Educación será una de la áreas más afectadas por el recorte en el Presupuesto 2023. Mientras que la reducción estipulada para la administración pública nacional es de 6,8 por ciento, para la cartera que preside Jaime Perczyk se prevé un 15,5, más del doble. Sería la segunda premisa económica más baja de los últimos 11 años, detrás del de 2020.
Los datos provienen de un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, cuyos autores son Javier Curcio, Gabriela Catri y Martín Nistal. En el documento se analiza el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y la evolución del gasto en el ministerio durante el período 2013-2023.
A pesos constantes de 2022, los fondos del Ministerio de Educación pasarían de 870.044 millones de pesos este año a 735.467 millones para el próximo. Entre las 23 jurisdicciones, Educación es la sexta más recortada, solo superada por Ambiente y Desarrollo (15,8), Transporte (17,3), Salud (19,2), Economía (20,8) y Turismo y Deportes (26).
Educación ya había sufrido un recorte días luego de la asunción de Sergio Massa, cuando el nuevo ministro dispuso reducir en 50 mil millones el presupuesto de la cartera, afectando principalmente a Conectar Igualdad, el programa de entrega de computadoras a estudiantes.
“El contexto de inestabilidad e incertidumbre económica y social que atraviesa el país, combinado con restricciones fiscales profundas, acentúa la necesidad de priorizar, reforzar y proteger el presupuesto educativo para apuntalar el desarrollo, la reducción de brechas y la ampliación de oportunidades especialmente para los más vulnerables”, se sentenció en el informe.
Y se explicó: “El Gobierno nacional a través de la asignación presupuestaria ejerce un rol de coordinación central para el sistema educativo, que orienta a su vez a las asignaciones que serán dispuestas por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para complementar el financiamiento de la educación”.
Si bien aún restan los presupuestos provinciales, el proyecto del Ejecutivo nacional pone en riesgo el cumplimiento de la Ley de Educación sancionada en 2006, que dispone que el gasto educativo debe alcanzar, al menos, el 6 por ciento del PBI.
