CAMPO EN AGONÍA | De cada $100 que produce la soja el Estado se lleva $74,2

Lo señaló un informe que la FADA hizo para ACSOJA, que presentará una propuesta para bajar las retenciones al 20%, de manera escalonada.
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Una tonelada de soja que a junio de 2019 valía 365 dólares al ser exportada tributaba el 41% de impuestos, unos 150 dólares por tonelada, que era cinco veces más que las utilidades de toda la cadena productiva, que promediaron el 9% (unos 33 dólares) sumando a productores, acopios y a la industria aceitera. El resto del precio, el 50%, se consumía en los costos de producción y comerciales. Dicho de otro modo, el Estado en todas sus formas (municipios, provincias y Nación) se llevaba el año pasado 5 dólares por casa 1 que regresaba al sector productivo.

Los datos surgen de un estudio que la cadena de la soja, ACSOJA, encomendó a la Fundación FADA. Sus economistas, David Miazzo y Nicole Pisani Claro, calcularon ese nivel de presión impositiva, que es mucho más elevado si los 150 dólares que van a la recaudación se comparan contra el margen bruto (en ese caso la presión fiscal llega al 68%) y contra el valor agregado (59%) obtenido por esa cadena productiva, que es por lejos la de mayor envergadura de la economía argentina.

La incidencia de los impuestos fue calculada para junio de 2019, en el inicio de la campaña agrícola 2019/20, pues se trató de tomar una fotografía contando con todos los datos, eslabón por eslabón. Pero también fue necesario actualizar los porcentajes, porque el precio de la soja bajó bastante y el principal impuesto que paga la cadena sojera, que son las retenciones, pasó del 27% que tenía hace un año al actual 33%. En ese caso, con la foto actual, el Estado recauda ahora 165 dólares por tonelada, lo que equivale al 45% del valor de mercado del producto.

Cuánto le roba el Estado al campo
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“Este trabajo, que llevo mucho meses elaborarlo. surgió como una idea de ACSOJA para atacar el problema”, remarcó Luis Zubizarreta, que proviene del sector industrial y preside esa entidad. El problema, según su definición, es que la producción argentina de soja está estancada e incluso en retroceso (este año se cosecharán 49 millones de toneladas, desde el récord de 2015 que fue de 61 millones). Pero sobre todo el problema es que el potencial de producción podría ser bastante mayor. La definición implícita es que la alta carga impositiva que pesa sobre el sector está operando como un ancla. Que la frena.

Del trabajo de la riocuartense FADA surge cuáles son los impuestos que pesan sobre los diferentes eslabones de la cadena: primario, comercial e industrial. De lejos descollan las retenciones como la gran bestia a vencer, ya que representan solitas el 66% de la presión fiscal sobre el sector, mientras que el restante 34% se divide entre impuesto a las Ganancias, el impuesto a los Cheques, Ingresos Brutos, el Inmobiliario Rural y las tasas municipales. Por la importancia de los derechos de exportación (DEx) resulta también que el Estado nacional se lleva el 93% del dinero recaudado de la soja, mientras que provincias y municipios se reparten un mínimo 7%.

En base a esta descripción de situación, ACSOJA se animó a hacer una propuesta ambiciosa al gobierno, aunque el propio Zubizarreta se mostró muy cauto sobre la posibilidad de que les pueden llegar a llevar el apunte. “Tenemos la llave y la salida está clarita. Reducir impuestos para permitir que crezca la producción y se expanda la frontera agrícola es el camino para que la Argentina salga adelante. Nosotros lo sabemos como sector y estamos cansados de repetirlo. Ahora tenemos que ver cómo convencer a quienes toman las decisiones. No es una tarea fácil”, admitió.

La propuesta de ACSOJA al gobierno de Alberto Fernández es, de algún modo, recuperar el sendero a la baja de las retenciones que había iniciado el gobierno de Mauricio Macri, pero que a partir de 2018 se discontinuó. Según los números de FADA, si se redujera el peso del tributo aduanero del 33% actual a un 20% en 2027 (es decir cerca de 2 puntos por año), la producción de soja podría crecer a 68,5 millones de toneladas en estos siete años.

Esto, lejos de achicar la recaudación del fisco, la incrementaría en 500 millones de dólares, desde los valores actuales que rondan los 7.000 millones anuales. Por supuesto, es un ejercicio teórico que dependerá de los precios y de que se cumplan los pronósticos de una mayor cosecha. En ese punto, Zubizarreta prefirió no atar la baja de retenciones a una suba de la producción, en tanto esta depende de muchos otros factores que no pueden manejarse, como el clima. Pero en este esbozo hay otras ganancias, como medio millón de fletes de más y unos 4.500 millones de dólares adicionales como ingreso de divisas.

“La cadena de la soja considera que los DEx son un impuesto distorsivo y pide su eliminación. Pero esta propuesta intenta plantear una salida posible en términos de impactos económicos y fiscales. Un sendero de baja de retenciones como este genera dos efectos al mismo tiempo. Por un lado cumple el rol de sostener parte de los ingresos fiscales, pero al mismo tiempo genera expectativas positiva para la cadena, sobre un crecimiento de la producción y de la industrialización, con más mano de obra y mayor generación de divisas”, sintetizó Miazzo.


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Paraguay y Bolivia suspendieron la exportación de bananas a Argentina por falta de pago

La cautelosa liberación de dólares para procesos de importación sigue generando problemas para los importadores argentinos. Ante la falta de pagos que esto genera, los productores de bananas de Bolivia y Paraguay anunciaron que dejarán de enviar la fruta a Argentina hasta que puedan regular la situación.

Esta respuesta por parte de los países vecinos podría generar desabastecimiento de bananas en el país. En total, las empresas nacionales adeudan 10 millones de dólares a los productores paraguayos y otros 12 millones de dólares a los bolivianos.

De acuerdo a lo que explicaron los voceros del conflicto a los medios, la decisión de no vender más banana a la Argentina no se trata únicamente de una medida comercial. En total, aseguran, hay más de 2500 familias afectadas y la cadena de calor está paralizada debido a la falta de pagos.

Por ello, a modo protesta, los productores se acercaron a la embajada argentina en Asunción y regalaron parte de su producción de manera simbólica, para demostrar que es prácticamente lo mismo regalar su producto que venderlo sin cobrar a Argentina. Los afectados exigen el pago de 10 millones de dólares.

Una manifestación similar se vivió en Boliviva, donde los productores denunciaron dificultades para percibir los pagos que viene desde hace varios meses. De hecho, durante una manifestación realizada la semana pasada en la capital del país, los productores afirmaron que no recibieron “ni un solo dólar desde agosto” por parte de los argentinos.

Por ello, ambos países pidieron al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que libere los dólares y permite a los importadores realizar los pagos correspondientes.

“El dólar agro no funciona” | Octubre registró la peor liquidación de divisas en 18 años

Según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, la liquidación de divisas fue de USD 743,5 millones en octubre. Los números representan una caída del 25% si se compara el monto que el complejo agroexportador de granos y subproductos registraron durante el mismo mes del año pasado —cuando la liquidación había sido de USD 1.217,3 millones—. Si se tiene en cuenta los registros históricos, habría que remontarse hasta octubre de 2005 para encontrar un octubre con un valor inferior: USD 660,8 millones.

Si ampliamos la mirada al período acumulado entre enero y octubre, la situación es aún más alarmante. En este lapso, se liquidaron USD 17.492 millones, lo que representa una disminución del 50% (USD 17.539 millones menos) en comparación con el año anterior. En 2022, a estas alturas del año, ya se habían superado los USD 35.000 millones, marcando un año récord. La combinación de precios internacionales más bajos en 2023 y cuarentena en 2020 han contribuido a esta disminución de las exportaciones.

https://twitter.com/CamaraAceites/status/1719700820013240817

La perspectiva a corto plazo no es más alentadora, ya que se espera que el remanente de granos de la cosecha gruesa limite las operaciones de terminales portuarias e industrias de molienda de soja en los próximos meses.

A pesar de los intentos del Gobierno para estimular las exportaciones a través del Programa de Incremento Exportador (PIE), que ha experimentado diversas ediciones en el último año, el complejo exportador continúa perdiendo terreno en la generación de divisas a través de las ventas de granos y subproductos.

Si ampliamos la mirada al período acumulado entre enero y octubre, la situación es aún más alarmante. En este lapso, se liquidaron USD 17.492 millones, lo que representa una disminución del 50% (USD 17.539 millones menos) en comparación con el año anterior

La persistente sequía que afectó la campaña agrícola 2022/23 sigue teniendo un impacto negativo, y se prevé que la tendencia a la baja en las exportaciones de granos persista durante el resto del año. Un informe privado sugiere que las exportaciones de trigo y cebada en 2023/24 podrían generar divisas por valor de USD 3.600 millones.

Además de la disminución en las divisas ingresadas, el complejo agroindustrial enfrenta un desafío adicional: la falta de materia prima para la industria de molienda, lo que afecta tanto la producción de harina y aceite como la elaboración de biodiésel. Esta situación subraya la necesidad de abordar no solo la cantidad de divisas generadas sino también los factores que afectan la disponibilidad de productos para la exportación.

LA BOMBA DE MASSA | Más de 50 mil precios aumentarán después del balotaje

Los precios irreales que el Gobierno mantiene con eternas prórrogas de programas de congelamiento se desvanecerán tras la segunda vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Dos días después del balotaje, los más importantes acuerdos de precios vencen y las empresas adheridas ya adelantaron no renovarán el plazo.

En total, son 50.000 productos que mantienen sus precios de manera artificial con el congelamiento de precios denominado programa de Precios Justos. Por este motivo, los economistas advierten sobre una presión adicional inflacionaria que desencadenará este “descongelamiento”.

Secretaría de Comercio on Twitter: “El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP / Twitter”

El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP

La Secretaría de Comercio, comandada por Matías Tombolini, aseguró que en las últimas semanas se mantuvieron 351 reuniones con empresarios. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, 97 están en duda y 9 confirmaron que no se volverán a adherir al programa. Estas últimas 9 comprenden el rubro de consumo masivo tales como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares, motocicletas e insumos difundidos, entre otros.

Además de los productos de consumo masivo, también los planes de servicios médicos actualizarán sus servicios, al menos así se lo hicieron saber a los pacientes adheridos vía mail. También se suman los incrementos en los combustibles.

El mes anterior, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%

Las petroleras lograron un acuerdo que prevé un aumento entre el 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Aunque se espera otra suba tras el balotaje.

Analizando las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos meses, el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseveró: “Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%”.

También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, agregó.

Por último, pidió “transparentar los precios”, pero “con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”.

Productores rurales organizan un paro ante el desabastecimiento de combustible y exigen soluciones al Gobierno

Un notable grupo de asociaciones rurales convocó a la protesta debido a la falta de suministros. La escasez de combustibles impide que los trabajadores del agro puedan llevar adelante con normalidad sus tareas: Se estima que el campo consume alrededor del 30% del gasoil del país. Los representantes de las organizaciones exigen que el gobierno “arbitre los medios para solucionar esta gravísima situación que afecta a los productores y, en el corto plazo, también a los consumidores de bienes provenientes del sector”.

Al comunicado, emitido por la Federación Agraria Argentina, se le anexan la Asociación Regional de Productores de Areco, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco y la Asociación de Productores Rurales de Arrecife.

“Los genios del desabastecimiento, primero de vacunas (Perdón… ¡Para ellos sí!) Insumos médicos, o artículos de primera necesidad en las ciudades para toda la comunidad ahora se le suma el combustible. La vida económica paralizada, y las máquinas y tractores sin poder trabajar”, sentenciaron.

ESCASEZ DE CHORIZOS Y SALAMINES | Fabricantes apuntan contra Massa por los problemas para importar: “Estamos en un colapso operativo”

En su declaración, la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) ha señalado que “las dificultades en la adquisición de insumos del extranjero han alcanzado un nivel crítico que está provocando una paralización en las operaciones del sector”.

Este organismo —que representa a más de 65 pequeñas y medianas empresas nacionales— informó que se han visto forzados a suspender la producción de embutidos cocidos, secos y frescos. La situación pone en peligro el empleo de miles de trabajadores en el sector, así como en actividades relacionadas, desde los mataderos hasta los transportistas y distribuidores.

Martín de Gyldenfeldt, gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha)
Martín de Gyldenfeldt, gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha)

Caicha ha informado que, en las últimas semanas, el gobierno ha implementado nuevas restricciones para evitar la salida de divisas destinadas al pago de deudas con proveedores extranjeros. “A pesar de que se han otorgado a lo largo del año aprobaciones para los permisos de importación conocidos como Siras, la realidad es que en la actualidad, la posibilidad de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se ha vuelto casi inalcanzable“, señaló Martín de Gyldenfeldt, gerente de la cámara. “La paciencia de los proveedores de insumos básicos importados se está agotando. Muchos de ellos ya no desean abastecernos, y no existen proveedores locales que puedan sustituirlos. En algunos casos, se han tenido que reprogramar los pagos al exterior en más de dos ocasiones, y nadie sabe cuándo se podrán cumplir los compromisos asumidos”, agregó.

La Caicha considera que esta problemática afecta prácticamente a todo el sector privado. Expresan su lamento por la falta de transparencia del gobierno al aprobar importaciones sin contar con las reservas de divisas necesarias.

ESCASEZ DE CHORIZOS Y SALAMINES | Fabricantes apuntan contra Massa por los problemas para importar: "Estamos en un colapso operativo"

“En los últimos meses, hemos observado cómo han surgido numerosos eufemismos para evitar reconocer la escasez de dólares. Términos como ‘Inconsistencia 46, 47 o 49’, ‘capacidad económica financiera (CEF) en cero’ y ‘SIRAS sin fecha’ son solo algunos ejemplos de ello. Esperamos que nuestra petición al menos ayude a obtener cierta visibilidad en cuanto a los flujos de pago futuros. Preferimos la verdad a la situación actual, en la que no solo no podemos cumplir con los pagos, sino que el gobierno pone en duda nuestra palabra al tiempo que devalúa nuestra moneda”, concluyó Gyldenfeldt.

“Tomamos nota del anuncio del Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en el que asegura que liberará las SIRAs pendientes para todas las pymes industriales en Argentina. Queremos creer que así será. Sin embargo, la tradicional sucesión de promesas incumplidas por parte de las administraciones gubernamentales, sin importar su orientación política, nos mantiene alerta en nuestra función de representar la producción industrial y advertir sobre los riesgos inminentes a los que nos enfrentamos”, resaltaron.

El Gobierno impuso una medida recaudatoria a Rappi y PedidosYa y las empresas analizan irse del país

Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados -que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).

“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.

https://twitter.com/BlogDelContador/status/1720489419336012060?s=20

Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.

Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país

“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.

“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.

Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.

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