En las últimas horas, el gobierno celebró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya declarado que la deuda pública es impagable. Muchos medios de comunicación, incluso, tomaron esta declaración como un respaldo del FMI al país de cara a la renegociación de la deuda con los acreedores privados y a la posibilidad de aplicar quitas en una eventual reprogramación.

Textualmente, el documento dice: “El personal del FMI evalúa que la deuda de Argentina es insostenible. Específicamente, el superávit primario que se necesita para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere una operación de deuda definitiva que genere una contribución significativa de los acreedores privados para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda.”

¿Cuáles son los fundamentos y las implicancias de la afirmación del FMI? Para indagar en las respuestas hay que analizar un informe de la consultora IDESA que pone el foco en los datos publicados por el Ministerio de Economía sobre resultado fiscal de la Nación y las provincias en el largo plazo. Allí se observa que:

• Entre 1961 y el 2002 en todos los años hubo déficit fiscal, acumulándose desequilibrios por el equivalente a 180% del PBI.
• Entre el 2003 y el 2008 estuvieron los únicos años de superávit fiscal totalizando en el acumulado el equivalente a 7% del PBI.
• Desde el 2009 hasta el 2019 volvieron a ser todos años de déficit fiscal acumulándose desequilibrios por otro 40% del PBI.

Estos datos muestran que en las 4 últimas décadas del siglo pasado se acumularon déficits fiscales por el orden de 2 veces el PBI: “A comienzos del presente siglo, la contabilidad pública muestra un modesto superávit, que se esfumaría si se contabilizaran los juicios previsionales por no aplicación de la movilidad (parte de este gasto se hizo explícito luego con la reparación histórica). Además, se dio en el marco de una grosera licuación de gasto público producido por la mega-devaluación del 2002, precios internacionales históricamente elevados y cesación de pagos de la deuda pública. Más sugerente aún es que, superada la crisis, rápidamente el déficit fiscal volvió a aparecer. Con el agravante que se acumuló otra década de desequilibrios fiscales por una magnitud equivalente a la mitad de la economía, pero con una presión tributaria récord”, dice IDESA.

Ante estas contundentes evidencias, la declaración del personal del FMI, más que un respaldo al gobierno, es un acto de resignación: “Que durante más de medio siglo, en el cual hubo gobiernos militares y democráticos de muy variada orientación, el factor común haya sido gastar por encima de los ingresos demuestra que el déficit fiscal es una Política de Estado”, avanza el documento.

En gran parte de la sociedad prevalece el consenso de que el Estado puede gastar más de lo que dispone y cualquier acción tendiente a equilibrar las cuentas públicas implica inaceptables costos sociales. Esto es lo que el personal del FMI –con una irónica dosis de eufemismo– denominó “la no factibilidad política” de equilibrar al Estado.

Según IDESA, el sector público argentino está diseñado para gastar por encima de sus recursos. Un testimonio muy ilustrativo, pero no el único, es el sistema previsional: “Las normas prometen regímenes especiales que permiten adelantar el retiro con mayores beneficios, se regalan indiscriminadamente jubilaciones a través de moratorias, se masifica la duplicación de beneficios con la posibilidad de acumular jubilación y pensión y se elude adecuar las normas ante el envejecimiento poblacional. Como la situación es insostenible se apela a la inflación para que corrija las inconsistencias licuando los haberes. Por eso las energías del debate previsional están siempre concentradas en la fórmula de movilidad”.

En fin, lo más importante que está diciendo el FMI es que la Argentina no tiene capacidad política para ordenar su sector público: “Fue, es y seguirá siendo deficitario y, por lo tanto, no es un país merecedor de acceso al crédito. Bajo estas condiciones, solo queda el financiamiento vía emisión inflacionaria lo que garantiza la persistencia de la decadencia”, culmina IDESA.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – José María González