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Empresarios, propietarios y trabajadores de restoranes, gimnasios, bares, boliches y natatorios que se consideran damnificados por la decisión del Gobierno de extender el aislamiento obligatorio aseguran que se ven en la obligación de marchar y demostrar su descontento ante el último DNU nacional.
“Convencidos de que no somos una fuente de contagio, todo lo contrario, somos un factor de cuidado y prevención ante las reuniones entre amigos, familiares, laborales y demás. Cómo bien se sabe somos uno de los sectores más golpeados en esta pandemia, y velamos por sostener las fuentes de empleo, gastos fijos y demás compromisos asumidos para seguir con nuestras puertas abiertas hoy en día”, señalo el dueño de un restorán en Palermo.
Desde la Cámara de Comercio de Cipolletti revelaron que “cerrar a las 12 de la noche es un golpe para el sector, aunque advirtió que la restricción horaria al menos deja un hilo de esperanza para seguir trabajando. Si se acota más el horario significará para el sector firmar el acta de defunción de muchas pymes que ya vienen golpeadas y que están haciendo un gran esfuerzo para sostenerse”.
Las quejas son reiteradas: todos acusan deudas en los alquileres, créditos imposibles de pagar y muchos confiesan haber tenido que vender bienes personales para poder pagar los salarios de sus empleados y hacer malabares para poder sobrevivir a la eterna cuarentena que sufren todos los argentinos.
Las nuevas medidas tomadas por el oficialismo son un certificado de defunción para los dueños de pymes y trabajadores a lo largo y ancho del país, porque no estuvieron acompañadas por otras medidas que los ayuden a paliar las consecuencias económicas que sufre el sector gastronómico.
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El lunes pasado, el presidente Javier Milei sorprendió al sector agropecuario al confirmar que la reducción de retenciones vigente desde enero terminaría el 30 de junio. “A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio [hay una reducción que, en rigor, vence el 30 de junio próximo]. Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”, enfatizó el mandatario.
La medida original, que redujo la alícuota de la soja del 33% al 26% en enero pasado, se había presentado como temporal y se sumó a otras disposiciones gubernamentales. Aun así, el anuncio de Milei desató inquietud entre los productores, que esperaban mayor continuidad. Cabe recordar que, según el informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se había reservado la posibilidad de modificar los gravámenes aplicados a las exportaciones.
La declaración presidencial generó reacciones inmediatas de la dirigencia rural. “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento, esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”, dijo Lucas Magnano, presidente de Coninagro.
Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), recalcó que el productor mediano y pequeño vende su grano a medida que necesita cubrir costos y no por especulación: “Eso es inminente, siempre es así. No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal y que tenga que salir a liquidar, va a ser [la venta] en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos”. Sobre la urgencia de eliminar los derechos de exportación, sostuvo: “Así se lo hemos hecho saber no solo al ministro de Economía [Luis Caputo] sino también al secretario de Agricultura [Sergio Iraeta] en todas las oportunidades que hemos tenido”. Además, insistió en la necesidad de que la baja transitoria sea definitiva, sobre todo para la próxima campaña de trigo.
– Lucas Magnano, presidente de Coninagro
Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), interpretó que el mensaje de Milei estaba dirigido más bien a los exportadores que al productor. “No es un mensaje para el campo, sino más dirigido a los exportadores. El Presidente sabe que los productores no liquidamos, que nosotros entregamos nuestro producido a exportadores y acopios y demás”, subrayó.
En una entrevista posterior, Pino cuestionó que no se hubiera incluido la eliminación de retenciones en la denominada Ley Bases y apuntó contra el oficialismo: “Llama la atención que no esté incluida”. Además, acusó cierta “angurria del sector libertario por querer ir por todo, incluso por lo que se considera ya ganado” y remarcó que “el Estado no puede seguir sacándonos como si fuésemos una caja sin fondo”. A su criterio, las razones fiscales del Gobierno están “desfasadas de la realidad del campo” y consideró que “no se puede gobernar desde el prejuicio”. Según Pino, la producción no está detenida y “cada dólar que entra por exportaciones viene del trabajo del productor”.
– Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina
Sobre la insistencia oficial para que el agro “liquide”, Pino fue categórico: “El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores”. También apuntó que “los números marcan lo contrario” a la supuesta falta de ventas.
Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), advirtió que “los dichos del Presidente hacen acordar a otras épocas de la política que se pensaba que habían quedado atrás” y calificó el anuncio como una “amenaza” de volver a subir impuestos si el sector no vende: “Si no logramos bajar los DEX, este tipo de política económica que está llevando adelante el Presidente lo único que garantiza es que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios”.
En una línea similar, Patricio Kilmurray, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), consideró que los dichos de Milei “no se sabe si es una medida, una propuesta o una amenaza” y alertó: “Sería muy lamentable de que las retenciones volvieran a los porcentuales anteriores, a pesar de que se sabía de que eran temporales”.
Por su parte, Nicasio Tito, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), recordó que en el sector se presumía una continuidad de la baja más allá de junio. Sin embargo, resaltó que el mismo Gobierno había tomado medidas que benefician al sojero con la eliminación del dólar blend y el salto de la cotización de $1080 a $1200 tras levantarse el cepo cambiario. “Es muy prematuro tomar una postura al respecto con lo que dijo el Presidente hoy, sobre todo sabiendo que el viernes le dio una zanahoria y media al sojero”, puntualizó.
El lunes 14, los titulares de las cuatro entidades de la mesa de enlace (SRA, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El encuentro estaba originalmente programado para abordar temas como barreras sanitarias y el envío de carne desde La Pampa hacia el sur, a raíz de la emergencia tras los incendios en Río Negro durante el verano. Sin embargo, las declaraciones de Milei sobre el regreso de las retenciones alteraron el foco de la discusión.
– El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta
Al término de la reunión, Pino indicó que no se profundizó en la cuestión de la suba de retenciones porque “el Presidente firmó el decreto en enero y dijo que esta medida terminaba el 30 de junio. Lo que hizo fue describir lo que él dispuso. Hay que esperar, hay que dejar que las cosas sigan. El Presidente tiene claro que los productores no liquidamos, los que liquidan son los exportadores”.
Los dirigentes agropecuarios reiteraron en todas sus intervenciones que la previsibilidad y la reducción de la carga impositiva resultan claves en un momento crucial para planificar la campaña de trigo. A la espera de medidas oficiales, manifestaron que continuarán reclamando que la baja transitoria de las retenciones se transforme en definitiva y que no haya un incremento de los gravámenes después del 30 de junio.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza se ubicó en 38,1% de la población durante el segundo semestre de 2024, lo que implicó una disminución de casi 15 puntos porcentuales frente al 52,9% que se registró en la primera mitad de ese año. Según la proyección oficial, hubo 17,9 millones de personas pobres en todo el país, mientras que la indigencia retrocedió de 18,1% a 8,2%.
El organismo estadístico señaló que la cantidad de pobres se redujo también en comparación con el 41,7% de fines de 2023, cuando finalizó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El primer año de gestión de Javier Milei concluyó con la pobreza más baja desde el primer semestre de 2022, de la mano de un alza en los ingresos, cierta estabilidad laboral y una desaceleración de la inflación.
En un comunicado oficial, la Oficina de la Presidencia celebró que “la pobreza sin precedentes que había dejado el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que llegó a un pico del 52,9% en la medición del primer semestre de 2024, se redujo al 38,1% en el segundo semestre, mientras que la indigencia disminuyó del 18,1% al 8,2%, como efecto directo de la lucha contra la inflación que ha llevado adelante el Presidente Javier Milei, además de la estabilidad macroeconómica y la eliminación de restricciones que durante años limitaron el potencial económico de los argentinos”. El texto añadió: “Dichos índices reflejan el fracaso de las políticas del pasado, que sumieron a millones de argentinos en la precariedad mientras vendían que estaban ayudando a los pobres, pero la pobreza no paraba de aumentar. La gestión actual demuestra que el camino de la libertad económica y la responsabilidad fiscal es la vía para reducir la pobreza a largo plazo”.
El presidente Milei reaccionó con un mensaje en la red social X. Primero publicó: “Saquen del medio mandriles. Fin”. Luego amplió: “La pobreza cayó muy fuertemente. La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato punta, la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones”. Finalmente apuntó: “Lo disfrutan los argentinos de bien y lo sufren mandriles econochantas, el club de los devaluadores seriales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados/ignorantes (desde esos que se autoperciben como el centro bienpensante –zurdos no asumidos– hasta la izquierda más rancia)”.
Los datos oficiales provinieron de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y consideraron 31 aglomerados urbanos. Dentro de ese universo, se registraron 11.337.979 personas pobres (38,1%) y 2.451.657 personas indigentes (8,2%). El Gran Buenos Aires concentró la mayor cantidad de personas pobres: 5.987.424, de las cuales 1.382.378 estuvieron en situación de indigencia. Al discriminar esa región, se contabilizaron 5.486.186 pobres y 1.311.698 indigentes en los partidos del conurbano, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) exhibió 501.238 personas pobres (17,9%) y 70.680 indigentes (4,7%).
En el Noreste argentino (NEA) se observó el índice más alto, con un 47,0% de su población urbana bajo la línea de pobreza. En particular, Gran Resistencia (Chaco) registró 60,8% de personas pobres (259.067) y 22,4% de indigentes (95.358). En el Noroeste (NOA), la pobreza alcanzó el 42,8% y la indigencia se situó en 8,1%, con Salta (45% de pobreza y 7,7% de indigencia) y Santiago del Estero-La Banda (48,6% y 11,1%, respectivamente) entre los puntos más afectados.
La región Pampeana, que abarcó 2.278.753 personas pobres (35,6%) y 495.403 indigentes (7,7%), incluyó aglomerados con altos valores, como Concordia (57,1% de pobreza y 13,9% de indigencia) y San Nicolás-Villa Constitución (45,4% y 11,5%). En la zona de Cuyo, la pobreza cerró en 41,9% (782.442 personas) y la indigencia en 6,5% (120.477), con Gran Mendoza y Gran San Juan como los principales conglomerados afectados. Por otro lado, la Patagonia, si bien promedió los índices más bajos (33,5% de pobreza y 4,5% de indigencia), exhibió cifras elevadas en algunos sectores, como Rawson-Trelew (28,1% y 9,2%) o Viedma-Carmen de Patagones (39,4% y 7%).
Según el Indec, la incidencia de la pobreza en menores de 14 años alcanzó al 51,9%, lo que representó cerca de 5,7 millones de niños y niñas en hogares cuyos ingresos no cubrieron la canasta básica total. El ingreso familiar total promedio de los hogares pobres fue de 599.837 pesos mensuales, mientras que la canasta básica total de referencia para ese mismo conjunto promedió los 952.313 pesos. La brecha de la pobreza alcanzó el 37%, con un descenso notorio frente a lo registrado en el primer semestre de 2024.
Entre los pronunciamientos oficiales, La Libertad Avanza publicó: “Los kukas nos dejaron una pobreza de 52,9% y Milei la bajó a 38,1%. Abrazo”. En tanto, el Ministerio de Economía resaltó que “con respecto al primer semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una disminución, tanto en los hogares como en las personas, de 13,9 y 14,8 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en el caso de la indigencia la baja fue de 7,2 en los hogares y 9,9 en las personas”.
El Indec también precisó que, en el área de Gran Córdoba, la pobreza alcanzó al 35,5% de la población, con 25,2% de los hogares en esa condición, mientras que en Río Cuarto se ubicó en 37,5% de las personas y en 27,5% de los hogares. Con estos números, distintos sectores evaluaron los factores que motivaron la caída de los indicadores sociales, en especial la desaceleración de los precios y la recomposición de ingresos en el segmento informal durante los últimos meses de 2024.
A modo de balance, el Gobierno destacó que la pobreza “se redujo al 38,1% en el segundo semestre”, y el propio Milei sostuvo que su administración “profundizará este camino que ha demostrado devolverles a los argentinos la dignidad que les fue negada durante décadas”. El dato oficial finalizó así por debajo de la medición de cierre de la anterior gestión, que había quedado en 41,7%, y lejos del récord de 52,9% de la primera mitad de 2024.
