Argentina acumula más de 60 años de déficit fiscal

Según el informe, el sector público argentino está DISEÑADO para gastar por encima de sus recursos.
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En las últimas horas, el gobierno celebró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya declarado que la deuda pública es impagable. Muchos medios de comunicación, incluso, tomaron esta declaración como un respaldo del FMI al país de cara a la renegociación de la deuda con los acreedores privados y a la posibilidad de aplicar quitas en una eventual reprogramación.

Textualmente, el documento dice: “El personal del FMI evalúa que la deuda de Argentina es insostenible. Específicamente, el superávit primario que se necesita para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere una operación de deuda definitiva que genere una contribución significativa de los acreedores privados para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda.”

¿Cuáles son los fundamentos y las implicancias de la afirmación del FMI? Para indagar en las respuestas hay que analizar un informe de la consultora IDESA que pone el foco en los datos publicados por el Ministerio de Economía sobre resultado fiscal de la Nación y las provincias en el largo plazo. Allí se observa que:

  • Entre 1961 y el 2002 en todos los años hubo déficit fiscal, acumulándose desequilibrios por el equivalente a 180% del PBI.
  • Entre el 2003 y el 2008 estuvieron los únicos años de superávit fiscal totalizando en el acumulado el equivalente a 7% del PBI.
  • Desde el 2009 hasta el 2019 volvieron a ser todos años de déficit fiscal acumulándose desequilibrios por otro 40% del PBI.

Estos datos muestran que en las 4 últimas décadas del siglo pasado se acumularon déficits fiscales por el orden de 2 veces el PBI: “A comienzos del presente siglo, la contabilidad pública muestra un modesto superávit, que se esfumaría si se contabilizaran los juicios previsionales por no aplicación de la movilidad (parte de este gasto se hizo explícito luego con la reparación histórica). Además, se dio en el marco de una grosera licuación de gasto público producido por la mega-devaluación del 2002, precios internacionales históricamente elevados y cesación de pagos de la deuda pública. Más sugerente aún es que, superada la crisis, rápidamente el déficit fiscal volvió a aparecer. Con el agravante que se acumuló otra década de desequilibrios fiscales por una magnitud equivalente a la mitad de la economía, pero con una presión tributaria récord”, dice IDESA.

Ante estas contundentes evidencias, la declaración del personal del FMI, más que un respaldo al gobierno, es un acto de resignación: “Que durante más de medio siglo, en el cual hubo gobiernos militares y democráticos de muy variada orientación, el factor común haya sido gastar por encima de los ingresos demuestra que el déficit fiscal es una Política de Estado, avanza el documento.

En gran parte de la sociedad prevalece el consenso de que el Estado puede gastar más de lo que dispone y cualquier acción tendiente a equilibrar las cuentas públicas implica inaceptables costos sociales. Esto es lo que el personal del FMI –con una irónica dosis de eufemismo– denominó “la no factibilidad política” de equilibrar al Estado.

Según IDESA, el sector público argentino está diseñado para gastar por encima de sus recursos. Un testimonio muy ilustrativo, pero no el único, es el sistema previsional: “Las normas prometen regímenes especiales que permiten adelantar el retiro con mayores beneficios, se regalan indiscriminadamente jubilaciones a través de moratorias, se masifica la duplicación de beneficios con la posibilidad de acumular jubilación y pensión y se elude adecuar las normas ante el envejecimiento poblacional. Como la situación es insostenible se apela a la inflación para que corrija las inconsistencias licuando los haberes. Por eso las energías del debate previsional están siempre concentradas en la fórmula de movilidad”.

En fin, lo más importante que está diciendo el FMI es que la Argentina no tiene capacidad política para ordenar su sector público: “Fue, es y seguirá siendo deficitario y, por lo tanto, no es un país merecedor de acceso al crédito. Bajo estas condiciones, solo queda el financiamiento vía emisión inflacionaria lo que garantiza la persistencia de la decadencia”, culmina IDESA.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – José María González


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Medida de campaña: La devolución del IVA solo regirá hasta el final de este Gobierno

El programa “salvavidas” de la gestión del ministro de Economía Sergio Massa, la devolución del IVA, sólo tendrá vigencia hasta diciembre y deberá ser discutido en el Senado en caso de solicitar una prórroga.

El programa denominado “Compra sin IVA”, activo desde el 28 de septiembre, contempla la devolución del Impuesto al Valor Agregado en compras de artículos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, según anunció la cartera del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Massa anunció un programa de devolución del IVA sobre artículos de la Canasta Básica

La iniciativa implicará la devolución del 21% para 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000. Se devolverá a las 48 horas. Se enviará al Congreso un proyecto para que se extienda a 2024 por un monto de hasta $23.000 mensuales.

El reintegro del 21% en las compras de productos de consumo masivo realizadas en comercios minoristas y mayoristas tiene un tope de hasta $18.800 mensuales y está destinado a jubilados, pensionados, personal de casas particulares, beneficiarios de asignaciones universales por hijo/embarazo, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia. Es decir, a la clase media/baja que percibe menos de $708.000,00 brutos por mes.

La medida fue habilitada a “modo campaña”, dado que el eje de la misma está girando en una solicitud puntual expuesta por el candidato libertario: la reducción de impuestos. Ante ello, el candidato oficialista elevó el programa en tiempo récord. Asimismo, avanzó con la eliminación del Impuesto a las Ganancias que también fue tratado el mismo mes.

Sergio Massa on Twitter: “NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk / Twitter”

NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk

Sin embargo, la eximición del programa expone que no es más que una medida de campaña para intentar atraer algunos electores descontentos con la desastrosa gestión en materia económica.

No obstante, Economía se defendió alegando que el programa podrá seguir vigente el año próximo si se trata en la Comisión de Presupuesto del Senado y se convierte en ley.

Paraguay y Bolivia suspendieron la exportación de bananas a Argentina por falta de pago

La cautelosa liberación de dólares para procesos de importación sigue generando problemas para los importadores argentinos. Ante la falta de pagos que esto genera, los productores de bananas de Bolivia y Paraguay anunciaron que dejarán de enviar la fruta a Argentina hasta que puedan regular la situación.

Esta respuesta por parte de los países vecinos podría generar desabastecimiento de bananas en el país. En total, las empresas nacionales adeudan 10 millones de dólares a los productores paraguayos y otros 12 millones de dólares a los bolivianos.

De acuerdo a lo que explicaron los voceros del conflicto a los medios, la decisión de no vender más banana a la Argentina no se trata únicamente de una medida comercial. En total, aseguran, hay más de 2500 familias afectadas y la cadena de calor está paralizada debido a la falta de pagos.

Por ello, a modo protesta, los productores se acercaron a la embajada argentina en Asunción y regalaron parte de su producción de manera simbólica, para demostrar que es prácticamente lo mismo regalar su producto que venderlo sin cobrar a Argentina. Los afectados exigen el pago de 10 millones de dólares.

Una manifestación similar se vivió en Boliviva, donde los productores denunciaron dificultades para percibir los pagos que viene desde hace varios meses. De hecho, durante una manifestación realizada la semana pasada en la capital del país, los productores afirmaron que no recibieron “ni un solo dólar desde agosto” por parte de los argentinos.

Por ello, ambos países pidieron al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que libere los dólares y permite a los importadores realizar los pagos correspondientes.

Antes de irse, Massa giró $230 mil millones para pagar bonos de fin de año y aguinaldos

El miércoles pasado, el ministro de Economía Sergio Massa se reunió con varios gobernadores provinciales a fin de llevar tranquilidad con algunos fondos, entre ellos los aguinaldos y pagos municipales. De acuerdo a lo expresado por los mandatarios, el principal temor es que, ante la asunción del presidente electo Javier Milei, Nación no derive los fondos con los que aún cuentan.

En ese sentido, Massa respondió los llamados y cedió una importante reunión donde se confirmó un giro total de 230 mil millones de pesos que saldrán de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Para este año, ya se recaudaron 176.095 millones de fondo ATN, pero a las provincias se les transfirieron 50.661 millones, entonces queda un saldo de 125.434 millones sin utilizar que van a pasar al año siguiente.

Sergio Massa on Twitter: “Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada… pic.twitter.com/Khx2WRUbc7 / Twitter”

Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada… pic.twitter.com/Khx2WRUbc7

Además, el ministro intentó llevar calma a los gobernadores asegurando que dejó 930 mil millones de pesos “en caja” a Milei para que el año próximo se los distribuya a cada provincia. Esto se habría anunciado con el fin de acusar al libertario en caso de que no quiera ceder “los fondos que ya están”, alegaron fuentes cercanas a Massa.

Por último, el funcionario explicó vía redes que esta transferencia no impactará de forma negativa en el Presupuesto 2024, dado que los fondos pertenecen a ciclos anteriores: “Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre. Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024“, dijo.

LA BOMBA DE MASSA | Más de 50 mil precios aumentarán después del balotaje

Los precios irreales que el Gobierno mantiene con eternas prórrogas de programas de congelamiento se desvanecerán tras la segunda vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Dos días después del balotaje, los más importantes acuerdos de precios vencen y las empresas adheridas ya adelantaron no renovarán el plazo.

En total, son 50.000 productos que mantienen sus precios de manera artificial con el congelamiento de precios denominado programa de Precios Justos. Por este motivo, los economistas advierten sobre una presión adicional inflacionaria que desencadenará este “descongelamiento”.

Secretaría de Comercio on Twitter: “El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP / Twitter”

El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP

La Secretaría de Comercio, comandada por Matías Tombolini, aseguró que en las últimas semanas se mantuvieron 351 reuniones con empresarios. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, 97 están en duda y 9 confirmaron que no se volverán a adherir al programa. Estas últimas 9 comprenden el rubro de consumo masivo tales como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares, motocicletas e insumos difundidos, entre otros.

Además de los productos de consumo masivo, también los planes de servicios médicos actualizarán sus servicios, al menos así se lo hicieron saber a los pacientes adheridos vía mail. También se suman los incrementos en los combustibles.

El mes anterior, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%

Las petroleras lograron un acuerdo que prevé un aumento entre el 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Aunque se espera otra suba tras el balotaje.

Analizando las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos meses, el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseveró: “Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%”.

También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, agregó.

Por último, pidió “transparentar los precios”, pero “con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”.

La bomba que le dejan a Milei: A menos de 10 días de terminar la gestión, el Gobierno aumentó el Presupuesto en $1,87 billones

La inflación proyectada para el cierre de este diciembre de 180%, casi tres veces más que la estimada en el Presupuesto 2023, lo que generó que desde Nación solicitaran una ampliación presupuestaria para poder cubrir los gastos, pagos y demandas de cada cartera. Así lo hicieron saber en el Decreto publicado este viernes que exige una ampliación por $1.87 billones

La medida fue elevada este jueves, pero publicada finalmente este viernes 1ro de diciembre, a 9 días de finalizar la gestión del presidente Alberto Fernández y sus respectivos ministros que también acompañaron el Decreto de Necesidad y Urgencia con su firma. 

En los “considerandos”, el documento fundamenta que el aumento de la autorización de gastos a ejecutar en lo que resta de este año en que “corresponde adecuar el Presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

Las modificaciones con variaciones incrementales del gasto elevaron la partida inicial de $28,95 billones a $40,1 billones. En tanto, la de recursos pasó de $26,96 billones a $28,26 billones. Lo que generará, en consecuencia, un incremento del déficit total que ahora se ubicó de casi $2 billones a $11,8 billones. 

Las áreas que resultaron más favorecidas con este DNU, con montos mayores a los 10 mil millones de pesos, son: 

  • Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social $392.745 millones
  • Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, Ministerio de Economía $208.598 millones
  • Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ministerio de Educación $190.839 millones
  • Asistencia en Servicios Económicos, Obligaciones a cargo del Tesoro $188.931 millones
  • Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, Ministerio del Interior $120.220 millones;
  • Interceptación y Captación de las Comunicaciones, Poder Judicial de la Nación $96.268 millones
  • Prevención y Control de Discapacidades, Presidencia de la Nación $84.203 millones;
  • Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Seguridad $74.699 millones
  • Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa $63.261 millones
  • Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Gendarmería Nacional, Ministerio de Seguridad $47.607 millones
  • Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, Ministerio de Transporte $42.449 millones
  • Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental, Ministerio Público $37.644 millones, entre otros. 

El Gobierno impuso una medida recaudatoria a Rappi y PedidosYa y las empresas analizan irse del país

Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados -que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).

“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.

https://twitter.com/BlogDelContador/status/1720489419336012060?s=20

Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.

Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país

“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.

“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.

Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.

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