Tras la implementación de una serie de medidas de asistencia del Estado frente a la pandemia hoy 21 millones de adultos, que viven con otras 19 millones de personas, recibe algún ingreso del Estado. El dato lo brindó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien destacó que de esta manera hay 40 millones de personas (89% del total del país) que hoy viven en un hogar en donde algún miembro percibe cierto ingreso por parte del Estado.
Sin lugar a dudas de no ser por la intrincada situación fiscal vigente, sin acceso al financiamiento voluntario de los mercados, el número podría ser anecdótico pero, en realidad, no hace más que reflejar lo delicado de la situación social y económica. Difícil pergeñar o imaginar un país, una economía, donde casi el 90% de la población reciba algún tipo de ingreso estatal. No hay fisco (ni contribuyentes) que lo resista, incluso los de los países más desarrollados. Claro, estos países tienen más margen de maniobra fiscal y monetario para afrontar cualquier crisis; en cambio, la Argentina, que encima aún desconoce si caerá o no en default, no tiene espacio fiscal para proyectar mucho más semejante situación.
Pero tampoco hay espacio solo para medidas ortodoxas sin que eso siembre descontento social, en una sociedad por demás hastiada de que le hablen siempre del “ajuste”, por más que no hayan sido convidados a la fiesta. Lo cierto es que el panorama pospandemia no luce para nada claro. Porque el nivel del gasto público en términos del PBI está en niveles récord, así como también lo está el nivel de recaudación.
Vale la pena profundizar en el universo de beneficiarios y marginados. Al respecto, el ministro brindó más detalles al explicar el impacto de la ayuda estatal para enfrentar el daño de la pandemia durante una videoconferencia organizada por LIDE. A grosso modo explicó que de la población total del país, un 47,2% está recibiendo alguna transferencia del Estado, son aproximadamente unas 21,3 millones de personas. ¿Quiénes integran este universo?: 8,3 millones reciben el IFE (de los cuales 2,4 millones son IFE-AUH y 1,5 millones IFE-AUH-Alimentar), otros 7,1 millones son jubilados y pensionados (incluyen pensiones no contributivas), 3,2 millones son empleados públicos, 2,3 millones son asalariados privados que reciben ayuda por la ATP, medio millón son monotributistas y autónomos que cuentan con crédito a tasa cero, y hay otros 0,6 millones que reciben una serie de asistencias estatales como salario social complementario (0,5 millón) y seguro de desempleo (0,1 millón).
Ahora bien, resulta interesante analizar, según el rango etario, quiénes reciben ayuda y quiénes no. Así tenemos que de los 12,1 millones de menores de 17 años, unos 12 millones no reciben nada y solo unos 850.000 si reciben alguna transferencia del Estado (AUH, AUE), o sea, un 0,7% del total. Entre la población de 18 a 65 años, un universo de casi 28 millones de personas, 11,7 millones no recibe nada mientras que el 58,2% restante sí lo hace (IFE, AUH, ATP, crédito a tasa cero, jubilaciones y pensiones, empleo público), son 16,2 millones. Por último, los mayores de 65 años, que suman casi 5,2 millones, alrededor de 170.000 no reciben nada y 5 millones reciben una jubilación o pensión. Y haciendo foco en el segmento de 18 a 65 años que no recibe ninguna transferencia del Estado, se observa que 700.000 son desocupados, 3 millones inactivos, 3,7 millones ocupados asalariados formales privados, 1,9 millones de ocupados asalariados informales y otros 2,4 millones son ocupados no asalariados. Según Kulfas semejante ayuda era “algo excepcional, de emergencia, por la crisis”. Por eso otro funcionario explicó, en otro encuentro, que se optó por el IFE en lugar de ampliar el seguro de desempleo para no asumir compromisos de largo plazo. Sobre el caso del ATP el ministro dijo que el pago de mayo, por los salarios de abril, insumió $49.000 millones y que en junio, por los salarios de mayo, totalizaría unos $40.000 millones.
Frente a lo que viene el ministro explicó que el Gobierno apuesta a un Acuerdo Económico y Social junto a un programa macro productivo para salir de este atolladero. Claro que en ese Acuerdo, parrafaseando a JFK en su discurso inaugural (“No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”) advirtió que cada actor deberá decir qué esfuerzo está dispuesto a hacer para mejorar el PBI a largo plazo. Detrás de todo esto está el debate, ya mundial, sobre los ingresos universales, no planes sociales. Todo esto en una economía con alta presión impositiva y un gasto público difícil de financiar.
*Fuente: Ámbito Financiero – Jorge Herrera
