La diferencia cambiaria entre Argentina y Uruguay preocupa al país vecino: “Los precios son irrisorios”
Varios funcionarios de Uruguay están preocupados por la diferencia cambiara con Argentina y dicen que las medidas aplicadas son insuficientes para compensar la cantidad de uruguayos que prefieren comprar en nuestro país.
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El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se reunió con la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, para hablar sobre la diferencia de precios en la frontera con Argentina.
“Somos conscientes de la situación de Salto y Paysandú; de muchos lugares, pero sobre todo de Salto y Paysandú”, declaró Lacalle Pou y agregó: “Hemos estado reunidos con la presidenta del Centro Comercial de Salto y con las autoridades. Lamentablemente tenemos un vecino (Argentina) que tiene una determinada situación económica, y eso genera precios irrisorios con respecto al costo de algunos productos en Uruguay”.
El presidente uruguayo Lacalle Pou mantuvo una reunión con la ministra de Economía,Azucena Arbeleche
Por otro lado, la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Vera Facchín, declaró a El País que, el anuncio en el que el gobierno afirmó estar trabajando para intentar solucionar el problema era una “buena noticia”. De hecho, el vecino país tiene beneficios para buscar “retener” las compras dentro de Uruguay, por ejemplo, existe el descuento del Impuesto Específico Interno (IMESI) a las naftas donde en el mes de mayo, ese descuento aumentó al 30%.
Otra de las alternativas que se maneja para mejorar la situación, es que los habitantes de la frontera puedan percibir descuentos del IVA en diferentes productos y complementarlos con rebajas en los distintos sectores de distribución a través de la aplicación Tuapp (Banco República).
Desde el Centro Comercial e Industrial de Salto, se propuso la “sustitución de las exoneraciones impositivas a este medio de pago a fin de dar solución al reclamo arancelario de los estacioneros, dirigir al público objetivo el beneficio y evitar así el corrimiento de la frontera hacia localidades vecinas”.
Ante esta situación, Juan Martín Della Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, ve un futuro complicado, ya que la crisis por la diferencia cambiaria es muy grande y se “viene acrecentando la dificultad de las empresas para sostener el empleo, porque siguen bajando muchísimo las ventas por la baja del consumo”.
A principio de mes, los intendentes del litoral se reunieron con el presidente de la República y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para tratar distintas para mitigar la diferencia de precios. Según el intendente de Salto, Andrés Lima, no se han vuelto a reunir y la única medida tomada fue el aumento en el descuento del Imesi. “Es tiempo suficiente como para tener un panorama claro. No hay políticas de frontera”, dijo a Nada Que Perder (M24).
La crisis económica argentina no solo afecta a los argentinos, sino también a Uruguay, donde los comercios no encuentran la vuelta ante la diferencia monetaria.
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El Tribunal Constitucional de Polonia tomó una decisión histórica, declarando inconstitucional al Partido Comunista Polaco (KPP) y ordenando su ilegalización inmediata. Esta sentencia culmina tras años de intentos legales por prohibir esta organización política, siendo el más reciente promovido por el presidente de la República de Polonia Karol Nawrocki hace apenas semanas.
“No hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, subrayó en el fallo la jueza del Tribunal Constitucional, Krystyna Pawlowicz.
La Constitución polaca contiene una disposición muy particular que muchas democracias occidentales no tienen, ya que explícitamente prohíbe la existencia de agrupaciones políticas basadas en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo”. Esta cláusula constitucional establece que cualquier formación partidaria que se fundamente en métodos totalitarios o que busque un sistema de gobierno totalitario puede ser declarada ilegal.
Específicamente, la Corte citó el artículo 11, que exige que los partidos se fundan “en el principio de igualdad de los ciudadanos” y busquen influir en la política “por medios democráticos”, y el artículo 13, que prohíbe los partidos basados en ideologías totalitarias o que recurran a la violencia para obtener poder.
– Karol Tadeusz Nawrocki es un historiador y político conservador polaco, actual presidente de la República de Polonia
El Tribunal no solo examinó el programa actual del KPP (que intentó reformarse en 2015 eliminando referencias a la revolución comunista), sino que también se analizó su estatuto fundacional de 2002, sus publicaciones, declaraciones públicas y actividades a lo largo de los años. Esto fue decisivo, siendo que sin un programa explícitamente agresivo, se consideró que la propia naturaleza ideológica—su promoción del marxismo-leninismo—constituía una incompatibilidad fundamental con los valores polacos.
La decisión será remitida al tribunal de distrito de Varsovia, encargado del registro de partidos, para ejecutar la ilegalización formal, lo que implicará la cancelación del registro legal del KPP, la prohibición de su participación electoral y la terminación de su financiamiento público.
El KPP cuenta con unos mil afiliados, ningún representante electo, escasa presencia en medios de comunicación y resultados electorales insignificantes. De hecho, ni los propios dirigentes del KPP consideraban necesaria su prohibición. Su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karoń, argumentó que su programa “es tan poco atractivo” que simplemente no conseguirían apoyo en las elecciones, por lo que legalizarlo o prohibirlo resultaba igualmente irrelevante.
La razón por la cual el Estado invierte recursos en una medida dirigida a un partido ya débil y marginal remite al complejo panorama judicial que atraviesa Polonia en la actualidad. El Tribunal Constitucional está envuelto en una seria disputa sobre su propia legitimidad. El gobierno actual, liderado por el primer ministro Donald Tusk, no reconoce varios fallos del tribunal porque cuestiona que los jueces que los emiten fueron nombrados de manera irregular durante la anterior administración del partido Ley y Justicia (PiS).
Irónicamente, entre los jueces que emitieron este fallo está Stanisław Piotrowicz, un exdiputado del PiS que fue fiscal durante la época comunista, incluso durante la ley marcial de los años 80 bajo el general Wojciech Jaruzelski.
El mandatario Nawrocki, quien ganó las elecciones presidenciales de junio de 2025, es del PiS y reactivó personalmente el caso contra el KPP el 6 de noviembre de 2025, enfatizando que sus objetivos son “contrarios al orden legal de Polonia” y que “la ideología comunista atenta contra los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”. Esta iniciativa formaría parte de la confrontación política más amplia entre el presidente (del PiS) y la gestión de Tusk.
Del Pacto Molotov-Ribbentrop a la Carta Magna
Para entender por qué Polonia tiene una legislación marcadamente anti-comunista, es fundamental comprender su traumática historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Polonia en 1939 bajo el Pacto Molotov-Ribbentrop y sometió a millones de polacos a represión masiva, colectivizaciones forzosas y deportaciones a campos de trabajo en Siberia. Se estima que aproximadamente 1.200.000 polacos fueron deportados entre 1939 y 1941, acusados de ser “enemigos del pueblo”.
Después de 1945, Polonia se convirtió en un estado satélite soviético, sufriendo 44 años de ocupación política y represión bajo regímenes comunistas impuestos por Moscú. A lo largo de este período, los polacos experimentaron décadas de falta de libertades democráticas, políticas y supresión de su identidad nacional. Esta memoria colectiva es profunda y sigue marcando la política contemporánea polaca.
Cuando el bloque comunismo se derrumbó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, Polonia adoptó un régimen democrático en su Carta Magna, pero incluyó salvaguardas explícitas contra el regreso de estas ideologíasque consideraban existencialmente amenazantes.
No obstante, Polonia no sería la única en prohibir partidos comunistas. Alemania, por ejemplo, prohibió el Partido Comunista en 1956 (aunque posteriormente fundó otro partido comunista legal en 1968, el DKP). Ucrania prohibió su Partido Comunista en 2015 como parte de sus leyes de “descomunización” tras el conflicto con Rusia. República Checa y Hungría también han tenido legislación restrictiva respecto a símbolos comunistas.
Sin embargo, estas prohibiciones son profundamente controvertidas. Amnistía Internacional cuestionó severamente la prohibición ucraniana de 2015, considerándola “una violación flagrante de la libertad de expresión y asociación” que “sienta un precedente muy peligroso”. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado la validez constitucional de tales restricciones en democracias modernas estables, argumentando que carecen de “necesidad social clara, apremiante y específica”.
YPF volvió a mover el tablero en Vaca Muerta y batió un nuevo récord de producción no convencional. La compañía superó los 200.000 barriles diarios de shale oil y marcó un nuevo máximo corporativo que la consolidó como principal impulsora del boom no convencional argentino. El salto fue contundente. Desde diciembre de 2023, cuando Horacio Marín asumió la presidencia y la producción de no convencionales rondaba los 110.000 barriles diarios, la empresa aumentó su volumen en un 82%.
La propia compañía definió que se trató de uno de los crecimientos más acelerados del sector energético local y lo enmarcó en la hoja de ruta del Plan 4×4, con el que YPF buscó duplicar su valor, escalar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar a nuestro país como un exportador relevante en la región.
El presidente de YPF destacó además el salto registrado desde su llegada a la compañía: “Hace menos de dos años, cuando asumí en YPF, nuestra producción de no convencionales era de 110.000 barriles diarios. Hoy celebramos un logro que parecía ambicioso, pero que convertimos en realidad:, superamos los 200.000 barriles diarios de producción de shale oil”, confirmó el Marín vía X.
En su mensaje interno, el ejecutivo amplió el concepto al remarcar el cambio de fondo en la operación de la empresa. “Este hito refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo de YPF. Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar”, destacó el presidente y CEO de la petrolera.
ALCANZAMOS UN NUEVO HITO EN VACA MUERTA @YPFoficial llegó a 200.000 barriles diarios de producción de shale oil, un crecimiento del 82% en menos de dos años. Este logro refleja el compromiso, la innovación y el talento de todo el equipo, y un cambio profundo en nuestra forma… pic.twitter.com/uu3UjTPkT6
Según la compañía, el crecimiento no llegó por inercia, sino a partir de una transformación operativa que combinó nuevas tecnologías, optimización de procesos y un cambio cultural orientado a la eficiencia. YPF atravesó una transformación productiva apoyada en el uso de inteligencia artificial, análisis predictivo y herramientas de optimización que agilizaron la toma de decisiones en los pozos y permitieron mejorar la productividad y anticipar fallas o comportamientos del reservorio con mayor precisión.
A este esquema se sumó la adopción del Toyota Well, una aplicación de la metodología TPS (Toyota Production System) al desarrollo de pozos no convencionales. El proyecto Toyota Well permitió acelerar la perforación, reducir tiempos improductivos, bajar costos por pozo y aumentar la eficiencia de las operaciones en Vaca Muerta. Marín resaltó que la alianza con la automotriz japonesa derivó en mejoras para las máquinas y herramientas dispuestas por YPF.
– El centro de monitoreo en tiempo de YPF, donde la inteligencia artificial anticipa fallas y optimiza la producción, fue clave para alcanzar el récord de 200.000 barriles diarios en Vaca Muerta
En paralelo, la actividad no convencional de los hidrocarburos en Vaca Muerta volvió a ganar fuerza en octubre. Según el informe mensual elaborado por Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, se registraron 2.020 etapas de fractura durante el mes, lo que representó un crecimiento del 10,3% respecto a septiembre (1.831).
En ese ranking de actividad, la empresa privada de mayoría estatal YPF volvió a encabezar cómodamente la lista, con 1.045 etapas de fractura, equivalente a más del 50% del total mensual. En segundo lugar se ubicó Pluspetrol con 374, seguida por Vista Energy (228) y Tecpetrol (225), que completaron el grupo de las operadoras más activas del mes. Detrás se ubicaron Pampa Energía (135), Phoenix (8) y Shell (4), en un escenario donde la concentración se mantuvo alta, pero con una participación creciente de compañías medianas en áreas emergentes.
– El presidente Marín (tercero de izquierda a derecha) junto a altos directivos de Adnoc y Eni
En paralelo a la expansión del petróleo, Marín se refirió a la evolución de la exportación de gas en el país. El proyecto “Argentina LNG” se planteó exportar gas shale de Vaca Muerta a través de barcos de licuefacción situados en Río Negro. “En Emiratos Árabes firmamos la adhesión de ADNOC, la cuarta petrolera del mundo, al proyecto Argentina LNG en sociedad con Eni. Este proyecto, de 12 millones de toneladas por año de GNL, generará 200.000 millones de dólares en exportaciones en 20 años, es decir 10.000 millones de dólares por año”, mencionó el presidente de YPF.
Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) es la empresa petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos y fue situada como la cuarta compañía petrolera más grande del mundo. “No tenemos dimensión de la inversión extranjera que implica este proyecto. Debe ser la más grande de la historia del país” explicó Marín.
Para cubrir sus gastos, la mitad de los hogares en argentina usa ahorros, pide dinero prestado, vende pertenencias y compras en cuotas o al fiado, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según el documento “Estrategias de manutención ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, en el primer semestre 2025:
37,4% de los hogares recurrieron a gastar lo que tenían ahorrado
16,1% pidió préstamos a familiares/amigos
14,2% pidió préstamos a financieras
50,9% compró en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta
9,3% vendió sus pertenencias
Evolución de las estrategias de los hogares
“El 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros en 2003, mientras que en 2025 ese valor escaló al 37,4%. Entre las estrategias de financiamiento, los préstamos de bancos y financieras se incrementaron 10,8 puntos porcentuales y el uso de tarjeta de crédito o pago en fiado tuvo un aumento de 28,9 puntos porcentuales entre 2003 y 2025”, señaló el INDEC.
Según el organismo, “para la satisfacción de sus necesidades, y ante la ausencia de nuevos ingresos monetarios –laborales o no laborales– o en especie, los hogares recurren a otras estrategias como complemento. Entre ellas se cuentan las que implican una descapitalización por la venta de pertenencias o el uso de ahorros, los préstamos con entidades bancarias u otros mecanismos informales (familiares, por ejemplo), y la financiación de compras en cuotas o al fiado“.
“Hoy la mitad de los hogares vive a crédito. El financiamiento dejó de ser una herramienta de progreso para transformarse en un mecanismo cotidiano de supervivencia, donde la deuda reemplaza al ahorro y al aumento real de los ingresos”, señalaron desde el CEPEC.
Situación de acuerdo a distintos estratos de ingreso
En detalle, el 16,1% de los hogares del estrato de ingreso medio recurrió al uso de ahorros o a la venta de pertenencias como estrategia de manutención; mientras que, a medida que desciende el nivel de ingresos se incrementa la toma de préstamos.
En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de ingreso bajo, lo hizo uno de cada tres.
En cuanto a la solicitud de préstamos de los hogares, en el estrato de ingreso alto y medio hay una mayor cantidad que se endeuda con entidades bancarias y financieras. Dentro del estrato de ingreso bajo, predomina el endeudamiento informal con familiares o amigos.
El porcentaje de hogares que utilizó ahorros tuvo un incremento entre 2018 y 2020, cuando alcanzó un valor cercano al 35%. A partir de entonces se mantuvo relativamente estable, hasta el primer semestre de 2024, cuando volvió a registrar una suba y llegó al valor máximo de la serie (40,1%).
El uso de ahorros no presenta grandes diferencias entre estratos de ingreso, salvo entre 2020 y 2021, cuando disminuyó el porcentaje de hogares de mayores ingresos que declaró hacer uso de ahorros.
“También se observa una caída de los ingresos en especie y un incremento de la financiación de los gastos –sea por vías formales, como las tarjetas de crédito, o informales, como el fiado– y de la utilización de ahorros para gastos corrientes”, informó el organismo.
El CEPEC considera que los números del INDEC muestran que “la economía de los hogares está cada vez más tensionada. El modelo actual se apoya en tres pilares interdependientes: trabajo (82%), que ya no garantiza estabilidad; asistencia estatal (14,6%), que crece como sostén estructural; y deuda o uso de ahorros (más del 50%), que completan los ingresos faltantes“.
Y concluye: “Los hogares argentinos viven entre el esfuerzo, la ayuda y el endeudamiento, en una economía donde el ingreso real pierde terreno y la estabilidad depende del crédito o del apoyo estatal”.
Un comando de las Fuerzas Democráticas Aliadas, milicia yihadista de origen ugandés rebautizada por el Califato como Estado Islámico en África Central, atacó en la noche del pasado viernes 14 el hospital católico de Byambwe, en el territorio de Lubero, en la provincia congoleña de Kivu del Norte, y asesinó a entre 17 y 28 civiles cristianos, según diferentes fuentes locales y eclesiales. La mayoría de las víctimas fueron mujeres que estaban hospitalizadas, muchas en la maternidad y en lactancia.
El administrador local de Lubero, el coronel Alain Kiwewa, explicó a medios internacionales que el ataque tuvo lugar en la aldea de Byambwe cuando los rebeldes irrumpieron en el centro de salud durante la noche.
En declaraciones recogidas por The Associated Press, el responsable detalló que los extremistas islámicos mataron al menos a 17 personas —once mujeres y seis hombres— y describió la escena dentro del hospital: “Mujeres que estaban amamantando fueron brutalmente asesinadas y encontradas con la garganta cortada en sus camas de hospital”, dijo el coronel. Más tarde, en diálogo con la agencia EFE, Kiwewa precisó que la mayoría de las víctimas estaban hospitalizadas en el centro de salud antes de que llegaran las ADF y las asesinaran.
“Esto es inaceptable. Condenamos este acto y hacemos un llamado a la población para que coopere con el ejército e informe sobre cualquier actividad sospechosa en la zona”, agregó el coronel, que no facilitó entonces un balance definitivo de víctimas mortales.
Un artículo de Vatican News—el portal de la Santa Sede—dialogó directamente con los testigos de la diócesis de Butembo-Beni. Informaron que los terroristas islámicos entraron en la aldea alrededor de las 22.00 horas del viernes y atacaron un centro de salud diocesano dirigido por las Hermanas de la Presentación, donde “masacraron a pacientes y luego prendieron fuego a todas las instalaciones, matando a varias mujeres en la sala de maternidad”.
– El Papa León XIV denunció el último ataque contra cristianos en la República Democrática del Congo
“Este es un ataque típico de las ADF”. Las explicaciones surgen del misionero italiano Giovanni Piumatti, sacerdote que sirvió durante más de cincuenta años en la región. Su informe indicó que “quince personas fueron asesinadas en la clínica y otras cinco en los alrededores. Incendiaron todas las instalaciones y veintisiete viviendas cercanas. Antes de destruir todo, saquearon todos los suministros médicos; creo que ese era su objetivo principal. El pánico se extendió por todas partes. El ejército los persiguió, pero, a pesar de sus esfuerzos, los terroristas escaparon. Parecen estar mejor armados y equipados que las fuerzas regulares”.
Mientras las religiosas y los vecinos trataron de rescatar cuerpos entre los escombros, el balance de muertos aumentó. El presidente de la sociedad civil del territorio de Lubero, MohindoTaufeni, declaró a EFE: “Ya contamos con 28 cuerpos, incluyendo 17 que estaban hospitalizados, pero aún es un número provisional”.
El padre Piumatti, que ahora reside en Italia pero siguió de cerca la situación en la República Democrática del Congo, profundizó en la crueldad del ataque. “Lo más trágico —más allá del gran número de víctimas inocentes— es la forma en que matan… Degüellan a los civiles, los decapitan; es horrible. Aquí mataron a madres mientras amamantaban a sus bebés. Estas masacres son inimaginables y ocurren casi todas las semanas. Muchas no se reportan”.
El hospital católico de Byambwe formó parte de la red de dispensarios de la diócesis y estuvo dirigido por las Hermanas de la Presentación. Las religiosas brindaron atención médica básica y asistencia en los partos en una zona remota de Kivu del Norte que careció de hospitales en funcionamiento y donde las comunidades cristianas sostuvieron la vida cotidiana en medio del conflicto. Tras la masacre, las instalaciones quedaron completamente destruidas. El pánico se apoderó de la población y muchos aldeanos huyeron a la selva o a localidades vecinas y no regresaron. Las hermanas continuaron atendiendo a los supervivientes como pudieron, en la calle y entre los restos del centro de salud. Hasta el domingo no se reportaron víctimas entre las religiosas, pero las fuentes de la diócesis advirtieron que muchos recién nacidos pudieron haber sido secuestrados.
Las ADF, milicia de origen ugandés con bases en Kivu del Norte y en la vecina provincia de Ituri, operaron durante años a lo largo de la frontera con Uganda y atacaron de forma recurrente a la población civil.
Grupos armados locales y organismos internacionales atribuyeron a esta estructura, que juró lealtad al autodenominado Estado Islámico, numerosas matanzas de cristianos en aldeas, carreteras y campos de cultivo, además de la destrucción de templos y la quema de viviendas. “Atacan indiscriminadamente: en las carreteras, en las aldeas, en los campos mientras la gente trabaja. Además de matar, secuestran a niños y jóvenes para adoctrinarlos. A menudo actúan bajo la influencia de drogas, y también drogan a los cautivos que secuestran”, describió el sacerdote Piumatti.
– Fachada de una iglesia alcanzada por un proyectil de artillería tras los enfrentamientos en Goma, República Democrática del Congo, el 30 de enero de 2025
En agosto, terroristas de las ADF mataron al menos a 52 personas durante varios ataques en la misma semana, según la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo. Las autoridades ugandesas acusaron al grupo de organizar ataques dentro de su territorio, incluidos dos atentados suicidas en Kampala en noviembre de 2021 y asesinatos por parte de motoristas armados contra altos funcionarios.
Tras aquellos atentados, los ejércitos de la República Democrática del Congo y Uganda iniciaron una operación militar conjunta en suelo congoleño para eliminar a las ADF, pero los ataques no cesaron y el este del país siguió sumido — lo está desde 1998— en un conflicto alimentado por múltiples milicias rebeldes y por el propio Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU.
– Los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) tuvieron como objetivo los territorios de Beni y Lubero, en la provincia oriental de Kivu del Norte, entre el 9 y el 16 de agosto
Vatican News recordó que los autores del ataque de Byambwe pertenecieron al mismo entramado terrorista que, el 27 de julio, irrumpió en una iglesia cristiana en la localidad de Komanda, en la provincia de Ituri, durante un servicio religioso. Armados con machetes y rifles, los milicianos mataron allí a decenas de cristianos reunidos en oración.
Piumatti también denunció el “vergonzoso silencio” de la comunidad internacional y la complicidad de determinados intereses económicos en el sostenimiento de la violencia. Explicó que Kivu es rico en yacimientos minerales; por ello considera que “estos grupos islamistas reciben respaldo. Las ADF son las más feroces, pero no son las únicas a las que se les suministran armas y dinero para mantener el flujo comercial. Estos conflictos sirven a intereses comerciales, y el silencio del mundo es profundamente preocupante”.
Lydia Mugambe Ssali, magistrada del Tribunal Superior de Uganda y jueza del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU (IRMCT), fue condenada en el Reino Unido a seis años y cuatro meses de prisión por delitos relacionados con mantener en condiciones de “esclavitud” a una empleada doméstica.
Según el veredicto, mientras cursaba un doctorado en la Universidad de Oxford, Mugambe introdujo en el Reino Unido a una joven compatriota con promesas falsas y la mantuvo trabajando en condiciones de servidumbre sin ningún tipo de remuneración. Además, el tribunal determinó que la acusada participó en una conspiración para silenciar a la víctima usando sus influencias luego de conocerse el hecho.
Antes de su arresto, Mugambe tenía un currículum impresionante que parecía hacerla emblema de justicia e integridad. Era licenciada en Derecho por la Universidad Makerere en Uganda, tenía un máster de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, y fue magistrada de alto rango en Uganda entre 2000 y 2005. Trabajó durante años en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, un organismo de las Naciones Unidas que enjuiciaba crímenes de lesa humanidad, incluyendo genocidio. Fue jueza del Tribunal Superior de Uganda desde 2013 hasta 2020, e incluso sirvió como Inspectora General del Gobierno entre 2020 y 2022.
Su fallo más célebre fue en 2017, cuando condenó al Hospital Nacional Mulago por la negligencia en la desaparición de un bebé recién nacido. Este fallo fue aclamado internacionalmente como un hito en la protección de sectores vulnerables, y la sentencia de 85 millones de chelines ugandeses (aproximadamente 24.000 dólares) fue considerada revolucionaria. También fue académica del Instituto de Derechos Humanos de Columbia University y miembro del Centro de Derechos Humanos de Oxford. En mayo de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas la nombró jueza del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, el organismo que mantiene las funciones de los tribunales para crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y Ruanda.
Sin embargo, mientras mantenía esta impecable fachada profesional, Mugambe ejecutaba un plan deliberado y sofisticado para traficar y esclavizar a una joven ugandesa. El esquema funcionó con la colaboración de John Leonard Mugerwa, exvicecomisionado ugandés en el Reino Unido, que tenía estatus de inmunidad diplomática. Mugerwa emitió un certificado de patrocinio falsificado que presentaba a la víctima como empleada doméstica privada en su residencia oficial londinense, con un falso salario prometido de 1.200 libras mensuales. Este fue un esquema sistematizado, ya que tanto Mugambe y Mugerwa sabían que la mujer trabajaría en condiciones de servidumbre, aprovechando un sistema de visas para trabajadores domésticos que es notoriamente vulnerable al abuso.
Una vez que la víctima llegó al Aeropuerto de Heathrow, Mugambe la recogió personalmente. Lo que vino después fue una pesadilla; le confiscó el pasaporte y el teléfono, la aisló completamente y la obligó a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche cada día, haciendo labores domésticas y cuidando a los hijos de Mugambe. La joven no recibió ningún salario. Mugambe también le impedía que consiguiera un empleo remunerado estable, manteniendo su dependencia total.
La víctima vivió en lo que describió como “miedo casi constante”. La joven sabía que Mugambe era una figura de gran poder en Uganda, lo que creaba una asimetría de poder casi absoluta. Durante la investigación inicial de la policía, Mugambe llegó incluso a amenazar a la víctima con quemar sus documentos y reportarla como inmigrante ilegal, intensificando su control psicológico.
Lo más inquietante es que hoy, tras la condena de Mugambe, la víctima no se atreve a regresar a Uganda por temor a represalias. En su declaración escrita al tribunal, expresó su terror de que nunca más verá a su madre debido a la influencia que Mugambe aún mantiene en su país.
El tribunal concluyó que esos actos no fueron incidentes aislados sino la materialización de delitos tipificados bajo la ley de esclavitud moderna. Entre ellos, facilitar el viaje con intención de explotación, provocar una vulneración de las normas migratorias, obligar a un individuo a realizar trabajo forzado y conspirar para intimidar a testigos. La sentencia impuesta sentenció cómo la acusada “se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y de su propia condición social.”
Lo que probablemente más impactó fue que Mugambe nunca mostró ningún remordimiento durante el proceso. El juez David Foxton, al sentenciar, destacó su profunda tristeza al reconocer los logros profesionales de Mugambe, pero subrayando que ella “se aprovechó de su estatus de la manera más agraviante”. Además, Mugambe intentó culpabilizar a la víctima por lo sucedido e incluso cuando fue arrestada por oficiales del Valle del Támesis en febrero de 2023, Mugambe fue grabada diciendo: “Soy jueza en mi país, tengo incluso inmunidad. No soy una criminal”. Las Naciones Unidas posteriormente revocaron su inmunidad diplomática para permitir que los procedimientos legales avanzaran.
El 2 de mayo de 2025 se pronunció la sentencia final y el pago de más de £12.000 en compensación a la víctima. El Mecanismo Residual de los Tribunales Penales de la ONU suspendió su participación y, posteriormente, retiró formalmente su designación. Por su parte, Mugerwa, fue objeto de investigación, pero el gobierno de Uganda se negó a renunciar a su inmunidad diplomática, lo que impidió que fuese procesado en el Reino Unido.
Según publicó The Wall Street Journal el pasado viernes, un grupo de bancos de Estados Unidos descartó un préstamo de alrededor de US$ 20.000 millones para la Argentina y se inclinó por una alternativa más acotada: una línea de crédito de corto plazo de unos US$ 5.000 millones, estructurada como una operación de recompra (más conocido como “repo”). El esquema buscó permitir que el gobierno de Javier Milei afrontara un vencimiento de deuda de aproximadamente US$ 4.200 millones en enero de 2026 mediante la entrega de activos de inversión como garantía a cambio de dólares.
La publicación detalló que el plan inicial, impulsado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, incluyó dos componentes principales: un intercambio de divisas por US$ 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito bancaria adicional por igual suma. El propósito de ambas herramientas fue brindar respaldo al espacio libertario. Sin embargo, la coyuntura política cambió después de las elecciones legislativas de octubre, de acuerdo con el medio financiero. El préstamo del sector privado no se concretó porque los bancos esperaron orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas.
Forbes publicó también que los bancos de Estados Unidos suspendieron el plan de rescate de 20.000 millones de dólares que la administración de Donald Trump había prometido a finales de octubre. En su lugar, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup plantearon una línea de recompra a corto plazo cercana a los 5.000 millones de dólares. De ese modo, el país podía intercambiar una cartera de inversiones por dólares de las entidades bancarias y cubrir un pago de deuda por valor de 4.000 millones de dólares a principios del año siguiente.
Frente a estas versiones, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó que el Gobierno hubiera negociado un rescate financiero por US$ 20.000 millones adicionales al swap: “Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, afirmó en X, respondiendo, de ese modo respondió a las informaciones de The Wall Street Journal.
La explicación de Caputo contrastó con declaraciones que él mismo había formulado semanas antes. El 23 de octubre, tres días antes de las elecciones, el ministro afirmó en LN+: “Hay un swap de 20.000 millones. Y estamos trabajando en otra facilidad por otros 20.000 millones y ya lo dijo el secretario del Tesoro”. Se refirió a dichos previos de Scott Bessent, quien describió públicamente el esquema de apoyo al país.
A mediados de octubre, Bessent indicó: “Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”. En esa misma oportunidad afirmó: “En realidad venimos trabajando en esto desde hace semanas”. Luego definió el esquema como “una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina” y agregó: “Muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos manifestaron interés”.
Las conversaciones, aclara el diario, están todavía en una fase inicial y “podrían cambiar o desmoronarse”. En Wall Street advierten que los bancos quedarían expuestos si el escenario financiero se complica y la Argentina no logra colocar deuda ni obtener otras fuentes de financiamiento para devolver el préstamo. Un portavoz del Tesoro, por su parte, se limitó a expresar que “Estados Unidos sigue confiando en el compromiso del presidente Milei y del ministro Caputo” con la consolidación económica, sin ofrecer detalles sobre el esquema de apoyo.
No obstante, Caputo sostuvo que esas tratativas nunca tuvieron lugar. El ministro ya se había expresado el día anterior en redes sociales sobre el artículo del WSJ, cuando respondió a un usuario que preguntó por el acuerdo citando la nota con la frase: “¿Qué mier… es esto?“. El funcionario replicó: ”Excelente pregunta“, sin brindar, por ese momento, mayores precisiones.
El veterinario y referente del sector porcino, Guillermo Lloveras, alertó que las bondiolas importadas desde Brasil contienen Ractopamina —un promotor de crecimiento prohibido en 160 países— y que provienen de “sobrestock a punto de vencer”. Denuncia que la decisión del Gobierno de Milei destruye a la producción nacional y abre la puerta a un negocio millonario para un puñado de supermercadistas.
Con el aval de la embajada y el aplauso de gremios, militantes de extrema izquierda presentaron formularios para obtener la ciudadanía y posaron como nuevos “palestinos” desde CABA.
La corte polaca ordenó la inmediata ilegalización del KPP al considerar su ideología incompatible con “los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”.
