17 septiembre, 2024

Escrachan al exabogado de Fabiola: Golpeó a su expareja y estuvo detenido por extorsión

Las denuncias contra Juan Pablo Fioribello revelan un oscuro historial de extorsiones, violencia de género y presuntas amenazas que comprometen aún más su imagen pública.
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Tras el escándalo revelado anoche que involucra a Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez, tomó relevancia en los medios el nombre del oscuro abogado de la pareja presidencial más polémica de la historia, Juan Pablo Fioribello. En la tarde de ayer, la exnovia de Alberto decidió reemplazarlo por Mariana Gallego y, además, el letrado fue denunciado por violación ética en el Colegio Público de Abogados de CABA.

Ocurrió que Fioribello representó a ella y al ex presidente del Frente de Todos en la causa conocida como Olivos Gate; además de haberla asesorado en los primeros momentos cuando el juez, Julián Ercolini, le informó sobre los chats y las fotos que se encontraron en el teléfono de la secretaria presidencial María Cantero sobre hechos de violencia.

Sin embargo, la reconstrucción del costado oculto de Fioribello arroja panoramas aún más polémicos y controversiales. En agosto de 2021, este medio publicó hizo eco de una extorsión por parte del abogado. Allí, se detalla que Fioribello se desempeñó como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad y fue asesor del ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian.

En el año 2009, Fioribello fue arrestado y procesado por extorsión. Estuvo detenido algunos días hasta que fue liberado luego de pagar una fianza de $50.000 —casi $20 millones a valor acutal—. Según la acusación que se había presentado ante la Fiscalía Nacional de Instrucción 47, el exabogado de Fabiola Yáñez habría intentado extorsionar a un hombre con un video privado.

La víctima que lo denunció que había recibido varios llamados de un presunto sargento de la Policía Federal que investigaba su vida privada. Y agregó que un video en el que se lo veía manteniendo relaciones homosexuales sería repartido entre sus familiares si no pagaba aquella suma.

El denunciante declaró que Fioribello se habría hecho pasar por un sargento de la Policía Federal y que le habría exigido una suma de 25.000 dólares a cambio de no repartir el material. El 26 de junio del 2009, la Policía realizó la detención de Juan Pablo Fioribello y un acompañante, llamado Ramiro Cenoz. Los efectivos le secuestraron credenciales de portación de varias armas de fuego y tarjetas personales que lo presentaban como “Jefe de Asesores del Gobierno de la Ciudad”.

Tras el arresto, la Justicia ordenó un allanamiento a su departamento en un tercer piso, en el que encontraron cajas de proyectiles 9 milímetros, un silenciador, una granada de humo, chalecos antibalas y uniformes de las policías Federal y Bonaerense, además de varias tarjetas con los nombres de oficiales de esas fuerzas. Fioribello estuvo preso tres semanas, pagó la fianza que le permitió recuperar la libertad y quedó procesado en la causa que abrió la Justicia. Para entonces, su contrato en el gobierno porteño ya había sido rescindido, aunque por “razones presupuestarias” y no por su comprometida situación.

LA DENUNCIA DE GRANATA

Luego de que Yañez denunciara a Fernández, Amalia Granata apareció en escena y reveló información que complica a Juan Pablo Fioribello. La diputada utilizó su cuenta de X para decir: “El abogado de la víctima tiene un historial de violencia de género más amplio que el del expresidente. Esto es información, no opinión”.

“Me shockeó mucho escuchar al abogado, yo declaré como testigo en un juicio el año pasado contra él. Lo investigué a este señor que hoy se la da de feminista y en su momento en una nota que estaba haciendo en el programa de Susana Roccasalvo dijo que yo no tenía la moral para hablar porque yo tenía la bombachita bien floja y hoy dice que defiende a las mujeres”, sentenció Granata.

Y agregó que investigó sobre “sus relaciones y sus parejas (…) mandé un chat de una chica que está aterrada y que nunca quiso hablar, no lo quiere denunciar. Lo que dice esta persona es que cada vez que lo ve en la tele tiene que cambiar porque le agarran ataques de pánico”, dijo, tras sostener que también habló con otra mujer que habría tenido una relación amorosa con el letrado y que habría sido víctima de violencia, pero que no se anima a denunciarlo: “Las amenaza constantemente”.

Además, contó una experiencia propia con Fioribello: “En el country donde vivía él una vez se la encuentra a mi hija porque su padre vive en el mismo lugar y se saca una foto con Uma y se la manda a mi marido y le dice ‘mirá con quién estoy’”.

Redacción

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El Gobierno decretó que los salones de fiestas dejen de pagarle a SADAIC por pasar música en eventos privados

El gobierno nacional introdujo importantes modificaciones en la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina, adaptándola a las necesidades y realidades del siglo XXI. A través del Decreto 765/2024, el cual actualiza y redefine varios aspectos clave sobre la ejecución pública de obras artísticas, basándose en la Ley N° 11.723, que es la base legal del derecho de autor en el país.

La Ley N° 11.723, sancionada en 1933, establece el régimen legal de la propiedad intelectual en Argentina, protegiendo el derecho de autor sobre diversas expresiones artísticas y culturales. Esta ley asegura que los autores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas, entre otras, tengan el control sobre la utilización de sus creaciones, permitiéndoles autorizar o prohibir la reproducción, distribución y ejecución pública de las mismas.

Sin embargo, con el paso de los años, la evolución de las tecnologías y las nuevas formas de consumir contenido hicieron que algunas de las definiciones y regulaciones de la ley queden obsoletas. Este desajuste entre la normativa vigente y la realidad actual generó la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar una protección efectiva de los derechos de los autores.


Uno de los puntos centrales que plantea la norma es la redefinición del concepto de “ejecución pública”. Hasta ahora, la última modificación significativa en esta área se había realizado en 1945, cuando se ajustó el Decreto N° 41.223/34. No obstante, la definición de ejecución pública en ese momento respondía a una realidad muy distinta a la que enfrentamos hoy en día, donde el acceso a obras artísticas y culturales se democratizó y diversificó considerablemente gracias a las tecnologías digitales.

El objetivo de esta actualización es proporcionar una definición más clara y actualizada del término “ejecución pública” que refleje mejor la realidad del siglo XXI. Esto implica reconocer los nuevos medios a través de los cuales las obras pueden ser compartidas y consumidas por el público, como el streaming en Internet y otras plataformas digitales, así como garantizar que los derechos de los autores sean respetados y adecuadamente compensados.


Modificaciones claves en dos artículos fundamentales del Decreto N° 41.223/34, que reglamenta la Ley N° 11.723.

1- Redefinición de la ejecución pública

El nuevo artículo 33 establece que la ejecución pública se refiere a cualquier representación de una obra en un espacio de acceso público, dirigida a una pluralidad de personas, independientemente de los fines que persiga dicha representación. Esta definición amplia incluye tanto las ejecuciones realizadas en vivo por artistas, como aquellas que se realizan a través de medios mecánicos, electrónicos o digitales, como es el caso de las transmisiones por radio, televisión, altavoces e Internet.

Lo que resulta novedoso es la exclusión explícita de las representaciones o ejecuciones que se realicen en ámbitos privados. Es decir, si una obra es interpretada en un lugar de acceso restringido y no está abierta al público general, no se considerará una ejecución pública bajo esta normativa. Esto busca aclarar situaciones donde, por ejemplo, una obra es compartida en reuniones familiares o eventos privados.

2 – Derechos de los autores en la era digital

El artículo 35 también fue revisado para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. Según esta modificación, las obras musicales, cinematográficas y los fonogramas no pueden ser objeto de ejecución pública sin la autorización expresa de los titulares de los derechos. Esta autorización puede ser gestionada directamente por los autores o a través de sociedades de gestión colectiva que los representen.

Además, se establece que cualquier persona que obtenga un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, a través de la ejecución pública de una obra, debe proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos. Esto incluye a quienes utilizan la obra de manera ocasional o permanente en actividades comerciales, como bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos similares.

Un aspecto importante de este artículo es que no será necesario abonar una compensación cuando las obras se utilicen con fines didácticos en establecimientos educativos o durante conmemoraciones patrióticas en instituciones oficiales. Esta excepción reconoce el valor social y educativo de la difusión cultural, permitiendo un acceso más amplio a las obras artísticas en contextos que no buscan un beneficio económico.

IMPACTO EN EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

La idea de la actualización es equilibrar el derecho de los autores a ser remunerados por su trabajo con la necesidad de adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución. La clarificación del concepto de ejecución pública y la incorporación de las nuevas formas de consumo digital son pasos significativos hacia una protección más efectiva de la propiedad intelectual.

Para los artistas, músicos, cineastas y otros creadores, esta actualización representa un reconocimiento de la importancia de su trabajo y un esfuerzo por proteger sus derechos en un contexto donde la tecnología cambió las reglas del juego. Sin embargo, también plantea desafíos, especialmente en la implementación y monitoreo de estas normativas en el vasto y dinámico espacio digital.

Por otro lado, para los establecimientos que utilizan obras protegidas, como bares, restaurantes y gimnasios, el decreto subraya la importancia de contar con las licencias adecuadas para la ejecución pública de obras. De no hacerlo, se arriesgan a enfrentar sanciones por el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor.


Redacción

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CHACO | Detienen a dirigente piquetero por lavado de activos y asociación ilícita

Este miércoles, el dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López fue detenido en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, Chaco, acusado de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. La orden de detención fue emitida por el juez federal Ricardo Mianovich, tras un requerimiento impulsado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien lleva adelante la investigación. La captura de López se realizó alrededor de las 12:30 horas, con la participación de la Gendarmería Nacional y la Policía provincial.

“Tito” López, líder del “Movimiento de Trabajadores Desocupados – 17 de Julio”, enfrenta cargos relacionados con el lavado de activos, agravado por la presunta participación de una estructura organizada que involucra a miembros de su familia. Entre los detenidos también figuran su esposa, Librada Beatriz Romero, y sus hijos Daniel Alberto, Daniel Orlando, y Walter Ramón López. Este último se encontraría en Chile, según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que motivó la emisión de una orden de captura internacional.

La investigación contra López y su entorno comenzó tras la detección de un patrimonio que no se correspondía con su perfil económico: En febrero de este año, el piquetero reconoció públicamente que su capital ascendía a 1.600 millones de pesos, una cifra que llamó la atención de las autoridades judiciales. López declaró en medios locales: “Tengo 326 terneros que valen 300 mil pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200 mil dólares”.

Las primeras pruebas que sustentan la investigación surgen de una denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal del Chaco, la cual daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de dinero. A partir de estas pruebas, Sabadini solicitó una orden de instrucción judicial, que permitió al juez Mianovich avanzar en el proceso penal.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la usurpación de tierras en la región de El Impenetrable, una zona de alto valor agrícola en el Chaco. Estas tierras, pertenecientes a la empresa Timbó S.A.G.A.F.I. —propiedad del empresario Atilio Gibertoni— fueron ocupadas por López y su grupo. Según el fiscal, esta usurpación generó ganancias ilícitas que luego fueron blanqueadas.

El dirigente piquetero justificó en su momento la ocupación alegando que tenía papeles que acreditaban la compra del terreno a un tercero, aunque admitió que fue víctima de una estafa. “De las 33.000 hectáreas, yo tengo solo un cuadrado de 1.600 donde viven cinco familias”, aseguró López, quien insistió en que su lucha era por recuperar las inversiones que realizó en infraestructura.

El gobernador de la provincia, Leandro Zdero había denunciado públicamente a López en el año 2022 por la ocupación ilegal de esas tierras. En esa oportunidad, el entonces diputado señaló que la Justicia falló a favor de los propietarios de mencionada empresa y ordenó el desalojo de los ocupantes.

La detención de “Tito” López se concretó mientras él se encontraba en la Plaza 25 de Mayo dando entrevistas a medios locales. Al momento de su captura, el dirigente social aseguró que su encarcelamiento tiene motivos políticos y negó las acusaciones en su contra: “Esto es político. Me van a tener preso seis o siete meses, después saldré libre de culpa y cargo, y quién me va a pagar eso”, afirmó López.

Tras ser detenido, fue trasladado a la sección de Medicina Legal para una revisión médica y posteriormente alojado en el Escuadrón N° 51 de Gendarmería Nacional.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La investigación contra López y su familia está en pleno desarrollo. Sabadini señaló que las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a la existencia de una organización delictiva que manejaba importantes sumas de dinero de origen ilícito, con un flujo de movimientos transfronterizos, según datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se investiga el fraude a la administración pública, ya que López habría aprovechado la cesión de tierras por parte del Estado para realizar maniobras irregulares.

Uno de los puntos clave en la causa es la posible existencia de más delitos precedentes que habrían permitido el posterior lavado de activos. El fiscal Sabadini no descarta la participación de otros actores, aunque hasta ahora no se han emitido más órdenes de captura.

– La Policía del Chaco procedió a la colaboración con la Dirección de Investigaciones Complejas, Jefe a cargo accidental Comisario Inspector, Romando Sosa, junto a cuatro grupos antidisturbios infantería y un grupo de trabajo femenino FOEF, a fin de llevar a cabo con la detención del ciudadano RAMON “Tito” LÓPEZ, referente del Movimiento social MTD 17 de Julio, quien presentaba pedido activo de detención conforme instrumento legal Oficio 29/24 Juzgado Federal 2 de Resistencia

El proceso judicial contra López y su entorno continuará en los próximos meses, con nuevas audiencias y la incorporación de pruebas. Entretanto, la Justicia Federal avanza en la consolidación de la causa, que generó un fuerte impacto en la provincia del Chaco, debido al perfil público de López y su vinculación con movimientos sociales.

La orden de captura internacional contra Walter Ramón López, que habría salido hacia Chile el 29 de agosto, sigue vigente, a pesar de que su padre niega la salida del país.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Gustavo Hein se reunió con la Asociación de la Magistratura para discutir detalles de la reforma previsional

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, quienes plantearon su interés por que se mantenga el actual 82% para el haber jubilatorio. Señalaron además la importancia de modificar algunos aspectos de la redacción en el proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial para su tratamiento en el Poder Legislativo.

Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura, subrayó la disposición de su organización para colaborar en la mejora del proyecto. “Compartimos la premisa del Poder Ejecutivo de sanear el déficit y ordenar administrativamente la caja de jubilaciones”, señaló. Agregó además que el objetivo común es asegurar unas jubilaciones adecuadas y tranquilizadoras para todos los afiliados y destacó que esta postura fue respaldada por diversos sectores en las conversaciones mantenidas con el presidente de la Cámara.

Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos

Uno de los puntos críticos que la asociación planteó durante la reunión fue la necesidad de mantener el actual 82% móvil para el haber jubilatorio. Cánepa enfatizó la importancia de asegurar que este porcentaje no se vea afectado por la reforma: “Queremos hacer valer la promesa del Ejecutivo de no afectar el 82% móvil de nuestras jubilaciones”. La Asociación considera esencial que la ley garantice esta medida para proteger los derechos de los jubilados y evitar recortes en sus ingresos.

El letrado abordó preocupaciones sobre la redacción del proyecto de ley. “Entendemos que hay aspectos en la redacción que no ayudan y que deberían modificarse. Puntualmente, el proyecto establece una base de cálculo para el haber jubilatorio inicial que podría quedar estancada en el tiempo”, explicó. Los profesionales consideran que es crucial que la ley contemple una base de cálculo móvil para evitar que los haberes previsionales queden desactualizados.

“Vamos a defender nuestra Caja provincial y el 82% móvil que es algo que no tienen otras cajas provinciales y mucho menos las jubilaciones nacionales de ANSES”, aseveró el gobernador Frigerio esta semana

Cánepa también destacó la importancia de diferenciar entre reajustes aplicados a haberes existentes y ajustes sobre un haber jubilatorio inicial. “Reajustar sobre haberes que ya tienen reajustes es diferente a hacerlo sobre un haber jubilatorio inicial. La actual redacción podría complicar los reajustes futuros”, advirtió.

La recepción de la propuesta por parte de Hein fue calificada como positiva. Cánepa indicó que el presidente de la Cámara demostró apertura a las observaciones y propuso que las inquietudes de la Asociación se plasmaran en un documento formal para su consideración por la Comisión de Legislación. “Estamos agradecidos por la receptividad y esperamos ser convocados para trabajar en comisión con otros sectores afiliados a la caja”, concluyó.

Redacción

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Interpol busca al diputado libertario prófugo denunciado por pedofilia

Germán Kiczka, diputado libertario por la provincia de Misiones, se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras fugarse de la justicia. Acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, el legislador, de 44 años, es ahora objeto de una intensa búsqueda por parte de la Interpol, después de que la justicia emitiera una orden de captura internacional.

El pasado jueves —horas después de que la Cámara de Diputados de Misiones aprobara su desafuero— Kiczka escapó de su domicilio. Las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda, pero no lograron detenerlo. A raíz de esto, el juez penal de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, solicitó la intervención de Interpol, ante la sospecha de que Kiczka había cruzado la frontera de manera clandestina, posiblemente hacia Paraguay o Brasil, y podría estar en camino hacia Europa.

Junto a Germán, también se encuentra prófugo su hermano Sebastián, quien está implicado en los mismos delitos. Ambos enfrentan acusaciones graves que incluyen la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, zoofilia e incesto.

La situación de los hermanos Kiczka se complicó aún más tras el análisis de una notebook incautada en uno de los allanamientos realizados en su domicilio. En el dispositivo, propiedad de Germán Kiczka, se encontraron 603 archivos de fotos y videos que contenían escenas de abuso sexual infantil y zoofilia, ( las víctimas son menores de 13 años). Las investigaciones revelaron que los archivos fueron descargados y distribuidos entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, utilizando aplicaciones de intercambio de archivos encriptados.

Los resultados de la investigación no se limitan a este material. También se descubrieron chats entre Sebastián Kiczka y presuntas víctimas menores de edad, en los que describía explícitamente encuentros sexuales con menores y manifestaba su interés en niñas de tan solo 12 años.

El caso causó un fuerte impacto en la política misionera y nacional. Germán Kiczka, quien ingresó a la Cámara de Diputados en 2021 como parte de Juntos por el Cambio, había pasado a formar parte del partido libertario Activar, liderado por Pedro Puerta, hijo del exgobernador y expresidente interino por tres días, en 2001, Ramón Puerta. Ante la gravedad de las acusaciones, la Legislatura de Misiones rechazó la renuncia presentada por Kiczka antes de su fuga y procedió a su desafuero, permitiendo así su arresto. De acuerdo al pedido presentado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

El caso Kiczka no solo involucra a la política provincial y nacional, sino que trascendió fronteras. La investigación que condujo a la imputación de los hermanos se originó en Estados Unidos, donde las autoridades de cibercrimen detectaron la distribución de material de explotación sexual infantil desde dispositivos en Argentina. Esta operación, realizada en colaboración con agencias internacionales como la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC), incluyó allanamientos en varias provincias argentinas, siendo Misiones uno de los focos principales.

Con la activación de la alerta roja de Interpol, las autoridades de Paraguay, Brasil y otros países de la región han sido notificadas para colaborar en la captura de los hermanos Kiczka. La permeabilidad de las fronteras en la región de Misiones, caracterizada por pasos fronterizos clandestinos, complicó la tarea de localizarlos. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad no cesan en su esfuerzo por encontrarlos y llevarlos ante la justicia.

El ministro de Seguridad de Misiones, Marcelo Pérez, confirmó que se están realizando operativos en zonas limítrofes y se mantiene la vigilancia en los domicilios de los Kiczka, en espera de cualquier movimiento que permita dar con su paradero. Sin embargo, hasta la fecha, no se han registrado salidas legales del país, lo que refuerza la teoría de una fuga clandestina.

Redacción

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Rodrigo de Loredo criticó duramente a Martín Lousteau por la conducción de la UCR

Luego del escándalo de los funcionarios radicales que dieron vuelta su parecer y apoyaron al veto de Javier Milei, el diputado nacional Rodrigo de Loredo apuntó hacia la conducción de Martín Lousteau al frente de la Unión Cívica Radical.

“Es un clima de época. El partido siempre tuvo pluralidad y diferentes corrientes, pero hoy hay dos cosmovisiones en tensión: una ultra opositora con morfología porteña que rivaliza con el PRO y gobierna poco y nada y un radicalismo ampliamente mayoritario desde lo electoral, con aceptación total y absoluta del horizonte de equilibrio porque tiene cinco gobernadores” dijo De Loredo en una entrevista con Radio Rivadavia.

Luego de una larga jornada en el Congreso, Martín Lousteau dijo que descarto la posibilidad de hacer un acuerdo con el bloque de Unión por la Patria o con cualquiera de las vertientes del Kirchnerismo. “Sería gravísimo, es algo que no pude pasa en ningún distrito. La identidad del radicalismo puede tener idiosincrasias, pero hay vectores comunes que no van volver al año pasado a una dinámica populista, extractivista, corrupta”.

Y agregó: “Ellos son el problema (Union por la Patria) que vinimos a cambiar y nosotros tenemos que ser oficialistas del cambio”.

Con respecto a los diputados radicales que apoyaron al presidente Javier Milei a vetar la ley de movilidad jubilatoria aseguró que “no se lo tomó nada bien” y que trabajó “para que no sucediera”. “Caen en contradicciones, porque los mismos que la impulsaron anteriormente tuvieron comportamientos indisciplinados de bloque”, cuestionó y sentenció: ” Yo no estuve de acuerdo con la ley bases ni antes ni ahora”.

“Somos un partido con identidad de razonabilidad, no estamos ni en un extremo ni en otro y depende el tema podemos tener una opinión distinta a la del resto”. Y finalizo: “Todos estos quilombos inclinan la balanza y adquieren una vidriera que es superior” manifestó el presidente de la Unión Cívica Radical Martín Lousteau.


Redacción

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Comenzó el juicio a Carlos Ezequiel Guazzora, el violento comunicador K que abusó a una menor de edad

El comunicador y militante ultra K, Carlos Ezequiel Guazzora, será sometido a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, presidido por el juez Javier De La Fuente junto a los magistrados Marcelo Álvero y Maximiliano Dialeva, con una acusación a cargo de la fiscal Helena Díaz Cano.

El propagandista kirchnerista es investigado por cometer abusos sexuales sobre una menor de catorce años de edad, quien fuese entregada por su madre a cambio de dinero y drogas. Fue detenido el 21 de octubre del año pasado en la localidad bonaerense de Merlo tras estar casi 70 días prófugo. Al momento de su detención, el fugitivo mostraba un look diferente al conocido previamente: estaba rapado, sin barba, aumentó su peso y cambió tres veces el celular.

Fuentes del caso afirmaron que el detenido se mostró visiblemente asustado. Incluso, aseguró ser “un perseguido político”. Actualmente, se encuentra preso en la alcaidía del edificio de la calle Madariaga de la PFA, ubicado en Villa Lugano.

El delincuente K pactó “un precio con la madre de una menor para que le permita acceder carnalmente a esta contra su voluntad en su domicilio; a tal fin, la joven habría concurrido a su vivienda con su progenitora, donde habrían colocado alguna sustancia en su bebida que la dejó adormilada”, remarca un documento de la causa.

Luego de una investigación que involucró 67 días de búsqueda, efectivos de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina atraparon a Carlos Ezequiel Guazzora en la calle Carlos Tejedor al 1300 de la localidad de Merlo

La progenitora de la víctima estaba presente en el lugar de los hechos. Según consta en la denuncia, aguardaba a que la violación terminara mientras ella consumía estupefacientes. La mujer de 45 años, acusada de entregar a su hija al comunicador para que la abuse, intentó dejar el penal de mujeres de Ezeiza dos veces en los últimos dos años, con pedidos de prisión domiciliaria planteados por su defensa. Imputada por trata de personas, fue detenida el 13 de agosto del año pasado cuando acudió a votar, y también será juzgada en este proceso judicial.

La audiencia judicial comenzó durante el mediodía de hoy y será la primera de tres, programadas para los días 12 y 19 de septiembre. El militante fue trasladado en las primeras horas de hoy martes desde la Alcaldía de la Policía Federal hasta la sede del tribunal (Paraguay 1536, en el barrio porteño de Recoleta) por agentes de las Brigadas del Departamento Trata de Personas y oficiales del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales.

La causa contra Guazzora comenzó en 2022 con una denuncia de la ONG Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) de Argentina ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Durante las PASO de 2023, Guazzora —quien integraba la lista de Guillermo Moreno, Principios y Valores, como candidato a diputado provincial— no se presentó a votar, presuntamente advertido de que la policía lo estaba buscando.

LOS ABERRANTES CHATS DE GUAZZORA

Los mensajes enviados desde su cuenta de Instagram oficial, la cual usa para exponer sus entrevistas callejeras y su militancia para con Cristina Kirchner, forman parte del expediente y dan cuenta de la intención de pagarle a la madre de la víctima para que tener relaciones sexuales sin consentimiento con la menor. En el intercambio de mensajes publicado por el medio Infobae se expone el número de CBU que la implicada intercambia con Guazzora, al mismo que finalmente transfirió una suma de $100.000.

Los mensajes enviados por Guazzora son altamente explícitos y hacen mención a su intención de abusar de la adolescente: “La voy a violar para vos”, le escribió a la madre. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, suma.

Luego el notero callejero, ofreció: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”. Lo que encendió las alarmas de los investigadores es que en el mismo chat hacen mención a otras posibles víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, insiste.

Una de las respuestas de la mujer detenida que se pueden leer en los mensajes filtrados es una recriminación: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. A lo que Guazzora respondió: “Nunca te fallé, ¿ok?”.

Redacción

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