19 marzo, 2025

Consenso fiscal | El gobierno analiza aplicar el impuesto a la herencia este 2022.

Silvina Batakis, secretaria de Provincias, confirmó que desde la Casa Rosada hay intenciones de ingresar en el debate este impuesto.
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Tan pronto fue anunciada la intención de llevar a debate el análisis de la medida para el próximo año, estallaron los diferentes sectores políticos a favor y en contra.

En este contexto, el Gobierno nacional, a través del presidente Alberto Fernández, firmó este lunes el Consenso Fiscal 2022 junto a los distintos gobernadores del país. De esta manera, se fijará el régimen impositivo para el año entrante, además, desde la Casa Rosada hay intenciones de ingresar en el debate al “impuesto a la herencia”.

Así lo confirmó este domingo una funcionaria del Ministerio del Interior y dio por hecho que desde la Casa Rosada buscarán relanzar el gravamen. Asimismo, lanzó fuertes críticas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por imponerse al Consenso Fiscal 2022.


“Venimos trabajando con las provincias hace dos o tres meses, cada provincia nos hizo una devolución. La única jurisdicción que no va a firmar es la Ciudad (de Buenos Aires), que no hizo ninguna devolución de la propuesta” declaró Batakis, y señaló: “En esa propuesta surge la idea de analizar el año que viene el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, coloquialmente ‘la herencia’, que está en todos los países desarrollados”.


El Impuesto alcanzará el enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo Las herencias, los legados, las donaciones y los anticipos de herencia. Así, también, Cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito.


Al respecto, cabe dejar en claro que el compromiso asumido por las provincias es para debatir este impuesto en el ámbito legislativo de cada jurisdicción. Son las legislaturas provinciales el ámbito en donde deberá discutirse eventualmente la introducción de este nuevo impuesto. En otras palabras, no quiere decir que por el solo hecho de haber firmado el Consenso una ley vaya a ser sancionada en cada jurisdicción firmante. Tampoco quiere decir que aquella jurisdicción que no haya suscripto el Consenso no pueda remitir a su propia legislatura un proyecto de ley introduciendo precisamente este tipo de impuestos, ya que es una potestad propia de cada jurisdicción provincial independientemente de la firma o no del Consenso Fiscal.


Plantado el debate en la sociedad, varios lados políticos se mostraron a favor de la propuesta alegando que no corresponde a ninguna actividad del contribuyente ya que se trata de una renta “no ganada” por lo que no es parte de su esfuerzo, siendo sinónimo de equidad.


Por otro lado, varias voces se levantaron en contra de esta iniciativa, sosteniendo, en base al antecedente de Provincia de Buenos Aires (i.e.: jurisdicción que ya tiene este impuesto vigente desde hace 10 años) que resulta confiscatorio, inconstitucional además de resultar de difícil gestión y recaudación.

Natalia Molina

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Gendarmes en Formosa venden pollos por la falta de insumos: “La situación es insostenible”

Efectivos de Gendarmería Nacional en la localidad formoseña de Las Lomitas organizaron el último sábado una venta de pollos para paliar la “falta de provisión de insumos” que, según denunciaron, dificultó su labor cotidiana. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Pileta del Camping de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 81, casi Ruta 28 y tuvo como fin recaudar fondos destinados a la compra de artículos de limpieza, pintura, arreglo de oficinas y combustible para los vehículos de la fuerza.

“GENDARMERÍA ORGANIZA VENTA DE POLLOS PARA CUBRIR FALTA DE INSUMOS”, se tituló el comunicado difundido por los agentes, donde explicaron: “Debido a la Falta de Provisión de Insumos que desde hace un tiempo viene sufriendo la Gendarmería Nacional, Personal del Escuadrón de dicha Localidad, organizó para este Sábado venta de pollos para juntar dinero que será destinado a la compra de Suministros”. Los organizadores afirmaron que sus salarios fueron “fuertemente golpeados por la inflación” y que, en muchos casos, no superaron los 780.000 pesos.

La situación salarial de los gendarmes incluyó un aumento del 5% en el primer trimestre, otorgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pero lo consideraron insuficiente. “La situación es insostenible”, remarcaron los efectivos, quienes también advirtieron que Patricia Bullrich no envió los elementos suficientes para combatir el delito en la región y que “muchos gendarmes están dejando la fuerza porque no pueden sostenerse con sus ingresos”.

A inicios de febrero, familiares de suboficiales de la Gendarmería Nacional anticiparon una protesta por los bajos salarios, la imposibilidad de cubrir gastos básicos y la falta de cumplimiento de otros derechos laborales. “La situación es insostenible. Queremos visibilizar lo que está ocurriendo y pedir soluciones”, señalaron los gendarmes. Además, exigieron no trabajar más de 48 horas semanales y recibir suplementos por tareas de seguridad en puntos calientes de Rosario y Buenos Aires.

Los familiares informaron que la protesta se realizaría el 25 de febrero frente a comandos regionales de la fuerza, aunque aún no indicaron si las medidas de fuerza continuarían tras el incremento salarial anunciado por el Gobierno. Según los organizadores, su reclamo por una mejora en las condiciones laborales y salariales seguirá vigente hasta recibir respuestas concretas de las autoridades competentes.

Redacción

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Intendente K de Chaco fue denunciado por implementar una “aduana paralela”

El municipio de General José de San Martín, en la provincia del Chaco, se encontró en el centro de la polémica tras la instauración de un sistema de cobro ilegal para el ingreso de mercadería. Comerciantes y especialistas en derecho tributario denunciaron que el intendente Mauro Leiva creó una “aduana paralela”, donde exigió el pago de 56 mil pesos por vehículo y 76 mil pesos si incluía acoplado. Estos montos se abonaron sin recibir facturas ni recibos formales, y quienes se negaron a pagarlos quedaron imposibilitados de ingresar con sus cargas.

Abogados especializados en derecho constitucional advirtieron que la medida contradijo la Carta Magna argentina, que prohíbe aduanas internas entre jurisdicciones. “Una medida de esta naturaleza viola la constitución nacional y configura un delito que debe ser investigado de inmediato por la Justicia”, explicó un abogado representante de los comerciantes afectados.

La situación de Leiva se tornó aún más controversial debido a antecedentes judiciales. Meses atrás, la Justicia archivó una causa en su contra por un siniestro vial en el que falleció un joven motociclista de veinte años. El hecho ocurrió en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1014. Las pericias concluyeron que Leiva conducía a alta velocidad y por el carril contrario, pero el caso no avanzó de forma significativa. “Me sorprendió la rapidez con la que se desestimaron las apelaciones y la causa quedó cerrada. Como profesional del derecho, considero que el tratamiento de este caso fue, cuanto menos, irregular”, sostuvo el abogado Justo Mencía, quien representó a la familia de la víctima.

Otro de los proyectos inconclusos de la gestión de Leiva fue la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, que permaneció inactiva pese a superar el 95 por ciento de avance. La obra, inaugurada simbólicamente en abril de 2023, no operó por falta de infraestructura básica.

A la polémica de la “aduana paralela” se sumaron graves denuncias contra el director del hospital Félix A. Pertile, José Luis Aguilera. Vecinos y pacientes aseguraron que Aguilera cobró 50 mil pesos para permitir el uso de la ambulancia en casos de urgencia. “Cualquier persona que tenga una emergencia debe pedir permiso a la unidad sanitaria para mover la ambulancia del hospital y pagar en el momento 50 mil pesos para el traslado”, denunció una de las víctimas.

A la crisis sanitaria se suma una situación alarmante relacionada con la salud mental. Una familia de General José de San Martín ha solicitado reiteradamente que su hijo, quien sufre problemas de adicción y ha cometido numerosos robos en la ciudad, sea trasladado a una clínica psiquiátrica para su internación. Sin embargo, el director Aguilera se niega a derivarlo, argumentando falta de combustible para la ambulancia.

La atención médica en General José de San Martín también enfrentó deficiencias por falta de profesionales, insumos y turnos. No hubo pediatra ni médico clínico, y los pacientes debieron esperar desde la noche anterior para conseguir cupos que en muchos casos no alcanzaron. Además, la situación de un joven con adicciones complicó aún más el panorama: la familia pidió reiteradas veces su internación psiquiátrica, pero el director del hospital se negó a derivarlo alegando falta de combustible en la ambulancia. El joven, detenido en varias oportunidades por cometer robos, presentó un documento del Hospital Pertile que certificó su estado mental, lo que propició su liberación inmediata.

*Con información de REALPOLITIK

Redacción

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Vecinos de Bahía Blanca escracharon a Bullrich y a Petri

La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.

Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.

En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.

“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.

La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.

Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.

El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.

Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.

Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.

En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.

Redacción

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La soja, el cultivo con la mayor caída de poder adquisitivo

La campaña agrícola 2024/2025 atraviesa un panorama complejo marcado por la baja de los precios internacionales, un factor que impacta directamente en la capacidad de los productores para afrontar insumos, costos e inversiones. En su informe mensual, CONINAGRO advierte que la soja es el producto que más poder de compra ha perdido en el último año y también en comparación con el promedio de los últimos cinco años.

El documento, que analiza el poder de compra de seis productos agropecuarios —soja, maíz, trigo, ternero, novillito y leche—, mide la capacidad de estos cultivos para adquirir una amplia gama de costos, insumos y servicios del sector, como herbicidas, fletes, maquinaria y otras 20 variables. El objetivo principal de este indicador es evaluar la competitividad de los productores a través de un análisis insumo-producto que relaciona los precios de los bienes con los costos que estos deben cubrir.

La soja, además de ser una referencia para la producción agrícola, “es el cultivo que mayor pérdida de poder adquisitivo ha tenido en el último año y respecto al promedio de los últimos 5 años”. El informe destaca, por ejemplo, la comparación con la maquinaria agrícola: en enero de 2025 se necesitaron un 20% más de toneladas de soja para adquirir una cosechadora que en el mismo mes del año previo. En términos absolutos, se requieren 1.650 toneladas, 270 más que un año antes.

Si se toma en cuenta el promedio de los últimos cinco años, el panorama es aún más negativo: se precisa un 39% más de soja para comprar una cosechadora, 42% más para una sembradora y 38% más para un tractor.

La apreciación cambiaria encarece en dólares algunos componentes de la estructura de costos que se expresan en pesos, como los fletes. Según el informe, en enero de 2025 se necesitó un 34% más de kilos de soja para costear un flete que en enero de 2024. Parte de esta suba se vincula al aumento en el precio del gasoil: se requirieron un 40% más de kilos de soja para adquirir un litro de combustible respecto al año anterior.

En el caso de los fertilizantes, la relación de intercambio entre soja y DAP (fosfato diamónico) muestra una leve mejora con respecto a 2024: en enero de 2025 se necesitaron 2,9 kg de soja para obtener 1 kg de DAP, frente a los 3,1 kg de un año antes, lo que implica una disminución del 6%. Sin embargo, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, la diferencia sigue siendo desfavorable, con un 14% más de soja requerida.

Entre los pocos insumos que registran una mejora relativa para la soja, el glifosato sobresale: “En enero de 2025 se requirieron 34% menos kilos de soja respecto a enero de 2024, y cayó 22% con respecto al promedio de los últimos 5 años”. Este comportamiento responde a la baja internacional en los precios del herbicida, tras los récords alcanzados en 2022.

También destaca la reducción en el costo relativo de la tierra: en enero de 2025 se necesitaron 58,9 toneladas de soja para adquirir una hectárea, una mejora respecto de las 61,4 toneladas de un año antes (-4%). Al confrontar los valores actuales con el promedio de los últimos cinco años (65,2 toneladas), la disminución llega al 10%. Este fenómeno se explica en buena medida por la reducción de la brecha cambiaria, que mantiene el precio de los campos (en dólares MEP/Blue) relativamente estable frente al valor oficial de la soja.

Con este panorama, la soja se consolida como el cultivo más afectado por la pérdida de poder adquisitivo dentro de la producción agropecuaria argentina, reflejando el desafío que enfrentarán los productores durante la campaña 2024/2025 para mantener su competitividad. El informe de CONINAGRO ofrece una valiosa herramienta de análisis y alerta sobre la necesidad de estrategias que contemplen los efectos de la baja de precios y la apreciación cambiaria en los costos del sector.

Redacción

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Reclamo unánime por la relocalización de una planta de e-combustibles en la costa uruguaya frente a Colón

Este lunes 10 de marzo, en la ciudad de Colón, se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el intendente local, José Luis Walser, en su carácter de presidente de la Mancomunidad “Tierra de Palmares”, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. El tema central fue el pedido de relocalización de una planta de e-combustibles que proyectaban instalar en Paysandú, frente a la costa colonense.

Del encuentro surgió un Comunicado Oficial con el apoyo de todos los participantes, dirigido al gobernador Rogelio Frigerio, para que tomara posición al respecto y continuara con las gestiones ante Cancillería. Walser afirmó ante los presentes: “El gobernador ya avanzó con Cancillería en la posibilidad de pedir la relocalización de este emprendimiento”. Agregó que “para Colón es un sacudón importante la posibilidad de esta instalación y lo debe ser para la microrregión, sin lugar a dudas. Estamos con la guardia alta y tenemos en claro lo que queremos”.

Al tomar la palabra, el presidente municipal de Colón declaró: “Entendemos que esta es una amenaza para nuestra principal industria que es el turismo, pudiendo perjudicar nuestro desarrollo”. Por su parte, Gustavo Hein señaló: “Nunca estaríamos en contra de una inversión privada, pero sí estamos a favor de que esto sea en consulta”. El presidente de la Cámara de Diputados también afirmó que “el gobernador avala y acompaña la consulta popular respecto a una relocalización. Fue claro en que esto no puede demorarse. Se están haciendo gestiones frente a Cancillería; lo que viene hacia adelante son acciones directas”. Y concluyó: “El impacto ambiental y visual está de manifiesto, es un tema que hace meses se viene hablando y si lo dejamos avanza. Tiene que haber normas, una cierta estructura que contemple el no avasallamiento sobre la margen del río”.

También estuvieron presentes representantes del Parque Nacional El Palmar, Cecom Colón, AHGA, guías de Turismo, Coprotuer, Termas Colón, Molino Aventura, la Asociación de Cabañeros, la Escuela Normal de Colón, la Multisectorial Somos Ambiente, profesionales de turismo, vecinos de la región y otros actores vinculados a la actividad turística. Todos manifestaron su respaldo a la solicitud de relocalizar la planta de e-combustibles y pidieron al gobernador Frigerio que acompañara la medida y reforzara las presentaciones ante los organismos nacionales competentes.

Redacción

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BAHÍA BLANCA | Di Palma denunció irregularidades en la gestión de donaciones

El expiloto de automovilismo y exdiputado bonaerense, Marcos Di Palma, expresó su frustración respecto a la distribución de las donaciones recolectadas con su “camión solidario”. En diálogo con TN, confesó que no sabe “a quién carajo darles las cosas” debido a la falta de confianza en las vías institucionales.

“Siendo alguien que viene de la política, no sé a quién carajo darles las cosas porque no sé si van a llegar”, remarcó Di Palma, evidenciando su incertidumbre sobre el destino final de la ayuda.

El exdiputado reconoció las dificultades para decidir cómo canalizar la asistencia. “No sé si ir a un club, no sé si pararme en la esquina o ir a un barrio… Ahora, en este momento, no lo sé, pero mañana sí lo sabré”, afirmó.

Explicó que recurrirá a conocidos en Bahía Blanca que no tienen vínculo con la política, ya que, según su experiencia, las posturas partidarias pueden influir en la percepción sobre la gestión de la ayuda.

“Si tenés un amigo kirchnerista, te dice ‘lleváselo al intendente que es el mejor del mundo’, y si tenés otro macrista, te dice ‘no se lo lleves que es el más hijo de puta del mundo’, sostuvo el exdeportista.

En los días posteriores al devastador temporal que azotó Bahía Blanca, han surgido múltiples denuncias relacionadas con el manejo y destino de las donaciones para los damnificados. La tragedia, que dejó el saldo de 16 personas fallecidas, cientos de calles anegadas y miles de familias destrozadas, ha generado una ola de solidaridad en toda la Argentina, pero también ha puesto de manifiesto diversos problemas en la gestión y distribución de la ayuda recibida.

Un conjunto de denuncias, que apuntan directamente a la gestión municipal kirchnerista de Bahía Blanca, recopilan testimonios recogidos por medios de comunicación donde se sugieren un manejo presuntamente discrecional o politizado de las recaudaciones recibidas.

Uno de los testimonios más impactantes proviene de una mujer mayor que fue entrevistada en una nota de TN, donde habló públicamente que las autoridades municipales habrían negado la entrega de colchones a su nieto por no estar “afiliado a la municipalidad”. Según su relato, cuando los funcionarios preguntaron a su nieto si estaba afiliado a la estructura municipal y este respondió negativamente, le habrían negado la ayuda con un explícito “no le podemos dejar los colchones”.

Otro testimonio significativo proviene de un rescatista voluntario, quien dijo que sufrieron retrasos de hasta dos horas en la entrega de donaciones porque debían esperar a que una delegada municipal se tomara fotografías con los cargamentos antes de autorizar su distribución. El voluntario mostró con indignación que durante ese tiempo perdido “podríamos haber rescatado a gente que terminó muriendo.

Redacción

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