Caputo defendió el nuevo acuerdo con el FMI: “Podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”
El Gobierno justificó la medida como necesaria para fortalecer las reservas y refinanciar pagos futuros. Economistas advirtieron que el decreto no incluyó detalles clave, como la magnitud de los desembolsos, las tasas de interés y las metas macroeconómicas.
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El Gobierno nacional firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia de cuatro años y medio antes de comenzar los pagos. Según el texto oficial, este esquema buscó “cancelar letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA)” y cubrir “obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen en los próximos cuatro años”.
La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, generó críticas de gran parte del arco político opositor y de algunos aliados, quienes cuestionaron la suscripción de una nueva deuda sin debate parlamentario. Mauricio Macri objetó que se recurriera a un decreto en lugar de pasar por el Congreso. Sin embargo, las autoridades defendieron la medida. Entre ellas, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el DNU y afirmó que la refinanciación ayudaría a “sanear el Banco Central” y a trazar “un sendero de crecimiento económico sostenible en el tiempo”.
– El presidente Javier Milei y el equipo económico de Luis Caputo en Olivos
“Es la primera vez que se hará un acuerdo con el Fondo para reparar el daño que la política le ha provocado a los ciudadanos vía el abuso del gasto público y consecuente déficit fiscal”, expresó Caputo desde su cuenta de X. Sostuvo que este nuevo crédito resolvería “el problema de los stocks (déficits acumulados del pasado), que derivaron en la apropiación de las reservas del Banco Central vía deuda del Tesoro Nacional”. Además, aseguró: “Saneado el desequilibrio del flujo y del stock, podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”.
El DNU explicó que el programa con el FMI se extendería hasta 2035 y cubriría los pagos de la deuda en los próximos cuatro años, dejando la posibilidad de una renegociación futura. Según se detalló, en diciembre de 2023 las reservas netas del BCRA eran negativas por 11.200 millones de dólares y, al 6 de marzo de 2025, habían aumentado en 7.034 millones, aunque todavía se mantuvieron por debajo de cero en más de 3.000 millones.
El texto oficial defendió la medida para “fortalecer las reservas internacionales, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad financiera”. También indicó que el ajuste fiscal y la política de déficit cero provocaron una baja de la inflación interanual a 84,5 % en enero de 2025 y una disminución de la pobreza del 54,8 % al 38,9 % en el primer año de gestión, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del Indec.
No obstante, el decreto omitió detalles relevantes sobre la magnitud y el cronograma de los desembolsos, las tasas de interés aplicables y las metas macroeconómicas. “Omite todos los detalles clave, como la magnitud y el cronograma de desembolsos, las metas y las condicionalidades, entre otros aspectos”, apuntó el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma. Jorge Neyro, por su parte, resaltó que “el DNU reconoce que el programa con el FMI va a ser uno de facilidades extendidas, no un stand by, lo cual le da más plazo de pago al Gobierno por los fondos que tome”. En tanto, Andrés Reschini, de F2 Finanzas, afirmó que “el texto omite detalles tácticos, como metas específicas y el plan para liberar el cepo”.
– Gita Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional
Otro punto crucial quedó vinculado a la posibilidad de recibir fondos adicionales. La consultora UBS aseguró que el FMI otorgaría 8.000 millones de dólares extra, algo que no figuró en el decreto. De acuerdo con su análisis, esta inyección adicional resultaría clave para que Argentina enfrentara sus próximos compromisos de deuda y fortaleciera las reservas del BCRA.
Caputo, quien también ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cambiemos, confirmó que retomaría las negociaciones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para definir los términos finales y las condiciones de pago. El decreto en cuestión delegó en el Ministerio de Economía la firma de los acuerdos y especificó que sería remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.
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En plena campaña para las elecciones porteñas, el Gobierno nacional anunció una reforma migratoria que incluirá mayores exigencias para el ingreso y residencia de extranjeros, así como mecanismos acelerados para su deportación en caso de delitos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que en los próximos días se publicará un DNU en el Boletín Oficial para implementar las nuevas medidas.
La iniciativa, promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retoma aspectos del DNU 70/2017, aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri y derogado por Alberto Fernández en 2021. Sin embargo, desde las redes, se recordó como “el principal impulsor de estas políticas” a Ramiro Marra, el candidato a legislador expulsado de La Libertad Avanza, quien desde hace meses viene reclamando un mayor control migratorio.
Prohibición de ingreso para cualquier extranjero con antecedentes penales.
Deportación inmediata de quienes cometan delitos, sin importar la gravedad de la pena.
Expulsión acelerada de inmigrantes que ingresen por pasos no habilitados o mientan en su declaración migratoria.
Pago obligatorio de servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares, además de la exigencia de un seguro médico al ingresar al país.
Arancelamiento opcional en universidades nacionales para estudiantes extranjeros no residentes.
Mayores requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, que solo se concederá tras dos años de residencia continua.
Adorni justificó las medidas al afirmar que “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular” y destacó que, en los últimos 20 años, más de 1.700.000 personas entraron al país sin cumplir los requisitos legales. El Estado gasta $114.000 millones anuales en atención médica a extranjeros.
Aunque el anuncio fue realizado por Adorni, “el verdadero abanderado” de esta reforma fue Ramiro Marra, quien desde 2024 viene denunciando el “abuso” de los inmigrantes en el acceso a servicios públicos. En febrero de 2024, el legislador criticó a los estudiantes extranjeros que se benefician de la educación gratuita: “Más de 13.000 estudiantes de Ecuador se recibieron sin pagar un impuesto que aportara a la educación pública”, afirmó.
A través de sus redes sociales, Marra también insistió en la necesidad de deportar delincuentes extranjeros y frenar la inmigración irregular. En abril de 2024, celebró la decisión de Milei de expulsar a inmigrantes que cometan delitos: “Suena algo obvio, pero durante décadas en Argentina, la política y la justicia se dedicaron a defender a criminales”, escribió.
El anuncio se produce en medio de la campaña por las elecciones porteñas, donde Adorni es candidato a legislador. Sin embargo, el vocero negó que la medida tenga fines políticos y aseguró que busca “proteger a los ciudadanos argentinos”.
Bullrich, por su parte, busca reimpulsar su política migratoria de 2017, que fue declarada inconstitucional por la Justicia por considerar que vulneraba derechos humanos. No obstante, el Gobierno insiste en que las nuevas normas garantizarán “un país ordenado”, tal como lo expresó Milei en su discurso del 1° de marzo, cuando adelantó la necesidad de reformar el sistema migratorio.
En una reunión conjunta de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas —presidida por el diputado Bruno Sarubi— y de Legislación General —encabezada por Marcelo López—, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio aval por unanimidad a un proyecto que adhiere al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. La iniciativa, elaborada por Sarubi junto con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, obliga a que los comercios discriminen los impuestos nacionales y provinciales en cada comprobante de compra, e invita a los municipios a sumar también sus tasas.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, participó del debate y expuso los detalles técnicos de la adhesión. Durante la presentación, Sarubi subrayó el objetivo central de la norma: “Es un proyecto para que la Provincia adhiera al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que es una ley nacional que ya está en vigencia”.
El legislador agregó que la medida persigue un doble fin pedagógico y recaudatorio: “Ahora cuando uno compra un producto o un servicio, puede ver en el ticket la discriminación del precio y los impuestos. Con esto se busca que los consumidores tengan real conciencia de los impactos que tienen los impuestos nacionales y, en este caso, los provinciales”.
La propuesta invita a los 83 municipios entrerrianos a adherir, de modo que los tres niveles de gravámenes —nación, provincia y comuna— aparezcan detallados en las facturas. “También buscamos que se tome dimensión de lo que se evade cuando no se entrega factura. Y esa evasión implica menos recursos para el Estado”, remarcó Sarubi.
El proyecto, además, prohíbe utilizar la palabra “gratuito” en la difusión de programas o eventos públicos y establece un esquema de sanciones progresivas para los comercios que incumplan la nueva obligación de transparencia. Con el dictamen ya emitido, la iniciativa queda lista para su tratamiento en el recinto, donde se espera contar con el mismo consenso alcanzado en comisión.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que la próxima semana el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley “de pocos artículos” que habilitará la utilización de dólares fuera del sistema para compras de hasta 50 millones de pesos mensuales.
Francos calificó la medida de “algo revolucionario” al destacar que los fondos podrán destinarse a la cuota inicial de un departamento, a créditos hipotecarios o a la adquisición de maquinaria agrícola. Explicó que la propuesta garantizó que la información patrimonial “no va a ser revisada” y que redujo el período de prescripción de cinco a dos años para proteger a los ahorristas. “Esto va a garantizar que la información que se suministre no va a ser revisada”, aseguró.
– “Presentamos el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos a gobernadores y ministros de distintas provincias”
En una videoconferencia con 17 gobernadores, el Gobierno obtuvo “un interés general de parte de todos de adherirse a este sistema”. Subrayó que los mandatarios provinciales entendieron que la iniciativa “va a generar una movilización de fondos, una actividad fuerte comercial y, en definitiva, ellos van a percibir también los impuestos que genera ese incremento”. El funcionario pidió, no obstante, que las provincias no apliquen Ingresos Brutos sobre los bienes adquiridos para mantener el incentivo.
Francos insistió en que los dólares acumulados “no provinieron de la evasión impositiva, sino de la compra en el mercado paralelo para resguardar ahorros”, y negó que el esquema choque con normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A su juicio, “con información más limitada sobre algunos montos, es mucho más fácil generar control por parte de el Arca”.
Finalmente, el ministro defendió el proyecto como un instrumento de reactivación económica y de regularización voluntaria: “No es que la gente haya sido incumplidora, sino que se vio obligada a buscar la manera de proteger su dinero”.
Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.
Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.
“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.
El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.
Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.
En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.
El Gobierno anunció este martes una nueva baja de aranceles a la importación para 27 bienes de capital que pagaban entre 20 % y 35 %. El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la medida en su cuenta de X y afirmó: “Continuamos reduciendo aranceles”.
Entre los productos alcanzados incluyó ascensores, ventiladores industriales, máquinas de corte láser, plegadoras y prensas para la industria metalúrgica; depuradores de gases y equipos de limpieza de cañerías para la actividad petrolera; maquinaria para fabricar helados, hornos de panadería, polipastos eléctricos, bombas centrífugas y máquinas de cortar pelo y esquilar.
Con esta decisión, la gestión redujo tributos a 1.081 rubros desde diciembre. Paralelamente, el Ejecutivo publicó el decreto que disminuyó del 16% al 8% la tasa de importación de celulares y recortó los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos del 19 % al 9,5 %. A partir del 15 de enero de 2026 estos equipos quedarán exentos de la alícuota aduanera. También llevó de 9% a 0% los impuestos internos para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego.
Fuentes de la Rosada sostuvieron que los cambios “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes de la medida, reducirán los precios de mercado y facilitarán, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.
Caputo también prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 la rebaja de retenciones para la cosecha fina (trigo y cebada), que continuó tributando 9,5% tras haber bajado desde el 12% en enero. La soja, el maíz, el girasol, el sorgo y sus subproductos volverán a tributar los derechos plenos a partir del 1 de julio, cuando se restablecerán las alícuotas vigentes a comienzos de año. El ministro recordó que las exportaciones de estos granos y derivados rondan los US$ 4.000 millones anuales, cerca del 5% de las ventas externas del país.
La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) respaldó la medida: “Es el camino correcto”, señaló, y consideró “deseable que hagan lo mismo con los granos de la cosecha gruesa” para potenciar la producción y las exportaciones.
En su columna semanal en Clarín, el periodista Marcelo Bonelli asegura que Javier Milei mantiene tensas negociaciones con sectores del PRO para consolidar una alianza electoral, pero enfrenta resistencias internas, especialmente por parte de Jorge Macri y diferencias con referentes como Ritondo y Santilli. Karina Milei limita los lugares en las listas para el PRO, lo que genera malestar. La alianza con el PRO avanza en provincia, pero sigue dividida en CABA.
En paralelo, Wall Street y la Casa Blanca observan con atención la estabilidad política de Milei, preocupados por su estilo confrontativo y la baja calidad institucional. Toto Caputo busca mostrar resultados económicos, como el retorno al crédito internacional y la contención inflacionaria, aunque con medidas que distorsionan el enfoque liberal clásico.
El plan económico incluye frenar obras públicas, contener el dólar, congelar salarios y tarifas hasta octubre, lo que genera tensiones con gobernadores y empresarios. Aunque se logra cierta calma en lo financiero, la economía real sigue débil y el consumo resentido. Mientras tanto, crece el malestar en sectores productivos y se anticipan disputas dentro del oficialismo y la oposición.
Javier Milei afirmó: “Juntos vamos a refundar la Argentina. Como lo hizo Roca en 1880”. Cristian Ritondo abrió los ojos. Estaba cansado, era tarde en Olivos. Milei avanzó y le confió: “Me siento bien con vos”. Ritondo reaccionó: “Para ese sueño, tenemos que vencer juntos al kirchnerismo”.
El Presidente festejó la frase y lo interrumpió incisivo: “¿Por qué metieron a Mauricio en la pelea de la Ciudad?”. La tensión aumentó. Cristian habló de “errores propios en el PRO” y mencionó a Jorge Macri.
Después se sinceró: “Tenemos que hacer un mea culpa por nuestros errores”. Javo arremetió contra su nuevo e increíble archienemigo político. El Presidente ve complot debajo de cada baldosa y tiene un criadero de enemistades: “Jorge maltrató al Jefe, a mi hermana”.
Karina es intocable para Milei. Se conoce que el Presidente condenó al ostracismo a Victoria Villarruel cuando se enteró de que la vice trataba despectivamente de “tarotista” a la hermanísima.
Milei recitó una serie de remanidas acusaciones contra Jorge Macri: lo culpó de financiar a Ramiro Marra, de no darle lugar al bloque libertario en la Legislatura y enloqueció con Antoni Gutiérrez Rubí: “Es un difamador”. Ritondo mantuvo prudente silencio.
El diputado no quiso complicar la negociación: ambos después pactaron el acuerdo electoral. Fue en la cena a solas en Olivos. Pero esa cordialidad igual ya tuvo tropezones. Hay diferencias y peleas en el armado de la alianza entre La Libertad Avanza y los dialoguistas bonaerenses del PRO.
Karina le niega al PRO el primer lugar en la lista de octubre. La hermanísima – vía Pareja– está amarreta y solo le ofreció al PRO dos lugares entre los primeros doce de la lista. El trío Ritondo-Santilli-Guillermo Montenegro explotó. Pareja contragolpeó: Diego Santilli no va a liderar en octubre la lista bonaerense.
Para esa elección, la Casa Rosada le reserva al PRO solo el tercer puesto en la nómina. A Santilli –una forma de desgastarlo– ahora le ofrecen el primer lugar para septiembre en la primera sección electoral.
La cuestión recién comienza. Karina tiene una coincidencia con Ritondo. En eso trabajan con “el Pibe” Caputo: ambos no lo quieren a José Luis Espert al tope. Pero el trío conoce una cuestión: Milei lo banca y no quiere escuchar nada en contra del Profe.
WALL STREET VIGILA:
La cuestión se monitorea en Wall Street. Los “lobos” quieren conocer si Milei puede ganar en octubre y consolidar su poder para hacer la reforma laboral y en jubilaciones. En Manhattan nadie entiende una decisión: cómo LLA y el PRO irán unidos en Buenos Aires y separados en CABA. Patricia Bullrich no quiere compartir lista y destronar a Mauricio. Pato dice, suelta de cuerpo: “El PRO es el 15 % en CABA y el 5 % en provincia. ¿Qué quieren?”.
Encima, este jueves, un intendente aliado del PRO salió a patear el tablero. Santiago Passaglia desconoce la negociación de Ritondo y el líder de San Nicolás ya arma su propio partido: “Yo no voy a agachar la cabeza”.
Los dueños del dinero creen que se trataría de un disparate político. Pero husmean una cuestión: un desliz electoral complicaría mucho la política económica. En Manhattan preanuncian y apuestan a un triunfo. La Casa Blanca otorgó el “puente” –vía FMI– para favorecer a Milei.
En Wall Street, igual, están inquietos por los exabruptos e insólitas peleas de Javo. Dicen que esa baja calidad institucional aleja a la Argentina del crédito internacional.
El capo del JP Morgan ya lo dijo. Facundo Gómez Minujin afirmó: “Sin institucionalidad, no hay país que prospere”.
Por eso, Toto Caputo tuvo que armar un artilugio para promocionar que había vuelto al crédito mundial. Los bonos internacionales se suscriben en dólares y su sede judicial debe ser Nueva York. Ambos requisitos no se cumplieron en esta ambiciosa colocación.
Dicen que el JP Morgan y Goldman Sachs lo ayudaron para recolectar los US$ 1.000 millones. Existe una renta astronómica y Caputo se quedó con los billetes para el FMI.
Los Totoboys están obsesionados con mostrar “buenas noticias”. La reunión por zoom con los gobernadores tuvo un saldo agridulce. El jubileo de dólares no tiene aún el boom deseado por una cuestión: son beneficios tributarios, pero no incluyen ningún incentivo para usar los dólares.
Toto sobreactúa para satisfacer a Milei y por eso le tiró un Exocet al exitoso Darín. Atacó despectivamente al actor más codiciado del momento y Guillermo Francos tuvo que salir a ayudarlo.
Ahora el ministro dio un portazo a la Cámara de la Construcción: no irá a su convención anual. Gustavo Weiss invitó a Milei y Caputo. La Casa Rosada rechazó –vía ceremonial– la invitación. Pero Toto fue más allá y argumentó que no iría porque el año pasado recibió criticas a su programa de obra cero.
Ya dejó plantada a fin de año a la UIA y, hace poco, al poderoso Cicyp . En privado, Caputo masculla bronca y descalifica a lo empresarios: “No saben nada y no se juegan por nosotros”.
El plan “obra cero” inquieta a los gobernadores. Alberto Weretilneck lo dijo: “En Economía no se preocupan por el interior”. Los mandatarios denuncian que Economía frenó obras con financiación internacional girada del BID, CAF y Banco Mundial. Parte de esos recursos, Caputo los desvió y destinó a reforzar las escuálidas reservas del BCRA. Siguen en rojo en US$ 3.400 millones.
Estos bancos advirtieron: caerían los préstamos si persiste la actitud de Economía y no van a destino los fondos. Federico Sturzenegger tampoco irá a CAMARCO: hay un complot ordenado por Milei, para vaciar el encuentro.
El Coloso sufre embates: le adjudican mucha espectacularidad en sus anuncios y pocas concreciones. También hay críticas al ministro de Salud. A Mario Lugones no se le conoce la voz: el reconocido internacionalmente Hospital Garrahan está que arde por falta de dinero.
Ya se admite que la reanimación económica está floja y no termina de calentarse. Influye una orden del propio Javo al rockstar. La instrucción a Toto fue la siguiente: “Tenemos que llegar a octubre con un 1 % de inflación”.
Para eso, el ministro aplica medidas que desvirtúan las creencias monetaristas de Milei. En la UIA, en broma, dicen que Toto instrumenta la doctrina del “massismo austriaco”. La decisión anti-inflacionaria es encorsetar los costos y, para eso, planchar precios claves de la macroeconomía.
El primero es el dólar. Toto está obsesionado con bajarlo a 1.000 pesos y Santiago Bausili hace todo para mantenerlo pisado. Ya el BCRA vendió US$ 400 millones en abril y por lo menos US$ 1.200 en mayo para bajar expectativas del dólar futuro. Las reservas no se reaniman y la decisión provoca consecuencias: escuálida balanza comercial, déficit en la cuenta corriente y de turismo.
El segundo son los salarios. Trabajo no autoriza aumentos -pactados libremente- superiores al 1%. También se incluyen las tarifas: la decisión es plancharlas hasta octubre. Se trata de una estrategia coyuntural que varias veces se usó en Argentina: un corset sobre los precios.
Su efecto fue diverso y solo funciona en el corto plazo. Pero tiene costos fuertes: la pasa mal el campo, la industria y, al final, el consumo de los asalariados. El plan está en plena vigencia. Cristina lo sabe. También, que podría recibir un golpe fatal: Axel Kicillof prepara su matricidio político.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
