Procesaron por evadir impuestos al hijo del diputado ultra K, Leopoldo Moreau

El doble procesamiento por evasión impositiva "agravada" lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.
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El doble procesamiento por evasión impositiva “agravada” lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.

El juez en lo penal económico, Juan Galván Greenway, procesó a Leopoldo Raúl Moreau, hijo del diputado ultra K, en dos casos de evasión impositiva agravada relacionados con facturas falsas, embargándolo, junto con otros imputados, por más de $60 millones.

En diciembre, estas medidas se aplicaron inicialmente a la causa contra la empresa Delfino Magnus S.R.L. Moreau fue procesado como partícipe en la evasión de impuestos a las Ganancias y el IVA durante el periodo 2015. Él y otros 7 implicados enfrentan un embargo conjunto de $34 millones cada uno.

Simultáneamente, en el caso de Etertín S.A., Moreau fue procesado por colaborar en la evasión de impuestos a las ganancias, bienes personales y el IVA durante el año 2016. Nuevamente, también sin prisión preventiva, se estableció un embargo colectivo de $26.500.000 para los acusados.

“Todas las transferencias que fueron realizadas el mismo día en que se acreditaron en la cuenta de PLANETA MARKETING S.A.”, los pagos efectuados por F.G. MEDIOS S.A., consignó. Planeta Marketing es una firma sin actividad económica real y usada para emitir facturas falsas.

En su declaración indagatoria, Moreau señaló que no conocía el motivo de su convocatoria; que no conocía a ninguna de las personas o empresas mencionadas; que no entiende por qué esta causa se inició en el año 2017, y él tiene una quiebra desde fines del año 2016, principios del año 2017, que es personal, no de una sociedad, con un síndico, “puesto por un juez, que lleva toda la información bancaria, y de facturas, y de todo; que no fue una convocatoria, fue a la quiebra directamente”.

Luego, manifestó que necesitaba conocer las pruebas que obraban en su contra para saber cómo fue el procedimiento, para saber la procedencia de esos fondos, porque debido a que su actividad comercial incurría en ventas de gran cantidad de vinos, y bebidas, ya sea a empresas, supermercados, catering, donde se les abonaban vía transferencias, cheques, de distintas empresas, y cuentas. Su quiebra la tramitó en el Juzgado Comercial N° 27 —Secretaría N° 54, expediente N° 29.064/2016, de la jueza Villarroel—.

Una vez que fue consultado por el tribunal para que explique cuál era la actividad comercial respondió que “consistía en dos partes: por un lado, la empresa L&J AGROPECUARIA S.R.L. donde se dedicaba al alquiler, siembra y comercialización de los granos”.

Después, la segunda actividad “era una vinoteca, donde por su otra actividad no estaba todo el tiempo, se dedicaba a la comercialización de bebidas a supermercados, catering, restaurants y particulares”. Luego, puntualizó que “la actividad agropecuaria fue desde el 2013 a fines del 2015, y la vinoteca desde el año 2014 hasta la quiebra a fines del 2016, principios del 2017 y que de la contabilidad no se encargaba personalmente, sino que se encargaban las personas que manejaban la vinoteca, y después también a un contador” para cada actividad. El juez consideró a varios implicados como partícipes necesarios, sin confirmar una asociación ilícita. Respecto a la quiebra, el magistrado indicó que la transferencia de fondos se realizó en 2016, antes de la quiebra en 2017.

En 2017, la AFIP presentó una denuncia relacionada con evasión de impuestos, involucrando al hijo de Leopoldo Moreau en un caso que empleaba facturas falsas a través de empresas fantasma. El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, desestimó la información en su momento.

El juez aclaró que, según el resumen del Banco Galicia S.A., la transferencia de dinero a Moreau se realizó en 2016, antes de su quiebra en 2017. La suma total fue de aproximadamente 5 millones de pesos cuando el dólar tenía un valor de 1,40 pesos.

Dada la gravedad del caso, los acusados podrían enfrentar penas de 3 a 9 años de prisión, dependiendo de su nivel de participación en la maniobra, según fuentes judiciales.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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