Ese “sueño húmedo” K (que tiene varios nombres y se condensa algunos países de la región) se aproxima. Lo advertimos. Este portal re-publicó el pasado jueves 4 de junio una nota de MDZ Online, la cual lleva como título “El kirchnerismo busca EXPROPIAR la mayor exportadora de soja de Argentina”. Hasta el momento, la noticia pasó relativamente desapercibida… Hoy, Alberto Fernández, Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), Anabel Fernández Sagasti (senadora mendocina del Frente de Todos) y Roberto Gabriel Delgado (economista designado como interventor del Grupo Vicentin) anunciaron la expropiación de mencionada empresa.
“Tenemos el propósito de rescatar a Vicentin. Hemos dispuesto una serie de medidas para rescatar la empresa, líder en el mercado agropecuario argentino. No sólo para que continúe y siga funcionando sino que los trabajadores continúen en sus puestos. Estamos firmando un DNU que dispone la intervención del Grupo Vicentin. El Poder Ejecutivo ha designado como interventor del Estado Nacional a un experto en un experto de temas agropecuarios, que es Gabriel Delgado”, explicó el mandatario en la cadena nacional transmitida para desarrollar sobre el tema.
En simples palabras, la expropiación de la empresa significa que los contribuyentes pagarán desde ahora la deuda y los “descuidos” financieros de una empresa “privada”. Básicamente, en eso consisten los “salvatajes” de los Gobiernos y lo que textualmente explicó hoy, notablemente nervioso, Alberto Fernández.
Luego de ello, sigue lo ya conocido y fundamentado en la teoría económica, con sus correspondientes resultados… cuando el Gobierno se mete en el mercado, todo lo demás está anunciado. Sin embargo, con todas las evidencias en contra, la casta política argentina avanza retrocediendo (y viceversa): no tiene nada que perder.
VICENTIN, LA HISTORIA DE UNA CRISIS
Vicentin nace en el año 1929. El despegue de la empresa comenzó en de 1966 cuando incorporó en la producción de aceites el proceso de extracción por solventes. En 1987, la empresa comenzó a operar desde su propia Terminal de Embarque, erigida en San Lorenzo, junto al río Paraná. Con la puesta en marcha de “Planta San Lorenzo”, en 1997. Vicentin duplicó su producción alcanzado la cifra de 10.000 toneladas por día. Durante 1998, la empresa ingresó al competitivo mercado interno argentino gracias a la comercialización de sus aceites de girasol y de oliva.
La empresa era la más grande del país en cuanto a exportación de granos. Entró en default en diciembre de 2019. Era dirigida por Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. Su principal acreedor era el Banco Nación, a quien le debía más de $18.300 millones (Claudio Lozano, actual directo de ese banco, fue uno de los que firmó e impulsó la intervención estatal).
Según informó Ámbito Financiero, a raíz de los problemas económicos que estaban atravesando, el último 11 de febrero, luego de no poder realizar acuerdos extrajudiciales con sus acreedores, la empresa solicitó a la justicia santafesina ingresar en un concurso preventivo, que fue aceptado el 6 de marzo. El juez fijó el 11 de marzo como fecha de audiencia de sorteo de la sindicatura; el 9 de junio como límite para la verificación de créditos; y ordenó la inhibición general de bienes de la agroexportadora, como lo establece la Ley de Quiebras y Concursos (LQC).
En el marco de la conflictiva situación las autoridades de la empresa comenzaron a ser investigadas debido a que la firma fue una de las más beneficiadas por el gobierno de Mauricio Macri. Durante la gestión de Cambiemos muchas empresas estaban disconformes con los mecanismos de acceso a créditos ya que eran inaccesibles por las altas tasas. No obstante, Vicentin mantuvo abierta una línea de prefinanciación de exportaciones por hasta u$s300 millones. Es por eso que se empezó a acusar que la empresa pudo recibir un respaldo mayor al de sus competidoras por los lazos políticos que entabló con el gobierno de Macri.
LOS NÚMEROS QUE TOMÓ EL GOBIERNO
La empresa, actualmente, tiene un nivel de deudas comerciales y financieras, que alcanzan los $99.345 millones.
Del informe, al cual Ámbito Fianciero tuvo acceso, se desprende que hay al día de hoy un total de 2.638 acreedores que esperan cobrar los créditos, préstamos y operaciones realizadas con la empresa. De ese total, $63.961 millones representan deudas con el sistema financiero local e internacional mientras que un 23% se encuentra acumulada en entidades financieras públicas y privadas argentinas.
El Banco Nación es el principal acreedor bancario local con un total de $18.182 millones (u$s350 millones en créditos), pero no es el único. La firma mantiene deudas por $1.814 millones con el Banco Provincia de Buenos Aires, por $752 millones con el Banco Hipotecario, $652 millones con Banco Macro, $508 millones con el Banco de Entre Ríos, $372 millones con el Banco de Santa Fe, $374 millones con el Itaú, $318 millones con el Ciudad y $313 millones con el Banco de Inversión y Comercio Exterior.
Al mismo tiempo, la deuda de la empresa con acreedores financieros internacionales asciende a $30.153 millones. Más del 50% pertenece a International Finance Corporation con $16.504 millones, pero también figuran Netherlandese Financerings con $9.228 millones e ING Bank NV – Tokyo Branch con $4.420 millones.
Otro aspecto importante que hace a la relevancia de la empresa tiene que ver con la cantidad de puestos de trabajo que directa o indirectamente depende de ella. Según cifras oficiales, Vicentin cuenta con cerca de seis mil trabajadores que se distribuyen principalmente entre 2.195 de la industria aceitera (1.283 a Vicentin SAIC, 806 a Renova SA, 58 a Renopack SA y 48 a Patagonia Bioenergía SA); 920 de la algodonera; 376 de la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica, apunta el relevamiento del Gobierno. Esto es debido a su injerencia accionaria en cerca de 20 empresas.
ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI: UNA DE LAS MENTES DISEÑADORAS
Fernández Sagasti, dijo que “es un placer poder haber colaborado con usted, Presidente, y su equipo. Recibimos muchas demandas acerca de lo que estaba sucediendo alrededor de la situación Vincentin. Es una excelente noticia la decisión de rescatar esta empresa, que tiene que ver con la soberanía alimentaria de todos los argentinos y argentinas”.
“Estoy dispuesta a colaborar desde el Senado de la Nación para que la Ley pueda ser tratada prontamente, con la amplia discusión que nos caracteriza. Es una herramienta fundamental para el estado nacional, una empresa testigo con el mercado de granos y la industria alimenticia. Gracias por la participación y por haber escuchado la idea”, destacó la mendocina.
APLAUSOS AMIGOS
Las primeras palabras a fines al proyecto fueron las de la diputada Fernanda Vallejos:
“También es una garantía para 2.600 pequeños productores, que podrán seguir vendiendo su producción a la empresa. Y, desde ya, es una decisión trascendente para la Argentina, que podrá mantener, mediante la participación del Estado, a uno de los operadores de mayor envergadura“, agregó en su breve comunicado.
No faltaron las felicitaciones de Luis D’Elía y Juan Grabois: grandes propulsores del kirchnerocomunismo y archienemigos del capital.
Mientras, Pino Solanas destacó que se trata de una medida “histórica” a partir de la cual “el Estado podrá impulsar la soberanía alimentaria, exportación de granos y garantizar continuidad de miles de puestos de trabajo”.
LA PREGUNTA QUE INCOMODÓ AL PRESIDENTE
