Consenso fiscal | El gobierno analiza aplicar el impuesto a la herencia este 2022.
Silvina Batakis, secretaria de Provincias, confirmó que desde la Casa Rosada hay intenciones de ingresar en el debate este impuesto.
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Tan pronto fue anunciada la intención de llevar a debate el análisis de la medida para el próximo año, estallaron los diferentes sectores políticos a favor y en contra.
En este contexto, el Gobierno nacional, a través del presidente Alberto Fernández, firmó este lunes el Consenso Fiscal 2022 junto a los distintos gobernadores del país. De esta manera, se fijará el régimen impositivo para el año entrante, además, desde la Casa Rosada hay intenciones de ingresar en el debate al “impuesto a la herencia”.
Así lo confirmó este domingo una funcionaria del Ministerio del Interior y dio por hecho que desde la Casa Rosada buscarán relanzar el gravamen. Asimismo, lanzó fuertes críticas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por imponerse al Consenso Fiscal 2022.
“Venimos trabajando con las provincias hace dos o tres meses, cada provincia nos hizo una devolución. La única jurisdicción que no va a firmar es la Ciudad (de Buenos Aires), que no hizo ninguna devolución de la propuesta” declaró Batakis, y señaló: “En esa propuesta surge la idea de analizar el año que viene el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, coloquialmente ‘la herencia’, que está en todos los países desarrollados”.
El Impuesto alcanzará el enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo Las herencias, los legados, las donaciones y los anticipos de herencia. Así, también, Cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito.
Al respecto, cabe dejar en claro que el compromiso asumido por las provincias es para debatir este impuesto en el ámbito legislativo de cada jurisdicción. Son las legislaturas provinciales el ámbito en donde deberá discutirse eventualmente la introducción de este nuevo impuesto. En otras palabras, no quiere decir que por el solo hecho de haber firmado el Consenso una ley vaya a ser sancionada en cada jurisdicción firmante. Tampoco quiere decir que aquella jurisdicción que no haya suscripto el Consenso no pueda remitir a su propia legislatura un proyecto de ley introduciendo precisamente este tipo de impuestos, ya que es una potestad propia de cada jurisdicción provincial independientemente de la firma o no del Consenso Fiscal.
Plantado el debate en la sociedad, varios lados políticos se mostraron a favor de la propuesta alegando que no corresponde a ninguna actividad del contribuyente ya que se trata de una renta “no ganada” por lo que no es parte de su esfuerzo, siendo sinónimo de equidad.
Por otro lado, varias voces se levantaron en contra de esta iniciativa, sosteniendo, en base al antecedente de Provincia de Buenos Aires (i.e.: jurisdicción que ya tiene este impuesto vigente desde hace 10 años) que resulta confiscatorio, inconstitucional además de resultar de difícil gestión y recaudación.
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El fin de las retenciones podría abrir casi 860.000 puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales en una década. En un país con 1,6 millones de desocupados, esa cifra alcanzaría para emplear a uno de cada dos. La estimación aparece en el informe “Empleo en las cadenas agroindustriales 2025”, que difundió la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Se trata de un centro de estudios del sector agropecuario con sede en Río Cuarto, Córdoba. El trabajo lo firmaron sus economistas Nicolle Pisani Claro, jefa del área, y Fiorella Savarino.
La proyección salió del escenario que FADA había trazado en otro documento propio, “Cuatro claves para crecer y generar medio millón de empleos”. Sin el impuesto, el productor cobraría más por su cosecha. Eso sumaría un 15% de superficie cultivada, porque tierras que hoy no son rentables pasarían a serlo. También elevaría un 37% los rendimientos, gracias a una mayor inversión en tecnología, fertilización, semillas y maquinaria. La producción de granos pasaría de 135 millones de toneladas a 205,4 millones, un salto del 52%. El punto de partida es el promedio de las últimas cinco campañas (sin contar la de la sequía).
Ese volumen extra empujaría el empleo por dos vías. Los cereales y las oleaginosas aportarían 430.262 puestos. Otros 413.541 llegarían por el dinamismo de las carnes y los biocombustibles: parte del maíz se convertiría en alimento para cerdos, aves y vacunos o en bioetanol, y la soja iría al biodiesel. En total, FADA contó 857.881 empleos entre producción primaria, industria, comercialización y transporte, a razón de 85.788 por año.
El propio informe aclaró que el número marca un potencial y no un efecto inmediato. La respuesta productiva sería gradual, en sintonía con la reducción escalonada de alícuotas que lleva adelante el Gobierno, y llegaría a su techo recién en diez años. Como referencia, FADA recordó que entre 2020 y 2025 las cadenas crearon 480.000 empleos, unos 80.000 por año. Ese crecimiento lo empujaron la carne vacuna, la soja, el trigo, el girasol y la lechería.
La eliminación de las retenciones fue una de las banderas de Javier Milei ante el campo. En mayo de 2023, de cara a las PASO, su asesor Guillermo Mac Loughlin planteó: “Las queremos eliminar desde el día 1”.La promesa podía leerse en las propuestas electorales presentadas por La Libertad Avanza ante la Cámara Nacional Electoral. El recorrido resultó más ‘sinuoso‘. En enero de 2025, el Gobierno bajó en forma temporal las alícuotas de los principales cultivos y las eliminó de manera permanente para las economías regionales. La soja pasó entonces del 33% al 26%. Al vencer el plazo, a fines de junio, el poroto volvió al 33% y el maíz al 12%.
El capítulo más llamativo llegó en septiembre. El Decreto 682/2025 fijó retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta que las ventas al exterior registradas sumaran US$ 7.000 millones. El cupo se agotó en tres días y la soja regresó al 26%. En diciembre, la alícuota bajó al 24%. En junio de 2026, el Decreto 423/2026 recortó la de trigo y cebada del 7,5% al 5,5%. Para la soja fijó un descenso desde enero de 2027, hasta el 21% en diciembre de ese año y el 15% en diciembre de 2028. Milei atò la continuidad del cronograma a un segundo mandato: dijo que seguirá hasta 2028 “si nosotros reelegimos”. En julio, en la Exposición Rural de Palermo, calificó al tributo como “una aberración que nunca debió haber existido”. Rechazó, sin embargo, eliminarlo para sacar rédito electoral y sostuvo que el crecimiento de la energía y la minería financiará la quita.
El informe de FADA también repasó ese vaivén. En 2025 se eliminaron las retenciones a los cueros, a las economías regionales y a los productos industrializados. La baja para las carnes se volvió permanente, y la de los granos, que había empezado como temporal, pasó a serlo a fin de año. Aun así, el impuesto siguió pesando en la caja: en el primer semestre de 2026, las cadenas agroindustriales pagaron US$ 2.407 millones en derechos de exportación. El 91% provino de los complejos granarios, el 5% de los cárnicos, el 3% de las economías regionales y el 1% de otros productos.
Hoy el empleo ligado al agro ya tiene un peso enorme. En 2025, las cadenas agroindustriales generaron 4.332.114 puestos de trabajo, un 1,2% más que en 2024. Eso representa el 22,8% del empleo privado y el 19,1% del total si se suma el sector público. Al frente del ranking se ubicó la cadena bovina, con 518.939 puestos. La siguieron frutas, verduras, hortalizas y legumbres (462.482), soja (446.254), trigo (440.604) y maíz (258.307). Entre esas cinco reunieron el 49,1% del total.
“Cuando hacemos las compras, es fácil ver los productos, pero no siempre a las personas que hay detrás”, graficó Savarino. El mapa por etapas lo confirma. La producción primaria concentró el 33,5% de los puestos, la comercialización el 27,3%, la industria el 21,4% y el transporte y la logística el 9,2%. Los proveedores de insumos, bienes de capital y servicios profesionales sumaron el 8,6% restante. “Es decir, hay empleo tanto en la siembra y la cosecha como en la fábrica, el depósito, el camión, el supermercado, el estudio contable o la empresa que fabrica una máquina agrícola”, agregó Pisani Claro.
El contexto laboral le da más relieve a la proyección. El empleo total del país llegó en 2025 a 22.730.304 puestos, un 1% más que el año anterior y un récord desde 2016. Ese avance lo explicaron casi por completo los trabajadores independientes, que sumaron 226.727 puestos. En cambio, el empleo privado formal perdió 32.643. Desde 2016, el 83% de los puestos nuevos fue informal o independiente.
El hecho ocurrió durante los festejos por el 115º aniversario de La Colina, una localidad perteneciente al partido bonaerense de General La Madrid. La celebración comunitaria estuvo organizada conjuntamente por instituciones de la zona y el municipio. Para agasajar a los vecinos, se prepararon mil chorizos a la pomarola en un enorme paellero instalado sobre la plaza José Hernández.
Pero detrás de los preparativos se registró una postal gravísima que dejó al descubierto una falta total de controles bromatológicos. Las imágenes capturadas en el lugar muestran con claridad el momento en que se utilizaba un balde plástico, rotulado con las letras visibles de un potente herbicida a base de glifosato, para volcar los ingredientes directamente sobre el paellero destinado a todo el público.
Uno de los videos que sirvieron como evidencia.
Ausencia de controles
Desde la comuna de la 6ª sección electoral, conducida por el intendente radical Martín Randazzo, reconocieron la veracidad de las imágenes y los hechos.El Ejecutivo municipal asumió la responsabilidad absoluta por la falta de supervisión y control en la organización del evento gastronómico.
Pese al reconocimiento oficial, la justificación de los organizadores encendió aún más la polémica entre los vecinos. Intentaron minimizar el peligro al argumentar que el recipiente había sido sometido a un triple lavado y que se recurrió a él por una supuesta falta de otros envases disponibles para acarrear agua y verduras.
El comunicado oficial del municipio.
Peligro sanitario y respuesta opositora
La utilización de un recipiente que contuvo agrotóxicos desató una profunda preocupación debido a las normativas vigentes que prohíben terminantemente reutilizar estos envases para fines domésticos o alimentarios. La Ley Nacional 27.279 y las reglamentaciones provinciales establecen que los recipientes de fitosanitarios no pueden volver a usarse bajo ninguna circunstancia, ya que los plásticos de alta densidad absorben las moléculas de los químicos y ningún lavado casero garantiza la eliminación de la toxicidad residual.
Ante esta situación, el bloque de concejales opositores presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para exigir respuestas urgentes al Departamento Ejecutivo. Los ediles advirtieron que la salud pública exige absoluta transparencia y adelantaron que evaluarán el inicio de acciones legales de tipo penal para determinar si existió un riesgo sanitario real contra los asistentes y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Para la administración colonial de las Islas Malvinas, el nombre del archipiélago constituye una ofensa suficiente para profanar la memoria de los caídos. Así lo confirmó al aire el periodista chileno Samuel Rojas durante una cobertura del ciclo Reportajes Teletrece en el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de soldados argentinos muertos en la guerra de 1982. Las cámaras captaron cómo las placas, ofrendas y recuerdos que dejan familiares y visitantes fueron retirados del cenotafio y lanzados fuera del perímetro como material de descarte.
Apostado junto al vallado blanco que rodea las tumbas, el cronista expuso sin rodeos la razón de semejante ultraje: “Algunas de las placas que probablemente traen algunos de los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”.
A espaldas de la cruz mayor, lejos de la solemnidad que exige un camposanto militar, las imágenes revelaron un basural improvisado entre los pastizales. Allí yacían placas de pueblos patagónicos, mensajes familiares, rosarios, cintas votivas y figuras religiosas. La saña quedó a la vista en un primer plano: una placa acrílica colocada poco antes por una emisora radial de Comodoro Rivadavia, con la leyenda “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, apareció arrancada de su sitio y tirada en el barro, junto a listones rotos, pulseras elásticas y cerámicas partidas.
El informe dejó al descubierto además una intervención física sobre el predio. Una retroexcavadora amarilla operó con su brazo mecánico desplegado sobre el límite exacto del cementerio, en la parte posterior del cenotafio, y removió suelo a escasos metros de la cruz mayor, mientras un grupo de operarios trabajaba con palas en el terreno lindero. Esa franja de tierra limita de forma directa con el vertedero de los homenajes censurados.
La recorrida por Darwin formó parte de un reportaje sobre la comunidad chilena que reside en el archipiélago, en el marco de la controversia por una futura ruta marítima entre Punta Arenas y las islas. Ante los mismos micrófonos, los isleños reclamaron que el Gobierno argentino abandone su reclamo de soberanía y defendieron la ocupación británica. Uno de los veteranos del Reino Unido apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien exigió dejar en paz el proyecto del buque chileno que abarataría el costo de las frutas y víveres llegados del continente: “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”.
La misma tranquilidad que pidieron para sí les fue negada a los muertos argentinos. El Cementerio de Darwin recibe con frecuencia a familiares, excombatientes y delegaciones que viajan miles de kilómetros para dejar flores, cartas, banderas y placas junto a las tumbas. Lo que las cámaras mostraron fue una decisión deliberada de la colonia que impide el luto y la memoria, en abierta violación del derecho internacional humanitario y de los mandatos de la Cruz Roja Internacional, que garantizan la integridad de los cementerios militares y de los recuerdos que acompañan a los caídos.
La imagen de “comunidad civilizada y respetuosa del derecho internacional” que Londres proyecta ante los foros multilaterales se derrumbó frente a una cámara extranjera.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, más conocida por sus siglas ARCA, envió esta semana avisos a creadoras de OnlyFans, la plataforma de contenidos para adultos, por presuntos ingresos sin declarar. En algunos casos, los montos detectados a su nombre oscilaron entre 200.000 y 300.000 dólares en los períodos fiscales 2022 a 2024, cifras que las afectadas aseguraron no haber recibido porque terceros administraban sus cuentas.
Un posteo anónimo en redes sociales hizo público el caso y contadores confirmaron la existencia de las comunicaciones, que llegaron a los domicilios electrónicos como una “acción de control electrónico”. El texto mencionó ingresos no declarados en cuentas a su nombre o bajo su gestión en plataformas digitales, detectados “de acuerdo con la información aportada por terceros”.
Consultada, ARCA no hizo comentarios, aunque desde el organismo aclararon que se trataba de una fiscalización electrónica enviada a muchos contribuyentes, que debía responderse. Este tipo de campaña, llamada de inducción, invitaba a presentar las declaraciones juradas omitidas o, si los datos eran incorrectos, a responder con documentación respaldatoria. Mariano Ghirardotti, socio principal en Estudio Ghirardotti, recordó que los directivos de ARCA consideraban estas campañas “un elemento altamente eficiente para recaudar”.
“Me reclaman impuestos sobre dinero que nunca recibí y no tengo cómo afrontar esa deuda ni cómo solucionar”. Así resumió su caso la creadora que lo difundió, a quien le llegó una notificación por casi US$300.000 y que calculó una deuda superior a $150 millones con intereses y multas. Además, sostuvo que “ARCA habría solicitado información a OnlyFans en Reino Unido sobre los ingresos de creadoras argentinas”.
Contó que había “muchas chicas en la misma situación” y describió el esquema: agencias que manejaban las cuentas y los cobros se quedaban con la mayor parte de la facturación, y ellas recibían un porcentaje ínfimo o un sueldo fijo de US$1.500 mensuales. Las cuentas de OnlyFans y los medios de cobro estaban a nombre de las creadoras. Las cuentas con el fisco, también.
Los registros de las plataformas no reflejaban necesariamente cuánto cobró cada una, y quien recibió una fracción podía enfrentar reclamos por montos muy superiores. Muchas agencias desaparecieron o dejaron de operar, y a las afectadas solo les quedaron chats de Telegram y algunos comprobantes para reconstruir lo que cobraban.
Diego Fraga, profesor de la maestría en derecho tributario de la Universidad Austral y fundador de Proyecta C, planteó que había que revisar los contratos para saber quién fue el titular jurídico de los ingresos. El tributarista Sebastián Domínguez propuso precisar si la agencia cobraba por cuenta de la titular o disponía de fondos ajenos, y advirtió que “es un relato individual y no hay indicios de que haya un operativo masivo sobre las creadoras”.
El intercambio internacional de información y los cruces patrimoniales permitían detectar cobros en el exterior, según Ghirardotti. Entre esas herramientas figuraron el CRS, un estándar de intercambio automático de datos financieros de la OCDE al que adhirió la Argentina junto con más de 120 jurisdicciones, y el acuerdo FATCA con Estados Unidos, más limitado.
Para el abogado Federico Colonnese, especializado en asesoría para creadores digitales, quedó atrás la creencia de que nadie se enteraba de los cobros del exterior: pasaban por billeteras digitales, cuentas bancarias, Payoneer, Wise o Skrill, todos rastreables, y ARCA intensificó en 2026 los controles automáticos sobre transferencias internacionales, por lo que esos ingresos resultaban imposibles de ocultar.
Frente a esa postura, Fraga admitió que el fisco cruzaba datos de bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago, pero distinguió entre conocer una cuenta e identificar con exactitud lo que alguien ganó por su trabajo: “No todas las plataformas están alcanzadas por los mismos mecanismos de intercambio ni toda acreditación constituye necesariamente una ganancia gravada”.
En lo fiscal, Colonnese equiparó la actividad en OnlyFans con un trabajo autónomo y gravado, como el de cualquier freelancer: con ingresos habituales correspondía inscribirse y, para la mayoría, convenía el monotributo, que unificaba en un pago mensual el impuesto integrado (en lugar del IVA y Ganancias), los aportes jubilatorios y la obra social. Por encima de sus topes regía el régimen general, con IVA y Ganancias por separado.
Para servicios prestados desde la Argentina y aprovechados en otro país correspondía una factura electrónica tipo E, emitida desde “Comprobantes en línea” de ARCA con un punto de venta de exportación, incluso para monotributistas. Según Colonnese, llevaba IVA exento, se emitía al tipo de cambio oficial del día y servía para justificar el ingreso de divisas. Ghirardotti y Domínguez sumaron Ingresos Brutos, que no todas las jurisdicciones eximían, Bienes Personales por saldos en el exterior y el riesgo de sanciones e intereses.
Ante el aviso, Domínguez recomendó responder a tiempo e identificar si se trataba de una nota de inducción, una inspección o una determinación de oficio. Aconsejó reunir contratos, comprobantes y chats; reconstruir año por año lo facturado, lo descontado por la agencia, lo cobrado y lo gravado; rastrear el origen de la información; revisar si hubo infracciones al Régimen Penal Cambiario y definir una estrategia con un profesional desde el primer día, porque anticiparse solía dar más margen.
El Banco Central permitió en los últimos años a las personas humanas exportadoras de servicios conservar sus dólares sin límite, pero Fraga aclaró que siguió vigente la obligación de ingresarlos al país dentro de los 20 días hábiles desde su percepción. “No alcanza con emitir la factura y declarar los impuestos si, al mismo tiempo, se incumplen las normas del Banco Central”, cerró.
Cada soldado que entra al Ejército Argentino empieza a pagar una revista que casi nunca recibe. El descuento aparece en el recibo de sueldo bajo el concepto “Periódico Soldados” y hoy es de $2.060 por mes. En lo que va del año, esa publicación se imprimió una sola vez.
Según fuentes castrenses, la fuerza ya retuvo al menos mil millones de pesos de los haberes de su personal, mientras que el costo de esa edición no superaría los $100 millones. Hasta ahora nadie explicó dónde está la diferencia.
La sospecha aparece poco después del escándalo de la Armada, que denunció ante la Justicia Federal 645 acreditaciones indebidas de haberes por $981.148.567,88, realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026. En esa causa, el juez federal Sebastián Ramos ordenó el secuestro de computadoras y dispositivos resguardados en el edificio Libertad, y el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, ordenó formalizar la denuncia.
Las publicaciones del Ejército bajo la lupa son dos, Soldados y El Soldado Argentino, y ambas las edita la Fundación Soldados (FUNDASOL). En los papeles es una entidad civil, pero su consejo de administración está integrado por militares y su estatuto establece que el presidente lo designa el Estado Mayor General del Ejército. Tiene sede en avenida Santa Fe 4815, maneja la FM Soldados y figura como responsable de la Revista del Suboficial, un portal digital y el programa televisivo Nuestro Ejército.
El descuento es automático. También lo pagan los voluntarios que pasan pocos meses en la fuerza y se van sin haber tenido un ejemplar en la mano. El recibo de un soldado voluntario de segunda, fechado el 30 de agosto de 2026, muestra dos retenciones a favor de FUNDASOL, una de $2.060,51 por Soldados y otra de $1.236,30 por El Soldado Argentino. Un coronel y un cabo registraron en agosto el mismo monto por la primera. Un año antes, un cabo primero pagaba $1.638,60.
“Nadie la conoce”, dijo un jefe militar sobre El Soldado Argentino. Sobre Soldados, admitió que dejó de llegar hace meses. “Te descuentan por un servicio que no se da”, resumió. Cualquier uniformado puede darse de baja de la suscripción, aunque en la práctica nadie lo hace porque desconoce el trámite.
Los números muestran la caída. En sus 29 años, Soldados promedió unas diez ediciones anuales. En 2025 salieron cinco, y en 2026 solo la n.º 289, con una tirada de 57 mil ejemplares de 44 páginas. Una fuente castrense señaló otro detalle: “Adrede, las ediciones no indican en qué mes fueron impresas, para no levantar sospechas”. El período, agregó, solo puede reconstruirse a partir de las noticias que publica cada número.
El Ejército rechaza cualquier irregularidad. Su vocería sostiene que Soldados no tiene una periodicidad fija y que sale según las actividades principales de la fuerza, que El Soldado Argentino difunde contenidos de instrucción técnica y que a fin de año se enviará en papel un calendario 2027 dedicado a los 45 años de Malvinas. La demora del número actual, según esa explicación, se debe a que esperan incluir la entrega del segundo escuadrón de tanques modernizados TAM 2C A2 y un ejercicio anfibio en Rosario.
La fuente castrense no aceptó esa explicación. “¿Qué tiene que ver el ejercicio militar del fin de semana en Rosario? Acaso no hubo otras actividades antes o es que solo se imprime cuando hay algo”, respondió. También negó que la versión digital se envíe por mail a los uniformados, como sostiene la fuerza.
Según un informe elaborado a partir de datos del INDEC, la tasa de informalidad pasó del 41.4% a fines de 2023 al 45% en el segundo trimestre de 2026. En ese segundo trimestre, el 45% de las personas ocupadas en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tenía un empleo informal, y alrededor de 6.1 millones sobre 13.6 millones de ocupados.
El aumento interanual fue estadísticamente significativo, con una tasa que había sido 43.2% en el segundo trimestre de 2025. La informalidad laboral alcanza al 45% de los trabajadores en Argentina y supera el 80% entre los cuentapropistas de varias ciudades del norte del país.
No obstante, el porcentaje superior al 80% no describe a todos los trabajadores del norte ni al norte en su conjunto. Se refiere exclusivamente a los trabajadores por cuenta propia de determinados aglomerados urbanos. Por ejemplo, Formosa registró 87.9%; Gran Tucumán–Tafí Viejo, 87.6%; Santiago del Estero–La Banda, 87.5%; Gran Resistencia, 84%; y Gran San Juan, 83%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el mismo indicador para cuentapropistas fue del 32.8%.
— La evolución de la tasa de informalidad laboral en Argentina (en porcentaje) basada en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), analizada en informes del IIEP UBA-CONICET y del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario
Entre los trabajadores asalariados, el índice se ubicó en el 37.9%, mientras que entre quienes trabajan por cuenta propia trepó al 65.8% en el mismo período. Hay otra coincidencia que puede confundir, ya que en el segundo trimestre de 2026, la tasa de empleo también fue 45%. Pero mide otra cosa, siendo qué proporción de la población total estaba ocupada. La tasa de informalidad, en cambio, indica qué proporción de quienes ya tenían trabajo lo hacía informalmente.
“Informal” no significa solamente cobrar en efectivo ni necesariamente realizar una actividad ilegal. Significa que el puesto o la actividad se desarrolla “en negro” y al margen de alguna de las normas laborales, tributarias o previsionales que deberían cubrirla.
La metodología para medir la informalidad laboral varía según la categoría ocupacional. En el caso de los asalariados, se considera que un trabajador es informal cuando su empleador no le realiza los descuentos correspondientes a la seguridad social, una situación que, en términos cotidianos, caracteriza al empleo no registrado.
Para los cuentapropistas y patrones, la informalidad se determina a partir del grado de formalización de su actividad. De acuerdo a la combinación de respuestas de la EPH, se los clasifica como informales cuando no están inscriptos para realizar aportes, no pueden emitir facturas o no llevan registros fiscales.
Por su parte, los trabajadores familiares que no perciben una remuneración fija son considerados informales en todos los casos.
Por eso, “cuentapropista” e “informal” no son sinónimos. Un profesional que factura y hace aportes es un cuentapropista formal, mientras que una persona que vive de changas, vende sin inscripción o presta servicios sin facturar puede ser cuentapropista informal. Del mismo modo, un asalariado puede tener horario y jefe, pero seguir siendo informal si la relación no está registrada.
¿Qué cambió desde 2023?
La comparación que ubica la informalidad en 41.4% a fines de 2023 y en 45% en 2026 equivale a una suba de 3.6 puntos porcentuales. No significa que haya aumentado en términos relativos, sino alrededor de 8.7% respecto del nivel inicial. La serie larga exige una aclaración. El INDEC comenzó a medir oficialmente la informalidad para todo el universo de ocupados desde el cuarto trimestre de 2024, cuando el Observatorio de la UNR reconstruyó hacia atrás una serie comparable para asalariados, cuentapropistas, patrones y trabajadores familiares.
El deterioro reciente se explica sobre todo por el empleo independiente. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 hubo 348.000 trabajadores informales adicionales en los aglomerados relevados, unos 316.000 fueron cuentapropistas, 31.000 patrones y apenas unos 1.000 asalariados. Es decir, el aumento de la informalidad cuentapropista explicó el 91% del incremento interanual total.
Al mismo tiempo, cambió la composición del empleo. Entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2026, los asalariados bajaron de 73.7% a 70.5% de los ocupados, mientras los cuentapropistas subieron de 22.6% a 25.5%. Esto produce un efecto composición, donde aunque la informalidad asalariada se moviera poco, el promedio general aumenta si crece el peso de una categoría —el cuentapropismo— cuya informalidad es mucho mayor.
Esto no prueba que todo nuevo cuentapropista haya sido un asalariado formal despedido ni permite atribuir automáticamente el fenómeno a una sola política. La EPH muestra simultáneamente cuántos trabajadores hay en cada categoría, pero no basta por sí sola para reconstruir todos los recorridos individuales ni separar completamente causalidad macroeconómica, decisiones empresariales, regulaciones y estrategias familiares.
— La evolución de la formalidad laboral en Argentina (2017–2025/2026), dividida en dos series según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC
No obstante, la brecha territorial no se reduce a una supuesta menor “cultura de cumplimiento”. Responde en gran parte a la heterogeneidad productiva, en que algunos territorios concentran empresas grandes, actividades de alta productividad, empleo público y servicios profesionales, puesto que otros dependen más de microunidades, comercio de baja escala, changas, construcción, servicio doméstico y autoempleo de subsistencia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica que existiría un mayor riesgo de informalidad en NOA y NEA, asociado con perfiles productivos, estructura empresarial, educación y características de los mercados laborales territoriales.
El tamaño de la unidad productiva es decisivo. En el primer trimestre de 2026, la informalidad era de aproximadamente 68% en establecimientos de hasta cinco trabajadores, pero de 13% en los de más de 40. Además, más de tres cuartas partes del empleo informal se concentraba en los establecimientos más pequeños. Las economías regionales con muchas microempresas y pocos empleadores grandes tienen, por lo tanto, menos “puertas de entrada” al empleo registrado.
También opera el nivel educativo, aunque no como culpa individual sino como mecanismo de segmentación. En el primer trimestre de 2026, la informalidad alcanzaba 67.3% entre quienes tenían hasta secundario incompleto, 44.5% entre quienes tenían secundario completo o universidad incompleta y 17.2% entre universitarios completos. Cuando un territorio reúne menor oferta de empleos calificados, empresas pequeñas y actividades de baja productividad, esas desventajas tienden a reforzarse entre sí.
La desigualdad aparece incluso dentro de una misma área metropolitana. En el primer trimestre de 2026, la informalidad total fue 26% en CABA y 47.5% en los partidos del Gran Buenos Aires. Entre los cuentapropistas del conurbano llegó a 70.2%. Esto muestra que la explicación no es simplemente “capital versus interior”, sino una estructura económica y social fragmentada dentro de cada región.
Sectores más expuestos
El servicio doméstico registró 77.4% de informalidad y la construcción 76.2% en el primer trimestre de 2026. Detrás aparecían gastronomía y alojamiento, con 63.9%, y comercio con 54.7%.
Servicio doméstico y construcción también revelan una división de sexos. Entre personas con hasta secundario incompleto, alrededor de 34.1% de las mujeres trabajaba en casas particulares y aproximadamente 27% de los varones lo hacía en construcción. Si se excluyera el servicio doméstico, la informalidad femenina bajaría de 45.9% a 40.6%; si se excluyera la construcción, la masculina descendería de 42.8% a 36.7%.
Para un asalariado, la informalidad suele implicar ausencia o debilitamiento de aportes jubilatorios, cobertura de riesgos del trabajo, licencias pagas, aguinaldo, vacaciones, indemnización y capacidad efectiva para reclamar derechos. Para un independiente, puede significar no aportar, no facturar y quedar fuera de circuitos de crédito, contratos o cobertura previsional. No todas las personas informales pierden exactamente las mismas protecciones, pero comparten una inserción más expuesta a interrupciones e ingresos inestables.
La brecha no es solo jurídica. Controlando por educación, edad, sexo, región, rama, categoría ocupacional y tamaño del establecimiento, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) estimó para los asalariados informales una penalidad de ingresos cercana al 34% en el primer trimestre de 2026, frente a 100 unidades de ingreso de un formal comparable, un informal recibía aproximadamente 66.
La informalidad y la pobreza están estrechamente asociadas, aunque una no equivale automáticamente a la otra. En el primer trimestre de 2026, 21% del total de trabajadores vivía en hogares pobres; la proporción era 35% entre informales y 10% entre formales. A su vez, 8.2% de los informales vivía en hogares cuyos ingresos no llegaban a la mitad de la canasta básica total.
Los datos de aglomerados pequeños deben leerse con cautela porque provienen de muestras y poseen márgenes de error mayores. El INDEC señala que diferencias pequeñas pueden no ser estadísticamente significativas y publica coeficientes de variación e intervalos de confianza; por ello, un ordenamiento exacto entre ciudades no siempre implica que sus situaciones sean realmente distintas.
El 45% no indica simplemente que “faltan inspecciones”. Revela que casi la mitad del empleo urbano se genera en relaciones o unidades que no logran —o eligen no— cumplir plenamente las normas, dentro de una economía muy desigual en productividad, escala empresarial, educación y oportunidades territoriales. La fiscalización importa, pero por sí sola no crea empresas productivas ni puestos formales donde casi no existen.
Una estrategia integral requeriría combinar simplificación tributaria y registral para unidades pequeñas, incentivos bien diseñados para formalizar, inspección focalizada en relaciones asalariadas encubiertas, protección social que no desaparezca ante transiciones laborales, formación y certificación de competencias, acceso al crédito y políticas de desarrollo productivo territorial. Si solo se abarata la contratación sin modificar la estructura productiva, puede no aparecer suficiente empleo formal y por sí solo se sanciona sin ofrecer una vía viable de transición, parte de la actividad de subsistencia puede desaparecer o esconderse más.
Un informe de la televisión chilena registró placas, rosarios y cintas arrojados detrás de la cruz mayor del cementerio, entre ellos un tributo de Comodoro Rivadavia de abril de 2026, y una retroexcavadora que removía tierra al ras de las tumbas.
Luis María Viaut cumple cinco años en Bouwer por una condena sin escuchas ni testigos directos, que Casación confirmó con el voto de la pareja de la jueza que lo sentenció. Domingo Benso, el cooperativista al que había mandado detener por la usina de facturas truchas, fue sobreseído en septiembre.
El legislador relanzó Proyecto C con un programa dedicado a la obsecuencia en el poder, en el que también apuntó contra el kirchnerismo y habló del peso de Karina Milei en el Gobierno.
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