cuarta parte del oro de las reservas podría haber salido del país en esos movimientos.
Desde el próximo lunes 2 de septiembre, el Gobierno confirmó que habrá una reducción del Impuesto País del 17,5 por ciento al 7,5.
Ante la novedad, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionaron en sus redes sociales.
“Importante!”, indicó el funcionario en su cuenta de X sobre el anuncio, y agregó: “Prometimos y cumplimos!”.
En esa línea, también se manifestó Milei. Quien compartió el mensaje de su ministro y sentenció: “La palabra se cumple”.
Al ser consultado sobre si los precios van a subir a raíz de los beneficios en los costos de importación, Caputo dijo que gracias a la reducción del Impuesto PAIS “se va a impulsar una baja”. Y sostuvo: “En septiembre vamos a ver una disminución precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras [empresariales] para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. La confianza es de los dos lados, nosotros con las industrias y las industrias con la gente. Lo importante es que se entienda que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No tiene que ser un tema de especular. La reacción de todos ha sido muy buena”.
“El lunes baja lo que nosotros habíamos subido [al inicio de la gestión], de 7,5% a 17,5%”, comenzó el funcionario de Javier Milei, y justificó la suba inicial: “Lo subimos y dije que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.
El gravamen –creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa e incrementado por la actual gestión– volverá a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5% –nivel al que lo subió Caputo– para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios.
