Bancos buscan limitar los plazos fijos a las empresas por la regulación de tasas del BCRA
La tasa del 30% que fijó el Banco Central erosiona la rentabilidad de la banca por lo que buscan ponerles límites. El sector público también está haciendo plazos fijos con esa tasa para estirar los recursos.
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Los plazos fijos con tasa de interés controlada por el Banco Central se convirtieron en un problema para los bancos porque erosiona su rentabilidad. Para no afectar a los clientes individuales, los bancos privados están buscando la forma de limitar los montos de los grandes plazos fijos.
Los topes no fueron definidos hasta ahora, pero el fondeo al 30,02% nominal anual no es atractivo para los bancos que vienen observando un incremento de estos depósitos de parte de organismos del sector público también como una forma de estirar el rendimiento de los depósitos. Por eso, también se evalúa limitarlo para las entidades públicas.
Pesce resolvió a fines de mayo subir la tasa de los plazos fijos del 26,6% anual al 30,02% a partir del 1 de junio mediante la Comunicación “A” 7027.Esta nueva tasa implica una rentabilidad del 2,5%, lo que le ganó a la inflación de los últimos meses, lo que incrementó el interés de los depositantes. Y aunque seguramente no sea suficiente para resultar positiva en el segundo semestre, aumenta el número de depósitos.
Para los bancos esto es un dolor de cabeza porque en el escenario de alta emisión actual, está por encima de lo que estarían dispuestos a tomar en el mercado. De hecho, entre ellos la tasa se ubica debajo del 29,7%.
Y además no les supone una ventaja en términos operativos. A las empresas solo pueden prestarles a tasas subsidiadas porque en este contexto no están tomando otros créditos y el riesgo crediticio es muy alto, por lo que la intermediación financiera en este segmento dejó de ser un modelo de negocios viable en el corto plazo. Entonces los depósitos, menos los correspondientes encajes, se traducen en Leliqs que paga el Banco Central al 38% sin un margen que sea del interés de los grandes bancos.
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La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.
Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.
“La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.
El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.
En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.
En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.
La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.
EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO
Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.
“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.
El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
En un nuevo avance en su política de reducción de impuestos, el Gobierno anunció la eliminación de las retenciones a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias para las ventas realizadas mediante tarjetas de débito, crédito y otros métodos de pago electrónicos. La medida entrará en vigor a partir de septiembre, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta es la primera de una serie de medidas que se implementarán en el próximo mes con el objetivo de disminuir el “costo argentino”, una carga impositiva que, según el Gobierno, ha frenado el desarrollo económico del país. “Estamos comprometidos con la eliminación de impuestos que afectan negativamente al sector privado y obstaculizan el crecimiento”, expresó Caputo.
La decisión de eliminar estas retenciones, que hasta ahora afectaban a las transacciones realizadas a través de tarjetas y otros medios electrónicos de pago, fue bien recibida por el sector privado. Según el Ministerio de Economía, la normativa original había establecido un límite de facturación (equivalente a 10 mil unidades UVA) para acceder a este beneficio. Sin embargo, la reglamentación final amplió la exención a todas las empresas, sin importar su nivel de ingresos.
El comunicado oficial subraya que la medida no solo beneficiará al sector privado, sino que también promoverá la formalización de las transacciones y la inclusión financiera, además de reducir los costos de los sistemas de pago. “Esta iniciativa es fundamental para avanzar en los objetivos del Gobierno Nacional de fomentar la actividad económica y la utilización de medios de pago que aporten mayor transparencia y formalidad a la economía”, afirmaron desde el Palacio de Hacienda.
El nuevo régimen será oficializado esta semana con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, las retenciones mencionadas quedarán sin efecto para todos los pagos realizados desde el 1° de septiembre de 2024 en adelante. Además, el Gobierno instó a las provincias a adherirse a esta medida, eliminando las retenciones de Ingresos Brutos y otros impuestos locales sobre los pagos alcanzados por la normativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo junto a miembros de su equipo de trabajo (de izquierda a derecha) Federico Furiase, Martín Vauthier y Santiago Bausili
La medida más reciente del paquete fiscal se suma a la reducción del impuesto PAIS, prevista también para septiembre. Luego, se espera que el Gobierno avance con la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, conocido como “impuesto al cheque”, y con las retenciones a las exportaciones.
Caputo, en un discurso ante empresarios, subrayó la importancia de estas políticas para lograr un superávit fiscal y, con ello, poder continuar reduciendo la carga impositiva. “Nosotros vinimos acá para reducir la inflación y bajar los impuestos. Es decir, hacer lo opuesto a lo que ha hecho Argentina durante los últimos 100 años. Con el tiempo, sus empresas ganarán mayor competitividad y crecerán”, concluyó el ministro.
El mes de julio trae malas noticias económicas para el Gobierno, que se esfuerza por mantener una línea de ajuste brutal en las cuestas públicas, es que por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei, no se logró alcanzar el superávit financiero durante el séptimo período del año.
Así lo admitió el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien achacó el cierre en rojo de las cuestas públicas al desembolso de 780 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses de la deuda contraída por él mismo, en 2018, cuando era funcionario del gobierno de Mauricio Macri.
El dato endurece la confianza de los inversores en un momento delicado del mercado financiero, ya que se suma a la inestabilidad en la capacidad de pago de los compromisos en moneda dura, por parte del Gobierno. Además de la poca disponibilidad de dólares que por la falta de disciplina fiscal de los últimos meses.
Asimismo, si a la caída cotidiana de reservas de los últimos días se le agrega un deterioro del panorama fiscal, el dato podía deparar una sorpresa aún más desagradable para el equipo económico que se esfuerza por mostrar logros de gestión a toda costa.
Si bien, las reservas se verán afectadas también por el pago de intereses al FMI por otros mil millones de dólares a finales del mes de agosto, Caputo prometió que las cuestas publicas volverán a tener un saldo positivo, con la intención de llevar calma a los mercados y sobre todo a los inversionistas que miran con desconfianza el panorama de aquí a diciembre.
El titular del Palacio de Hacienda, confirmó que a mediados del nuevo mes que comienza, llegaran fondos frescos por parte del BID, que prestará unos USD 650 millones al país, para equilibrar las salidas de dólares destinadas al pago de intereses internacionales.
También, el Gobierno confía en la llegada de dólares a través del sector del agro, que estableció un compromiso de saldar algunas toneladas de cereales que quedaron pendientes de la cosecha 2024 a la espera de la liberación del cepo cambiario, que no parece dar señales de desaparecer en lo inmediato.
Desde el próximo lunes 2 de septiembre, el Gobierno confirmó que habrá una reducción del Impuesto País del 17,5 por ciento al 7,5.
Ante la novedad, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionaron en sus redes sociales.
“Importante!”, indicó el funcionario en su cuenta de X sobre el anuncio, y agregó: “Prometimos y cumplimos!”.
En esa línea, también se manifestó Milei. Quien compartió el mensaje de su ministro y sentenció: “La palabra se cumple”.
Al ser consultado sobre si los precios van a subir a raíz de los beneficios en los costos de importación, Caputo dijo que gracias a la reducción del Impuesto PAIS “se va a impulsar una baja”. Y sostuvo: “En septiembre vamos a ver una disminución precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras [empresariales] para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. La confianza es de los dos lados, nosotros con las industrias y las industrias con la gente. Lo importante es que se entienda que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No tiene que ser un tema de especular. La reacción de todos ha sido muy buena”.
“El lunes baja lo que nosotros habíamos subido [al inicio de la gestión], de 7,5% a 17,5%”, comenzó el funcionario de Javier Milei, y justificó la suba inicial: “Lo subimos y dije que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.
El gravamen –creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa e incrementado por la actual gestión– volverá a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5% –nivel al que lo subió Caputo– para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
