El economista Fausto Spotorno estimó que la inflación de febrero "viene con bastante fuerza" y se ubicará en el 4%, a partir de las subas en los precios de los alimentos, el transporte y el esparcimiento.
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“La inflación de febrero viene con bastante fuerza. En las tres primeras semanas ya había acumulado 3,7% mensual. Por eso estimamos un índice del 4%” para el segundo mes del año”, enfatizó Spotorno.
Dentro de los rubros que registran las subas más fuertes, se encuentran primero los alimentos, con 5%; esparcimiento, 3,8% y transporte, con más de 6%, puntualizó el economista. A la vez, explicó que las subas en los servicios de esparcimiento están vinculadas con las vacaciones, algo que, a su criterio, “es tradicional en meses como enero y febrero”.
En el caso del transporte, aclaró que la suba se relaciona con el ajuste en los precios de los combustibles que se aplicó este mes y con los aumentos en los valores de los vehículos.
Según Sportono, el incremento en los costos de transporte puede llegar a afectar el precio de traslado de la mercadería, por lo cual eso “puede explicar porqué se incrementaron mucho los alimentos”.
Fausto Spotorno
Sobre este último rubro, comentó que los alimentos cuyos precios más vienen subiendo en febrero son frutas y verduras, principalmente por cuestiones estacionales, y también bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
De acuerdo con datos oficiales, la inflación de enero trepó al 3,9% y, si se cumple el pronóstico de Spotorno, habrá sumado casi un 8% solo en el primer bimestre del año.
En enero, la inflación acumuló 50,7% en los últimos 12 meses y los precios del rubro alimentos y bebidas se ubicaron -como en meses anteriores- por encima del nivel general, con un alza del 4,9%.
El rubro comunicaciones fue el de mayor impacto en el nivel general, con un aumento del 7,5%, impulsado por los servicios de telefonía e internet.
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Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
Durante el primer semestre de 2024, las exportaciones agroindustriales mostraron un notable crecimiento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un total de 24 mil millones de dólares. El avance resalta la importancia del sector agroindustrial, que representa el 63% de las exportaciones totales del país.
Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), nuestro país continúa ocupando posiciones destacadas en el mercado global. Argentina se posiciona como el mayor exportador mundial de jugo y aceite de limón, así como de aceite de soja. Además, se consolida en el segundo lugar global en la exportación de maní, porotos y yerba mate, y en el tercer lugar en maíz y harina de soja.
En particular, la yerba mate fue punto “brillante” en el informe. Durante el primer semestre de este año, se alcanzó un récord de exportación con más de 20 millones de kilos, lo que representa un aumento del 9,6% en comparación con 2023.
A pesar del crecimiento, el sector agroindustrial enfrenta varios obstáculos que podrían limitar su expansión futura. Nicolle Pisani Claro (Economista Jefe de FADA) destacó que la falta de acuerdos internacionales, la excesiva burocracia administrativa, los derechos de exportación y el atraso cambiario son los principales impedimentos.
Argentina solo cuenta con 8 acuerdos comerciales internacionales, una cifra bajaen comparación con los 40 de la Unión Europea, 32 de Chile, 18 de China y 14 de Estados Unidos. Estos acuerdos son cruciales para reducir barreras comerciales y fomentar el comercio internacional. La falta de acuerdos limita el acceso de los productos argentinos a nuevos mercados, afectando su competitividad.
Otro desafío importante son los derechos de exportación, más conocidas como “retenciones”, que aumentan la carga impositiva sobre el sector. Este impuesto reduce la rentabilidad de las exportaciones y desincentiva la inversión y el empleo en las regiones productoras. Argentina es uno de los pocos países que mantiene este tipo de impuesto, lo que lo convierte en un caso atípico a nivel global.
El atraso cambiario es otro factor crítico: El tipo de cambio oficial no evolucionó al mismo ritmo que la inflación, lo que llevóa una disminución en la competitividad de los productos en el mercado internacional y a un aumento en las importaciones.
El análisis de FADA sugiere que el panorama para el resto del año es mixto. Las perspectivas en términos de demanda internacional son neutras, mientras que la competitividad cambiaria es negativa. Sin embargo, se espera una oferta exportable positiva y precios en descenso. Se proyecta que las exportaciones totales para el año podrían alcanzar entre 45 mil y 50 mil millones de dólares, un aumento significativo en comparación con los 33 mil millones de dólares del año anterior, afectado por la sequía.
El Gobierno informó que en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo en el sector privado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de trabajadores registrados cayó de 6.361.300 a 6.236.000, lo que refleja una baja de 136.000 empleos. Este impacto negativo en el empleo se distribuye entre casi todas las modalidades laborales relevadas por la Secretaría de Trabajo.
El informe de SIPA detalla que, en junio de 2024, el empleo privado registrado en empresas presentó una contracción del 0,2% respecto de mayo, acumulando una reducción del 2,2% desde diciembre de 2023. En contraste, el trabajo independiente mostró un leve crecimiento del 0,8%, y el monotributo subió un 1,9%. Sin embargo, los autónomos y monotributistas sociales vieron una disminución del 1,1% y 2,1% respectivamente.
Este lunes el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habló de la situación laboral en el país y anticipó un proceso de recuperación: “Los números muestran que, desde hace tres meses, la situación se ha estabilizado. Aunque el índice de desempleo sigue siendo preocupante, hemos logrado frenar la caída del empleo”, sostuvo el funcionario. “Vemos una tendencia a contratar, lo cual nos llena de optimismo de cara al futuro” añadió Cordero.
LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN JUNIO:
La Rioja (-1,9%), Formosa (-1,5%), San Juan (-1,0%), San Luis (-0,7%), Misiones (-0,6%) y Jujuy (-0,6%). En cuanto a la remuneración bruta promedio, incluyendo el pago del aguinaldo, se registró un aumento del 251,5% interanual, alcanzando los $1.612.788 en junio de 2024.
A nivel sectorial, las mayores caídas de empleo se dieron en pesca (-2,5%), suministro de electricidad, gas y agua (-0,8%), y construcción (-0,8%), con esta última acumulando una contracción interanual del 21,4%. Otras áreas con descensos incluyeron la industria manufacturera (-0,4%) y el sector de restaurantes y hoteles (-0,3%).
A contramano, algunos sectores presentaron incrementos, como la intermediación financiera (0,3%), la explotación de minas y canteras (0,2%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Mientras tanto, el comercio y las reparaciones mantuvieron sus niveles sin cambios significativos.
El Banco Central reconoció este lunes, a través de un comunicado, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Así, si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial por parte de la autoridad monetaria de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. Más allá de eso, el BCRA omitió aportar cualquier información respecto del monto, destino o finalidad de esas operaciones.
La confirmación llega días después de que la propia entidad presidida por Santiago Bausili denegara los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema que había realizado el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Con el mismo espíritu de aquel rechazo a brindar precisiones sobre los movimientos de un activo clave para la estabilidad monetaria y cambiaria, hoy se limitó a resaltar la confidencialidad de esas transferencias del oro. Solo aclaró que terminó con los envíos planificados.
En un escueto comunicado, expresó: “El Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos”. Y afirmó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.
¿CUÁNTO ORO HAY EN LAS RESERVAS?
La autoridad monetaria recalcó que las transferencias “no alteran el volumen total de las reservas en oro” y recordó que se mantienen equivalentes a aproximadamente u$s4.981 millones, tal como publicó en el balance del 23 de agosto pasado.
Hasta acá, la única admisión de los movimientos del oro de las reservas había provenido del ministro Luis Caputo, quien en una entrevista había dicho que se realizaban para obtener “un retorno” financiero que no era posible obtener si el metal precioso permanecía dentro de las bóvedas del BCRA. En cambio, hasta ahora, la entidad que tiene la responsabilidad de administrar las reservas hasta acá no se había pronunciado.
EL ORO, LAS RESERVAS Y EL SECRETISMO
De todas maneras, la política del Central sigue siendo no aportar ninguna precisión sobre estos movimientos. Y en el comunicado cargó contra quienes difundieron la existencia de estas operaciones y quienes buscaron acceder a información al respecto.
“El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, manifestó la entidad. Sin embargo, ahora que confirmó que el terminó con el proceso de transferencias de oro tampoco aportó precisiones.
“La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, se limitó a decir.
Con el mismo espíritu secretista, el 15 de agosto, el Central respondió los tres pedidos de acceso a la información pública que había presentado Palazzo durante las semanas previas ante datos extraoficiales a los que había accedido el sindicato que conduce. La respuesta fue denegarle el acceso.
El diputado nacional había solicitado información sobre el destino, los montos transportados, la finalidad de los envíos al exterior, las empresas involucradas en el traslado y en los seguros, entre otras cuestiones. La presunción es que cerca de una cuarta parte del oro de las reservas podría haber salido del país en esos movimientos.
