El mercado se pregunta cómo será la negociación posestatización de Vicentin y el rol que podría jugar la empresa agroindustrial en la fijación de precios.
En declaraciones radiales Alberto Fernández, justificó la decisión de intervención manifestando que “si no hubiera pasado esto, se estaría contando la debacle financiera de Vicentin”.
“Una empresa así nos podría garantizar la cantidad de trigo, maíz, que Argentina necesita. También se podría reconocer el precio testigo. Y también podríamos tener un mecanismo adecuado para que las divisas sean liquidadas prontamente en el mercado argentino, cosa que no pasa”, agregó.
Estas afirmaciones llenan de interrogantes al mercado de granos local que funciona hace años bajo reglas institucionales que tienen como fin una libre concreción del juego de oferta y demanda.
En este sentido, la pregunta es cómo será la participación de la empresa agroindustrial con un “precio testigo”. “No es solo el tema de la justicia”, señalan en el mercado en referencia a que podría la empresa estatizada podría romper la dinámica habitual de la plaza local.
Una de las opciones con las que se especula es que por momentos podría ofrecer precios por encima de los negociados para acelerar la venta de productores, generando una pérdida para la empresa, que deberá cubrir de alguna manera en la estructura de costos y generando una distorsión en los precios de referencia.
Luego de las declaraciones de Fernández, la otra duda es que se establezca un tope máximo mediante una regulación para que todas las empresas se adapten, lo que generaría incertidumbre en la decisión de inversión de los productores.
“No hay una relación que tenga sentido con las declaraciones”, aseguran en relación a que una de las justificaciones es la de soberanía alimentaria, cuando prácticamente la totalidad de la producción de la empresa agroindustrial se exporta.
De seguir los pasos actuales sobre la estatización, que todavía debe pasar por el Congreso, la participación de Vicentin recién se podría ver en la campaña 2020/21, lo que genera incertidumbre de cara a la siembra de la campaña gruesa.
“No es una buena noticia”, manifestó el economista Jorge Ingaramo. “No sirve una empresa testigo cumpliendo el rol de formador de precios”, agregó.
El economista plantea que podría haber desventaja contra el resto de los competidores habituales por el rol de YPF: “Se mete YPF que tiene acceso a prefinanciaciones para exportar y que puede tener una posición fuerte por los canjes”, advierte en relación a que el poder de mercado podría ser fuerte.
El temor es que aparezcan precios que no son reales: “Va a haber una participación desleal del estado, que no corre los mismos riesgos que los privados”. “En algún momento lo vamos a pagar”, advierte Ingaramo y asegura: “No auguro ninguna mejora en la mejora de la producción agropecuaria (con una Vicentin estatal)”.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario detalla que en el caso específico del complejo sojero (es decir, para las exportaciones de poroto, harina y aceite de soja), el primer puesto en el ranking de principales holdings operadores de la campaña 2018/19 se lo queda Aceitera General Deheza (AGD) con ventas al exterior por 5,1 millones de toneladas, seguida de cerca por Oleaginosa Moreno con operaciones a la fecha por 5,0 millones de toneladas y Vicentin, con 4,9 Mt.
“De este modo, para el principal complejo exportador de la economía argentina, las tres empresas líderes son todas de capitales nacionales”, destaca la BCR.
En la campaña 2019/20 la empresa no participó del mercado por los problemas financieros y sin embargo la comercialización se realizó con normalidad.
Desde CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) señalan que es importante que la futura empresa estatal sea parte de las mismas reglas de juego y tenga igualdad de condiciones que las demás empresas.
Según información pública Vicentín tendría una deuda cercana a los 1.300 millones de dólares que ahora deberá afrontar el estado Nacional
“La empresa Vicentín se encuentra en concurso preventivo y se hizo público el interés de varias empresas para adquirir sus bienes en estos últimos meses”, destacan desde la Cámara que reúne a empresas agroexportadoras.
“La industria de molienda de soja es el principal sector exportador de la Argentina y siempre garantizó la seguridad alimentaria nacional, así como luchó continuamente para mantener mercados abiertos y generar empleo genuino e ingresar divisas para el país”, agregan.
De igual manera, señalan que, en el caso de concretarse la expropiación, la industria aceitera buscará articular con esta nueva empresa una articulación positiva para lograr mayor capacidad de producción y exportación de productos transformados, defendiendo el empleo argentino y luchando contra la primarización de las exportaciones.
