18 julio, 2025

El nivel de actividad económica retrocedería entre 10 y 15 años

Algunos indicadores de marzo comienzan a dar los primeros síntomas. Por ejemplo, el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por OJF anticipa una caída del 9,5% interanual para el tercer mes del año.
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Desde que Argentina entró en el aislamiento social, preventivo y obligatorio el 20 de marzo, la actividad quedó prácticamente paralizada. Esto llevó a que, por varios días, se estableciera el debate de “salud o economía”, cuando en realidad son variables vinculadas y no excluyentes. Esta nota se centrará en medir las consecuencias del indefectible impacto económico.

Recordemos que Argentina inició la cuarentena el 20 de marzo, por lo que abril mostrará una mayor caída aún. La producción industrial de OJF también sufrió un duro golpe en marzo, derrumbándose un 9,9%ia. Por otro lado, en un reciente trabajo publicado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), se pronostica que la pobreza podría subir cinco puntos por los efectos de la cuarentena.

Está más que claro que en 2020, el nivel de actividad sufrirá un fuerte impacto. Tomando las proyecciones elaboradas por la Fundación Libertad y Progreso para el corriente año, el nivel de actividad caería un 8,3% en un escenario optimista y un 15,0% en un escenario pesimista. El retroceso en ambos casos representaría un golpe duro. Si la economía cae un 8,3%, significaría que el nivel de actividad retrocedería a los niveles observados de 2009. En cuanto a si ocurriera el escenario pesimista, la caída de la actividad volvería a los niveles de 2006. Teniendo en cuenta además que, durante el período 2011-19, la economía estuvo estancada, la situación es aún más preocupante. La Argentina que vendrá post-Covid-19 presenta un gran desafío en términos de actividad.

El problema es que Argentina ya se encontraba en una situación delicada previo a la crisis del coronavirus. En otras palabras, no es que la pandemia agarró a la Argentina mal parada, sino que Argentina vive mal parada hace 60 años producto de sus desequilibrios macroeconómicos con persistentes déficits fiscales, que ya son de carácter estructural. Como si esto fuera poco, a la situación se le debe adicionar el escenario de un probable default y la lamentable decisión de apartarnos de nuestros socios del Mercosur, enviando una señal de tinte proteccionista. Tampoco debe descartarse que la crisis a nivel mundial se extienda, ya que todavía no está clara la extensión ni los alcances del golpe que dejará a nivel global el Covid-19. Teniendo en cuenta estas circunstancias, Argentina más que nunca precisa comenzar a encarar reformas estructurales. Lo peor que podría ocurrirnos es que una vez que haya finalizado la pandemia, el país quede estancado como ha estado desde 2011, pero con un nivel de PBI mucho menor. Desde luego alguna recuperación habrá, pero ésta será menor que la caída porque se está perdiendo capacidad potencial de producción.

La economía podrá comenzar a recuperarse si el sector privado sobrevive. Es por esta razón que se vuelve sumamente importante que las empresas privadas no quiebren. Cada empresa que no pueda afrontar exitosamente la crisis es una empresa que no podrá emplear a trabajadores cuando se retorne a la normalidad. Hace varios años que el sector privado viene sufriendo presiones tributarias récord para financiar un excesivo gasto público que se ajusta poco, y cuando lo hace, las devaluaciones suelen ser protagonistas estrellas.

Lamentablemente el golpe económico llegará. Pero será muy distinto el día después de la pandemia si se logró evitar quiebras en el sector privado y si comienzan a encararse las reformas estructurales para que Argentina empiece a ganar una competitividad que perdió hace ya varios años. El año 2021 no será 2003, cuando el gasto público era más bajo y la inflación no era un problema. Tampoco acompañan los precios de las commodities. Tarde o temprano, Argentina tendrá que cobrar la madurez para encarar las reformas estructurales. De lo contrario, retornará al estancamiento, pero con una población mucho más empobrecida.

*Fuente: Fundación Libertad y Progreso – Nicolás Cachanosky


Redacción

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ARCA endurece controles para compras en el exterior: nuevos límites y productos prohibidos

En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.

Controles de ARCA sobre compras en el exterior

La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.

La información que deberán enviar al organismo de control incluye:

Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país.
Número de tarjeta.
Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Fecha de la operación.
Identificación del país.
Identificación de la moneda de origen.
Monto de la operación en moneda extranjera.
Monto de la operación en pesos.
Nombre del comercio.
Código de rubro del comercio.
Número de identificación del comercio.
Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.

Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país

Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:

Mercadería con fines comerciales o industriales.
Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Explosivos, inflamables y estupefacientes.
Material arqueológico y cultural.
Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos.
Límites y excepciones para ingresar compras del exterior
A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.

Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:

300 dólares para quienes regresen por vía terrestre.
500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.

Consejos para evitar inconvenientes con ARCA

Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:

Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos.
Declarar los productos ante Aduana.
Evitar productos prohibidos.
Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración.
Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales.
Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado.
Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar.
Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes.
Empaquetar bien para facilitar inspecciones.



*Fuente: El Cronista Comercial

Redacción

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La presión impositiva devoró más del 63% de la ganancia del campo durante junio

La medición de junio de 2025 del Índice FADA verificó que el Estado absorbió el 63,6% de la renta producida por una hectárea agrícola promedio. El indicador superó en 5,6 puntos el registro de marzo y, si el Poder Ejecutivo restaura los Derechos de Exportación (DEX) el 30 de junio, la participación estatal ascendería al 67%, con máximos proyectados de 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol.

Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, puntualizó: “Para producir se incurren en múltiples costos —semillas, fertilizantes, mano de obra, fletes, seguros—. Una vez comercializada la cosecha, el saldo neto se distribuye entre el arrendador (26,6 %), el productor (9,8 %) y el fisco (63,6 %). Esa última porción es la que cuantificamos en el Índice FADA”.

La fundación estimó la renta agrícola al valorizar la producción de soja, maíz, trigo y girasol a precios internacionales y deducir insumos, labores, transporte y comercialización. Sobre ese excedente ponderó la fracción captada por el Estado, la apropiada por el propietario de la tierra y la que permaneció en manos del productor. Pisani Claro recordó que “cuando los insumos encarecen o los precios internacionales se deprimen, la renta se contrae y, en términos relativos, la incidencia fiscal se incrementa”.

Antonella Semadeni, también economista de la entidad, atribuyó el aumento reciente a la dinámica de precios: “Aunque rigió la reducción temporal de DEX, la caída de los valores internacionales redujo la facturación y elevó la carga tributaria relativa”. El trigo ejemplificó la tendencia: en junio cotizó a 200 dólares la tonelada, un 20% por debajo del promedio quinquenal y 28,2% menos que un año atrás.

El Gobierno de Javier Milei recortó en enero un 20% las retenciones y calificó la iniciativa como “un hueso para los productores”. La prórroga alcanzó únicamente al trigo; si caducara para soja, maíz y girasol, el índice nacional se ubicaría en 67% y la incidencia en soja rondaría el 70%.

El trigo exhibió la mayor presión con un 78,2% de su renta succionada por tributos. Semadeni advirtió que se requeriría un precio interno en torno a 220 dólares por tonelada para revertir el resultado adverso, mientras el mercado ofreció 200 dólares. El financiamiento de capital de trabajo obligó a numerosos productores a endeudarse antes de la siembra.

La carga fiscal ascendió a 65,9% en soja, 53,4% en maíz y 63,2% en girasol. Del total imputado a una hectárea promedio, el 63,8% correspondió a tributos nacionales no coparticipables (retenciones y tasa estadística), el 28,4% a impuestos nacionales coparticipables como Ganancias, el 6,8% a gravámenes provinciales y el 1% a tasas municipales.

El desglose provincial mostró heterogeneidad: Córdoba registró 64 %, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Todas percibieron inmobiliario rural y sellos; sólo Buenos Aires y Santa Fe adicionaron tasas municipales. La Pampa y San Luis aplicaron guías cerealistas que funcionaron como aduanas internas, en tanto que Córdoba, San Luis y Entre Ríos prescindieron de cargos locales adicionales.

EL INFORME DE FADA

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Pisani Claro remarcó que las divergencias obedecieron a “diferencias en rindes, estructuras de costos e imposición local”. Asimismo, subrayó que cerca del 70% de los agricultores operó bajo contrato de arrendamiento: tras tributar, el productor retuvo apenas el 9,8% de la renta, mientras el dueño de la tierra capturó el 26,6%.

FADA sostuvo que, de persistir el atraso cambiario y la debilidad de los precios internacionales, el indicador podría seguir escalando incluso sin modificar las alícuotas de retenciones. El próximo relevamiento trimestral medirá el impacto efectivo de la decisión que adopte el Ejecutivo sobre los DEX. Semadeni sintetizó: “Menor precio o mayor alícuota impositiva se traducen automáticamente en más presión sobre la renta agrícola”.

Redacción

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Un impuestazo de Llaryora dispara las comisiones de Mercado Libre y encarece las ventas de los emprendedores

La decisión del gobernador Martín Llaryora de aumentar el impuesto a los Ingresos Brutos en Córdoba generó un efecto dominó en el comercio digital. Mercado Libre confirmó que, a partir del 8 de julio, cobrará tarifas más caras a los vendedores cordobeses para compensar la suba impositiva provincial. En la práctica, la plataforma de Marcos Galerín se transformará en un recaudador indirecto del fisco cordobés. Lo mismo sucederá en Santa Fe y Jujuy: otras provincias con alícuotas elevadas.

La medida fue anunciada en medio de una fuerte presión de las provincias por recaudar más, tras la caída de fondos nacionales. Córdoba subió la alícuota de Ingresos Brutos a servicios digitales y financieros, lo que llevó a Mercado Libre a ajustar automáticamente los cargos para vendedores radicados en la provincia. Según datos oficiales, las comisiones en Córdoba podrían trepar al 17,14 %, mientras en otras provincias bajarán hasta el 11,8 %.

– Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y el gobernador Juan Schiaretti durante la inauguración de oficinas en Córdoba (2019)

En un comunicado oficial, la plataforma explicó:

“La diferencia en los cargos por provincia responde a la presión fiscal local. Cada gobierno establece las alícuotas de Ingresos Brutos y eso impacta de forma directa en el costo de operar en nuestra plataforma. No existe un cargo adicional de Mercado Libre: solo reflejamos el efecto impositivo provincial”.

Y agregó:

“En Córdoba, Santa Fe y Jujuy se aplican alícuotas más altas, por eso allí los costos para el vendedor terminan siendo mayores”.

Esto no es un fenómeno nuevo. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsó una suba de Ingresos Brutos a mediados de 2024, su argumento recayó en la necesidad de sostener el gasto público. Allí, la alícuota para plataformas digitales pasó del 5 % al 9 %, lo que generó que la empresa ajustara sus cargos y desatara críticas de comerciantes y pymes locales.

En Jujuy ocurrió algo similar con un incremento de Ingresos Brutos en servicios financieros que impactó sobre toda la cadena de pagos digitales. A partir de ese cambio, Mercado Libre anunció allí también cargos más altos para los vendedores jujeños, lo que despertó protestas de pequeños emprendedores que denunciaron “doble imposición” y falta de alternativas de venta.

En Córdoba, el caso es aún más fuerte porque la provincia, altamente dependiente de la recaudación tributaria, decidió subir la alícuota a servicios digitales cuando la inflación ya golpea al consumo. Los vendedores cordobeses sostienen que esto termina por asfixiar la actividad comercial y afecta principalmente a emprendedores y pymes, que no tienen margen para trasladar el aumento a sus clientes.

EL COMUNICADO DE MARCADO LIBRE

La Cámara de Comercio Electrónico advirtió que Córdoba es uno de los distritos con mayor crecimiento del e-commerce en la última década, pero la suba de costos puede generar una contracción de ventas e incluso empujar a la informalidad.

Analistas tributarios coincidieron en que el impuesto a los Ingresos Brutos es “distorsivo” y encarece el precio final que paga el consumidor, además de desalentar la competitividad. La polémica, entonces, no es solo técnica: se cruza con el modelo de financiamiento provincial y la puja por retener recaudación propia en medio de una fuerte crisis fiscal.

Para Llaryora, la suba se justifica en la necesidad de cubrir servicios básicos, pero para miles de cordobeses que venden online significa un nuevo golpe al bolsillo.

Redacción

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