ARRANCÓ EL CHAVISMO | El Gobierno EXPROPIÓ la empresa Vicentin

El "sueño húmedo" K se aproxima ¿qué hay detrás de la expropiación de Vicentin?

09/06/2020

Ese “sueño húmedo” K (que tiene varios nombres y se condensa algunos países de la región) se aproxima. Lo advertimos. Este portal re-publicó el pasado jueves 4 de junio una nota de MDZ Online, la cual lleva como título “El kirchnerismo busca EXPROPIAR la mayor exportadora de soja de Argentina”. Hasta el momento, la noticia pasó relativamente desapercibida… Hoy, Alberto Fernández, Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), Anabel Fernández Sagasti (senadora mendocina del Frente de Todos) y Roberto Gabriel Delgado (economista designado como interventor del Grupo Vicentin) anunciaron la expropiación de mencionada empresa.

“Tenemos el propósito de rescatar a Vicentin. Hemos dispuesto una serie de medidas para rescatar la empresa, líder en el mercado agropecuario argentino. No sólo para que continúe y siga funcionando sino que los trabajadores continúen en sus puestos. Estamos firmando un DNU que dispone la intervención del Grupo Vicentin. El Poder Ejecutivo ha designado como interventor del Estado Nacional a un experto en un experto de temas agropecuarios, que es Gabriel Delgado”, explicó el mandatario en la cadena nacional transmitida para desarrollar sobre el tema.

En simples palabras, la expropiación de la empresa significa que los contribuyentes pagarán desde ahora la deuda y los “descuidos” financieros de una empresa “privada”. Básicamente, en eso consisten los “salvatajes” de los Gobiernos y lo que textualmente explicó hoy, notablemente nervioso, Alberto Fernández.

Luego de ello, sigue lo ya conocido y fundamentado en la teoría económica, con sus correspondientes resultados… cuando el Gobierno se mete en el mercado, todo lo demás está anunciado. Sin embargo, con todas las evidencias en contra, la casta política argentina avanza retrocediendo (y viceversa): no tiene nada que perder.

VICENTIN, LA HISTORIA DE UNA CRISIS

Vicentin nace en el año 1929. El despegue de la empresa comenzó en de 1966 cuando incorporó en la producción de aceites el proceso de extracción por solventes. En 1987, la empresa comenzó a operar desde su propia Terminal de Embarque, erigida en San Lorenzo, junto al río Paraná. Con la puesta en marcha de “Planta San Lorenzo”, en 1997. Vicentin duplicó su producción alcanzado la cifra de 10.000 toneladas por día. Durante 1998, la empresa ingresó al competitivo mercado interno argentino gracias a la comercialización de sus aceites de girasol y de oliva.

La empresa era la más grande del país en cuanto a exportación de granos. Entró en default en diciembre de 2019. Era dirigida por Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. Su principal acreedor era el Banco Nación, a quien le debía más de $18.300 millones (Claudio Lozano, actual directo de ese banco, fue uno de los que firmó e impulsó la intervención estatal).

Según informó Ámbito Financiero, a raíz de los problemas económicos que estaban atravesando, el último 11 de febrero, luego de no poder realizar acuerdos extrajudiciales con sus acreedores, la empresa solicitó a la justicia santafesina ingresar en un concurso preventivo, que fue aceptado el 6 de marzo. El juez fijó el 11 de marzo como fecha de audiencia de sorteo de la sindicatura; el 9 de junio como límite para la verificación de créditos; y ordenó la inhibición general de bienes de la agroexportadora, como lo establece la Ley de Quiebras y Concursos (LQC).

En el marco de la conflictiva situación las autoridades de la empresa comenzaron a ser investigadas debido a que la firma fue una de las más beneficiadas por el gobierno de Mauricio Macri. Durante la gestión de Cambiemos muchas empresas estaban disconformes con los mecanismos de acceso a créditos ya que eran inaccesibles por las altas tasas. No obstante, Vicentin mantuvo abierta una línea de prefinanciación de exportaciones por hasta u$s300 millones. Es por eso que se empezó a acusar que la empresa pudo recibir un respaldo mayor al de sus competidoras por los lazos políticos que entabló con el gobierno de Macri.

LOS NÚMEROS QUE TOMÓ EL GOBIERNO

La empresa, actualmente, tiene un nivel de deudas comerciales y financieras, que alcanzan los $99.345 millones.

Del informe, al cual Ámbito Fianciero tuvo acceso, se desprende que hay al día de hoy un total de 2.638 acreedores que esperan cobrar los créditos, préstamos y operaciones realizadas con la empresa. De ese total, $63.961 millones representan deudas con el sistema financiero local e internacional mientras que un 23% se encuentra acumulada en entidades financieras públicas y privadas argentinas.

El Banco Nación es el principal acreedor bancario local con un total de $18.182 millones (u$s350 millones en créditos), pero no es el único. La firma mantiene deudas por $1.814 millones con el Banco Provincia de Buenos Aires, por $752 millones con el Banco Hipotecario, $652 millones con Banco Macro, $508 millones con el Banco de Entre Ríos, $372 millones con el Banco de Santa Fe, $374 millones con el Itaú, $318 millones con el Ciudad y $313 millones con el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Al mismo tiempo, la deuda de la empresa con acreedores financieros internacionales asciende a $30.153 millones. Más del 50% pertenece a International Finance Corporation con $16.504 millones, pero también figuran Netherlandese Financerings con $9.228 millones e ING Bank NV – Tokyo Branch con $4.420 millones.

Otro aspecto importante que hace a la relevancia de la empresa tiene que ver con la cantidad de puestos de trabajo que directa o indirectamente depende de ella. Según cifras oficiales, Vicentin cuenta con cerca de seis mil trabajadores que se distribuyen principalmente entre 2.195 de la industria aceitera (1.283 a Vicentin SAIC, 806 a Renova SA, 58 a Renopack SA y 48 a Patagonia Bioenergía SA); 920 de la algodonera; 376 de la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica, apunta el relevamiento del Gobierno. Esto es debido a su injerencia accionaria en cerca de 20 empresas.

ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI: UNA DE LAS MENTES DISEÑADORAS

Fernández Sagasti, dijo que “es un placer poder haber colaborado con usted, Presidente, y su equipo. Recibimos muchas demandas acerca de lo que estaba sucediendo alrededor de la situación Vincentin. Es una excelente noticia la decisión de rescatar esta empresa, que tiene que ver con la soberanía alimentaria de todos los argentinos y argentinas”.

“Estoy dispuesta a colaborar desde el Senado de la Nación para que la Ley pueda ser tratada prontamente, con la amplia discusión que nos caracteriza. Es una herramienta fundamental para el estado nacional, una empresa testigo con el mercado de granos y la industria alimenticia. Gracias por la participación y por haber escuchado la idea”, destacó la mendocina.

APLAUSOS AMIGOS

Las primeras palabras a fines al proyecto fueron las de la diputada Fernanda Vallejos:

Fernanda Vallejos on Twitter: “El gobierno decidió la intervención y próxima expropiación de Vicentín, empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores. / Twitter”
El gobierno decidió la intervención y próxima expropiación de Vicentín, empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores.

“También es una garantía para 2.600 pequeños productores, que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa. Y, desde ya, es una decisión trascendente para la Argentina, que podrá mantener, mediante la participación del Estado, a uno de los operadores de mayor envergadura“, agregó en su breve comunicado.

No faltaron las felicitaciones de Luis D’Elía y Juan Grabois: grandes propulsores del kirchnerocomunismo y archienemigos del capital.

Luis D’Elia on Twitter: “AHORA. @CasaRosada . @alferdez : “hemos tomado medidas para rescatar a la empresa Vicentín”.”Estoy anunciando una ley de expropiación para que el Estado se haga cargo””Vamos a declarar a la empresa de utilidad pública”Excelente decisión de @alferdez / Twitter”
AHORA. @CasaRosada . @alferdez : “hemos tomado medidas para rescatar a la empresa Vicentín”.”Estoy anunciando una ley de expropiación para que el Estado se haga cargo””Vamos a declarar a la empresa de utilidad pública”Excelente decisión de @alferdez

Juan Grabois on Twitter: “Argentina produce alimentos para 400 millones de personas pero no alimenta a sus propios hijos. Gran decisión de @alferdez. Un paso hacia las transformaciones estructurales necesarias para terminar con tanta injusticia. / Twitter”
Argentina produce alimentos para 400 millones de personas pero no alimenta a sus propios hijos. Gran decisión de @alferdez. Un paso hacia las transformaciones estructurales necesarias para terminar con tanta injusticia.

Mientras, Pino Solanas destacó que se trata de una medida “histórica” a partir de la cual “el Estado podrá impulsar la soberanía alimentaria, exportación de granos y garantizar continuidad de miles de puestos de trabajo”.

Pino Solanas on Twitter: “El Presidente @alferdez acaba de anunciar una medida histórica: intervenir la empresa #Vicentín. Es un paso trascendental a partir del cual el Estado podrá impulsar la soberanía alimentaria, exportación de granos y garantizar continuidad de miles de puestos de trabajo. / Twitter”
El Presidente @alferdez acaba de anunciar una medida histórica: intervenir la empresa #Vicentín. Es un paso trascendental a partir del cual el Estado podrá impulsar la soberanía alimentaria, exportación de granos y garantizar continuidad de miles de puestos de trabajo.

LA PREGUNTA QUE INCOMODÓ AL PRESIDENTE

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Senador nacional de LLA es condenado por desmonte ilegal y deberá pagar más de 101 millones de pesos

Joaquín Horacio Herrera 12 de marzo de 2026

El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien ocupa el cargo de Convencional Constituyente de la Provincia de Formosa, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia por desmonte ilegal. El juez falló a favor del Gobierno de Formosa, ordenando que pague más de $101 millones, más intereses y costos judiciales.

Todo comenzó con una inspección del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que detectó cambios realizados sin los permisos ambientales correspondientes, dando a conocer una deforestación clandestina en tierras pertenecientes a Paoltroni. Esto significa dañar ecosistemas como selvas o monte nativo, clave para la biodiversidad y el cambio climático en el norte argentino.

“Hemos avanzado con algunas acciones administrativas vinculadas al senador Francisco Paoltroni, al intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo, vinculadas a las infracciones”, destacó el ministro de la Producción y del Ambiente, Lucas Rodríguez.

Paoltroni no pagó la multa. Entonces, la fiscal de Estado, Stella Zabala, inició un juicio de ejecución para cobrarla forzosamente. Fue notificado varias veces y tuvo posibilidad de pagar voluntariamente, pero no lo hizo. El juez rechazó todos sus argumentos defensivos y confirmó la deuda.

Basualdo fue sancionado con multas que suman aproximadamente $1.025 millones. Las infracciones incluyen la remoción de 467 hectáreas en las inmediaciones de Pozo Molina, una región considerada de alto valor biológico por sus corredores, y otras 192 hectáreas en la zona del Quemado Nuevo.

En concreto, la indagación contra Paoltroni se originó por presuntas infracciones a la Ley provincial 1660 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una normativa que surgió “con el fin de promover el desarrollo económico y social a través de la ocupación del espacio físico en forma armónica con la preservación de todos los recursos naturales, en particular de los bosques nativos”.

La defensa sostuvo que, por ser senador, Paoltroni no podía ser sujeto de ese procedimiento. El tribunal rechazó la excepción, afirmando que la inmunidad protege actos y opiniones vinculados a la función legislativa —votos, intervenciones en el recinto—, pero que “no es un salvoconducto para evadir sanciones ambientales”, económicas o responsabilidades civiles y administrativas.

Se alegó que la provincia no estaba legitimada para ejecutar la multa. La jueza consideró, en cambio, que el Estado provincial sí tiene competencia y facultad para aplicar y ejecutar sanciones por infracciones a la normativa ambiental local, y por eso desestimó la excepción.

La defensa planteó que la normativa que sostiene la multa sería inválida. El tribunal, tras analizarla, la declaró válida y ajustada a la Constitución, por lo que el argumento fue igualmente rechazado.

Según la resolución, los desmontes investigados constituyen un “cambio de uso de suelo” sin autorización y alcanzan superficies significativas en varias colonias de la provincia. En total, fue estimado por una “deforestación masiva” que afectó a 597 tierras repartidas en tres colonias de la provincia. Los trabajos fueron efectuados en 112 hectáreas en Colonia El Silencio, 7 en Colonia Brouchard y 478 en Colonia San Roque, zonas cercanas a Ibarreta y Subteniente Perín.

La defensa ya anticipó la intención de apelar la sentencia. Si hay apelación, la causa deberá ser revisada por instancias superiores. A su vez, la provincia puede avanzar con medidas de ejecución (embargos u otras medidas cautelares) para asegurar el cobro si la ley lo permite. La Fiscalía de Estado afirmó que defenderá la resolución en las instancias siguientes.

Historial judicial

La recopilación de casos que involucran al senador formoseño Paoltroni se conforma a partir de una combinación de investigaciones administrativas y expedientes judiciales. En pocos meses, su nombre quedó vinculado a denuncias por embargos judiciales y sospechas de irregularidades económicas relacionadas con su actividad agropecuaria.

Dados los procesos trascendidos, desde noviembre de 2025 comenzaron a aparecer otros expedientes que complicaron aún más su situación. Uno de ellos se tramita en la Justicia Federal y está vinculado a presuntas maniobras financieras relacionadas con la consignataria de hacienda “Ganaderos de Formosa”, empresa con la que Paoltroni opera en el negocio ganadero. Allí se investiga un supuesto fraude contra una sucursal del Banco Nación en Quitilipi, provincia del Chaco, por la emisión y endoso de cheques que luego habrían sido desconocidos. En ese expediente la Justicia también ordenó un embargo, cercano a los $134 millones.

Como consecuencia, la provincia aplicó sanciones económicas que en el caso específico de Paoltroni superan los $104, aunque forman parte de un conjunto de multas más amplio que alcanza cifras mucho mayores dentro de distintos expedientes. Las sanciones fueron derivadas a la Justicia para su ejecución cuando no fueron abonadas en el plazo establecido.

Además, se suman sospechas sobre su crecimiento patrimonial dentro del negocio ganadero. Algunas denuncias mencionan la posibilidad de compras de haciendas “en negro”, evasión impositiva y maniobras para blanquear animales en remates rurales. También se analizan operaciones de distintas sociedades agropecuarias vinculadas directa o indirectamente a Paoltroni, como Agroindustria de Formosa, CSI, El Divisadero o CONAGRI.

Desde su entorno sostienen que las sanciones y expedientes forman parte de una persecución política impulsada por el gobierno provincial del gobernador peronista, Gildo Insfrán. Por otro lado, las autoridades ambientales argumentan que las evidencias son fácilmente verificadas mediante imágenes satelitales del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

Regresó a LLA

Paoltroni fue separado del bloque de LLA en 2024 por lo que los propios integrantes describieron como “diferencias irreconciliables”. En los hechos, una serie de críticas públicas a la conducción política y a decisiones estratégicas del sector terminaron rompiendo la convivencia interna y acelerando su expulsión, tachándolo de “impostor” e “impresentable”.

El choque se profundizó cuando Paoltroni cuestionó abiertamente al asesor y estratega cercano al presidente, Santiago Caputo y puso en tela de juicio decisiones relevantes, entre ellas la designación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, siendo este “parte de la casta”. Las crónicas documentables y las fuentes del propio oficialismo lo describieron como el punto de quiebre que justificó la medida.

“No estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de LLA”, subrayó una alta fuente del Poder Ejecutivo.

Paoltroni, en cambio, sostuvo que sus cuestionamientos eran legítimos y que incluso mantenía de igual forma su apoyo Javier Milei, por lo que reivindicó su espacio político y anunció luego la conformación de su propio espacio llamado, “Libertad, Trabajo y Progreso”.

Posteriormente, integraría su agrupación en una alianza con LLA donde fue Lule Menem —un operador de estrecha confianza de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei— quien gestionó su vuelta.

ESCÁNDALO EN EL SENADO | La libertaria Orozco enojada con Villarruel y desesperada por los contratos para sus ñoquis: “Tengo a mis asesores esperando”

Redacción 19 de febrero de 2026

En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.

La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensi —nota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.

Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.

La corroboración que deja en evidencia a Orozco

Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad. Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:

Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
Francisco Paoltroni: 11 asesores.
Agustín Coto: 11 asesores.
Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Juan Pagotto: 9 asesores.
Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Vilma Bedia: 8 asesores.
Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.

Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.

¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.

La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja

La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).

Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.

Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce

Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.

Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?

El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio

Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.

En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.

No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.

Conclusión:

Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.

*Autor: Augusto Grinner

SALUD | La crisis se agiganta con una denuncia por extorsión contra funcionario de Kreplak

Redacción 2 de marzo de 2026

La dirección de Emergencias y Catástrofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El área —clave en la coordinación del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)— enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.

El conflicto se da en el marco de la gestión provincial actual y expone tensiones en un área estratégica para la respuesta sanitaria ante emergencias y catástrofes.

La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno

Uno de los cambios más significativos en la estructura operativa de la dirección de Emergencias y Catástrofes fue la instalación de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allí funciona parte del despliegue logístico de emergencias provinciales.

Sin embargo, según pudo reconstruir el portal REALPOLITIK a partir del testimonio de profesionales del área, las condiciones edilicias del lugar serían críticas. “El exhospital Naval le cedió una parte a la dirección para la base de ambulancias del SIES. Está en estado deplorable, es donde duermen choferes, enfermeros y médicos”, relataron fuentes con años de antigüedad en el servicio.

*– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilación*

Según la descripción, los baños centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio básico, mientras que el resto del personal “no tiene forma de higienizarse”. “A veces en los techos se escuchan ratas”, agregaronó. Además, explicaron que esos espacios originalmente eran depósitos y “nunca estuvieron destinados a albergar personal”.

En paralelo, el reordenamiento interno habría profundizado tensiones preexistentes: “Sacaron al coordinador que teníamos porque no les gustaba que tuviera buena relación con el personal. Dos médicos renunciaron, otros dos se fueron y el clima es cada vez peor”, aseguraron profesionales.

*– Los dormitorios están conformados por económicas estructuras de pino y, en algunos casos, sin luz*

En el mismo sentido, señalaron que la situación impactó también en personal vinculado a la Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM): “Personalmente hace más de 15 años que trabajo ahí y la estoy pasando muy mal”, agregó una profesional, que continúa en funciones y pidió reserva de identidad.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con el manejo de los recursos del SAMO. “Cobramos dos veces SAMO, pero no sé qué hacen con la plata, no hay control”, confió un trabajador, dejando entrever posibles irregularidades administrativas. Asimismo, indicó que el personal de ambulancias no está encuadrado bajo el régimen de trabajo por insalubridad, a diferencia del personal hospitalario, pese a tratarse —según explicó— de una tarea “mucho más insalubre y peligrosa”.

*– Baños con duchas improvisadas y el menú del día*

Conducción y designaciones cuestionadas

Las críticas también alcanzan al estilo de conducción del área. “Se maneja como patrón de estancia, diciéndote cosas como ‘si no te gusta ahí está la puerta’ o ‘lo hacés porque lo digo yo’”, afirmó la médica.

Según su testimonio, Chaparro Fresco —quien proviene del IOMA— habría incorporado médicos reguladores que “nunca trabajaron con nosotros y les falta capacitación”, pese a que su función es administrar recursos y definir derivaciones en situaciones críticas.

“Están en el ministerio sentados en oficinas”, sostuvo. Como ejemplo mencionaron que una de las médicas reguladoras es neonatóloga, lo que no se ajustaría a la dinámica general de emergencias.

Operativos bajo tensión

Las críticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en Bahía Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas señalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.

Según los relatos, durante los recambios de equipos cada tres días se realizaban encuentros que incluían celebraciones y expresiones político-partidarias, más propias de militantes que de profesionales de la salud. Si bien estos hechos no forman parte de ninguna denuncia judicial, reflejan un clima de fuerte fragmentación interna en un área que debería operar bajo estrictos criterios técnicos y sanitarios.

Chaparro Fresco, denuncia y antecedente

En paralelo al conflicto operativo, se radicó una denuncia penal por presunta extorsión contra el actual director del área, Jerónimo Chaparro Fresco. La presentación quedó registrada en el ministerio Público Fiscal de La Plata y ya cuenta con número de expediente.

Según pudo saber este medio, la denuncia se originó luego de que el funcionario amenazara a una médica con iniciarle un sumario administrativo si no renunciaba a su trabajo. “Me amenazó con un sumario si no me iba”, afirmó la médica.

*– La denuncia por extorsión contra Jerónimo Chaparro Fresco*

Además de la presentación penal, la profesional indicó que también realizó una denuncia ante el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, en la comisión de Violencia y Ética. “La denuncia está en fiscalía, no sé en qué instancia”, aseguró.

El nombre de Chaparro Fresco no es nuevo en el ámbito sanitario bonaerense. Durante su paso por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), bajo la gestión de Homero Giles, ya había sido mencionado en investigaciones vinculadas a conflictos con clínicas privadas.

Vale recordar que, en diciembre de 2022, REALPOLITIK publicó una investigación sobre denuncias penales contra directivos del instituto en el marco de presuntas presiones económicas a sanatorios. En aquel expediente también figuraba su nombre.

Silencio oficial

Mientras todo esto ocurre, profesionales del área advierten que la crisis impacta directamente en la operatividad del sistema de emergencias en territorio bonaerense, en un contexto donde la coordinación entre el SIES, el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) y los hospitales resulta clave para la atención de situaciones críticas.

El conflicto en Emergencias se suma así a un escenario más amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los últimos años tuvo como eje de debate la destrucción del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.

En distintos sectores del ámbito médico se habla de un progresivo deterioro institucional y de una creciente politización de estructuras técnicas. Las críticas apuntan a designaciones realizadas por afinidad política antes que por trayectoria profesional, en un proceso que algunos trabajadores describen como “camporización” de áreas sensibles del estado.

La dirección de Emergencias y Catástrofes, por su rol estratégico en la atención de desastres y situaciones críticas, no queda al margen de ese debate. En un sistema donde cada decisión impacta directamente en la salud de miles de bonaerenses, las denuncias internas y el malestar profesional vuelven a poner bajo la lupa el rumbo sanitario de la gestión de Axel Kicillof.

*Fuente: REALPOLITIK

El malestar social alcanzó un récord negativo en febrero

Redacción 9 de marzo de 2026

El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos años, según el último Índice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital Seúl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.

El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses más bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó además 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.

De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie.

El estudio también registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del país y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.

La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el máximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.

El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente más altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.

La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanía que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el análisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.

El trabajo también señaló que el oficialismo conservó un núcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el análisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, más que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.

HUMOR por Argüelles

TWEET DEL DÍA

Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
— Ceferino Reato (@ceferinoreato) February 23, 2026