Juan Grabois hizo llegar al despacho del presidente, Alberto Fernández, un plan de inversión estatal multimillonario, con el objetivo de “crear cuatro millones de puestos laborales”, pensando en el día después de la pandemia. El jefe de Estado aseguró que lo analizará en detalle.
En total, la propuesta llamada “Plan General San Martín” -pero que el dirigente social caracterizó como “Plan Marshall criollo”- requeriría una inversión estatal de 750.000 millones de pesos.
El objetivo que persigue es múltiple: “crear 4.000.000 de puestos de trabajo, entregar tierras a los pequeños agricultores, generar una redistribución poblacional y mejorar la infraestructura de los barrios populares”.
En la primera parte del documento, de 23 páginas, se ubica la propuesta en el contexto de la “grave situación socioeconómica derivada de la pandemia” y se reivindica, como sostén del programa, dos artículos de la Constitución de 1949, sancionada durante el primer gobierno peronista, que garantizaban el “derecho al trabajo digno” y a favorecían la posibilidad de que “cada labriego o familia labriega” se convierta “en propietario de la tierra que cultiva”.
Ante una consulta de La Nación, Grabois confirmó los términos del plan y precisó que lo elaboraron “los movimientos populares y un grupo importante de profesionales, técnicos y científicos”. Detalló que, además de hablarlo con el Presidente, lo conversó con otros actores políticos y sociales. “Lo he conversado con sectores de la oposición, del mundo gremial y en general hay coincidencias. También tenemos charlas con el sector privado e incluso inversores extranjeros”, dijo, y agregó: “De esto salimos con tierra, techo y trabajo, o el futuro va a ser muy difícil”. No quiso detallar si también había hablado del tema con su amigo, el papa Francisco.
Según explicó el periodista Gabriel Suez en citado portal, el documento fue entregado en mano al Presidente el pasado 12 de mayo, tras una reunión que tuvo en Olivos con el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
El plan propone que el Estado descentralice la ejecución de pequeñas obras y desarrollo productivos en movimientos sociales, iglesias, organizaciones de la sociedad civil y municipios, en línea con programas de formación de cooperativas, como los planes Argentina Trabaja, Hacemos Futuro o Manos a la Obra.
Para financiarlo, se propone usar el ahorro que pueda generarse por la renegociación de la deuda externa, o reforzar el impuesto a las ganancias y echar mano a lo que se recaude con un eventual “aporte extraordinario a la riqueza”. Un tercio de lo invertido, se calcula en la propuesta, regresará al Estado por efecto de la reactivación económica en la franja más pobre de la sociedad.
