Gasto Público | El 89% de la población recibe ingresos del Estado

El nivel de asistencia al que ha llegado el aparato estatal no solo inquieta en el corto plazo, sino que plantea serios riesgos a mediano plazo. Alerta por el deterioro de la situación fiscal.
El exorbitante gasto público de argentina
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El exorbitante gasto público de argentina

Tras la implementación de una serie de medidas de asistencia del Estado frente a la pandemia hoy 21 millones de adultos, que viven con otras 19 millones de personas, recibe algún ingreso del Estado. El dato lo brindó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien destacó que de esta manera hay 40 millones de personas (89% del total del país) que hoy viven en un hogar en donde algún miembro percibe cierto ingreso por parte del Estado.

Sin lugar a dudas de no ser por la intrincada situación fiscal vigente, sin acceso al financiamiento voluntario de los mercados, el número podría ser anecdótico pero, en realidad, no hace más que reflejar lo delicado de la situación social y económica. Difícil pergeñar o imaginar un país, una economía, donde casi el 90% de la población reciba algún tipo de ingreso estatal. No hay fisco (ni contribuyentes) que lo resista, incluso los de los países más desarrollados. Claro, estos países tienen más margen de maniobra fiscal y monetario para afrontar cualquier crisis; en cambio, la Argentina, que encima aún desconoce si caerá o no en default, no tiene espacio fiscal para proyectar mucho más semejante situación.

Pero tampoco hay espacio solo para medidas ortodoxas sin que eso siembre descontento social, en una sociedad por demás hastiada de que le hablen siempre del “ajuste”, por más que no hayan sido convidados a la fiesta. Lo cierto es que el panorama pospandemia no luce para nada claro. Porque el nivel del gasto público en términos del PBI está en niveles récord, así como también lo está el nivel de recaudación.

El exorbitante gasto público de argentina

Vale la pena profundizar en el universo de beneficiarios y marginados. Al respecto, el ministro brindó más detalles al explicar el impacto de la ayuda estatal para enfrentar el daño de la pandemia durante una videoconferencia organizada por LIDE. A grosso modo explicó que de la población total del país, un 47,2% está recibiendo alguna transferencia del Estado, son aproximadamente unas 21,3 millones de personas. ¿Quiénes integran este universo?: 8,3 millones reciben el IFE (de los cuales 2,4 millones son IFE-AUH y 1,5 millones IFE-AUH-Alimentar), otros 7,1 millones son jubilados y pensionados (incluyen pensiones no contributivas), 3,2 millones son empleados públicos, 2,3 millones son asalariados privados que reciben ayuda por la ATP, medio millón son monotributistas y autónomos que cuentan con crédito a tasa cero, y hay otros 0,6 millones que reciben una serie de asistencias estatales como salario social complementario (0,5 millón) y seguro de desempleo (0,1 millón).

Ahora bien, resulta interesante analizar, según el rango etario, quiénes reciben ayuda y quiénes no. Así tenemos que de los 12,1 millones de menores de 17 años, unos 12 millones no reciben nada y solo unos 850.000 si reciben alguna transferencia del Estado (AUH, AUE), o sea, un 0,7% del total. Entre la población de 18 a 65 años, un universo de casi 28 millones de personas, 11,7 millones no recibe nada mientras que el 58,2% restante sí lo hace (IFE, AUH, ATP, crédito a tasa cero, jubilaciones y pensiones, empleo público), son 16,2 millones. Por último, los mayores de 65 años, que suman casi 5,2 millones, alrededor de 170.000 no reciben nada y 5 millones reciben una jubilación o pensión. Y haciendo foco en el segmento de 18 a 65 años que no recibe ninguna transferencia del Estado, se observa que 700.000 son desocupados, 3 millones inactivos, 3,7 millones ocupados asalariados formales privados, 1,9 millones de ocupados asalariados informales y otros 2,4 millones son ocupados no asalariados. Según Kulfas semejante ayuda era “algo excepcional, de emergencia, por la crisis”. Por eso otro funcionario explicó, en otro encuentro, que se optó por el IFE en lugar de ampliar el seguro de desempleo para no asumir compromisos de largo plazo. Sobre el caso del ATP el ministro dijo que el pago de mayo, por los salarios de abril, insumió $49.000 millones y que en junio, por los salarios de mayo, totalizaría unos $40.000 millones.

Frente a lo que viene el ministro explicó que el Gobierno apuesta a un Acuerdo Económico y Social junto a un programa macro productivo para salir de este atolladero. Claro que en ese Acuerdo, parrafaseando a JFK en su discurso inaugural (“No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”) advirtió que cada actor deberá decir qué esfuerzo está dispuesto a hacer para mejorar el PBI a largo plazo. Detrás de todo esto está el debate, ya mundial, sobre los ingresos universales, no planes sociales. Todo esto en una economía con alta presión impositiva y un gasto público difícil de financiar.

*Fuente: Ámbito Financiero – Jorge Herrera


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El Gobierno reemplazó el Potenciar Trabajo por el plan Volver al Trabajo y eliminó la intermediación piquetera

El Gobierno reemplazó el Potenciar Trabajo por el plan Volver al Trabajo y eliminó la intermediación piquetera

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó el plan conocido como Potenciar Trabajo y creó, para continuar con la asistencia social, otros dos nuevos programas: Volver al Trabajo y Programa de Acompañamiento Social.

Quienes necesiten la asistencia accederán de manera directa, sin el intermediario de los piqueteros. Para evitar que los Bellibonis manejen las cajas el Ministerio de Capital Humano fue explícito: “los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional”.

Para el programa Volver al Trabajo, el objetivo es “promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular”. Mientras tanto, el Programa de Acompañamiento Social tiene “la mira puesta en los hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social”.

El Ministerio de Capital Humano considera que el Plan Potenciar Trabajo está “mal diseñado” ya que tan solo el 1,3% de los 1,4 millones de beneficiarios terminó consiguiendo empleo. El nuevo programa permite compatibilizar ingresos de hasta tres salarios mínimos ($540 mil); mientras tanto, el viejo plan, permitía solamente declarar un salario, “desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal”.

Durante éstos primeros meses de gestión, el Gobierno suspendió unos 22.500 planes a quienes, según determinó la Justicia, realizaron viajes al exterior.

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El recorte del Estado fue el mayor de los últimos 30 años

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló acerca del recorte interanual de gasto público que lleva adelante el gobierno de Javier Milei: fue el mayor de los últimos 30 años. El gasto primario (suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos en concepto de intereses de la deuda pública) se redujo un 39,4% interanual real.

El informe de IARAF

24-02-25-En-enero-se-ejecuto-uno-de-los-menores-gastos-de-inversion-publica-de-los-ultimos-31-anos

Los sectores que aportaron a la reducción del gasto primario, que tuvieron la mayor caída real, fueron:

  • Transferencias de capital a provincias (- 98,3%).
  • Subsidios a otras funciones (-92,2%).
  • Inversión real directa (-81,2%).
  • Subsidios a la energía (-77,2%).
  • Transferencias corrientes a provincias (-72%).

Las jubilaciones y pensiones contributivas con el 33% de participación (unos -$885.074 millones), fueron el sector que más aportó a la reducción del gasto.

Si se suman esos recortes se llega a que la cifra ahorrada es de $1.883.000 millones a moneda de enero de 2024. Las cuentas públicas terminaron, entonces, con un superávit fiscal de $518.400 millones. En el mismo mes del 2023, se había registrado un déficit de $537.970 millones.

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Milei entregó el control de los fondos fiduciarios a Caputo: Se realizará una “auditoría integral de gestión”

A través del Decreto 215/2024, y en medio de la convocatoria a los gobernadores para ser parte del “Pacto del 25 de Mayo”, Javier Milei entregó el control de los fondos fiduciarios al titular de la cartera de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El documento del Boletín Oficial —que cuenta con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse— designa a Caputo como “fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.

El Ministerio de Economía contará con la asistencia del la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En el plazo estipulado, de 60 días, “deberá realizar una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”.

“Los organismos y reparticiones con responsabilidad primaria en las materias involucradas en cada uno de los fondos fiduciarios objeto de la presente medida deben prestar colaboración y asistencia al Ministerio de Economía, a los fines del mejor cumplimiento de las disposiciones y fines del presente decreto”, indicó el Gobierno.

Desde el Gobierno plantean que en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios existentes, contemplados en el Presupuesto 2023 —el cual fue extendido por el Ejecutivo para 2024— “hay números que no cierran”, que no son del todo transparentes y que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones: aproximadamente dos puntos porcentuales del PBI.

La idea del Ejecutivo es la de reducir y —sobre todo— controlar los fondos destinados a los privilegios de la política. Fuentes oficiales explicaron a La Nación que “la idea es revisarlos, analizar las irregularidades, pedir actualizaciones de las auditorias a la SIGEN, para determinar el camino a seguir e ir cerrando los fideicomisos que corresponda, que van a ser casi todos. Algunos no pueden ser cerrados por decreto, sino por ley; en esos casos demoraremos un poco más, pero lo que vamos a hacer es intervenirlos”.

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