“No nos gusta que el Estado intervenga en las empresas privadas del país. A lo largo de la historia, se ha visto que el Estado no es un buen administrador de las empresas privadas. Y ha quedado demostrado que no ha sido eficiente. Todo lo contrario, ha sido un sector de corrupción”, aseveró Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
“El Estado va a tener que pagar la deuda de esa empresa; el pueblo va a terminar pagando la deuda. No sabemos bien cómo son los términos de la intervención y si hay proyecto privado, pero la fe está puesta en la oposición (en el Congreso) para que no avance este proyecto”, agregó.
Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, dijo que, habiendo un proceso judicial de por medio (la empresa está en concurso preventivo) a la intervención habría que canalizarla. “Es una materia muy preocupante, en cuanto a los hechos. Es motivo de preocupación que haya un equilibro y una responsabilidad de eludir la deuda y que esta pase al pueblo, que le herede sumas que no tienen que pagar de una deuda que no le corresponde”, indicó.
“Nos preocupa que no se atienda bien al sector, que queden desvalidos y que se debilite la cadena”, remarcó el presidente de Coninagro. Pidió que Gabriel Delgado, designado interventor, se apoye en el cooperativismo. “Él es una persona muy de avanzada, ha estado en el INTA, ha llevado la parte de innovación y de tecnología y va a servir mucho”, describió.
Para Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), la expropiación en sí no es una buena señal por las experiencias pasadas en las que el Estado terminó interviniendo empresas privadas. “Uno tiene que ver primero en qué consiste el proyecto y conocer sobre esta expropiación y si va afectar a la población. En el sector lo que se necesitan son reglas claras, porque no se sabe a qué precio vamos a importar los insumos o a qué dólar se va acompañar. Además, el Estado no es garante de hacer nada bien. Puede tener falencia como las puede tener una empresa privada”, sostuvo.
Tras la medida, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo que estos “son mensajes muy contrapuestos los que está dando el Estado con esta decisión. La escenografía dice mucho porque hay otro poder del Estado que busca hablar de la seguridad alimentaria y la exportación de alimentos cuando el mercado de granos es muy transparente”. Agregó: “El Estado tiene que generar condiciones para que sea más eficiente el sistema, pero está generando otro accionar”.
En un comunicado, la SRA manifestó que “ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU”, así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley que se enviará al Congreso.
“La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”, advirtió la entidad ruralista.
Agregó que, contrario a lo anunciado, el Estado “a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”.
Por su parte, en un comunicado Vicentin expresó: “El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación”.
