En un contexto de emergencia económica declarada, con la provincia de Buenos Aires asfixiada financieramente y solicitando autorización legislativa para tomar nueva deuda, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad avanza con un gasto que resulta, cuanto menos, polémico. Mediante la licitación privada 11/2025, el área que conduce Andrés “Cuervo” Larroque aprobó una inversión de 339.905.444,09 pesos destinada exclusivamente a refacciones sanitarias y trabajos eléctricos en las oficinas del ministerio.
El monto -cercano a los 340 millones de pesos- contrasta de forma directa con la situación social que atraviesa el distrito: salarios estatales y jubilaciones desactualizadas, hospitales públicos con faltantes de medicamentos, obras paralizadas y comedores comunitarios al borde del colapso por la falta de pagos a proveedores.
De acuerdo al pliego de especificaciones técnicas, la licitación no contempla ampliaciones edilicias ni mejoras estructurales de fondo, sino un mero reacondicionamiento en baños y adecuaciones del sistema eléctrico interno. En otras palabras, no se trata de una inversión productiva ni de un refuerzo directo a políticas sociales, sino de gastos administrativos puertas adentro con gastos exorbitantes.
La decisión de Larroque se conoce mientras el gobernador Axel Kicillof viene de impulsar en la Legislatura un paquete de leyes para declarar la emergencia económica y autorizar un endeudamiento cercano a los 3.000 millones de dólares, bajo el argumento de que la provincia ya no puede afrontar sus compromisos básicos.
La polémica licitación no aparece aislada. El ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires atraviesa una de sus etapas más críticas, con fuertes cuestionamientos a la gestión del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), que depende directamente de esa cartera.
Tal como reveló un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, durante 2023 se detectaron pagos de sueldos a empleados dados de baja, bonificaciones sin respaldo legal, subsidios por más de 51 millones de pesos sin rendición y convenios irregulares con instituciones de abrigo. Las observaciones fueron confirmadas en un fallo posterior, dejando bajo responsabilidad directa a las autoridades del organismo.
A esto se suma una grave crisis de seguridad en los institutos de menores, con diecisiete fugas en apenas veinte días, según informes policiales elevados al propio gobernador. Trabajadores del área describen la situación como “la peor gestión de los últimos cuarenta años”, marcada por la improvisación y la desidia.
*Fuente: REALPOLITIK
