Ordenan dar de baja 3.000 pensiones de personas que no viven en el país | Le cuestan al Estado $5.842.000.000
El fiscal Marijuan envió una solicitud oficial a Pettovello para que proceda con la baja de 2.954 beneficiarios irregulares que implican un gasto mensual de casi $450 millones.
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió ayer la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán para dar de baja unos 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se cobra a través de ANSES, porque incumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina. Según los datos de Migraciones, lo que sucedió fue que se inscribieron en el registro como persona mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad y regresaron a su país de origen.
Cada mes, esos 3.000 beneficiarios significaron al Estado un gasto de $449.341.802, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.
Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, investiga a otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también infringe la normativa.
El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.
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El fiscal general Carlos Martín Amad solicitó al juez federal subrogante Fernando Carbajal el procesamiento sin prisión preventiva del exgobernador de Chaco Jorge Milton Capitanich, de la exfuncionaria Marta Elena Soneira y de un grupo de empresarios vinculados a las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL.
La causa se originó en una denuncia de Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización, quien al asumir el cargo detectó irregularidades en expedientes administrativos vinculados a la entrega de tierras fiscales. El análisis de esa denuncia demandó casi dos años de trabajo a la fiscalía.
Los delitos imputados al exgobernador K
A Capitanich se le imputaron los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, lavado de activos de origen delictivo agravado por haber sido cometido con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, todos en calidad de autor y en concurso real.
A Soneira se le imputaron, en forma separada, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo con las mismas agravantes, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, todos en calidad de autora. La fiscalía caracterizó el conjunto de esos hechos como una defraudación al erario provincial mediante sucesivos actos de corrupción realizados por un grupo de personas con injerencia en el poder, organizadas para insertar al mercado legal un gran patrimonio que hoy no pueden justificar.
LA TRAMA | Tierras para los socios del esposo de la ministra
Según el escrito fiscal, Soneira y Capitanich actuaron “en forma organizada y sostenida en el tiempo, valiéndose del ejercicio del poder que en aquel momento ostentaban”, y dispusieron de tierras fiscales de la provincia. Las adjudicaciones se canalizaron a través de trámites administrativos que, según la fiscalía, tenían apariencia legal pero ocultaban intereses económicos ilegítimos, y sus beneficiarios fueron personas que integraban empresas en las que el esposo de Soneira, Mauricio Cian, era socio gerente.
A través del Instituto de Colonización y con las firmas de Soneira como ministra y de Capitanich como gobernador, se adjudicaron cuatro inmuebles rurales del Departamento Almirante Brown a Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, los tres socios de Cian en Grupo Pampa Agro SRL y en Pampa Semillas SRL. Storti recibió la fracción norte de la parcela 95, Circunscripción V, Zona D, con una superficie aproximada de 1.250 hectáreas; Bessone recibió la fracción sur de esa misma parcela, también de 1.250 hectáreas. Pochón fue adjudicatario de dos predios adicionales en el mismo departamento.
El fiscal señaló que las notas de solicitud presentadas por Storti y Bessone eran “prácticamente calcadas” y tenían hasta los mismos errores de ortografía. Ambos afirmaron no poseer tierras propias y contar con diez empleados, pero la fiscalía verificó que Storti tuvo una sola empleada hasta marzo de 2021 y ningún personal en relación de dependencia durante 2022 y 2023. En el caso de Bessone, tampoco registró personal en relación de dependencia en los años 2021, 2022 y 2023. Además, Bessone declaró en sus propias declaraciones juradas ser titular de inmuebles, lo que lo inhabilitaba como adjudicatario de tierras fiscales, ya que para acceder a ellas no se debe ser propietario de bien alguno, requisito que la fiscalía calificó de “sine qua non”.
Los cargos simultáneos e incompatibles de Soneira
Amad destacó que Soneira ocupó al mismo tiempo los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y de secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, puestos incompatibles dada la exclusividad laboral que se exige en el desempeño de cada función.La Fiscalía de Asuntos Administrativos de la provincia estableció esa incompatibilidad mediante resolución. En 2022, Soneira asumió además el cargo de ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible.
En su descargo, Soneira sostuvo que ejerció la presidencia del Instituto de Colonización de manera temporal y ad honorem. El fiscal rechazó ese argumento: “El hecho de que lo haya hecho ad honorem o en forma provisoria no la exime de la responsabilidad que su ejercicio le atribuía”. Amad subrayó que mientras estuvo a cargo en forma temporal, Soneira suscribió adjudicaciones de tierras fiscales, entre ellas las de Storti y Bessone, a la postre socios gerenciales en las empresas de su cónyuge.
La fiscalía también señaló que Soneira no pudo invocar desconocimiento sobre la identidad de los beneficiarios, “en tanto que eran los mismísimos socios de su esposo”. Como muestra de ese conocimiento, Amad recordó que el 23 de diciembre de 2021 la propia Soneira firmó un permiso de ocupación a favor de Bessone —socio de su esposo— mientras se desempeñaba como máxima autoridad del Instituto de Colonización.
Desmontes, OTBN y beneficios en servicios públicos
La fiscalía imputó también a Soneira haber puesto al sector rural de Pampa del Infierno, en el Departamento Almirante Brown, en categoría verde dentro del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), lo que habilitaría la posibilidad de explotación rural, desmontes y ejecución de proyectos con fondos nacionales en la zona donde precisamente operan las empresas del esposo de la exministra y sus socios empresariales.
A finales de 2022, Capitanich aprobó por decreto la actualización del OTBN en un proceso que la Fundación Vida Silvestre Argentina cuestionó por no respetar las normas establecidas para ese tipo de procedimiento. Según el escrito fiscal, esas decisiones ignoraron los consensos técnicos sobre los criterios de sustentabilidad exigidos por la ley, elaborados durante el proceso coordinado hasta mediados de 2022. La ONG había demandado previamente a la provincia por omitir esa actualización, lo que había derivado en una prohibición judicial de aprobar planes de cambio de uso del suelo y permisos de desmonte.
– El fiscal general Carlos Martín Amad
Además, mediante decretos y convenios del Poder Ejecutivo provincial, las firmas vinculadas a Cian obtuvieron beneficios económicos que incluyeron reintegros de subsidios, quita en el pago de impuestos y ventajas en servicios públicos como SAMEEP y SECHEEP, entre otros.
El rol de Capitanich: “no podía desconocer”
En su descargo, Capitanich sostuvo que la firma de los decretos de adjudicación era una obligación legal y que “no es responsabilidad del gobernador controlar cada intervención de cada área”.
También argumentó que no es el gobernador quien decide discrecionalmente a quién entregar tierras, sino que existe un procedimiento administrativo con múltiples oficinas que intervienen en cada etapa verificando el cumplimiento de la normativa vigente. El fiscal rechazó ambos planteos.
“Discrepo humildemente con el ex gobernador, en tanto y en cuanto resulta cuanto menos inocente pensar que quien es el encargado de gestionar el gobierno de la provincia no se tome los mínimos recaudos de verificar a quiénes se entregan tierras públicas”, escribió Amad, y agregó: “Estas tierras se entregaron de manera discrecional, a los socios del esposo de su ministro Soneira, lo cual nunca fue explicado acabadamente”.
Respecto de la firma de los decretos, el fiscal fue categórico: “Ni el gobernador Capitanich ni la ministro Soneira podían desconocer que dichas empresas pertenecían a las personas a quienes les estaban adjudicando las tierras en cuestión, y por si esto fuera poco, el imputado Capitanich admitió haber firmado los decretos”.
Amad sostuvo que la intervención del gobernador era determinante para que la maniobra se concretara, “pues es quien en definitiva emite el decreto adjudicatorio final de dichas tierras, con el alcance y valor jurídico que posee la suscripción de ese decreto”. Y sentenció: “La ministro Soneira, esposa de Cian, les entrega a los socios de su marido tierras en manifiesta ilegalidad y arbitrariedad, y el gobernador a sabiendas firma el decreto de adjudicación y pretende que ese acto ilegal sea bajo un mandato constitucional”.
Para ilustrar la persistencia histórica de ese tipo de maniobras, el fiscal citó al jurista Carlos Nino, quien describió la desvirtuación de la Ley de Enfiteusis de 1826 como un caso paradigmático del favoritismo en la distribución de tierras públicas. “La situación descripta por el Maestro Nino hace ya varias décadas se subsume perfectamente ‘mutatis mutandi’ en lo que ha pasado en esta causa, después de doscientos años”, indicó Amad. La causa también presenta similitudes, según el fiscal, con el expediente caratulado “López, Ramón Alberto y otros s/Inf. art. 303 inc. 2 a, Asociación Ilícita y Defraudación contra la administración pública”, actualmente en juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia.
Los otros imputados y las resoluciones solicitadas
Junto a Capitanich y Soneira, el fiscal solicitó el procesamiento de Mauricio Cian, Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro Nicolás Bessone por fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado.
Respecto de Sheina M. Waicman y Darío Osvaldo Giménez, Amad solicitó que se dicte la falta de mérito, una figura procesal que no define su situación de manera definitiva sino que indica que, por el momento, no existen elementos suficientes para procesarlos ni para sobreseerlos. En el extremo opuesto, el fiscal pidió el sobreseimiento total y definitivo de Diego Soneira y Federico Gabriel Soneira, con la declaración de que la formación de la causa en nada afecta al buen nombre y honor del que hubieren gozado.
Será el juez federal subrogante Fernando Carbajal quien deberá resolver si dicta los procesamientos solicitados en un expediente que continúa en etapa de instrucción.
Un megaoperativo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y el municipio de General Pueyrredón desmanteló “La Saladita de la Bristol”, una feria informal que funcionó durante más de 25 años sobre la Rambla de Playa Bristol en Mar del Plata.
“Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos. En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”, celebró el operativo en sus redes sociales el senador provincial y exintendente Guillermo Montenegro, quien impulsó la denuncia original.
El procedimiento implicó el allanamiento de seis puntos de la ciudad, el secuestro de más de 8.000 productos valuados en 500 millones de pesos, y la demolición en la madrugada de más de 170 puestos con topadoras y maquinaria pesada.
El operativo dejó entre 200 a 300 familias sin su fuente de trabajo, abrió un debate político y judicial sobre los límites del procedimiento, y generó posiciones encontradas en la sociedad marplatense.
“La Saladita” era el nombre con el que los marplatenses y turistas conocían al paseo de compras informal instalado en el Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y la Peatonal San Martín, frente a la popular Playa Bristol. El lugar funcionó durante más de dos décadas como un mercado a cielo abierto donde se vendía principalmente ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y productos electrónicos a precios muy por debajo de los comercios formales.
La feria no surgió como un negocio ilícito desde el comienzo, sino como una respuesta social a la desocupación. A fines de los años 90’s, en plena crisis del menemismo, el Concejo Deliberante habilitó en 1999 —durante la gestión del intendente radical Elio Aprile— un espacio precario sobre la vereda de la Unidad Turística Fiscal de Playa Bristol para los vendedores ambulantes. La autorización era limitada en el tiempo y buscaba contener una emergencia laboral que desbordaba las capacidades del Estado.
Lo que comenzó con artesanías y productos sencillos fue mutando con los años hacia un paseo cada vez más nutrido, donde la indumentaria que imitaba marcas internacionales fue ganando terreno. Los permisos municipales —siempre transitorios— se extendieron entre 2003 y 2009 sin un marco normativo claro, y desde 2010 en adelante la feria funcionó directamente sin respaldo legal.
El operativo y su procedimiento
El proceso judicial que desembocó en el operativo comenzó formalmente en noviembre de 2025, cuando el municipio presentó una denuncia ante la Justicia Federal basada en informes elaborados por varias áreas municipales, entre ellas la Secretaría de Seguridad, Obras Sanitarias y la Subsecretaría de Inspección General.
La denuncia sostenía que la feria representaba “un riesgo cierto y serio en la seguridad y la salubridad pública”, además de señalar posibles delitos de violación a la Ley de Marcas y problemas de contaminación.
La causa quedó a cargo del juez federal Santiago Inchausti del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de Mar del Plata, y de la Fiscalía Federal N° 2 conducida por Santiago Eyherabide. Tras 15 meses de investigación que incluyeron medidas de prueba durante 2024 y 2025, el magistrado ordenó el allanamiento.
“Orden sí, pero no a costa de destruir el trabajo de la gente”, pronunció sobre el hecho Mariana Berbeglia, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Feriantes (SUTFRA).
Cerca de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina se desplegaron simultáneamente en seis puntos distintos de Mar del Plata. El operativo incluyó el predio principal de la feria y también tres locales vinculados al Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), además de domicilios particulares. El titular del sindicato, Walter Rivero, estuvo detenido durante algunas horas y fue luego liberado.
Los agentes identificaron a 91 personas entre propietarios, empleados y cuatro miembros del sindicato.Durante el procedimiento se incautaron 400 bultos con mercadería en infracción —ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y electrónicos—. Al menos 80 de los 100 puestos activos en ese momento ofrecían productos con logotipos de marcas internacionales en violación a la Ley 22.362
Además de la mercadería, se secuestraron tres vehículos, dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera por más de 12 millones, y elementos informáticos como computadoras y teléfonos. La Justicia detectó que el SIVARA utilizaba transferencias y alias bancarios para mover importantes sumas de dinero, y registró en una sola transacción un movimiento de 15.123.288 pesos para el pago de un canon.
Una vez concluido el allanamiento, durante la noche y la madrugada, el municipio desplegó maquinaria pesada y procedió a la demolición total de los puestos. El trabajo incluyó topadoras, camiones de la empresa municipal de servicios, y personal de la Patrulla Municipal e Infantería. Al amanecer, la Rambla de la Bristol mostraba solo chapas, maderas esparcidas y huellas de maquinaria donde durante décadas había funcionado la feria.
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata también respaldó el procedimiento, argumentando que la feria representaba una forma de competencia desleal que perjudicaba a los comerciantes formales que pagan impuestos y respetan las normas.
El rol entre la organización y la ilegalidad
Detrás del crecimiento de la feria operó durante años el SIVARA. La referencia histórica del gremio en la Bristol fue César “Indio” Lencina, quien desde la Mutual 18 de Enero organizó —y también capitalizó— la actividad, en articulación con la estructura nacional del gremio. Bajo su conducción, el espacio fue mutando desde una salida colectiva hacia un esquema más concentrado, con control sobre la asignación de puestos y el funcionamiento interno del predio.
Tras la muerte de Lencina en 2022, la conducción del SIVARA en Mar del Plata pasó por varias manos hasta que, a fines de 2025, Rivero asumió como principal referente local. La investigación judicial posterior revelaría que el sindicato gestionaba la feria recaudando sumas millonarias a cambio de permisos informales de operación. Un feriante relató que pagaba 3 millones de pesos en enero, montos similares en febrero y 2 millones en marzo y abril, siempre “en negro, sin recibo, sin comprobante”.
Los trabajadores de la feria y sus representantes presentaron una visión radicalmente diferente. El SIVARA calificó la demolición de los puestos de ilegal, argumentando que el municipio avanzó con maquinaria pesada “sin ningún tipo de orden judicial” —ya que la única medida autorizada por la Justicia era el allanamiento, no la demolición del predio.
El sindicato también acusó al Ejecutivo municipal de ejecutar una “campaña de publicidad política de mano dura” y señaló que la feria funcionaba con el conocimiento y el aval de las autoridades durante casi 20 años.
El gremio denunció que el operativo dejó a casi 300 familias marplatenses sin su fuente de trabajo, y anunció presentaciones penales y acciones legales a través del estudio jurídico Robbio-Bernat & Asociados. Los feriantes convocaron marchas frente al municipio con la consigna “Nos dejaron en la calle”.
Tras el desalojo, decenas de feriantes comenzaron a reinstalarse en las inmediaciones de Plaza Rocha, en el corazón del centro de Mar del Plata, generando una nueva tensión por el uso del espacio público.
Con el terreno liberado, el municipio estaría en posición de avanzar con la licitación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) “Paseo de Compras Bristol”, un proyecto que Montenegro había enviado al Concejo Deliberante en 2021 y que fue aprobado en 2022 pero quedó paralizado por los conflictos con los feriantes. Según trascendidos, ya asoman interesados —capitales locales y foráneos— en la concesión del espacio.
La causa federal sigue abierta. La Justicia investiga la estructura organizada para la comercialización ilegal, el papel del SIVARA en la recaudación de cobros informales y la posible evasión fiscal. Los abogados de los feriantes presentaron presentaciones legales cuestionando la legalidad del desalojo y exigiendo la devolución de la mercadería incautada.
Una denuncia penal fue presentada ante la Justicia de La Plata contra el ex juez federal Carlos Rozanski y las licenciadas en psicología P.B.A., G.R.S. y N.V.A. por la presunta comisión del delito de asociación ilícita.
La presentación quedó registrada bajo el número 06-00-015906-26/00 y tuvo intervención de la UFI 1 Departamental y del Juzgado de Garantías 6.
De acuerdo con la denuncia, la presunta organización tuvo como finalidad la elaboración de “informes psicológicos falsos de menores cuyos progenitores hayan sido denunciados por abuso, a fin de sostener acusaciones infundadas y evitar el contacto entre los niños y el otro progenitor”.
La nueva presentación fue impulsada en La Plata por el abogado penalista Lucas Bianco, quien formalizó la denuncia para que se investigara la posible existencia de informes elaborados por las profesionales en distintos juzgados de familia del Departamento Judicial La Plata. “El caso abre un fuerte interrogante sobre el uso de pericias psicológicas en conflictos familiares y el riesgo de que herramientas diseñadas para proteger a los niños terminen siendo utilizadas en su perjuicio”, advirtió el letrado.
Según lo expuesto en la presentación, los hechos denunciados no constituyeron episodios aislados. En la ciudad de Rosario, un grupo de padres y progenitores que fueron falsamente acusados de abuso y que continuaron impedidos de mantener vínculo con sus hijos promovió una denuncia penal contra las mismas profesionales. Esa situación derivó en la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe y en la conformación de una mesa de trabajo con fiscales y el Colegio de Abogados.
En esa jurisdicción, un grupo de abogados denunció penalmente a las tres psicólogas por la presunta elaboración de informes falsos de abuso infantil para desvincular a niños de sus padres.
La presentación por falso testimonio agravado fue realizada en septiembre del año pasado y llevó las firmas de Viviana Cosentino, el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, la ex camarista Carina Lurati, Froilán Ravena, Ramiro Coso, José Nanni, Estela Marelli y Adriana Torchio. La causa recayó en la fiscal Guillermina Aiello, quien comenzó a relevar cada uno de los datos aportados, según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.
De acuerdo con el escrito presentado en la ciudad santafesina, las profesionales integraron una organización dedicada a estudios de violencias y abuso sexual. Allí también se solicitó que se investigara si las conductas de P.B.A., G.R.S. y N.V.A. se dieron en el marco de una presunta asociación ilícita que tuvo por objeto emitir “falsos informes de menores cuyos progenitores hayan realizado denuncias por abuso, a fin de poder sostener falsas acusaciones y evitar de esta manera que el otro progenitor pueda tener contacto con sus hijos”.
Los representantes de los padres denunciados señalaron que, en los procesos iniciados contra sus clientes, detectaron “patrones en común, que se repiten, donde se advierten numerosas irregularidades tanto en sede penal como en el fuero de Familia, causando un grave perjuicio”. En tal sentido sostuvieron: “Lo más grave es que, en este derrotero procesal, existen personas que estarían lucrando con esta situación, emitiendo informes donde se repiten supuestos indicios de abusos sexuales sin ningún rigor técnico y que se asemejan más a formularios pre armados, que a un análisis profundo y serio de cada problemática”.
Los denunciantes agregaron que “estos informes, que en ocasiones defienden en las declaraciones testimoniales brindadas en juicio o ante la fiscalía, contienen llamativas coincidencias en las conductas descriptas como realizadas por nuestros hijos, que parten en todos los casos del relato de sus madres, sin que antes de comenzar a tratarlos se haya requerido nuestro consentimiento o se nos haya entrevistado para conocernos y escucharnos”.
También afirmaron: “En todos los casos, los tratamientos comienzan, según surge de los propios informes, y del relato que en algunos casos efectuaron las profesionales en las declaraciones testimoniales antes mencionadas, desde un supuesto abuso sexual ya denunciado previamente, y es esta la única hipótesis con la que se trabaja, en tanto no se advierte en ninguno de los informes que se hayan considerado otras posibles causas generadoras de las conductas o reacciones que se afirma advierten en los niños, tales como irritabilidad, temores, pesadillas, retraimiento. No se profundiza, como señalamos, en declaraciones o entrevistas de docentes, directivos de establecimientos escolares o pediatras, ni se indaga en situaciones de contexto”.
En el mismo sentido, sostuvieron que “todo siempre se reduce al supuesto abuso y a las supuestas expresiones” que los nenes hacen “durante la técnica que denominan como ‘La hora del juego’ que, por supuesto, no registran en soporte de audio y video, lo que impide cualquier posibilidad de poder conocer la veracidad de los dichos que se atribuyen a los niños y mucho menos la manera en que tal supuesta información es obtenida”.
La presentación también remarcó que en distintos casos de abuso sexual infantil se incorporaron informes elevados por las tres psicólogas que exhibieron coincidencias en las observaciones asentadas por escrito sobre los menores. Según los abogados, las profesionales llegaron a utilizar observaciones textualmente idénticas para distintos pacientes, lo que sugirió la utilización de “formularios pre armados”. Sobre ese punto, concluyeron: “Las coincidencias son tantas, incluso con frases textuales en un informe y otro, que si se suprimieran los nombres de los niños (sobre quienes se hace la evaluación) podría pensarse que se trata de informes referidos a un único paciente”.
Los denunciantes también señalaron que, pese a lo sugerido por esas psicólogas, sus hijos no dijeron en Cámara Gesell“una sola conducta de nuestra parte que implicara un menoscabo a su integridad sexual”.
Entre los antecedentes expuestos, los abogados comenzaron por el caso de Pablo B., denunciado en junio de 2018. La causa fue archivada en febrero de 2020, pero tras un informe de la psicóloga P.B. fue desarchivada y posteriormente el legajo llegó a juicio, donde el hombre resultó absuelto. En uno de los casos reseñados en la presentación, un hombre perdió el contacto con su hija durante siete años y tres meses y luego fue absuelto.
LOS CASOS:
Los abogados señalaron que, en todos los casos, pese a contar con resoluciones judiciales favorables en el fuero penal, la pérdida de contacto con los hijos continuó porque en paralelo existieron actuaciones en los juzgados de Familia.
Otro de los casos fue el de Mario L., denunciado en febrero de 2022. La acusación fue desestimada en septiembre de ese año, pero en mayo de 2024 la medida fue revocada, la causa fue reabierta y se realizó la Cámara Gesell. El 2 de enero de 2025 fue imputado, aunque dos semanas después fue sobreseído por un fallo de primera instancia y luego por otro de segunda, en los que se formularon críticas a las actuaciones.
A Javier J. lo denunciaron en agosto de 2021. En junio de 2022, la fiscal desestimó la denuncia, pero desde la Fiscalía General revocaron esa resolución en noviembre de 2022 para ordenar nuevas medidas. En octubre de 2023 se realizó la Cámara Gesell a la hija. En junio de 2024 la acusación volvió a ser desestimada, situación que fue confirmada por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación en octubre de 2024 y abril de 2025.
A Gerardo V. lo denunciaron en diciembre de 2020. Nueve meses después se realizó la Cámara Gesell con su hija. En octubre de 2021, la fiscal desestimó la causa, pero su par regional revocó esa medida. En abril de 2024 volvió a ser archivada, situación que recién quedó firme en marzo de 2025.
Román V. fue denunciado en noviembre de 2021 y la niña realizó la Cámara Gesell en marzo de 2023. El caso fue archivado en mayo de 2023, pero se reabrió por criterios del fiscal regional de Rosario. Actualmente, se encontró en trámite.
Una situación similar atravesó Sebastián L. P., quien comenzó con el derrotero judicial en agosto de 2023. Cuatro meses después, su hijo realizó la Cámara Gesell. En abril de 2025 el fiscal desestimó las actuaciones y ahora el legajo quedó bajo revisión del fiscal regional.
Por último, Mariano D. fue denunciado en enero de 2019. En octubre de 2021, la causa fue archivada, decisión que quedó firme por el fiscal regional en diciembre de 2021 y por la fiscal general en mayo de 2022. No obstante, permaneció desvinculado de su hijo durante seis años y nueve meses.
Las cinco fuerzas federales de seguridad convocaron una protesta conjunta para el 2 de abril en reclamo por los bajos salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales. La manifestación consistirá en un abrazo solidario al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro (Capital Federal), y reunirá, por primera vez en la historia, a integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La convocatoria se fijó para las 11 e incluyó también a familiares y allegados de los efectivos. La elección de la fecha incorporó, además, una dimensión simbólica, ya que coincidió con el aniversario número 44 del inicio de la Guerra de Malvinas.
El eje principal del reclamo estuvo vinculado con la cuestión salarial. Los uniformados denunciaron que el último aumento se otorgó a fines de 2025 y advirtieron que, en numerosos casos, los haberes quedaron por debajo de la línea de pobreza. Ese desfasaje los obligó a buscar ingresos complementarios, ya fuera mediante horas adicionales por fuera de la jornada habitual o a través de trabajos extra, como manejar un Uber, para sostener la economía doméstica.
En ese marco, dentro de las propias fuerzas se subrayó una contradicción entre la narrativa oficial y la experiencia concreta de los agentes. Mientras el Gobierno sostuvo que busca “cuidar a quienes nos cuidan”, los efectivos afirmaron que los salarios y las condiciones laborales se deterioraron de manera progresiva.
A la crisis salarial se sumó el conflicto por la cobertura médica. La situación de la obra social Iosfa se convirtió en otro de los principales focos de malestar entre los uniformados. De acuerdo con las informaciones difundidas, la entidad acumuló una deuda millonaria, recortó prestaciones y redujo la entrega de medicamentos, una combinación que dejó a miles de afiliados y a sus familias sin cobertura o con un acceso severamente limitado a la atención de la salud.
La protesta también activó una preocupación política creciente dentro de la Casa Rosada, donde se intensificaron los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el oficialismo la describieron como una funcionaria de perfil académico, pero sin capacidad de conducción operativa sobre las fuerzas.
El antecedente de Córdoba profundizó esas dudas dentro del Gobierno. Algunos funcionarios recordaron que Monteoliva estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía cordobesa se acuarteló y la capital provincial atravesó horas de saqueos y una situación de extrema tensión. Después de ese episodio, la funcionaria dejó el cargo.
A ese cuadro se añadió una interna política con efectos sobre la cadena de mando. Monteoliva decidió alinearse con Karina Milei en la disputa con su ex jefa política, la actual senadora Patricia Bullrich. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich benefició a la cúpula de la Gendarmería por su vínculo con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, una decisión que generó malestar en los rangos bajos y resentimiento en el resto de las fuerzas, que se consideraron desplazadas.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer en abril de 2026 su informe semestral “Composición de Precios”, elaborado con datos de febrero de 2026, en el que analizó cómo se forman los precios de tres alimentos esenciales de la canasta básica: la carne vacuna, el pan francés y la leche entera en sachet.
La conclusión central del trabajo es que uno de cada cuatro pesos que los consumidores destinan a esos productos va a parar a las arcas del Estado (ya sea nacional, provincial y municipal) en concepto de impuestos.
“En otras palabras, cada 4 bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet”, precisó María Luz Silvetti, economista de la entidad.
La carne, el alimento con mayor carga impositiva
En el caso de la carne vacuna, el kilo tuvo un precio promedio de $16.780 en febrero de 2026. De ese total, el 51% corresponde a costos de producción, el 28% a impuestos y el 21% a ganancias de la cadena. Según FADA, los impuestos se ubican como el segundo componente de mayor peso en el precio final, por detrás únicamente del criador, que representa el 35%. Le siguen la carnicería con el 20%, el feedlot con el 16%, y el frigorífico con apenas el 1%.
Del total de impuestos en la cadena cárnica, el 75% son nacionales, el 20% provinciales y el 5% municipales. Los tributos de mayor participación son el IVA (que representa el 33% del total impositivo) y el Impuesto a las Ganancias (30%), seguidos por Ingresos Brutos (18%). En conjunto, esos tres gravámenes suman el 81% de la carga impositiva total.
Cabe señalar que la carne tributa un IVA reducido del 10,5%, menor al que soporta la leche.
“Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva años, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad, la alimentación, el transporte, el personal”, explicó la economista de FADA Fiorella Savarino.
En el período comprendido entre agosto de 2025 y febrero de 2026, el precio de la hacienda registró subas por encima de la inflación acumulada del 16,5%: el ternero aumentó 78%, el novillito 46%, la carne al gancho 42% y el precio al consumidor 38%. Si se compara con un año atrás (con una inflación del 33,1%) el ternero se incrementó 106%, el novillito 66% y la carne al consumidor 64%.
Los altos precios de la carne vacuna tuvieron un efecto directo sobre las mesas de nuestro país. El consumo per cápita anual de carne bovina cayó cinco kilos: pasó de 49,5 kilos en 2025 a 44,5 kilos en 2026. En contraste, el consumo de carne porcina creció un kilo y medio y superó los 19,3 kilos per cápita anuales.
Pan y leche | Impuestos también por encima del 20%
En el pan francés, con un precio promedio de $3.538 el kilo en febrero de 2026, los costos representaron el 61%, los impuestos el 24% y las ganancias de la cadena el 15%. El precio tuvo marcadas diferencias regionales: en el Gran Buenos Aires se vendió a $4.202 el kilo, mientras que en la región noreste el promedio fue de $2.230, según datos del INDEC. Por eslabones, la panadería concentró el 65% del precio final, seguida por los impuestos (24%), el trigo (7%) y el molino (4%). En todo el recorrido del campo a la góndola, el precio del trigo se multiplicó por 13,5.
En la leche entera en sachet de 1 litro, con un precio promedio de $1.750, el 71% correspondió a costos, el 26% a impuestos y apenas el 3% a ganancias de la cadena. La distribución por eslabones fue: tambo 27%, industria 24%, comercio 23% e impuestos 26%. A diferencia de la carne y el pan, la leche afronta una alícuota del IVA del 21%, lo que eleva considerablemente su carga impositiva: ese tributo explica el 67% de todos los impuestos de esa cadena. El precio del sachet se multiplicó por 3,6 desde el campo hasta la góndola.
Los granos no son los culpables
Ante los frecuentes señalamientos sobre el rol de los precios agrícolas en la inflación alimentaria, FADA precisó la participación real de los granos en los productos finales. El maíz representa el 12% del precio final de la carne de cerdo, el 13% en carne aviar, el 6% en carne bovina y el 4% en leche. El trigo, por su parte, participa con el 10% del precio final del pan francés.
“De esta forma, se deduce que los granos no influyen tan fuertemente, ya que alrededor del 90% de los costos son otros“, expresó Semadeni. Entre esos otros factores se encuentran los costos de insumos, alquileres, salarios, energía, transporte, comercialización y administración.
El conflicto en Medio Oriente presiona a las góndolas
El informe de FADA incluyó además un análisis sobre el impacto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, el 25% del gas y cerca de la mitad de los fertilizantes, en particular la urea, utilizada de manera intensiva en la producción agrícola y especialmente en el cultivo de trigo.
En ese contexto, la inflación de marzo de 2026 fue del 3,4%, con aumentos significativos en los rubros Transporte (4,1%) y Vivienda, electricidad, gas y combustibles (3,7%), vinculados al fuerte incremento del precio internacional del petróleo —de hasta el 50%— y su traslado al mercado local de combustibles, donde los aumentos oscilaron entre el 20% y el 25% en marzo.
“Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, subrayó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, concluyó.
Según la estimación de FADA, el impacto de los aumentos registrados en las tarifas de transporte (13,6% en marzo) sobre el precio final de los alimentos sería del 0,2% en el pan y del 0,8% en la leche. Otros eslabones que podrían verse afectados son el tambo, la cría y el feedlot, cuya operación depende en gran medida del combustible. En términos generales, la fundación estimó que el aumento de costos superará las mejoras en los precios de los commodities, con posibles efectos de traslado a precios cuya magnitud dependerá de la evolución y duración del conflicto.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
Un procedimiento conjunto con el municipio de General Pueyrredón terminó con la demolición de más de 170 puestos instalados durante décadas en la Rambla.
Vecinos y referentes sostienen que desde la provincia buscaban “tapar el agua” con clientelismo y que muchas familias continúan con serias dificultades.
Según FADA, la carga tributaria sobre la carne supera por separado al feedlot, al frigorífico y a la carnicería, y también tiene fuerte incidencia en otros alimentos básicos: representa el 24% del precio del pan y el 26% del sachet de leche.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
