12 marzo, 2025

HISTÓRICO | Luego de 19 años, Argentina dejó de importar gas desde Bolivia

Los despachos desde YPFB finalizaron la semana pasada. El suministro será reemplazado por la reversión del Gasoducto Norte. Mientras tanto, Enarsa importa gas vía Chile.
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Casi medio mes antes de la fecha ya pactada para el corte anticipado del contrato de importación de gas natural desde Bolivia, los despachos desde el vecino país cesaron, marcando así el fin de las importaciones desde el vecino país tras 19 años. La clave detrás de este corte es la inminente reversión del Gasoducto Norte prevista para mediados del mes que viene, aunque mientras tanto desde Enarsa se importa gas desde Chile.

La información del corte de los despachos desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) se desprende de los registros oficiales del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que dan cuenta que desde el pasado miércoles 18 los gasoductos argentinos dejaron de recibir moléculas de gas desde el vecino país.

Un corte anticipado del contrato de importación que fue confirmado desde Bolivia por fuentes de YPFB que recordaron que “en la última adenda del contrato de importación ya se había anticipado el fin del contrato al 30 de septiembre, pero en los hechos ya se cerraron los despachos”.

La importación de gas desde Bolivia comenzó en 2006, cuando Argentina enfrentaba una seria crisis de suministro de gas natural por la caída de la producción nacional que mes a mes veía bajar los rindes del megayacimiento Loma La Lata.

La solución que se encontró desde Energía Argentina (Enarsa) fue firmar un contrato de importación con Bolivia que el año pasado implicó importaciones por 900 millones de dólares, y que originalmente se extendía hasta diciembre de 2025.

El corte anticipado de este contrato se debe a los trabajos de reversión del Gasoducto Norte que permitirán reemplazar el gas que se importaba desde Bolivia con producción nacional de Vaca Muerta.

Pero esta obra aún no está completada, y la fecha estimada para la puesta en funcionamiento de la primera parte de la misma es recién el próximo 10 de octubre, aunque ya se habla de mediados de mes.

ARGENTINA IMPORTA GAS REGASIFICADO DESDE CHILE

Para completar la demanda de gas de las provincias del Norte Argentina, desde Enarsa se selló en junio un acuerdo de importación de gas con Chile, que este mes comenzó a ejecutarse, con el ingreso de gas a través del gasoducto Norandino, que vincula al vecino país con Salta.

Dado que Chile no cuenta con producción propia de gas natural, el fluido que está entrando desde el vecino país, que hoy llegará a los 1,4 millones de metros cúbicos en el día según los reportes de Enargas, corresponde en realidad a gas que Chile importa como gas natural licuado (GNL).

Los buques de GNL llegan a Chile a la terminal portuaria de Mejillones, en donde se lo regasifica y se inyecta en las redes de ese país, como se hace en Argentina en el puerto de Escobar. Y de hecho, el pasado viernes 13 tuvieron el récord de inyección hacia la Argentina, ya que se despacharon 2,3 millones de metros cúbicos en el día, casi el máximo de la capacidad del gasoducto que atraviesa la cordillera. El contrato de importación sellado entre Enarsa y las firmas chilenas Engie Energía Chile y ENAP Refinerías comprende un volumen total de 128,5 millones de metros cúbicos de gas natural, con lo cual en los niveles actuales de despacho se trata de un plazo de entre dos y dos meses y medio.


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La Policía bonaerense rechazó el escaso aumento de Kicillof y alertó sobre un posible acuartelamiento

La Policía bonaerense rechazó la propuesta de aumento salarial del 9% que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y anunció la posibilidad de un paro total de actividades. Decenas de agentes, retirados y familiares se congregaron en Puente 12, en el cruce de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, partido de La Matanza, para exigir una suba del 100% en el sueldo básico y denunciar el hostigamiento que, según afirmaron, incluyó el uso de un helicóptero con el fin de provocar fuertes ráfagas de viento y dispersar la protesta.

Los manifestantes expusieron su malestar al considerar insuficiente el 9% de aumento en un contexto de inflación y creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La protesta se desarrolló desde la mañana del lunes 17 de febrero y se extendió hasta el día siguiente, cuando un grupo de efectivos aseguró que, de no alcanzar un acuerdo, se tomarían medidas de fuerza más drásticas. También remarcaron la necesidad de reincorporar a los policías que fueron desafectados por anteriores movilizaciones y se quejaron por la falta de respuesta oficial a sus reclamos.

Entre las sanciones más recientes, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó a 14 policías en Ituzaingó. Según un vocero de seguridad, los oficiales dejaron sus tareas de patrullaje y se apostaron en una estación de servicio para tocar sirenas y bocinas como forma de reclamo. La Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Morón los imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública”. 

– Los policías protestando en Ituzaingó

Además, hubo otras 16 sanciones hasta completar un total de 30 efectivos desafectados en varios puntos de la provincia. En este contexto, los efectivos denunciaron que estas medidas disciplinarias buscan acallar los reclamos salariales y laborales que ya llevan años sin respuestas concretas.

– El ministro de Seguridad de Buenos Aires junto al gobernador Kicillof

Los integrantes de la fuerza difundieron un extenso petitorio dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense, donde exigieron la mejora de sus condiciones laborales y el incremento del salario básico, que actualmente ronda los $667.881 para un oficial de policía con el último ajuste (aunque algunos efectivos aseguraron que, con descuentos, apenas alcanzaron los $680.000). Según los manifestantes, este salario los ubica en una situación de indigencia si se considera el costo de vida actual y el valor de la canasta básica.

En el documento, fechado el 17 de febrero de 2025, resaltaron diez puntos centrales:

  1. Que no haya ningún tipo de sanción administrativa ni represalia
    para el personal que concurrió a las convocatorias pacíficas por este reclamo.
  2. Aumento del 100% del sueldo básico
    (señalaron que un oficial cobraría $667.881 a partir del 1 de marzo y que se necesitan $1.033.716 para no ser pobre).
  3. Obra social IOMA
    (solicitaron más prestadores, pago puntual a los profesionales y entrega de medicamentos).
  4. Correcta atención por parte de Provincia ART
    (denunciaron abandono en traslados e insumos para el personal herido).
  5. Horas Co.Re.S (horas extra)
    (exigieron elevarlas de $1.200 a $12.000 y que no se recargue de manera obligatoria).
  6. Readecuación de destino
    (pidieron trabajar a no más de 50 km del domicilio y contar con viáticos de distancia).
  7. Gabinete de asistencia psicológica las 24 horas
    (informaron 44 suicidios en 2024 y 6 casos en lo que va de 2025).
  8. Asistencia psicológica, legal y social para heridos y familiares de caídos
    (criticaron la falta de cobertura integral para quienes sufren hechos violentos en acto de servicio).
  9. Reincorporación del personal en disponibilidad desde 2021
    (por la convocatoria de septiembre de 2020).
  10. Creación de planes de vivienda
    (señalaron que un oficial paga $450.000 de alquiler sobre un sueldo de $667.881 y que muchos terminan trabajando de Uber para subsistir).

Un miembro de la fuerza que se encontraba presente en la protesta explicó a DATA24.COM.AR la crisis salarial: “El policía arriesga su vida por 1.200 pesos. No llegas a comprar ni un alfajor”, exponiendo el precio que paga el Estado bonaerense por las horas extra. También detalló que el mínimo porcentaje de incremento recién se acreditaría varios meses después de la homologación paritaria: “A nosotros nos descuentan la caja de policía un mes adentro y recién cobraríamos en abril el 7%. El 2% siguiente llegaría en mayo“, sostuvo.

Según el efectivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, evitó reunirse con los manifestantes: Ayer pedimos hablar con el ministro, nos dijeron que no estaba. Pero habíamos visto cómo bajó del helicóptero. Salió por la puerta de atrás porque no tenía cara para salir por adelante. Nadie nos dio una respuesta“. La falta de diálogo con las autoridades aumentó la tensión entre la fuerza y el Gobierno provincial, que hasta el momento no ha brindado respuestas públicas.

– Las protestas de la Bonaerense en 2020, bajo el kirchnerato

Otro problema que preocupa son los suicidios dentro de la fuerza policial. Según datos proporcionados por los efectivos, en 2024 se registraron 44 suicidios entre agentes de la Policía bonaerense, mientras que en lo que va de 2025 ya suman al menos seis casos confirmados. 

El entrevistado reveló a este medio que recientemente hubo otros dos posibles casos en evaluación, lo que elevaría la cifra a ocho. La falta de asistencia psicológica y las dificultades económicas son señaladas como factores determinantes en esta crisis. Desde el petitorio, los agentes exigen la implementación de un gabinete de asistencia psicológica disponible las 24 horas para la prevención de estos hechos y el acompañamiento de los afectados.

Redacción

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SALTA | Detuvieron a funcionario municipal que manejaba ebrio: es hermano de la intendente y viajaba con el director de Tránsito

Un escándalo sacudió a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen (Salta) cuando la Policía Vial de San Ramón de la Nueva Orán detuvo a un funcionario por conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de marzo, a las 2:56 de la madrugada, en la intersección de las calles Pueyrredón y Bolivia de la ciudad salteña de Orán. Al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que presentaba 1.41 gramos de alcohol por litro de sangre, y, según las imágenes difundidas por medios locales, se lo observó en un “estado totalmente deplorable”.

– Soledad Cabrera, intendente de Hipólito Yrigoyen

El conductor fue identificado como Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente, Soledad Cabrera. El portal InformateSalta confirmó tanto su identidad como su vínculo familiar con la jefa comunal. El funcionario se desplazaba en un Volkswagen Virtus y, de acuerdo con la información recabada, viajaba acompañado por el Director de Tránsito del mismo municipio y otro empleado de planta política.

Tras confirmarse la alcoholemia positiva, las autoridades labraron el acta de infracción, retuvieron la licencia de conducir del secretario y designaron a un chofer alternativo para proseguir con el traslado del automóvil. 

– LA FOTO DIFUNDIDA POR MEDIOS LOCALES: Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente

A pesar de la gravedad de los hechos, la intendente Cabrera guardó silencio durante más de 72 horas. Se esperaba que durante la semana siguiente al episodio tomara una postura pública en relación con el accionar de su hermano y de los otros funcionarios. Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales que aclararan el futuro del secretario de Gobierno ni el de quienes lo acompañaban en el vehículo.

La comunidad de Hipólito Yrigoyen permaneció a la expectativa de las medidas que podría adoptar el gobierno municipal ante la conducta del funcionario, en vista de la responsabilidad que conlleva su cargo y del hecho de haber infringido las normas de tránsito en un contexto que comprometió la seguridad vial.

Redacción

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La baja de retenciones impulsó las ventas de soja, pero la liquidación de divisas registró un crecimiento limitado en febrero

La reciente baja transitoria de los Derechos de Exportación establecida por el Decreto 38/2025 generó un aumento en las operaciones de granos, especialmente soja, aunque el ritmo de liquidación de divisas no mostró una suba marcada. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las agroexportaciones ingresaron USD 2.181 millones durante febrero, lo que significó un incremento del 45% en comparación con el mismo mes de 2024 y un alza mensual de 5,2% respecto de enero. Con este aporte, el acumulado de divisas en lo que iba del año ascendió a USD 4.254.787.089.

Las entidades explicaron que “el ingreso de divisas del mes de febrero es el resultado del inicio del Decreto 38/25 que implica una baja transitoria de derechos de exportación para el complejo cerealero-oleaginoso y que recién empezó a tener efectos a mediados de mes cuando se finalizó con las reglamentaciones del mencionado Decreto”. También señalaron que “el crecimiento de las compras de soja a precio y a fijar durante el mes de febrero marcaron el ritmo de ventas del productor”. El precio pizarra de la oleaginosa alcanzó los $331.000 por tonelada.

La reducción en las alícuotas de exportación se aplicó de forma diferenciada. El poroto de soja pasó de un 33% a un 26%, mientras que sus derivados retrocedieron del 31% al 24,5%. El maíz, el trigo, el sorgo y la cebada se redujeron del 12% al 9,5%, y en el caso del girasol, la semilla y el aceite bajaron del 7% al 5,5%; para los pellets, la tasa cayó del 5% al 4%.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que, desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial el 27 de enero, el volumen promedio semanal negociado de trigo, soja y maíz pasó de 1,82 a 1,98 millones de toneladas, lo que implicó una suba del 8,5% en comparación con las 10 semanas previas. El crecimiento se evidenció de manera dispar: en el caso del trigo, el volumen semanal descendió cerca de un 30%, con alrededor de 320.000 toneladas frente a las 460.000 anteriores. “La medida fue anunciada cuando ya se habían trillado casi la totalidad de los lotes y el arribo masivo de granos al mercado ya había cesado su presión. Además, el mercado internacional del trigo se enfrentó a una demanda poco dinámica”, explicaron.

– REUNIÓN, 27 de febrero: el Canciller, Gerardo Werthein junto al presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins.

Por su parte, el maíz registró un alza del 13,6% en su volumen semanal, al pasar de 795.000 a 905.000 toneladas. Este incremento respondió al buen desempeño exportador, que dominó destinos en Sudamérica, norte de África, Oriente Medio y Sudeste Asiático, además del comienzo anticipado de la cosecha del maíz temprano. La soja, en tanto, mostró un crecimiento del 32% en el volumen semanal, con más de 185.000 toneladas adicionales en las últimas diez semanas.

A pesar de este repunte en las ventas, un estudio de Portfolio Personal Inversiones observó que “pese a que la baja de retenciones al agro entró en vigor el 27 de enero, la buena performance del BCRA no se explicó por una aceleración en la liquidación del sector. Por el contrario, la media móvil de cinco días de la liquidación del agro recortó de USD 117 millones la semana previa a anunciarse la medida a USD 107 millones en la última semana”. Según este reporte, la reducción del plazo de 365 a 15 días para acogerse a las menores alícuotas “habría trabado en cierta medida la liquidación del sector, ya que evitó la liquidación anticipada de la cosecha gruesa”.

CIARA y CEC aclararon que no existieron retrasos en la liquidación de divisas y remarcaron que el complejo oleaginoso-cerealero aportó el 45% del total de las exportaciones argentinas. “El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz”, precisaron los exportadores. También recordaron que “la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de los granos y alcanza hasta 90 días para aceites y harinas proteicas”.

Según los datos empresariales, el volumen de ventas de soja, acompañado por la baja transitoria de retenciones, impulsó la comercialización de los productores. Aun así, CIARA y CEC destacaron que la Argentina continuó estancada en su producción y en su crecimiento exportador, dependiendo de las fluctuaciones de los valores internacionales para modificar su estructura de ventas al exterior.

Redacción

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La soja, el cultivo con la mayor caída de poder adquisitivo

La campaña agrícola 2024/2025 atraviesa un panorama complejo marcado por la baja de los precios internacionales, un factor que impacta directamente en la capacidad de los productores para afrontar insumos, costos e inversiones. En su informe mensual, CONINAGRO advierte que la soja es el producto que más poder de compra ha perdido en el último año y también en comparación con el promedio de los últimos cinco años.

El documento, que analiza el poder de compra de seis productos agropecuarios —soja, maíz, trigo, ternero, novillito y leche—, mide la capacidad de estos cultivos para adquirir una amplia gama de costos, insumos y servicios del sector, como herbicidas, fletes, maquinaria y otras 20 variables. El objetivo principal de este indicador es evaluar la competitividad de los productores a través de un análisis insumo-producto que relaciona los precios de los bienes con los costos que estos deben cubrir.

La soja, además de ser una referencia para la producción agrícola, “es el cultivo que mayor pérdida de poder adquisitivo ha tenido en el último año y respecto al promedio de los últimos 5 años”. El informe destaca, por ejemplo, la comparación con la maquinaria agrícola: en enero de 2025 se necesitaron un 20% más de toneladas de soja para adquirir una cosechadora que en el mismo mes del año previo. En términos absolutos, se requieren 1.650 toneladas, 270 más que un año antes.

Si se toma en cuenta el promedio de los últimos cinco años, el panorama es aún más negativo: se precisa un 39% más de soja para comprar una cosechadora, 42% más para una sembradora y 38% más para un tractor.

La apreciación cambiaria encarece en dólares algunos componentes de la estructura de costos que se expresan en pesos, como los fletes. Según el informe, en enero de 2025 se necesitó un 34% más de kilos de soja para costear un flete que en enero de 2024. Parte de esta suba se vincula al aumento en el precio del gasoil: se requirieron un 40% más de kilos de soja para adquirir un litro de combustible respecto al año anterior.

En el caso de los fertilizantes, la relación de intercambio entre soja y DAP (fosfato diamónico) muestra una leve mejora con respecto a 2024: en enero de 2025 se necesitaron 2,9 kg de soja para obtener 1 kg de DAP, frente a los 3,1 kg de un año antes, lo que implica una disminución del 6%. Sin embargo, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, la diferencia sigue siendo desfavorable, con un 14% más de soja requerida.

Entre los pocos insumos que registran una mejora relativa para la soja, el glifosato sobresale: “En enero de 2025 se requirieron 34% menos kilos de soja respecto a enero de 2024, y cayó 22% con respecto al promedio de los últimos 5 años”. Este comportamiento responde a la baja internacional en los precios del herbicida, tras los récords alcanzados en 2022.

También destaca la reducción en el costo relativo de la tierra: en enero de 2025 se necesitaron 58,9 toneladas de soja para adquirir una hectárea, una mejora respecto de las 61,4 toneladas de un año antes (-4%). Al confrontar los valores actuales con el promedio de los últimos cinco años (65,2 toneladas), la disminución llega al 10%. Este fenómeno se explica en buena medida por la reducción de la brecha cambiaria, que mantiene el precio de los campos (en dólares MEP/Blue) relativamente estable frente al valor oficial de la soja.

Con este panorama, la soja se consolida como el cultivo más afectado por la pérdida de poder adquisitivo dentro de la producción agropecuaria argentina, reflejando el desafío que enfrentarán los productores durante la campaña 2024/2025 para mantener su competitividad. El informe de CONINAGRO ofrece una valiosa herramienta de análisis y alerta sobre la necesidad de estrategias que contemplen los efectos de la baja de precios y la apreciación cambiaria en los costos del sector.

Redacción

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Feministas de ultra izquierda se movilizaron en apoyo al uso del hiyab en escuelas: “Que prohíban la religión católica”

Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.

En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.

Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.

Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”. En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.

Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.

El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.

Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.

Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.

Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.

Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.

“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”

La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.

El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.

Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.

El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.

Redacción

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Casado fulminó a Manes: “En el ámbito médico estaba mal visto por vendehumo”

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”. Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.

Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.

La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.

La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.

En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.

Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.

– El cruce entre Caputo y Manes

La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.

Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.

Redacción

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