Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Con la revelación del dato inflacionario del mes de abril, los alimentos y los productos básicos continúan incrementado su valor y la mayoría de los argentinos han optado por reemplazar productos de primera marca por otros de segunda o tercera marca, pero también hay gran parte de los ciudadanos que dejaron de adquirir dichos productos,¿Qué sucede?
Los inestables niveles de inflación han incrementado el consumo de manera irracional. Los consumidores se apresuran para deshacerse de los pesos y tratar de ganarle a las remarcaciones de precios.
Según los datos del INDEC, la inflación del mes de abril fue del 6%, posicionando a los últimos 12 meses como la inflación más alta de los últimos 30 años, con un 58%. Por el momento desde el Gobierno no realizaron declaraciones en cuanto a posibles cambios en e equipo económico.
Un informe lanzado por Delphos Investment, alertó sobre el dato que expuso el INDEC y diagnosticó: “Las presiones inflacionarias están muy difundidas a lo largo de la economía ante la volatilidad de las expectativas y la rápida propagación de los shocks externos. Por eso, aumentamos nuestra proyección es al 75% para fines de 2022”.
Los productos básicos que más sufrieron las remarcaciones, fueron, las harinas (16%), aceite (13,5%), pan francés (11%), pollo (12%), yerba (10%), entre tantos otros.
La respuesta del Gobierno
Ante la evidente baja del poder adquisitivo, el ciudadano promedio quedó expuesto y vulnerabilizado, fue por ello que en un intento de aplacar esta necesidad, el Gobierno optó por distribuir nuevamente un “refuerzo de ingresos” a modo IFE.
Desde ANSES se dará un bono de $18.000 en dos cuotas de $9.000, lo que finalmente, no solo parece una burla para los argentinos, sino que tampoco ayuda a erradicar la problemática desde la raíz al contrario, la agrava.
Finalmente, más de 13,6 millones de argentinos recibirán este IFE, y al Estado argentino le costará 206.000.000,00.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.
El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.
La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.
El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.
Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.
De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.
La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.
“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.
En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.
CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.
EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”
El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves de la apertura del Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Ante un auditorio repleto de referentes del mundo empresarial, Frigerio hizo un repaso de sus primeras medidas de gestión y ratificó el rumbo adoptado por su administración: menos Estado, más empleo privado y baja de la carga impositiva.
“Estamos yendo hacia un norte distinto del que tenía Entre Ríos. Antes la política gobernaba sólo para el sector público. Ahora gobernamos para todos, para un millón y medio de entrerrianos”, afirmó, marcando un quiebre con la lógica que, según el mandatario, caracterizó a gestiones anteriores.
Durante su discurso, cuestionó el uso del empleo público como refugio ante la falta de oportunidades en el sector privado: “Se creía que se podía suplir la falta de empleo privado con puestos en la administración pública, muchos de ellos puestos a dedo, privilegiando familiares, amigos y militantes”, sostuvo. Y aseguró que, desde su llegada, “sólo se ingresa al Estado por concurso público, abierto y transparente y sólo si ese puesto es indispensable”.
Frigerio también destacó una política de austeridad y ejemplificó con su equipo de gobierno: “Todos, absolutamente todos los que vinieron conmigo a esta gestión se van cuando yo termine el mandato”. En el mismo sentido, enfatizó: “Hoy hay un gobierno que está obsesionado por generar condiciones para que haya trabajo, y si se puede de calidad, en el sector privado. Antes el ajuste siempre recaía solamente sobre ustedes, ahora la primera que se ajusta es la política”.
El gobernador reconoció el difícil momento financiero que atraviesa la provincia: “Estamos en el peor momento de la historia en cuanto a ingresos y en uno inédito en cuanto a responsabilidades”. Frente a este panorama, subrayó la necesidad de ser “más prolijos y eficaces” en el manejo de los recursos.
Entre los logros que destacó, mencionó la reducción de todos los impuestos provinciales “en términos reales comparados con la inflación” y puntualizó en el caso de la energía eléctrica, donde Entre Ríos pasó de ser “la provincia más cara” a ubicarse “en el puesto 11”. Según detalló, la gestión eliminó 91 tasas y contribuciones, lo que representa el 50% del total. “Subir impuestos no puede ser el camino para mejorar los ingresos al Estado”, insistió.
También se refirió a las reformas administrativas que generaron resistencias gremiales: “Van a escuchar bombos e insultos de gente que en general no quiere perder privilegios”. Y en materia de empleo público, comparó: “Recibimos una provincia con la mitad de la población económicamente activa en el Estado, mientras que en la Región Centro el promedio es de un tercio”.
Finalmente, celebró la reciente sanción del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), con el que se prevé una inversión de 21.000 millones de pesos y la creación de más de 500 puestos de trabajo en su primer año de vigencia.
Hein: “El Estado no debe ser una máquina de impedir”
En el mismo evento, también tomó la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, quien pidió “reglas claras y previsibilidad” para fortalecer la confianza del sector privado.
“Lo mejor que podemos hacer desde el Estado es escuchar con atención al sector productivo y brindar acompañamiento, para que los empresarios sientan que el Estado no es una máquina de impedir”, sostuvo Hein, y destacó la necesidad de avanzar con medidas concretas como “la reducción de impuestos y la eliminación de cargas innecesarias”.
Al abordar la complejidad del contexto económico nacional, Hein remarcó que “los empresarios son generadores de trabajo y motores de la actividad económica”, y llamó a que los gobiernos “promuevan los mejores escenarios de competitividad posibles”.
Sobre el vínculo entre política e inversión, concluyó: “El sector privado necesita políticos que entiendan lo que es la inversión, el riesgo en la producción, que sean empáticos y acompañen con medidas y herramientas adecuadas”.
El Foro, que se desarrolla bajo el lema “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, incluyó paneles sobre energía, economía post-FMI, liderazgo y clima político. Participan empresarios, autoridades públicas, referentes sectoriales y académicos de toda la Región Centro.
La medición de junio de 2025 del ÍndiceFADA verificó que el Estado absorbió el 63,6% de la renta producida por una hectárea agrícola promedio. El indicador superó en 5,6 puntos el registro de marzo y, si el Poder Ejecutivo restaura los Derechos de Exportación (DEX) el 30 de junio, la participación estatal ascendería al 67%, con máximos proyectados de 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol.
Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, puntualizó: “Para producir se incurren en múltiples costos —semillas, fertilizantes, mano de obra, fletes, seguros—. Una vez comercializada la cosecha, el saldo neto se distribuye entre el arrendador (26,6 %), el productor (9,8 %) y el fisco (63,6 %). Esa última porción es la que cuantificamos en el Índice FADA”.
La fundación estimó la renta agrícola al valorizar la producción de soja, maíz, trigo y girasol a precios internacionales y deducir insumos, labores, transporte y comercialización. Sobre ese excedente ponderó la fracción captada por el Estado, la apropiada por el propietario de la tierra y la que permaneció en manos del productor. Pisani Claro recordó que “cuando los insumos encarecen o los precios internacionales se deprimen, la renta se contrae y, en términos relativos, la incidencia fiscal se incrementa”.
Antonella Semadeni, también economista de la entidad, atribuyó el aumento reciente a la dinámica de precios: “Aunque rigió la reducción temporal de DEX, la caída de los valores internacionales redujo la facturación y elevó la carga tributaria relativa”. El trigo ejemplificó la tendencia: en junio cotizó a 200 dólares la tonelada, un 20% por debajo del promedio quinquenal y 28,2% menos que un año atrás.
El Gobierno de Javier Milei recortó en enero un 20% las retenciones y calificó la iniciativa como “un hueso para los productores”. La prórroga alcanzó únicamente al trigo; si caducara para soja, maíz y girasol, el índice nacional se ubicaría en 67% y la incidencia en soja rondaría el 70%.
El trigo exhibió la mayor presión con un 78,2% de su renta succionada por tributos. Semadeni advirtió que se requeriría un precio interno en torno a 220 dólares por tonelada para revertir el resultado adverso, mientras el mercado ofreció 200 dólares. El financiamiento de capital de trabajo obligó a numerosos productores a endeudarse antes de la siembra.
La carga fiscal ascendió a 65,9% en soja, 53,4% en maíz y 63,2% en girasol. Del total imputado a una hectárea promedio, el 63,8% correspondió a tributos nacionales no coparticipables (retenciones y tasa estadística), el 28,4% a impuestos nacionales coparticipables como Ganancias, el 6,8% a gravámenes provinciales y el 1% a tasas municipales.
El desglose provincial mostró heterogeneidad: Córdoba registró 64 %, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Todas percibieron inmobiliario rural y sellos; sólo Buenos Aires y Santa Fe adicionaron tasas municipales. La Pampa y San Luis aplicaron guías cerealistas que funcionaron como aduanas internas, en tanto que Córdoba, San Luis y Entre Ríos prescindieron de cargos locales adicionales.
Pisani Claro remarcó que las divergencias obedecieron a “diferencias en rindes, estructuras de costos e imposición local”. Asimismo, subrayó que cerca del 70% de los agricultores operó bajo contrato de arrendamiento: tras tributar, el productor retuvo apenas el 9,8% de la renta, mientras el dueño de la tierra capturó el 26,6%.
FADA sostuvo que, de persistir el atraso cambiario y la debilidad de los precios internacionales, el indicador podría seguir escalando incluso sin modificar las alícuotas de retenciones. El próximo relevamiento trimestral medirá el impacto efectivo de la decisión que adopte el Ejecutivo sobre los DEX. Semadeni sintetizó: “Menor precio o mayor alícuota impositiva se traducen automáticamente en más presión sobre la renta agrícola”.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, participó este jueves de una nueva edición del Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, organizado por el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER). El evento se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reunió a empresarios, funcionarios y representantes del sector productivo de toda la región.
Durante su intervención, Hein hizo un llamado a consolidar un vínculo fluido y eficaz entre el Estado y el sector privado. “Lo mejor que podemos hacer desde el Estado es escuchar con atención al sector productivo y brindar acompañamiento, para que los empresarios sientan que el Estado no es una máquina de impedir”, afirmó.
El encuentro tuvo como ejes temáticos principales el desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y los nuevos desafíos del mundo laboral, en un contexto atravesado por la innovación tecnológica y la necesidad de modernización. En ese marco, Hein destacó el papel del empresariado como generador de empleo genuino: “El sector empresario, vinculado con la producción, es el que realiza un aporte genuino en cuanto a fuentes de trabajo y es importante acompañar con acciones concretas como la reducción de impuestos y la eliminación de cargas innecesarias”.
Hein también se refirió a las dificultades del escenario económico actual y la responsabilidad del Estado para generar confianza. “Como siempre lo señala el gobernador Frigerio, aquí nadie se salva solo. Hoy nos toca dirigir los destinos de la provincia en un contexto nacional caracterizado por una situación muy compleja que impacta fuertemente en las arcas financieras de todas las jurisdicciones y tenemos que tener en claro que los empresarios son generadores de trabajo y motores de la actividad económica, por lo que el rol del Estado debe ser siempre el de acompañar y promover los mejores escenarios de competitividad posibles”, subrayó.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la necesidad de brindar previsibilidad normativa y fiscal para facilitar la toma de decisiones de inversión. “La previsibilidad es fundamental, porque los empresarios apuestan siempre a futuro, proyectando los posibles resultados, y los gobiernos no pueden cambiarles las reglas cada cuatro años”, advirtió. Y concluyó: “El sector privado necesita políticos que entiendan lo que es la inversión, el riesgo en la producción, que sean empáticos y acompañen con medidas y herramientas adecuadas”.
El Foro, organizado por el CEER, se ha consolidado como un espacio clave para el diálogo entre el sector público y privado en Entre Ríos, y en esta edición contó también con la participación del gobernador Rogelio Frigerio y del presidente del CEER, Ramiro Reiss, quienes encabezaron la apertura del evento.
El reporte elaborado por Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré para la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que el sector agroindustrial aportó US$ 3.300 millones en derechos de exportación (DEX) durante los primeros seis meses de 2025, un incremento interanual del 25% pese a la reducción temporal de alícuotas y a precios promedio inferiores, sobre todo en el complejo soja.
El salto recaudatorio respondió al mayor volumen declarado: las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcanzaron cerca de 53 millones de toneladas, un 60% más que en el mismo período de 2024. En términos diarios, el fisco recibió unos US$ 18 millones.
A un mes de que venza el esquema de rebaja de alícuotas, el estudio proyectó que 2025 cerrará con casi US$ 6.500 millones recaudados, poco más de US$ 1.000 millones por encima de 2024, aunque todavía lejos de los niveles de 2021 y 2022, cuando los precios internacionales se ubicaron mucho más altos.
Los autores explicaron que, a diferencia de años previos, en 2024 y en lo que va de 2025 no se registraron DJVE adelantadas de la campaña nueva. Esa ausencia redujo la recaudación de 2024—parte de lo exportado tributó en 2023—pero elevó la de 2025, dado que la mercadería se vendió y gravó este año.
El complejo soja dominará el aporte anual: US$ 5.140 millones, el 80 % del total. Dentro de esa cadena, los subproductos liderarán con US$ 2.760 millones, seguidos por el aceite de soja con US$ 1.700 millones—rubro que mostró la mayor suba interanual gracias a un mayor flujo exportador—y el poroto con casi US$ 600 millones.
Para estimar las DJVE del ciclo 2025/26 en el segundo semestre, el equipo tomó la distribución registrada en 2024 y no el promedio de las cinco campañas anteriores, con el fin de reflejar el cambio reciente en los patrones de venta al exterior.
En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.
Controles de ARCA sobre compras en el exterior
La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.
La información que deberán enviar al organismo de control incluye:
Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país. Número de tarjeta. Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito. Fecha de la operación. Identificación del país. Identificación de la moneda de origen. Monto de la operación en moneda extranjera. Monto de la operación en pesos. Nombre del comercio. Código de rubro del comercio. Número de identificación del comercio. Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.
Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país
Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:
Mercadería con fines comerciales o industriales. Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Explosivos, inflamables y estupefacientes. Material arqueológico y cultural. Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos. Límites y excepciones para ingresar compras del exterior A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.
Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:
300 dólares para quienes regresen por vía terrestre. 500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.
Consejos para evitar inconvenientes con ARCA
Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:
Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos. Declarar los productos ante Aduana. Evitar productos prohibidos. Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración. Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales. Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado. Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar. Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes. Empaquetar bien para facilitar inspecciones.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
En mi tercer y nuevo libro, de inminente publicación, dedico más de 30 páginas a analizar pasado, presente y futuro de la estrategia nuclear militar de las superpotencias en pugna, los riesgos de una escalada a escala global y una única conclusión: "Frente a la imposibilidad de… pic.twitter.com/fdfIIivSnc
